El Pleno del Congreso de los Diputados debatirá y votará el jueves el límite de gasto no financiero, conocido como techo de gasto, y los objetivos de déficit y deuda propuestos por el Gobierno para 2020, que en caso de ser aprobados servirán de base para elaborar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de este ejercicio. Asimismo, también será debatida la senda de estabilidad para el periodo 2021-2023.

La aprobación del techo de gasto y los objetivos de déficit y deuda de 2020 son el paso previo para la posterior elaboración de las cuentas del ejercicio, que el Gobierno quiere aprobar a lo largo del verano.

El pasado 11 de febrero el Consejo de Ministros aprobó un techo de gasto de 127.609 millones de euros para 2020, lo que supone un 3,8% más respecto al de 2019 (122.899 millones), y un objetivo de déficit para este ejercicio del 1,8% del PIB.

En concreto, la nueva senda de estabilidad fija unos objetivos de déficit del 1,8% para 2020, 1,5% en 2021, 1,2% para 2022 y 0,9% en 2023, frente al déficit del 0,5% en 2020 y superávit del 0,1% en 2021 que fijó el PP en abril de 2018 en la senda que está vigente actualmente, que ya fue considerada entonces “poco realista” por organismos como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) y la Comisión Europea.

En este sentido, cabe recordar que el déficit cerró 2018 en el 2,6% y que se estima que cierre 2019 por encima del 2%, por lo que el objetivo del 0,5% en 2020 fijado por el PP es inalcanzable.

Además, el objetivo del 1,8% para 2020 establecido en esta nueva senda supone una décima de déficit más respecto al 1,7% que el Gobierno socialista previó el pasado octubre en el plan presupuestario que remitió a la Comisión Europea.

OBJETIVOS POR ADMINISTRACIÓN

Por administraciones, la nueva senda establece unos objetivos de déficit para las comunidades autónomas del 0,2% en 2020, 0,1% en 2021 y equilibrio presupuestario desde 2022, tal y como aprobó el pasado viernes el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Para la administración central la meta es del 0,5% en 2020, del 0,4% en 2021, 0,3% en 2022 y 0,1% en 2023. En cuanto a la Seguridad Social, el objetivo es que obtenga un déficit del 1,1% este año, del 1% en 2021, del 0,9% en 2022 y del 0,8% en 2023. Por último, para las corporaciones locales se mantiene el objetivo de equilibrio presupuestario que ya han registrado en los últimos años.

DEUDA

En cuanto a la deuda pública, los objetivos son del 94,6% sobre PIB para 2020, 93,4% en 2021, 91,7% en 2022 y 89,8% en 2023. Estos objetivos también suponen flexibilizar la senda marcada por el PP en 2018, ya que fijaba un 92,4% para 2020 y del 89,1% en 2021.

Por administración, el objetivo de deuda para la Administración Central y la Seguridad Social es del 69,2% en 2020, 68,6% para 2021, 67,7% en 2022 y 66,6% en 2023.

Para las comunidades autónomas la meta es del 23,4% este año, 22,8% en 2021, 22,1% en 2022 y 21,4% en 2023; mientras que para las corporaciones locales el objetivo será del 2% en 2020 y 2021, del 1,9% en 2022 y del 1,8% en 2023.

Además, en lo que respecta a la tasa de referencia de crecimiento, también conocida como regla de gasto, el Gobierno la fija en el 2,9% en 2020, 3% para 2021, 3,2% para 2022 y 3,3% en 2023.

ELIMINAR VETO DEL SENADO

Esta es la segunda ocasión en la que el Gobierno liderado por Pedro Sánchez trata de flexibilizar la senda de estabilidad, después de intentarlo en junio de 2018, nada más llegar a La Moncloa, aunque en dicha ocasión no pudo culminar la modificación al toparse con la mayoría absoluta del PP en el Senado.

Precisamente, este martes el Pleno debatirá también la propuesta del PSOE para reformar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera mediante la eliminación de la capacidad de veto de la Cámara Alta a los objetivos de estabilidad, cuyo objetivo es evitar que en el futuro se repita la situación de 2018.

