Pasados 20 minutos del comienzo de la sesión, el juez Marchena ordenó desalojar la sala donde se juzga a los líderes del independentismo por la convocatoria y celebración del 1-O, por la indisposición del funcionario, que tras ser atendido por el médico en la sala, posteriormente pudo salir por su propio pie. Se trata del funcionario de causas especiales encargado de entregar los documentos, los videos y toda la documentación que se requiere en la vista.

Diez minutos más tarde, Marchena reanudó la sesión, tras la recuperación del funcionario. “Es una pieza indispensable en la estructura de la vista”, comentó el presidente de la sala.

Los agentes han recuperado joyas, vehículos y material sustraído por un valor de un millón de euros, así como dos revólveres con munición con los que cometían sus delitos, inhibidores de frecuencia, centralitas de clonación de llaves de vehículos, extractores de bombines, llaves maestras y dinero en efectivo.

La operación se inició el pasado mes de octubre, cuando la Guardia Civil detectó en la provincia de Toledo varios robos cometidos en establecimientos cuyo ‘modus operandi’ coincidía. Estos robos se cometían en las cercanías de dos de las carreteras principales que la cruzan, la A-5 (Madrid-Extremadura) y la A-4 (Madrid-Andalucía).

MUY PELIGROSOS

Los agentes centraron sus investigaciones sobre un grupo de personas que estaba actuando en las cercanías de la autovía A-4 con un alto grado de peligrosidad debido a la violencia con la que cometían los delitos, generalmente a última hora de la tarde y centrándose en naves logísticas y joyerías.

Fruto de las investigaciones, la Guardia Civil pudo constatar que se trataba de un grupo delictivo que utilizaba vehículos de alta gama tanto para la comisión de alunizajes como para la huida.

La investigación en uno de los hechos, cometido en un establecimiento público ubicado de la A-4 a su paso por la localidad de Seseña (Toledo), llevó a los agentes hasta dos conocidos delincuentes por robos violentos. Uno de ellos residía en esta misma localidad y había participado incluso en algún reportaje televisivo por su destreza al volante.

El avance de esta investigación de la Guardia Civil determinó que otro peligroso delincuente asentado en la localidad de Ontígola (Toledo), hermano de uno de los anteriores, no sólo participaba con ellos en la comisión de los delitos, sino que era el cabecilla de este grupo delictivo.

Durante esta investigación se produjo un hecho delictivo en la localidad de Yunquera de Henares (Guadalajara), donde cinco delincuentes encapuchados y a punta de pistola habían asaltado a un vigilante de seguridad de una nave logística y le habían sustraído su arma reglamentaria. La Guardia Civil logró identificar los vehículos utilizados para cometer este hecho, que habían sido sustraídos y se les había cambiado la placa de matrícula.

DETENCIONES

Días más tarde, los agentes tuvieron conocimiento de un robo con violencia cometido a unos joyeros de Córdoba cuando volvían con el género a su joyería por cuatro delincuentes con el rostro oculto y que portaban dos armas cortas de fuego con las que habían intimidado a las víctimas. La Guardia Civil confirmó que estos delincuentes eran los investigados, por lo que se estableció un dispositivo para su localización y detención.

En el momento de proceder a su detención, los agentes sorprendieron a estos peligrosos delincuentes llegando al domicilio de uno de ellos en Ontígola con los dos vehículos utilizados y descargando varios bultos de gran tamaño.

Cuando se percataron de la presencia policial, uno de ellos se ocultó en la vivienda, mientras que los otros tres huyeron a gran velocidad con los dos vehículos, intentando atropellar a dos agentes y embistiendo violentamente a dos vehículos policiales.

Finalmente uno de los delincuentes fue detenido tras huir a la carrera y ocultarse entre la vegetación, otros dos tras colisionar con los bolardos situados en una calle peatonal y el cuarto, el que inicialmente se había introducido en su vivienda, fue localizado y detenido escondido en un agujero excavado en un descampado en la parte posterior de la propiedad.

26 DELITOS

A los detenidos se les imputan 26 delitos, de los cuales uno es de homicidio en grado de tentativa, un atentado contra agentes de la autoridad, dos de lesiones, dos de robo con violencia e intimidación, 11 delitos de robo con fuerza, uno de tenencia ilícita de armas, tres de daños, detención ilegal, dos delitos contra la seguridad del tráfico, uno de receptación y dos de falsificación de documentos

Se han recuperado joyas por valor de 500.000 euros, ocho vehículos sustraídos y otros efectos robados, todo ello con un valor de un millón de euros, así como dos revólveres -uno de ellos el sustraído al vigilante de seguridad- y munición, con los que cometían sus delitos, inhibidores de frecuencia, centralitas de clonación de llaves de vehículos, extractores de bombines, llaves maestras y dinero en efectivo.

La operación ha sido llevada a cabo por agentes pertenecientes a la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Toledo con el apoyo del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) número 1 de Valdemoro.

Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ocaña.

De este modo, la ministra de Defensa, Margarita Robles, rompe con lo ordenado el año pasado por su antecesora en el cargo, María Dolores de Cospedal, quien estableció, como ya ocurrió en otros años, que la bandera española ondeara a media asta desde las 14.00 horas del 29 de abril (Jueves Santo) hasta las 00.01 horas del 1 de abril (Domingo de Resurrección) en todas las unidades, bases, acuartelamientos militares, y en la sede central del Ministerio de Defensa y las delegaciones territoriales del Departamento.

