La designación de Gil Llima fue acordada este miércoles por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que decidió también que esta magistrada, al igual que su titular, esté liberada para instruir lo referido al sumario del 1-O, el 5/2018 de ese juzgado.

Según informó el CGPJ, Gil Llima estaba destinada hasta ahora en el juzgado de Instrucción número 10 de la capital catalana, que ocupaba por el mecanismo previsto en el artículo 355 bis 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial mientras su titular, la magistrada Miriam de Rosa Palacios, se encontraba en la situación administrativa de servicios especiales como profesora de la Escuela Judicial.

Ese precepto establece que, en caso de que el titular se reintegre a su plaza, quien la ocupara quedará en situación de adscrito, siendo destinado “a la primera vacante que se produzca en el Tribunal colegiado de que se trate o en los juzgados del mismo orden jurisdiccional del lugar de la plaza reservada”.

CENTRADA EN EL 1-O

El Consejo explicó que al haber solicitado Miriam de Rosa el reingreso al servicio activo, a Alejandra Gil le corresponde el nombramiento en propiedad como titular del Juzgado de Instrucción número 13, vacante desde el fallecimiento de su anterior titular, Juan Antonio Ramírez Sunyer.

La magistrada se incorporará en las mismas circunstancias que Ramírez Sunyer, lo que implica ocuparse de la instrucción del sumario ordinario 5/2018, referido a los preparativos del referéndum ilegal del 1-O. El resto de asuntos de este juzgado, incluida la realización de guardias, corresponderá al comisionado Sergi Gustau Casares Zayas. Esta situación se mantendrá mientras continúe la comisión de servicio con relevación de funciones concedida a Casares.

Gil Llima ingresó en la Carrera Judicial por oposición en 1999 y tuvo su primer destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Sant Feliu de Llobregat. Posteriormente ha sido titular del Juzgado de Primera Instancia número 5 de L’Hospitalet de Llobregat y del Juzgado de Primera Instancia número 43 de Barcelona, hasta que en marzo de 2017 se incorporó al juzgado de Instrucción número 10 de la capital catalana.

Podemos también quiere que comparezcan, entre otros, los periodistas Ignacio Escolar y Raquel Ejerique, de ‘diario.es’, y el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Rafael van Grieken.

Por otro lado, dijo que la decisión de un juez de citar a la expresidenta regional Cristina Cifuentes como investigada por su máster, que era “algo cantado, es el resquicio que ha dejado el Tribunal Supremo para juzgar a los delincuentes que montaron esta estafa universitaria”.

En la jornada de hoy, las mayores ganancias se las adjudicaron Indra (+4,03%), DIA (+2,49%), Cellnex (+2,02%) y Grifols (+1,93%). En el lado de las pérdidas, IAG fue el que más retrocedió, al bajar un 3,83%. Le siguió CaixaBank (-2,06%), Viscofan (-1,63%) y Enagás (-1,47%).

Entre los grandes valores del selectivo español, Iberdrola fue el único que terminó el terreno negativo (-1,09%). En cambio, Inditex ganó un 1,71%, BBVA subió un 1,21%, Telefónica se anotó un 1,04% y las acciones de Banco Santander se revalorizaron un 0,62%.

Por su parte, la prima de riesgo oscilaba en el entorno de los 120 puntos.

Así lo dijo en rueda de prensa en la Cámara Baja cuando fue preguntada por la propuesta de reforma de la Carta Magna para eliminar los aforamientos que tiene previsto aprobar el Consejo de Ministros el próximo viernes.

Montserrat se quejó de que el PP se haya tenido que enterar por la prensa de la reforma de la Constitución para eliminar los aforamientos. “¡El PSOE no está mirando hacia el PP para la reforma de la Constitución!”, denunció.

Recordó que el PP “siempre” ha defendido que cualquier modificación constitucional tiene que ir avalada por el “máximo consenso” de todos los partidos y opinó que esta propuesta desde su inicio fue una “cortina de humo” de Sánchez para “tapar su incomparecencia” por todo lo relativo a su tesis doctoral.

“Jamás se puede reformar la Constitución sin el máximo consenso y sin la fuerza política más votada por todos los españoles”, resumió la portavoz parlamentaria de los populares.

Fuentes de Moncloa indicaron a Servimedia que Borrell cuenta con el respaldo de Sánchez y que “para nada” cuestiona la continuidad del ministro. De hecho, desde el Ejecutivo recuerdan que la cuestión de la infracción viene de largo y que la única novedad es que se ha publicitado la multa.