En concreto, los socialistas proponen reformar el artículo 15 de la Ley, que actualmente obliga a que los objetivos de estabilidad deban ser aprobados tanto por el Congreso como por el Senado, cuando la práctica legislativa habitual es que si la Cámara Alta rechaza una iniciativa ya aprobada por la Cámara Baja, esta última pueda levantar el veto.

Así, mientras que la actual redacción de la Ley exige la aprobación del Senado, dando un mes para volver a presentar una propuesta de senda en caso de que sea rechazada, la propuesta del Grupo Socialista indica que, en caso de ser rechazada por el Senado, los mismos objetivos serían votados de nuevo por el Pleno del Congreso, quedando aprobados con mayoría simple.

Además, para justificar este cambio, el Grupo Socialista señala en la exposición de motivos de su propuesta que la actual redacción de la norma "resulta distorsionadora en tanto responde a un modelo de bicameralismo perfecto que no se corresponde con el que establece nuestra Constitución".

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Las indemnizaciones abonadas por Renfe por retrasos en los trenes AVE alcanzaron los 5.076.728 euros en 2019, lo que supone un descenso del 21,3% con respecto a los 6.451.553 millones abonados por la operadora por este mismo concepto en 2018.

Así se refleja en una respuesta escrita del Gobierno al diputado de EH-Bildu, Jon Iñarritu, a la que ha tenido acceso Servimedia, en la que se detallan estas indemnizaciones que se producen por retrasos de más de 15 minutos.

La línea que acumula una mayor cuantía en indemnizaciones es la Madrid-Barcelona-Figueres, que suma 1.709.590 euros, un 20,8% menos que el año anterior cuando alcanzó los 2.159.410 euros.

A continuación, el Madrid-Sevilla acumuló 838.228 euros en indemnizaciones, un 10,9% menos que los 941.114 euros de 2018. Esta línea dejó de indemnizar por retrasos de cinco minutos en 2016, compromiso que adquirió Renfe en 1992 con su lanzamiento, y se equiparó con el resto.

Por su parte, los enlaces de alta velocidad entre Barcelona y Andalucía acumularon también una cuantía significativa en indemnizaciones, en su caso de 792.845 euros. Eso sí, fueron de las que más se redujeron, en concreto un 42,7%, frente a los 1.384.266 de un año antes.

Con una cuantía similar, la cuarta relación con más dinero abonado en indemnizaciones por retraso es el Madrid-Málaga con un total de 780.929 euros, un 22,5% menos que en 2018 cuando la cuantía ascendió a 1.007.162 euros.

Además, el Madrid-Valencia generó a Renfe un gasto por retrasos de 217.649 euros (-1,4%), el Madrid-Alicante de 207.182 euros (-46,7%), el Madrid-León de 147.428 (+28,3%), el Madrid-Castellón de 143.886 euros (-3,8%), el Barcelona-Granada de 106.519 euros (primer año), el Madrid-Huesca de 84.284 euros (+73,7%) y el Valencia-Sevilla de 48.188 euros (+29,2%).

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La Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados examinará este próximo martes a la candidata propuesta por el Ministerio de Hacienda para presidir la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), Cristina Herrero, actual presidenta interina del organismo desde que el anterior responsable, José Luis Escrivá, fuera nombrado ministro.

En una sesión que comenzará a las 11.00 horas, Herrero se someterá al escrutinio de los grupos parlamentarios tal y como establece el artículo 24 de la Ley de creación de la Airef, que señala que la persona propuesta por el Ministerio de Hacienda deberá comparecer en la Comisión de Hacienda para que se examine “si la experiencia, formación y capacidad de la persona propuesta son adecuadas para el cargo”.

En este sentido, la Ley fija que la Airef “estará dirigida y representada por un presidente que será designado, entre personas de reconocido prestigio y experiencia mínima de diez años de ejercicio profesional en materias de análisis presupuestario, económico y financiero del sector público, valorándose especialmente su independencia y objetividad de criterio”.