Defensa defendió entonces su decisión arguyendo que así se había procedido en las últimas décadas, con las excepciones puntuales del año 2010 y 2011 en la sede del Ministerio.

Cospedal fue más allá al afirmar que colocar la bandera española a media asta en Semana Santa en todas las unidades, bases, acuartelamientos militares y en la sede central y las delegaciones territoriales del Ministerio como señal de duelo por la muerte de Cristo “no está reñido” con la aconfesionalidad del Estado.

A pesar de ello, Robles ya insinuó que tomaría una decisión diametralmente opuesta a la de Cospedal a su llegada al Ministerio de Defensa. Lo hizo apoyándose en el hecho de que España es un «Estado aconfesional» y se remitió a la cita evangélica para dejar claro que «al César lo que es del César».

Ese sondeo otorga al PSOE entre 123 y 138 escaños, frente a los 66 a 76 que otorga al PP. Unidas Podemos obtendría entre 28 y 34, que se sumarían a los 5 a 7 de En Comú Podem y al 1 o 2 de Compromís. Además, ERC obtendría 17 o 18, Junts per Catalunya 4 o 5, el PNV 6 y EH Bildu entre 3 y 5.

Por su parte, Ciudadanos obtendría entre 42 y 51 y Vox entre 29 y 37. Así, la suma con el PP incluso en sus máximas expectativas se quedaría a las puertas de la mayoría absoluta, con 174 escaños, mientras que en el caso del PSOE y las demás fuerzas de la moción de censura bastaría la expectativa más baja de todos ellos para sumar escaños suficientes.

El estudio se hizo a partir de 16.194 entrevistas a ciudadanos de 1.110 municipios de toda España con un margen de error del 0,79% y entre los días 1 y 18 de marzo.

Así lo han contado varios agentes del servicio de información que asistieron a la entrega “aparentemente voluntaria” de las urnas a los mossos en varios colegios al finalizar el horario de votación. Según estos testigos, las urnas fueron trasladadas a vehículos policiales. El abogado Xavier Melero preguntó si la orden judicial de retirar las urnas se extendía a toda la jornada, dejando entrever que con esa actuación la policía autonómica estaba dando cumplimiento a lo mandatado por el juez.

Un inspector del Cuerpo Nacional de Policía, responsable de los agentes no uniformados en el distrito l’Eixample de Barcelona relató que el 1-O, cuando llegaron al centro Jaume Balmes, detrás de los funcionarios de orden público, “nos encontramos con una masa de unas 300 personas” realizando cánticos e insultando a los agentes. “Estaban situados en la puerta principal, de manera que “los funcionarios de la UIP (antidisturbios) tuvieron que retirarlos uno a uno para poder facilitar un pasillo”. Se formó un cordón para evitar que la gente se volviera a colocar en el mismo sitio, detalló, pero este cordón fue roto “una y otra vez por los empujones a los funcionarios”.

Una vez en el centro, se incautaron “tres urnas, material propio del referéndum, sobres, un terminal electrónico tipo tablet…”, así como un manual de instrucciones para realizar el referéndum. Cuando estaban abandonando el centro, “varias personas fueron siguiéndonos e insultándonos”, así que “fuimos escoltados por los funcionarios de policía”

Durante su declaración, el presidente del tribunal Manuel Marchena no permitió a la fiscalía hacer preguntas sobre lo sucedido en el colegio Ramón Llull por tratarse de un testimonio de referencia. Así, el fiscal Moreno continuó preguntando sobre los hechos ocurridos en el Colegio Diputación. El inspector relató que “por seguridad”, tras lo que había sucedido en el centro Jaume Balmes, se decidió no entrar.

El testigo también participó en controles en otros dos centros, donde su labor era “suministrar información al Cecor de todo lo que estaba pasando”. En estos centros la actitud de los mossos, destacó, “era pasiva, como de un día electoral normal, con los brazos cruzados”.

Ante las preguntas de Marina Roig, abogada de Jordi Cuixart, el inspector rechazó que tuviesen funciones de vigilar a mossos y apuntó que el objetivo era vigilar “el desarrollo del referéndum”. Asimismo, aseguró que desconocía si hubo agentes que grabaron las intervenciones. En último lugar, sobre las 12 personas heridas por la actuación policial en aquel distrito, el agente subrayó que no le constaba.

A continuación, testificó el inspector del Cuerpo Nacional de Policía, responsable de los funcionarios no uniformados del distrito Sants-Montjuïc de Barcelona. Este testigo participó en las incautaciones de material, procedentes de la sede de la ANC. Durante su declaración, explicó que el 20-S vio cómo tres personas metieron material en un vehículo, “hicimos un seguimiento de unos 15 o 20 minutos, hasta que paramos para identificarlos”.

En el maletero, detalló, “había dos cajas de grandes dimisiones con dos ordenadores portátiles y diverso material propagandístico”, así como petos de la ANC con lemas a favor del referéndum.