Desde el Palacio de la Moncloa hay quien cuestiona por qué exige ahora Podemos la dimisión de Borrell y no lo hizo cuando se conoció este caso hace meses y el propio ministro confirmó que no recurriría la sanción y que abonaría sin más la multa. Lo enmarcan en clave electoral porque los comicios en Andalucía se celebran el próximo 2 de diciembre.

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Isabel Celaá, verbalizó que “el señor Borrell tiene todo el respaldo del Gabinete en su conjunto, y del presidente, por supuesto. Hizo estas declaraciones al salir de Comisión de Educación en el Congreso, en las que también aseguró que el ministro “pagará la multa”.

En el Grupo Parlamentario Socialista no crean que Sánchez “vaya a hacer dimitir a Borrell por esto” ni que esta cuestión, que ya se conocía cuando lo tuvo que “convencer” para que fuera ministro, pesarán para futuras responsabilidades que pueda encargarle el presidente a Borrell porque “estará donde él quiera”.

La Fiscalía ha abogado por el mantenimiento de las acusaciones al considerar que el posible daño causado por la salida a bolsa de la entidad con una información con la que se ocultaríala verdadera situación financiera del banco, no sólo perjudicó al FROB, sino a toda la sociedad.

Carmen Launa explicó en su intervención de este miércoles la «relevancia e interés colectivo» de la presunta falsedad de las cuentas «de la cuarta entidad financiera del país», una operación que requirió un rescate europeo de 23.000 millones de euros, que repercutieron en las cuentas del Estado y que puso en riesgo el sistema financiero en su conjunto.

Anticorrupción respondía así a las pretenciones de Bankia, su matriz BFA y la auditora Deloitte que en la sesión del martes insistieron en preguntar cuáles son los cargos que se les imputan y quien les acusa y en pedir la aplicación de la `doctrina Botín´.

La fiscal insistió apoyándose en la jurisprudencia del Tribunal Supremo en que los perjuicios que puede generar el delito de falsedad de cuentas tienen un carácter colectivo y no afectan sólo a los ciudadanos que compraron acciones de Bankia. «Este quebranto, el mayor rescate español, alcanza relevancia e interés colectivo del que todos somos conscientes», aseveró.

La presencia de las acusaciones particulares en el juicio es importante puesto que la Fiscalía solo acusa a cuatro de los procesados: su expresidente Rodrigo Rato, el exconsejero delegado de Bankia Francisco Verdú y los exconsejeros José Manuel Fernández Norniella y José Luis Olivas, por un delito de estafa a los inversores. De aplicarse la `doctrina Botín´, no se podría juzgar ningún acusado que no sea imputado por la Fiscalía.

Sin embargo, la fiscal anunció en la primera sesión del juicio y por sorpresa que está estudiando ampliar su acusación al resto de los procesados por un delito de falsedad contable, que impediría la aplicación de ese criterio.

Ignacio Ayala, defensor de Rodrigo Rato, aseguró que el ministerio público es muy libre de cambiar su calificación o de plantear nuevas acusaciones , aunque advirtió que esa nuevas acusaciones «respecto a hechos que desconocemos y acusados que ignoramos» podrían desembocar en la nulidad del juicio. También el abogado del exvicepresidente de Bankia José Luis Olivas se ha pronunciado en términos parecidos y ha criticado el cambio de criterio de la fiscal.

Las defensas de Bankia y su matriz se concentraron el martes en ponen en duda la legitimidad de las 15 acusaciones particulares que están personadas en la causa y en destacar que ninguna de ellas ha concretado, a su juicio, de qué acusan a sus clientes.

Precisamente por eso, pidieron a la presidenta del tribunal, la magistrada Ángela Murillo, que decretara la nulidad de los escritos de acusación y del auto de apertura del juicio oral. El tribunal tendrá que decidir sobre estas cuestiones antes de que empiecen las declaraciones de los acusados.

Bankia sostiene que algunas acusaciones particulares no han aportado la documentación que demuestra que representan a los accionistas en cuyo nombre actúan. Su abogado, Joaquín Burkhalter, explicó que el banco ya empleó 1.840 millones de euros en comprar a los afectados sus acciones con un 1% de interés a cambio de su renuncia a posibles acciones civiles o penales, y que aún tiene en reserva dos millones más para resarcir a los accionistas que no hayan cobrado todavía.

Al finalizar la jornada de este miércoles, la presidenta del tribunal , Ángela Murillo, anunció que cuando finalice la intervención del resto de defensas, probablemente mañana, el tribunal suspenderá la vista para deliberar sobre las cuestiones previas y retomará las sesiones del juicio el próximo 8 de enero con las declaraciones de los acusados.