Una vez sometida al examen parlamentario, Herrero deberá contar con la aprobación de la Comisión por mayoría absoluta. En caso de no alcanzarse dicha mayoría en los quince días transcurrido desde la comparecencia, será suficiente para su nombramiento la mayoría simple de la Comisión de Hacienda del Senado.

La comparecencia de Herrero llega después de que el pasado martes el Consejo de Ministros acordase proponerla para presidir la Airef con un mandato de seis años no renovable.

Cristina Herrero es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid en 1989, interventora y auditora del Estado e Inspectora de Hacienda, ámbitos en los que ha desarrollado su trayectoria profesional.

Entre 1993 y 2000 fue jefa de área en la Subdirección General de Análisis y Cuentas Económicas del Sector público dentro de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), momento en el que pasó a ejercer de vocal asesor en la IGAE como coordinadora de la elaboración de las cuentas nacionales del sector de las administraciones públicas.

En noviembre de 2005 fue nombrada subdirectora General de Análisis Presupuestario y Organización Institucional del Sector Público Autonómico de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local. Bajo dicha división realizó funciones de supervisión y seguimiento de las Comunidades Autónomas en el ámbito de la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, así como de los procesos de reordenación del sector público autonómico y mecanismos de financiación habilitados por el Estado para el pago a proveedores.

Posteriormente, ya en 2014, la Airef la incorporó entre el equipo conformado para su puesta en marcha situándola al frente de la división de Análisis Presupuestario y convirtiéndola en la responsable de una de las principales funciones de la institución como garante de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad de las finanzas públicas.

El nombramiento del encargado de dirigir la Airef llega en un momento clave, debido a la proximidad de la tramitación parlamentaria del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2020, ya que, una vez el Congreso apruebe el techo de gasto y la senda de estabilidad sobre los que elaborar las cuentas, se espera que presenten en el Congreso próximamente para que queden aprobadas a lo largo del verano.

Entre las funciones de la Airef se encuentra, precisamente, la que es competencia de la división liderada por Cristina Herrero estos años: evaluar si las estimaciones y medidas que el Gobierno incluya en el proyecto de Presupuestos son realistas o no, cuestión para la que el presidente de la autoridad independiente comparece en la Comisión de Presupuestos del Congreso y el Senado.

Además, el presidente de la Airef tiene obligación de comparecer al menos una vez al año en las comisiones correspondientes del Congreso de los Diputados y el Senado, y asiste como miembro con voz pero sin voto al Consejo de Política Fiscal y Financiera, a la Comisión Nacional de la Administración Local y a la Comisión Financiera de la Seguridad Social.

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La agencia de noticias Servimedia celebrará el lunes 2 de marzo a las 17 horas un nuevo diálogo sobre inclusión social y deporte con los atletas Orlando Ortega y Adiaratou Iglesias ante los Juegos Olímpicos y Juegos Paralímpicos que tendrán lugar en Tokio (Japón) el próximo verano.

Ortega e Iglesias son los protagonistas de este encuentro informativo, en el que el plusmarquista en 110 metros vallas y medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río 2016 conversará con la corredora con deficiencia visual y actual subcampeona del mundo en 100 y 200 metros T12.

Orlando Ortega nació en Cuba y pertenece a una familia de deportistas. Sus abuelos le enseñaron y contagiaron el amor por el atletismo, hasta especializarse en pruebas de salto de vallas. En 2015 logró la nacionalidad española y desde entonces ha estado entre los mejores del planeta en sus categorías. Recientemente, logró a los 28 años la medalla de bronce en los mundiales de atletismo celebrados en Doha en octubre de 2019.

Por su parte, Adiaratou Iglesias nació en Mali pero tuvo que salir huyendo del país por su albinismo. Con 20 años y una visión del 10%, la atleta ha ganado ya dos platas y dos bronces antes de los Juegos Paralímpicos de Tokio. Hace apenas tres meses, se proclamó subcampeona del mundo en los mundiales de atletismo paralímpicos celebrados en Abu Dabi en noviembre de 2019.