Ese mismo día, continuó, sobre las 18.15 horas, detectaron a un trabajador de la empresa de mensajería MRW que entraba en la sede de ANC. Tras el seguimiento y ser interceptado, el testigo explicó que en la furgoneta “había una serie de cajas que se correspondían con las que había sacado de la sede de ANC. Nos enseñó un alabarán en el que constaban cinco bultos y un sello de asamblea.cat con dirección a Hospitalet de Llobregat a dirección de Carles Cuevas”. Sobre un sexto bulto, apuntó que el trabajador de MRW les comentó que en la central le pondrían el albarán, ya que no sabía cuál era su destino. Todo este material fue incautado y se levantó el correspondiente acta.

A preguntas de las defensas, el inspector aclaró que hubo un mandamiento de entrada y registro a la sede de la ANC que fue denegado, sin embargo el 20-S acudieron allí porque su instructor se lo ordenó por si incautaban material que pudiera tener relación con el referéndum.

Además, el inspector explicó que en el distrito de Sants “no se realizó ninguna entrada, porque no había indicativo de las unidades de intervención policial”, de manera que tenían que informar de cómo se desarrollaba la jornada y, en su caso, hacer alguna grabación. Sin estas unidades era un “riesgo” acudir a los centros a requisar material electoral, porque eran los encargados de facilitar “la entrada, la estancia y la salida”.

A pesar de que no intervino en ningún centro, el inspector narró cuatro episodios en los que los mossos sacan las urnas de los centros de votación, al final de la jornada, mientras eran vitoreados por las personas allí congregadas. “Dos mossos sacaban urnas de los centros y las metían en un vehículo camuflado”, mientras la gente del colegio “hacia un pasillo y gritaban en catalán esta es nuestra policía”. En este sentido, apuntó que en un centro uno de sus agentes escuchó a un mosso informar a la gente de que llegarían las unidades de intervención.

El decimosexto testigo de la jornada hizo labores de información y afirmó que en los colegios a los que acudió “los mossos estaban actitud pasiva». A diferencia del último testigo del día que afirmó haber presenciado la entrega a unos mossos de cuatro urnas, éste aseguró que no vio “que nadie les diese las urnas después de la votación».

El Ministerio de Asuntos Exteriores emitió un comunicado en el que reclamó a las partes que acuerden la tregua humanitaria exigida por la ONU y que garanticen la seguridad de los civiles.

También reiteró su apoyo a la “infatigable” labor del representante especial de la ONU para Libia, Ghassan Salamé, e instó al regreso de “todos los actores al diálogo político y a descartar definitivamente la vía militar como solución a la crisis libia”.

La sentencia, que ha sido redactada por el magistrado Antonio Narváez, considera que la decisión cautelar adoptada por el Tribunal Supremo ha tenido “un presupuesto adecuado y ha respondido a una finalidad constitucionalmente legítima”. La demandante en amparo consideraba que las resoluciones impugnadas habían vulnerado su derecho a la libertad, contemplado en el artículo 17 de la Constitución, y a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 de la Carta Magna.

Tanto el instructor de la causa especial como la Sala Penal del Tribunal Supremo apreciaron en sus respectivos autos que los fines de la medida cautelar de la privación de libertad se fundaban tanto en el riesgo de fuga como en la posible reiteración de la actividad criminal.

No obstante, reconocieron en sus resoluciones que la recurrente en amparo se había conducido hasta ese momento de modo respetuoso con las medidas cautelares impuestas y con los llamamientos efectuados por la autoridad judicial.

Ahora bien, el Tribunal Constitucional respalda que “ambos órganos judiciales apreciaran en sus decisiones que esa pauta de conducta podía cambiar próximamente con el salto cualitativo que supone el auto de procesamiento”.

La recurrente en amparo también se quejaba de que se hubiera valorado el riesgo objetivo de fuga inferido del comportamiento procesal de otra persona que ha sido procesada por la misma causa y que, estando también en situación de libertad provisional y cumplimiento con los llamamientos efectuados (hasta el auto de procesamiento), eludió la acción de la justicia, huyendo fuera de España.

En este sentido, la sentencia subraya que “la argumentación del instructor cumple con el escrutinio constitucional que nos corresponde porque ha contemplado como factor trascendente en su decisión un elemento de juicio razonable, como es la huida, a lo largo del procedimiento, de varios investigados apoyados por una estructura organizativa permanente, y las dificultades, constatadas por la Sala de Recursos en su auto de 17 de mayo de 2018, de que sean puestos a disposición de la justicia española a través de mecanismos ordinarios de cooperación judicial internacional”.

También se desestima la queja acerca de la falta de valoración de sus circunstancias personales. La sentencia señala que “la existencia de relaciones familiares y recursos económicos no tienen relevancia suficiente como para enervar el riesgo de fuga, dada la acreditada facilidad con la que se puede cambiar de domicilio familiar en el ámbito de la Unión Europea gracias al auxilio de la estructura internacional de apoyo con la que cuentan, según razonan las resoluciones impugnadas”.

Según informó la compañía a través de un comunicado, el Consejo, en su reunión de hoy, aprobó la publicación de un informe favorable a la opa que LetterOne presentó el pasado 21 de febrero y que el 28 de marzo fue autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

LetterOne, fondo dirigido por Mijail Fridman, ya posee el 29% de las acciones de DIA, y la opa va dirigida al 71% restante, con el objetivo de hacerse con el 100% del capital de la compañía, formado por 622.456.513 acciones.

En el Informe remitido hoy a la CNMV, el Consejo de DIA expresa una opinión favorable sobre la OPA, por entender que, en las actuales circunstancias, se trata de la mejor alternativa existente para accionistas, acreedores, empleados, franquiciados y proveedores del Grupo.