El ministerio público rechaza de plano los incidentes de recusación. El de Cuixart se dirige tanto a Marchena como al resto de los magistrados que formarán el tribunal acogiéndose a en su escrito a la base jurisprudencial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo. En cambio Forcadell y Simó recusan únicamente a Marchena argumentando los mensajes del senador del PP Ignacio Cosidó para respaldar sus sospechas de parcialidad.

La defensa de Cuixart recusa a seis magistrados puesto que el exfiscal general del Estado José Manuel Maza, que presentó la querella contra los líderes independentistas , formó parte de la Sala de lo Penal que debe juzgarlos, lo que a su juicio les resta imparcialidad, un criterio que se podría ver avalado por la reciente sentencia de Estrasburgo sobre la imparcialidad en juicio a Arnaldo Otegi en la Audiencia Nacional.

El fiscal de Sala del Supremo Fidel Cadena considera en su escrito de este miércoles que estos tres incidentes de recusación no deben ser tramitados por «su carácter fraudulento y contrario a derecho».

El pasado lunes, la Fiscalía del Supremo ya se pronunció sobre los incidentes de recusación presentados por el exvidepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Josep Rull y el expresidente de ANC Jordi Sànchez.

La ‘Sala especial del 61’ es la encargada de pronunciarse sobre estas recusaciones. Sería la segunda vez que lo hiciera, después de un primer pronunciamiento en septiembre pasado que concluyó con el rechazo de plano. El ingrediente novedoso en esta ocasión es el whatApp enviado por el portavoz popular en el Senado, Ignacio Cosidó, defendiendo el acuerdo de PP y PSOE para nombrar a Marchena presidente del CGPJ y controlar así “desde atrás” la Sala II del Supremo, que deber enjuiciar la causa del `procès´.

Además, el tribunal da un plazo de tres días a las partes para que se pronuncien sobre la declinatoria de jurisdicción, en respuesta a la petición de todos los acusados que plantearon que el Supremo no es competente para juzgarles.

Lo hizo en la puerta del Congreso de los Diputados, donde expresó su satisfacción por entender que “la Justicia ha determinado lo que siempre dije desde el primer momento: que no había cometido ninguna irregularidad, ningún delito; no encuentra trato de favor”.

“No sólo el auto de la jueza”, subrayó. “También la Fiscalía y la propia universidad corroboran las explicaciones que di”. Montón reiteró que ella dimitió “para no influir sobre la acción del Gobierno” y para renunciar al aforamiento y comparecer ante la Justicia como cualquier otro ciudadano, pero no quiso extender su caso al de otros imputados por temas similares.

Según fuentes próximas a la exministra, el Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid dice en el auto de 28 de noviembre de 2018 que “no queda debidamente acreditada la perpetración de infracción penal alguna”. Y que el fiscal destacó la irrelevancia penal del supuesto plagio al no tener el mismo, de haberse producido, ninguna entidad ni ánimo de lucro.

“Cada uno tiene que poner el listón en un nivel y marcar la diferencia; en mi caso, creo que marqué la diferencia”, se jactó, quien, cuando se le preguntaron diferencias con los otros políticos que cursaron másteres en la URJC como Pablo Casado y Cristina Cifuentes, contrastó: “Ofrecí todas las explicaciones desde el primer momento, la propia universidad ha pedido que se archive el caso, no encuentra ninguna irregularidad y acredita la existencia de actividad económica; digan ustedes si es lo mismo”.

Desde el entorno de Montón apuntan a Servimedia que “nunca” ha perdido el contacto con el presidente del Gobierno desde su dimisión el 11 de septiembre, aunque no precisan si ha hablado con él tras el archivo del caso.

Dichas fuentes afirman que Montón no tienes mas que buenas palabras para Pedro Sánchez tanto política como personalmente. Sánchez llegó a expresar públicamente su respaldo a Montón y ordenó que se frenara la presión sobre la dirigente valenciana.

González Panero estaba citado a declarar este miércoles ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, en calidad de testigo en el marco de la causa que investiga la presunta financiación irregular del PP.

En declaraciones realizadas a los periodistas al término de su comparecencia, ‘el Albondiguilla’ se ha mostrado convencido ante el magistrado de que en la sede nacional del PP eran conocedores de la actitud de su entonces tesorero, que se encuentra en prisión cumpliendo una condena de 33 años de cárcel por la primera etapa de la ‘trama Gürtel’ entre los años 1999 y 2005.

En esa fecha, Moreno Bonilla era diputado del PP en el Congreso y secretario de Política Local del partido, lo que justificaba su reunión con el exalcalde de Boadilla. Según ha relatado, su pretensión inicial era reunirse con la entonces secretaria ejecutiva de Política Autonómica y Local, Soraya Sáenz de Santamaría, que delegó en Moreno Bonilla.