Orlando Ortega y Adiaratou Iglesias mantendrán este diálogo con el director general de Servimedia, José Manuel González Huesa, quien moderará este encuentro y las preguntas que el público quiera realizar al final de la charla.

El encuentro tendrá lugar en el auditorio de la sede de Servimedia, en la calle Albacete 3 de Madrid. A las 16.30 horas se abrirán las puertas para que pueda acceder el público y a las 17 horas comenzará puntualmente la conversación.

Para asistir a este acto hay que acreditarse a través de la web 'https://www.servimedia.es/dialogos/dialogos-paralimpicos-orlando-ortega-y-adiaratou-iglesias'. El evento será narrado en directo a través de las redes sociales de Servimedia con el hashtag #DiálogosParalímpicos

Servimedia es líder en Información Social en España con cerca de 41.000 noticias redactadas al año y más de 60.000 inserciones en otros medios. A través de sus teletipos y encuentros, la agencia de noticias se ha consagrado en sus tres décadas de historia en un referente en el fomento de la inclusión de la discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad civil, incluido el deportivo.

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El presidente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe), Anxo Queiruga, anunció su intención de presentarse a la reelección para un segundo mandato al frente de la entidad.

En una entrevista concedida a Servimedia por el 40 aniversario de la entidad, Queiruga indicó que se volverá a presentar al cargo acompañado de su equipo para consolidar el trabajo realizado durante estos cuatro años.

Las elecciones tendrán lugar el 11 de junio, cuando Cocemfe celebrará su asamblea General Ordinaria y su Asamblea Extraordinaria en Madrid.

Entre otros, los retos para el próximo mandato serán avanzar en la nueva orientación de la entidad "para que entre todos decidamos hacia dónde queremos ir" y seguir adelante con el Plan Estratégico 2019-2023, afirmó.

Recordó "el largo proceso de consultas y visitas para conseguir la participación de todas nuestras entidades" en la elaboración de dicho plan, cuya principal meta pasa por lograr la plena inclusión y participación activa de las personas con discapacidad física y orgánica en todos los ámbitos de la sociedad.

40 AÑOS DE HISTORIA

El día después de la Asamblea Extraordinaria, Cocemfe presentará un libro sobre sus 40 años de historia, de los que Queiruga hace "un balance muy positivo".

En este tiempo, "hemos evolucionado hacia un enfoque de derechos humanos y de justicia social", se felicitó, "y hemos escapado, aunque no del todo, del paternalismo y del asistencialismo".

Se ha mejorado mucho en la escolarización del colectivo y en su inserción laboral, aunque "tenemos todavía mucho que hacer", indicó Queiruga.

En su opinión, "todos los niños con discapacidad tienen que estar (escolarizados) sí o sí en centros ordinarios". "Otra cosa es que hay que garantizar los medios y los recursos precisos para que reciban una educación de calidad y en igualdad", prosiguió, "pero la inclusión es lo mejor para todos: para los niños con discapacidad, para los demás niños y para todas las familias". "Todos se enriquecen con la inclusión", sentenció.

Por ello, lamentó que "fuera de la educación obligatoria, los apoyos escolares no están garantizados".

Del mismo modo, reivindicó "la capacidad de trabajar" del colectivo, "tanto desde la empresa ordinaria como en los centros especiales de Empleo".

FRUSTRACIÓN

La accesibilidad es, a juicio de Queiruga, uno de los ámbitos "donde menos hemos avanzado". De hecho, reconoció sentirse frustrado en este terreno, "porque es algo que pedimos desde el principio y llevamos 40 años con lo mismo".

"No es cuestión de dinero, sino de falta de voluntad política", e insistió en la reforma de la Ley de la Propiedad Horizontal, "para que ninguna persona se encuentre encerrada en su propia casa".