Asimismo, el Consejo manifiesta su decisión de aceptar la oferta con las acciones de la autocartera disponibles.

MSF reclama una vez más a todo grupo armado involucrado en la guerra en la República Centroafricana (RCA) el cumplimiento de la legislación internacional en materia de conflictos y el respeto absoluto a la acción médica, a sus profesionales y los medios que utilizan para ello, según recoge la entidad en un comunicado.

El asesinato de Gaulbert Mokafé, de 41 años y que llevaba trabajando desde 2012 en el hospital de Batangafo en el que opera MSF en colaboración con el Ministerio de Salud, se produjo el jueves por la tarde. Tuvo lugar en el eje entre Batangafo y la ciudad vecina de Bouca, cuando éste se dirigía en moto a visitar a su familia. Según ha podido averiguar MSF, el compañero fue forzado a detenerse por un grupo de hombres armados y a internarse con ellos en el bosque con la motocicleta. Mokafé resultó muerto, por motivaciones que se desconocen, de un tiro en el corazón, según la organización.

“Si los responsables de la muerte de Mokafé o sus familias hubieran necesitado atención médica, Mokafé los hubiera ayudado. Su muerte ha sido un crimen cobarde, que ha dejado a la familia de MSF en Batangafo y en RCA conmocionados y enormemente enojados.

Es inaceptable”, condena el coordinador de MSF en RCA, Omar Abenza. “Exigimos a los grupos armados que controlen a sus miembros y aseguren la protección de la población, así como que respeten al personal sanitario, de quien también ellos y sus familias se benefician. Queremos continuar ofreciendo asistencia médica y humanitaria, pero para ello necesitamos trabajar en seguridad y que cada uno asuma sus responsabilidades”.

MSF, en señal de respeto a Mokafé y a sus allegados, convocará dos días de luto el próximo miércoles y jueves en Batangafo. En el comunicado, MSF traslada a su familia “sus más sentidas condolencias”.

El hallazgo, publicado en la revista ‘Nature Immunology’, abre nuevas posibilidades terapéuticas “extensibles a enfermedades inflamatorias y del sistema inmune”, según precisó la investigadora del Ciberdem Sonia Fernández-Veledo, responsable del estudio junto al investigador Joan Vendrell.

El trabajo analiza el papel del succinato, un metabolito conocido por sus funciones energéticas en la mitocondria y que a su vez es capaz de actuar fuera de la célula como si fuese una hormona, modificando el metabolismo energético.

Los investigadores han estudiado su función y la de su receptor SUCNR1 en los macrófagos, un tipo celular específico “fundamental en la aparición de las alteraciones que se ven en el tejido adiposo de los pacientes con obesidad y diabetes”, puntualizó la experta.

En este estudio se identifica por primera vez al succinato y su receptor SUCNR1 como “actores fundamentales” en la resolución de la inflamación y para ello los investigadores generaron un ratón cuyos macrófagos no presentan el receptor de succinato SUCNR1, circunstancia que, contrariamente a lo que se esperaba, provoca un mayor grado de inflamación en su tejido adiposo, peor tolerancia a la glucosa y mayor resistencia a la insulina.

Además, estos ratones son más susceptibles de desarrollar obesidad en respuesta a una dieta grasa.

En ese estudio, los investigadores demostraron que el succinato tiene un efecto dual interviniendo en la resolución del proceso inflamatorio. Este metabolito actuaría a la vez como señal de alarma en respuesta a daño o estrés celular y molécula “apaciguadora” de la inflamación.

Los estudios con pacientes corroboraron las observaciones halladas en el modelo animal ya que cuando los macrófagos fueron expuestos a succinato, los procesos inflamatorios disminuyeron en los sujetos sanos, hecho que no tiene lugar cuando se estudian pacientes obesos, lo cual indica que en la obesidad hay un “déficit de respuesta” por parte de este tipo de células.

“Curiosamente, los pacientes obesos, tienen niveles en sangre más elevados de succinato, lo cual lleva a pensar que presentan una resistencia al mismo, como ocurre con otras hormonas como la insulina”, explicaron los responsables del estudio.

«Recuperar» la función fisiológica de SUCNR1 representa para los estudiosos una nueva estrategia terapéutica para el tratamiento de la obesidad y sus enfermedades asociadas, principalmente la resistencia a la insulina y la diabetes tipo II.

Este grupo seguirá trabajando para estudiar la fisiología del eje succinato-SUCNR1 y sus implicaciones en patologías metabólicas.

El estudio ha contado también con la colaboración de la Universidad Rey Juan Carlos, el Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols y del Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona (IRB).

La inmunoterapia es un tratamiento que utiliza al sistema inmunitario para atacar el cáncer. “A pesar de su uso creciente para el tratamiento de diferentes enfermedades oncológicas, existe un desconocimiento destacado sobre la inmunoterapia entre las personas con cáncer”, según los responsables del estudio.

En datos, 7 de cada 10 personas encuestadas afirman tener un grado de conocimiento bajo sobre la inmunoterapia, y más del 90% de los pacientes se muestran abiertos a saber más (solo un 6,3% afirman no querer tener información).