La recomendación de Rajoy, explicó González Panero llegó, sin embargo, antes. Según ha relatado, fue en el verano de 2004, cuando coincidió con Rajoy en la fiesta del primer aniversario del Sport Center `Manolo Santana´ de Boadilla, y fue en ese momento en el que el presidente del PP le dijo que hiciera caso a Bárcenas, a lo que ha declarado que respondió que lo haría “cuando se pudiera”.

En el mismo auto propone sentar en el banquillo al director del Instituto de Derecho Público en el que Cifuentes cursó esos estudios, Enrique Álvarez Conde; a la profesora Cecilia Rosado, que supuestamente falsificó las firmas del acta, y a Teresa Feito, asesora del Gobierno de Cifuentes a la que se atribuyen presiones para que culminara esa falsificación.

En su resolución, la jueza considera que «hay indicios de que doña Cristina Cifuentes no defendió el trabajo fin de máster en julio de 2012 y que, cuando se hizo pública la noticia con posibles irregularidades en su titulación, promovió que fueran ocultadas, haciendo exhibición pública del acta falsificada cuando le fue facilitada».

Entiende, además, que las declaraciones de la expresidenta madrileña como imputada “no resultaron creíbles” y no avalaron que «efectivamente hizo el trabajo y lo defendió ante un tribunal». Entiende que fue Feito la que pidió a Álvarez Conde que «creara o diera instrucciones para crear los documentos necesarios para justificar» que Cifuentes «había superado el máster con normalidad y superado todos los trámites necesarios para disfrutar del título, incluida la defensa del trabajo fin de máster».

Además, la magistrada estima que la profesora Cecilia Rosado se prestó a “ocultar las irregulariades (…) inventándose la fecha, el título del trabajo y la composición del tribunal y lo remitió por correo electrónico» al rector de la Universidad, Javier Ramos, «en nombre» de Álvarez Conde. En ese acta falsificó, según el auto, las firmas de las otras dos componentes del tribunal, Alicia López de los Mozos y Clara Souto, que luego no confirmaron que habían dado permiso para el uso de sus nombres.

Así se desprende del informe ‘Horas extra no pagadas y absentismo’ elaborado por el gabinete económico de CCOO con datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).

En el estudio, el sindicato detecta que de los 6,8 millones de horas extra realizadas a la semana entre abril y junio de este año, el 56% se pagaron o compensaron con dinero o tiempo de descanso y el 44% restante no se remuneraron de ninguna forma “perjudicando a los trabajadores afectados y al conjunto de la sociedad al no tributar ni cotizar los salarios que la empresa debería haber abonado”.

CCOO calcula que estas horas extra equivalen a la creación de 170.600 empleos a jornada completa (40 horas a la semana). Mientras, los 3,8 millones de horas extra pagadas a la semana equivaldrían a 95.900 empleos y los tres millones de horas extra no pagadas equivaldrían a 74.700 empleos.

Además, la cifra de personas que realiza horas extra alcanzó los 825.500 trabajadores a la semana, de los que el 50% recibieron compensación, el 44% no percibieron ninguna y el 6% solo recibieron compensación por una parte de las horas.

El sindicato denuncia que las horas extra no pagadas son “una forma de explotación” que se concentra en mayor medida en empleos considerados de mayor calidad: indefinidos, a tiempo completo, ocupaciones técnicas y profesionales en el sector servicios, desempeñadas por hombres.

En concreto, el 80% de las horas extra no pagadas y de las personas que las realizan tienen un empleo asalariado indefinido a jornada completa, y el 60% de estas horas corresponde a hombres.

Por ramas de actividad, hostelería, comercio, educación, industria manufacturera, actividades profesionales, científicas y técnicas y actividades financieras y de seguros son las que concentran el mayor volumen de horas extra no pagadas.

Atendiendo a las comunidades autónomas, dos de cada tres horas extra no pagadas se dan en la Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Cataluña y Andalucía. Madrid es la región con más horas extra (el 28% del total).

En cuanto al absentismo, de una media de 149,5 horas pagadas al mes se realizaron 134,9 horas efectivas de trabajo (el 90,2%) y 14,6 horas no trabajadas y pagadas (el 9,8%) donde se incluyen las vacaciones, días festivos, incapacidad temporal, maternidad, permisos remunerados y otros.

El tiempo no trabajado y no pagado se sitúa en 18 minutos (0,3 horas) al mes, y dentro de ese mínimo tiempo, el absentismo es solo una de las posibles causas y “ni siquiera supone un coste directo para las empresas, al ser tiempo no trabajado que no ha sido pagado al trabajador”, según CCOO.