También reclamó al ministerio de Transportes asegurar la accesibilidad en trenes y estaciones, y pidió una renta mínima para combatir la pobreza que afecta de forma especial a las personas con discapacidad.

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España continúa siendo uno de los países de la UE que menos recauda por impuestos medioambientales, puesto que estos abarcaron un 5,3% de los ingresos fiscales procedentes de tasas y contribuciones sociales en 2018, lo que supone el quinto porcentaje más bajo de la Europa comunitaria, según los últimos datos de Eurostat.

La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, anunció esta semana en el Congreso de los Diputados que la fiscalidad ambiental es “una asignatura pendiente” para impulsar la transición energética, por lo que dejó entrever que habrá nuevos impuestos de este tipo que se sumarán a la tasa Google y al impuesto a las transacciones financieras. “Quedan pendientes actualizaciones similares en el ámbito ambiental”, afirmó.

Ribera señaló que organismos como el FMI, la OCDE o la Comisión Europea coinciden en que la fiscalidad es una herramienta imprescindible ante la crisis medioambiental, que no ha encontrado todavía en España una respuesta fiscal adecuada.

Además, lamentó que los tributos que se han puesto en marcha bajo la etiqueta medioambiental han sido impuestos imperfectos que no definen ni se vinculan de manera directa a las externalidades ambientales negativas, que no tienen el alcance espacial adecuado, o que no lanzan las señales correctoras necesarias.

CIFRAS RELATIVAS

Dado el desigual peso económico de los países de la UE, la mejor evaluación del peso de los impuestos ambientales se evalúa en términos relativos, es decir, con el porcentaje de fiscalidad verde respecto al total de la recaudación por tasas y contribuciones sociales.

España se sitúa en la 23ª posición en 2018 -último año con datos disponibles-, con un 5,28% de recaudación ambiental, sólo por delante de Francia (5,12%), Suecia (4,76%), Alemania (4,45%) y Luxemburgo (4,36%). En lo más alto de la clasificación se sitúan Letonia (10,88%), Bulgaria (9,82%) y Grecia (9,49%).

La serie histórica de Eurostat, recogida por Servimedia, comienza en 1995 y señala que España estaba entonces en la duodécima plaza, la mejor de siempre. Posteriormente, el peso de los impuestos ambientales en el Estado español fue descendiendo hasta que cayó al penúltimo lugar entre 2004 y 2012. Desde 2016 se mantiene en la 23ª plaza.

Un repaso del registro temporal indica que Malta fue el país donde más proporción tenían los impuestos ambientales entre 1995 y 2001, y recuperó el trono en 2007. Dinamarca hizo lo propio en 2002 y 2006, Chipre entre 2003 y 2005, Bulgaria desde 2008 hasta 2011 y Letonia se consolida en lo más alto del ranking desde 2012.

En el otro extremo de la clasificación, Francia ocupó la última posición de forma ininterrumpida desde 2000 hasta 2015 y Luxemburgo tiene ese dudoso honor entre 2016 y 2018.

CIFRAS ABSOLUTAS

En términos absolutos, los ingresos gubernamentales por impuestos medioambientales en los 27 países de la UE ascendieron a 324.636,7 millones de euros en 2018 (último año con datos disponibles), lo que supone un récord histórico de los Veintisiete. De ese total, 22.066 millones de euros corresponden a España, que también suponen un nuevo máximo de siempre.

En el conjunto de la UE, los impuestos de la energía representaron la mayor parte (77,7%) de la fiscalidad verde en 2018, seguidos de los del transporte (19,1%) y los impuestos a la contaminación y los recursos (3,3%).

El registro histórico de Eurostat se inició en 1995 con 163.173,99 millones de euros recaudados por impuestos ambientales en la actual UE de 27 países (Reino Unido se salió el pasado 1 de febrero), que fue la cifra más baja de todos los años del registro. Lo mismo ocurre con España, con 9.976,01 millones como mínimo histórico en 2002.