Para quienes afirman tener pocos conocimientos sobre la inmunoterapia, el principal motivo es que no han sido informados (49,4%), haciendo referencia también a otras causas como el no haber dedicado tiempo suficiente para entenderlo (35,6%) o no haber buscado información al respecto (34,3%).

Al preguntar a las personas con pocos conocimientos sobre sus motivos para no estar más informadas, destaca que menos del 10% están conformes con los conocimientos que tienen. El estudio deduce que la gran mayoría (superior al 90%) de las personas con conocimientos medio-bajo están interesadas en saber más sobre inmunoterapia.

También cabe destacar que casi la mitad de las personas encuestadas (46,2%) ignora si la inmunoterapia es una estrategia terapéutica válida para su tipo de cáncer. Este desconocimiento es más frecuente entre los pacientes que están en remisión (supera el 50%) que entre quienes están en tratamiento activo (inferior al 40%), según el informe.

El selectivo logró, no obstante, conservar la cota de los 9.400 puntos y clausurar la jornada en los 9.407,80. Entre los valores que lo integran, las mayores caídas en precios se las anotaron las acciones de Ence (-2,29%), seguidas por las de IAG (-1,65%), ACS (-1,59%) y Repsol (-1,47%).

En el lado de las ganancias, los mejores resultados correspondieron a Cellnex (+2,86%), Siemens Gamesa (+1,98%), Bankia (+1,67%), Grifols (+0,84%) y Endesa (+0,66%).

Entre las compañías de mayor capitalización del Ibex también cosecharon ganancias BBVA (+0,24%) e Iberdrola (+0,13%), mientras que la cotización del Santander se redujo un 0,28% y la de Telefónica un 0,43%.

Por su parte, la prima de riesgo se situaba en el entorno de los 109 puntos.

A continuación, se sumarán a la mesa Aitor Esteban, diputado y portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados; Jaume Alonso Cuevillas, cabeza de lista por Girona de Junts per Catalunya; y Gabriel Rufián, candidato de Esquerra Republicana de Cataluña por Barcelona, para debatir sobre territorialidad, unidad de España,

secesionismo y posibles pactos postelectorales, según informó este martes Mediaset.

El programa, que prolongará excepcionalmente su horario de emisión hasta las 18.30 horas con motivo del debate, contará en la redacción con un equipo especializado en verificación de datos que comprobará en directo la veracidad de los argumentos que se pongan sobre la mesa.

La jefa del Servicio de Inspección, Sara Núñez de Prado, aseguró que «se trata de un documento estratégico, que se rige bajo los principios de transparencia y buen gobierno, que viene a fortalecer los mecanismos de control establecidos en la URJC con el fin de favorecer el cumplimiento de la normativa y de los fines que le son propios».

Este documento otorga a la Inspección de Servicios la labor de monitorizar el funcionamiento de los servicios universitarios, llevar a cabo el seguimiento y el control general de la disciplina académica.

Desde la Inspección de Servicios de la URJC se ha puesto en marcha un Plan de Actuación con el objetivo de dar mayor difusión y conocimiento de las funciones y competencias atribuidas a esta área, según informó la universidad.

Entre las acciones principales del plan correspondiente al curso 2018/2019 se incluyen visitas a distintas escuelas de la universidad en las que la inspección asesorará al personal y las unidades académicas para garantizar su buen funcionamiento y resolver las dudas procedimentales.

Asimismo, se elaboran informes de seguimiento sobre dichos procesos. Todo ello con la meta de colaborar en los procesos de mejora de la calidad de los servicios que se prestan a la comunidad universitaria y a la sociedad, según la URJC.

El rector de la URJC, Javier Ramos, anunció al inicio del presente curso que la universidad contaría con un nuevo Reglamento de Inspección. Ramos aseguró que este documento estratégico permitiría analizar los riesgos institucionales a los que está expuesta la universidad para poder tomar las “decisiones pertinentes con la celeridad que la sociedad nos demanda”.

El Reglamento de Inspección tiene un programa de ‘compliance’ que incorpora procedimientos y buenas prácticas para identificar y clasificar los riesgos y establecer mecanismos internos de prevención, gestión y control para garantizar el buen funcionamiento de la universidad.

Esta medida se suma a la puesta en funcionamiento del Boletín Oficial de la URJC, recientemente aprobado y que se pondrá en marcha en el próximo curso académico.

A preguntas de la Fiscalía contó como dos mossos entraron a hablar con la gente que estaba en el interior del centro cuando ya se estaba realizando el recuento de votos: «Les vitoreaban, les aplaudían, les decían ‘Esta es nuestra policía'».

El agente no pudo dar detalles sobre lo ocurrido durante las intervenciones policiales concretas en los distintos colegios. «Nosotros, por las funciones que teníamos, no estábamos presentes cuando se producen las acciones operativas. Comunicábamos la acción y nos íbamos», explicó.

También declaró este martes una inspectora de la Brigada provincial de Extranjería y Fronteras encargada de informar de la situación en una decena de colegios. En Escuelas Pías (Barcelona) vio una “masa” de gente pero no pudo ver si hubo agresiones. Sí se percató de la presencia de tres mossos d`Esquadra en un punto fijo, que “no actuaron, básicamente estaban presentes”.