España figura en los 24 años de la serie como quinto país que más dinero ingresa por impuestos verdes, una posición que no ha variado. Alemania, Italia, Francia y Países Bajos -por este orden- han ocupado las cuatro primeras plazas de Estados más recaudadores, excepto en 2016, cuando hubo un trueque en lo más alto de la tabla entre Italia y Alemania.

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Cerca de 80.000 personas en España están en diálisis o han recibido un trasplante de riñón mientras que alrededor de 10 millones tienen algún tipo de problema renal, según datos de la Fundación Renal Iñigo Álvarez de Toledo que nació hace casi 40 años con el objetivo de acercar el tratamiento al paciente.

En un encuentro celebrado en la agencia de noticias Servimedia, la directora general de la Fundación Renal, la doctora Blanca Miranda, añadió que “un 40% de nuestros pacientes están en el rango de la vulnerabilidad y un 20% en la exclusión social". "Hay muchas ayudas en España y nosotros les ayudamos a buscarlas”, comentó.

Pero, además, esta organización cuenta con multitud de actividades que desarrolla en sus 16 centros de diálisis en Madrid, Galicia y Castilla y León. A este respecto, la presidenta de esta Fundación, Isabel Entero, explicó que “muchos de ellos en localidades muy pequeñas para acercar el tratamiento a los pacientes". "El último en abrir fue Santa Engracia en Ronda de Toledo que tiene unas instalaciones muy modernas”, explicó. Otros dos centros se abrieron en la localidad madrileña de Getafe y otro en Lalín, Pontevedra.

En estos centros se ofrece tratamiento integral a los enfermos renales desde hace más de 30 años, incluyendo apoyo psicológico y social, además del asistencial. Además de nefrólogos y personal de enfermería cuentan con un Grupo de Apoyo al Paciente integrado pos psicólogos, trabajadores sociales y nutricionistas.

LEY DE TRASPLANTES

Un aspecto del que Entero es pionera, sin olvidar su participación en la creación de la ley de trasplantes. “Fuimos los iniciadores de la ley porque cuando yo empecé no se podían hacer trasplantes porque era ilegal. Fuimos capaces de sacar una ley de trasplantes para que fueran legales y se pudiera fomentar. Este fue un logro del que estoy muy orgullosa”.

Desde 2015, la Fundación Renal cuenta con un programa de deporte en diálisis, por el cual los pacientes hacen ejercicio mientras se dializan. La doctora Miranda destacó que la enfermedad renal leve, la que no se debe dejar que progrese, se debe combatir con hábitos higiénico-dietéticos y haciendo ejercicio porque “es la mejor forma de combatir esta enfermedad y evitar que progrese". "Y lo mismo ocurre con el enfermo en diálisis, ya que sin esta actividad física se empeoran las circunstancias del paciente, hay más ingresos hospitalarios, más mortalidad y más enfermedad cardiovascular”, destacó.

La Fundación Renal Iñigo Álvarez de Toledo también cuenta con programas de nutrición, centros de empleo para ayudar a los pacientes renales en situación vulnerable, un Programa de Ayuda Social y programas de investigación en nefrología a través del Instituto Reina Sofía de Investigación Renal, así como programas de cooperación internacional.

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Unidas Podemos ha seleccionado las proposiciones de ley que presentará en el Congreso de los Diputados en los dos próximos años entre las que más consenso previo suscitan con el PSOE y ya están pasando por el filtro de Carmen Calvo, como ministra de Relaciones con las Cortes, para evitar eventuales discordancias en el Gobierno de coalición.

Así lo apuntaron fuentes del grupo parlamentario confederal en una semana en la que PSOE y Unidas Podemos mostraron algunas discrepancias respecto a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos acerca de las 'devoluciones en caliente' o si el proyecto de Ley de Libertades Sexuales del Ministerio de Igualdad, con las modificaciones en el Código Penal que va a comportar, debía presentarse antes del 8 de marzo o cuando se reforme también el delito de sedición.

Las fuentes mencionadas consideran que las reuniones del jueves de la comisión permanente de seguimiento del acuerdo de Gobierno y de la de coordinación parlamentaria fueron efectivas a la hora de “encarrilar las cosas” y lo consideran “un síntoma de salud” y de la “relación de coordinación y buen rollo” que hay entre el PSOE y Unidas Podemos.

El propio líder de Podemos y vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, quiso presumir este sábado en un acto en Madrid de la forma en que se habían resuelto esta semana en el seno del Ejecutivo “ciertas polémicas que algunos trataban de agrandar”, confirmando así que “gracias a una gran coordinación con el PSOE”, el Gobierno está siendo capaz de “ dar una imagen de unidad y solidez en el Gobierno que quizá algunos no se esperaban”.

Sin embargo, ambas fuerzas políticas coincidieron en que en lo sucesivo han de anticiparse más a las posibles discrepancias a nivel comunicativo cuando sepan que el calendario va a sembrarse de temas susceptibles, y también pretenden eludir toda posible controversia en las iniciativas legislativas que presente cada uno de los dos grupos parlamentarios. Algunos textos se consensuarán previamente y en otros el grupo que no la haya firmado presentará enmiendas también dialogadas de antemano con el otro.

Unidas Podemos, en concreto, ha escogido las próximas proposiciones de ley que presentará (su cupo permite dos por semestre, así que esta cantidad abarcaría toda la primera mitad de la legislatura) entre las que a grandes rasgos concitan el acuerdo con los socialistas.

De ese modo se lo trasladó a su socio de Gobierno, para estudiar si incluso estas iniciativas han de sufrir algún cambio en su texto inicial o a través de enmiendas para limar cualquier mínima aspereza que puedan provocar. Es más, se someterán al Ministerio de Relaciones con las Cortes, competencia de Calvo, para que los distintos ministerios a quienes afecte la proposición den su opinión al respecto.

En concreto, Unidas Podemos ha registrado ya su propuesta de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para levantar el plazo máximo de instrucción que el Congreso admitió a trámite el pasado martes y la de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana para evitar que los piquetes en las manifestaciones puedan ser castigados con penas de cárcel.

También tiene preparadas para registrar en los próximos dos años, pero ya ha enviado también a Relaciones con las Cortes, una proposición de ley del sistema agrario, otra referentes a gastos reservados, otra de modificación del Código Penal Militar, una más contra la deslocalización de la industria, otra para garantizar la libertad de expresión, y, finalmente, una proposición de ley de protección civil y la de eliminación de la segregación por sexos en los centros escolares.

'DEVOLUCIONES EN CALIENTE'

Por el contrario, fuentes del grupo confederal explicaron a Servimedia que, en un tema particularmente sensible para ellos como las 'devoluciones en caliente', barajan presentar proposiciones no de ley, que al fin y al cabo son meras declaraciones de intenciones, en caso de que no logren convencer al PSOE de que emprenda las medidas oportunas para restringirlas desde el Gobierno. Unidas Podemos tiene derecho a presentar tres proposiciones no de ley al semestre.

Dichas fuentes precisaron que, formando parte del Gobierno, su ámbito prioritario de actuación en cuanto a las 'devoluciones en caliente' será éste último, desde el cual consideran que pueden llevar a cabo sus acciones más eficaces, tratando, por ejemplo, de impedir un posible endurecimiento de la Ley de Asilo, y que no tendría mucho sentido hacerlo "por libre" con una proposición de ley o no de ley.

En Unidas Podemos aseguran que el PSOE les ha dicho que el eventual endurecimiento de la Ley de Asilo que se ha publicado fue “un borrador” de octubre y no se corresponde con la posición actual del Ministerio del Interior, pero reconocen que en el Gobierno está todavía pendientes de fijar la posición respecto a la inmigración y las 'devoluciones en caliente'.