A su grupo se le entregó un listado de una decena de centros de votación a los que se fueron desplazando para informar sobre lo que en ellos sucedía. Llegaban antes que las unidades de Policía e informaban de la situación, por lo que no pudieron ver las actuaciones, salvo en el caso de Escuelas Pías, donde aún estaban cuando llegaron las unidades que iban a intervenir.

Después declaró otro agente que también intervino en Ciutat Vella. «En la escuela Mediterránea llegué hasta la puerta. Había unas 300 o 400 personas en actitud violenta, estaban entrelazados por los brazos y bastante bien organizados, no nos dio tiempo a prepararnos, se vinieron contra nosotros y nos acometieron”.

Las personas que se encontraban en “primera fila llevaba paraguas y alguno llevaba puesto un casco de protección», siguió explicando. «Hubo manotazos, empujones y alguna patada», dijo este agente de la Unidad de Intervención Policial. «Nos costó mucho pero conseguimos separarlos. Evidentemente, usamos la fuerza», concluyó.

Según los expertos, uno de cada tres niños padece algún tipo de alergia, y estiman que esta patología afectará a más del 50% de los europeos en los próximos 10 años. En España, los alergólogos indican que cerca de dos millones de personas son alérgicas a alimentos.

Con el objetivo de poner de manifiesto la importancia de esta patología, la Organización Mundial de la Alergia (WAO, por sus siglas en inglés) dedica este año la Semana Mundial de la Alergia a la alergia a alimentos. Del 7 al 13 de abril y bajo el eslogan ‘El problema global de la alergia alimentaria’, la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC) se suma a la campaña de concienciación compartiendo vídeos y material formativo e informativo en sus redes sociales para dar a conocer este grave problema de salud pública.

Las alergias alimentarias han sufrido un importante incremento en las últimas décadas, como muestra el Informe Alergológica 2015 en el que se registró una prevalencia de la enfermedad del 11,4% entre los pacientes que acudían al alergólogo por primera vez, casi duplicando la cifra registrada en el mismo informe de 2005 con un 7,4%.

“Las teorías para explicar este incremento difieren, pero las ideas que se repiten son el estilo de vida y la influencia genética. La dieta también desempeña un papel importante: comemos más alimentos procesados y grasas saturadas de origen animal, y menos frutas y verduras. Todo ello perjudica a la microbiota o flora intestinal de nuestro intestino”, recalca la presidenta del Comité de Alergia a Alimentos de la SEAIC, la doctora Mónica Antón.

La Seaic lanzó hace unos meses la campaña ‘Soy Experto en Alergia’, una escuela de pacientes para conocer mejor los síntomas de las enfermedades alérgicas y aprender a tratarlas. Este curso ‘online’ de carácter divulgativo e informativo es impartido por médicos alergólogos, miembros de asociaciones de pacientes y expertos en salud digital, según la entidad.

Según informó este martes la Dirección General de la Policía Municipal, la operación, desarrollada en dos fases, finalizó este fin de semana con el registro a un almacén en el polígono de Cobo Calleja de Fuenlabrada, donde se encontraron ocultos en un zulo miles de pares de zapatillas falsificadas, así como los logotipos para ser colocados y la maquinaria para su fabricación.

La operación comenzó a principio de febrero, cuando los agentes de la Unidad Integral de Distrito de Centro Sur observaron, tras diversas intervenciones, un sustancial incremento en la venta en el ‘top manta’ de zapatillas falsificadas de las principales marcas deportivas.

Por este motivo, el grupo de propiedad industrial de la Unidad de Investigación y Coordinación Judicial (UICJ) de la Policía Municipal de Madrid abrió una investigación que dio como resultado en una primera fase una intervención conjunta, entre la UID de Centro Sur y la UICJ, en varios almacenes y establecimientos de Madrid, donde se intervinieron miles de estos artículos y resultaron investigadas siete personas por un delito contra la propiedad industrial e intelectual.

¿Compras zapatillas fuera de los comercios autorizados? Pues atento porque seguramente te den gato por liebre… Incautados 12.000 productos falsificados y 7 personas investigadas en la «Operación Bamba».
Más info en nuestra cuenta de facebook: https://t.co/trwYzGvp4E pic.twitter.com/jrbhe9kjHV

— Policía de Madrid (@policiademadrid) 9 de abril de 2019

De estas intervenciones se obtuvo la información necesaria para dar con el lugar de distribución, el cual se encontraba en un almacén del polígono industrial Cobo Calleja de Fuenlabrada, por lo que se inició la segunda fase de la operación en la que se incluyó la colaboración de la Policía Local de Fuenlabrada.

En esta fase se realizaron una serie de investigaciones por parte de ambos cuerpos que dieron como resultado la localización exacta del lugar de distribución de la mercancía, así como la identificación del autor de la venta de los mismos que se investiga por un delito contra la propiedad industrial.

A pesar de que esta persona había tomado ciertas medidas de seguridad para intentar burlar la inspección de los agentes, se consiguió descubrir un pequeño habitáculo donde se encontraban escondidos miles de etiquetas, logotipos y todas las herramientas para transformar las zapatillas “limpias” en zapatillas que falsificaban a las principales marcas deportivas como Adidas, Reebok, Nike o New Balance.

La falsificación de las mismas se realizaba a través de la imprimación y pegado de los logos en los lugares adecuados, lo que daba un resultado muy similar al original por lo que tenían una fácil salida al mercado. En la inspección del establecimiento los agentes contaron con el asesoramiento de peritos de las marcas implicadas, para la identificación y verificación de los artículos falsificados.

Según relató, durante la jornada del 1-O presenció incidentes en tres centros de votación: escuela Mediterránea, instituto Pau Claris y la escuela Pia San Antonio.

El primer centro al que acudió fue la escuela Mediterránea, la entrada se efectuó en torno a las 7.50 horas, cuando se aproximaron al centro “toda la gente se aglutinó en torno a la puerta de acceso” de modo que “el personal de intervención tuvo que despejar el camino”.

“Había unas 150 personas”, apuntó. La “masa” impedía el acceso. “La gente estaba de pie bloqueando el acceso, recuerdo que cuando se aproximaron los compañeros de orden público, fueron desplazados dos metros hacia atrás, algunos golpearon a compañeros de la UIP”, detalló. “Recuerdo perfectamente insultos, empujones y golpes con paraguas”, así como insultos: “hijos de puta, sinvergüenzas, que nos fuéramos a nuestro país…”.

El testigo rechazó que los agentes emplearan sus defensas para apartar a los ciudadanos allí concentrados y aseguró que “los compañeros con sus manos intentaban apartar a la gente”. Posteriormente “no vi lo que ocurrió porque entré en el interior del centro de votación”, donde se encontraron a 10 o 15 personas y “cuatro urnas escondidas en los baños”. “Allí nadie se hacía responsable de las mesas, no había nadie que respondiera en relación al material incautado”, explicó.

En el segundo centro, en el instituto Pau Claris, la situación, según destacó, era “todavía más complicada” porque habia una “masa de 200 personas bloqueando la entrada”. Por “la propia presión que hacia la gente”, explicó, los agentes “eran incapaces de abrir paso”, de manera que “se tuvo que acceder por una puerta lateral», en ese segundo acceso “la gente estaba sentada en el suelo, agarrada”, la dinámica “fue igual”, apuntó, “insultoS y patadas”. En este centro, como en el anterior, “nadie se hacía cargo de las urnas”. El incidente más destacado, señaló, ocurrió cuándo un mosso interfirió en la actuación policial, ya que “intentó romper el cordón de seguridad que habían hecho los compañeros”.

A continuación, sobre las 12 horas, acudieron a la escuela Pía San Antonio, allí había “gente bloqueando la puerta de acceso, agarrada de los brazos”. “Cuando nos estábamos aproximando recibimos lanzamiento de objetos al vehículo”, detalló. “Nos llovieron conos, piedras, vallas …” y “trataron de aislar a unos compañeros de orden público”. El agente relató que “la masa intentó aislar a los seis compañeros” que estaban protegiendo el convoy, a su salida del centro. En ese momento, aclaró, “tuvieron que tirar salvas para proteger a los compañeros que se estaban quedando aislados”.

En este centro también incautaron urnas y material, a diferencia de los otros centros si consiguieron notificar el auto a un responsable del centro. Fue precisamente en este centro, donde, según el testigo, “un mosso se puso entre la policía y la gente con los brazos cruzados. Nos dijo que la gente tenía derecho a votar»

Preguntado por las defensas si hubo algún acometimiento a los agentes, el testigo detalló que cuando intentaron acceder por la puerta principal de uno de los centros un niño les recibió “en posición de boxeador” y alguien golpeó en el casco de un compañero. Ante la insistencia sobre un posible acometimiento, aclaró: “La gente estaba sentada en el suelo y mediante la resistencia estaban impidiendo que les retiraran del lugar”. Asimismo, rechazó haber visto, en la escuela Pia, puñetazos por parte de los agentes y apuntó que la gente estaba en silencio, “quizá hubo algún cantico pero ningún incidente más”.

Además, sobre la “lluvia de conos” que había relatado aseguró que no recordaba si había personas que reprochasen esta actitud a las personas que supuestamente lanzaban los objetos y afirmó que desconocía si alguno de esos lanzamientos impactaron en algún agente o vehículo.

Así lo comunicó él mismo a Servimedia, explicando que sólo aceptó volver por un tiempo limitado al puesto que ya ocupó entre 2014 y 2015, como primer presidente de la entidad contraria al independentismo que cofundó.

Bosch apareció en enero como el candidato de consenso necesario entre las diversas corrientes de Societat Civil, que estaban enfrentadas bajo la presidencia de Rosiñol, y como tal lo designó la asamblea de socios.

En su segundo mandato al frente de la entidad, ha mostrado un perfil moderado postulándose en favor del diálogo entre el Gobierno español y el catalán, rechazando la aplicación gratuita del artículo 155 de la Constitución cuando no ha ruptura real de la legalidad y opinando que el Estado debería ser generoso si los líderes del proceso independentista que están siendo juzgados en el Tribunal Supremo se arrepintieran de sus actos.

También rehusó sumarse a la concentración que convocaron en febrero en Colon el PP, Ciudadanos y Vox, argumentando que Madrid no es el ámbito de actuación de la entidad y que además ésta no puede manifestarse en contra de un Gobierno.

Según informó la organización en una nota, en ese documento solicita a los políticos que defiendan «el mantenimiento de una raza autóctona -raza de lidia- y de un ecosistema de alto valor natural donde se desarrolla su cría, y también, se dignifique la labor de las mujeres y los hombres del campo».

Las medidas están estructuradas en torno a cinco ejes: protección, Europa, bienestar animal, economía, promoción y concienciación medioambiental.

Además, se ha solicitado a Pedro Sánchez (PSOE), Pablo Casado (PP), Albert Rivera (Cs), Pablo Iglesias (Podemos) y Santiago Abascal (VOX) «que faciliten por escrito la posición de su partido respecto a la ganadería de bravo en España y en Europa«, y también, las medidas que propone cada cual «para la defensa de los intereses de la crianza de este animal antes de las elecciones.

La UCTL, subraya en su nota que en España existen más de 900 ganaderías de lidia que cuentan con un censo superior a los 200.000 animales y se extienden por más de 300.000 hectáreas y cuya crianza es respetuosa con el medio ambiente y sostenible.

Esta es una de las principales conclusiones del informe elaborado por los expertos del Comité, a cuya evaluación se sometió España el pasado mes de marzo, a las que ha tenido acceso Servimedia. Según la ONU, España no ha avanzado «lo suficiente» en lo que se refiere al derecho a una educación inclusiva de calidad para todos, pese a que en 2016 este mismo organismo advirtió de que la existencia de dos modelos educativos separados suponía una vulneración de los principios de la convención.

Asimismo, el Comité muestra «su especial preocupación» por el mantenimiento de previsiones legales que permiten la existencia de los centros de educación especial, que representan un modelo segregador y un enfoque «muy medicalizado».

«Esto afecta a un gran número de alumnos con discapacidad intelectual, autismo o con discapacidades psicosociales o múltiples» matriculados en centros especiales, algo que para el Comité resulta «muy preocupante». Por ello, insiste en la puesta en marcha de medidas para garantizar una educación inclusiva, como ya hizo en 2016.

Aboga en el documento por cambios en la ley educativa y por el desarrollo de estrategias para incluir en los centros ordinarios a todo tipo de alumnos, con las debidas garantías de que recibirán los apoyos necesarios y una atención individualizada.

En su informe, el Comité recuerda que todos los niños con discapacidad tienen derecho a ser escolarizados en el sistema educativo ordinario junto al resto de alumnos, para lo que se precisa el diseño de una política comprensiva y una formación adecuada de los docentes y demás profesionales.

MÁS DEBERES

Otra de las recomendaciones que la ONU hizo a España en 2016 y que sigue pendiente es la modificación del Código Penal para que cualquier esterilización forzosa a una persona con discapacidad sea castigada. Además, la ONU pide un cambio de la legislación civil para que la limitación de la capacidad jurídica no impida a las personas con discapacidad tomar decisiones sobre su vida, su lugar de residencia o su economía.

Exige «suprimir todas aquellas barreras que impiden el acceso de las personas con discapacidad al sistema de justicia» y reclama que sus testimonios sean permitidos en los juicios y que el uso del braille, la lengua de signos y demás apoyos a la comunicación se generalicen.

Según el informe, solo el 0,6% de los edificios son plenamente accesibles en España, a pesar de que la Convención estableció 2017 como fecha límite para lograr la accesibilidad universal. A este resoecto, lamenta los pocos avances en las administraciones públicas.

También critica los problemas en el acceso a los trámites para solicitar asilo por parte de personas con discapacidad y exige un enfoque que tenga en cuenta el género, la raza y otras posibles formas de discriminación.

SALUD

El Comité expresa su preocupación por la situación de las personas con problemas de SALUD mental, que muchas veces son sometidas a internamientos, a retenciones mecánicas y a tratamientos médicos contra su voluntad.

Advierte de que algunas enfermedades mentales no son reconocidas como discapacidad según la normativa española y lamenta, asimismo, las dificultades de acceso de los niños con discapacidad al sistema sanitario, sobre todo en las áreas rurales.

Pide poner fin a la institucionalización de los menores con discapacidad y solicita la adopción de las medidas sociosanitarias que sean necesarias para que puedan permanecer con sus familias.

Este organismo de Naciones Unidas vuelve a instar a España a que cambie la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, a fin de que no se establezca un plazo especial en función de la discapacidad, e insistió en que esta no se considere un motivo para la eutanasia.

No obstante, reconoce los avances acaecidos en España respecto a la pasada evaluación. Así, aplaudie la reforma de la ley electoral que permite que alrededor de 100.000 personas con discapacidad que habían sido incapacitadas recuperen el derecho al voto; la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que establece la obligación de reservar ciertos porcentajes de empleo para estos colectivos; el nuevo enfoque de la Ley General de Discapacidad, y las modificaciones del Código Penal y Civil con el objetivo de proporcionar mayor protección a estas personas y ajustar sus procedimientos a los requisitos de la Convención.

Después de la reunión del Consejo de Gobierno, compareció en la rueda de prensa habitual de todos los martes, en compañía del vicepresidente, Pedro Rollán, y se despidió ante los periodistas.

Tuvo palabras de agradecimiento para todos para los consejeros -presentes en la sala donde se ofreció la rueda de prensa-, colaboradores, alcaldes, sindicatos y empresarios.

Aseguro que, a pesar de su marcha, la Comunidad de Madrid “seguirá funcionando igual” y afirmó que al frente de ella se queda Pedro Rollan. “Quedan –los madrileños- en las mejores manos”, manifestó Garrido, quien dijo que “lo mejor -de su paso por la Comunidad- ha sido ser consejero y luego presidente».