Desde su punto de vista, el texto genérico que recoge al respecto el acuerdo del Gobierno de coalición “como punto medio está bastante bien” y ellos tratarán de disuadir a Interior de que ejecute 'devoluciones en caliente', pero, recuerdan que están en minoría en el Consejo de Ministros y son conscientes de que la posición tradicional del PSOE en este asunto no es la misma que la suya.

Si esta discrepancia se consumara e impidiera una acción gubernamental conjunta que satisficiera la posición de Unidas Podemos, entonces este grupo parlamentario sí que la haría visible con algún tipo de iniciativa en el Congreso, anunciaron a Servimedia las fuentes consultadas. En este sentido, reconocen que existe un "pacto de caballeros" entre el PSOE y Unidas Podemos por el que este grupo debería comunicar a su socio de gobierno que la va a presentar, pero que ello no le impediría en ningún caso presentarla para defender su propia posición.

El 'Protocolo de funcionamiento del Gobierno de coalición' que firmaron ambas partes en enero, además de prever la constitución de las citadas comisiones permanentes de seguimiento y de coordinación parlamentaria, recogen tres escenarios diferentes para las iniciativas parlamentarias que deseen presentar uno de los dos grupos parlamentarios.

En el caso de que sean iniciativas "que afecten a la acción del Gobierno o a acuerdos explícitos alcanzados en el programa de acuerdo progresista, deberán comunicarlo con antelación suficiente al otro socio y se requerirá del acuerdo de ambas partes para su presentación, así como para la posición conjunta de voto". Si las iniciativas no afectan a dicha acción de Gobierno o a acuerdos explícitos "pero tengan alta repercusión en la escena política o en ámbitos sectoriales de la política estatal, los socios deberán consultar su posición respectiva y buscar que las mismas no sean contradictorias entre sí".

"En los demás supuestos, bastará informar al representante parlamentario del otro grupo", recoge el protocolo. Por tanto, para que Unidas Podemos pudiera presentar una iniciativa sobre las 'devoluciones en caliente' sin más necesidad que comunicarla al PSOE, tendría que plantearla de forma que no afectara a la acción del Gobierno (no lo haría siendo una proposición no de ley) ni tuviera "alta repercusión" política.

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La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) señaló este domingo que en 2019 se produjeron 34.605 accidentes laborales sufridos por trabajadores autónomos, de los cuales 74 fueron mortales.

Así se refleja en un informe sobre siniestralidad elaborado por ATA y Mutua Universal, que recoge que del total de accidentes 36 fueron muy graves y 808 fueron graves. En cuanto a las causas de los 74 accidentes mortales, en 17 de ellos (23%) la causa fue un accidente de tráfico.

Para ATA, “2019 es un año histórico para los autónomos, pues desde el 1 de enero de 2019 todos los autónomos tienen cubiertas las contingencias profesionales; sin embargo, los datos no pueden ser más tristes”, ya que, añade, “los autónomos sufren más accidentes graves y muy graves que los asalariados”.

En concreto, el 97,3% de los accidentes de los autónomos en la jornada de trabajo en 2019 fueron de grado leve, frente al 99,1 % de los que tienen los trabajadores por cuenta ajena. Por su parte, el 2,3% de los autónomos tuvieron en 2019 un accidente grave, frente al 0,7% de los trabajadores por cuenta ajena; y el 0,1% sufrieron un accidente muy grave, frente al 0,02% de los de los asalariados.

Para el secretario general de ATA, José Luis Perea, “los datos reales sobre el total del colectivo ponen de manifiesto la falta de una cultura preventiva que sí han tenido los trabajadores asalariados”. “Creemos que las administraciones deben cumplir con su papel de tutela y vigilancia de las condiciones de salud laboral en las que los autónomos prestan su trabajo”, afirmó.

Según el lugar en el que ocurrió el accidente laboral, de los 34.605 que sufrieron los autónomos, el 68,2% fueron en el centro habitual de trabajo (23.593 accidentes laborales en 2019); mientras que 5.634 fueron en desplazamiento y 2.929 fueron en otro centro. Además, 2.440 accidentes se produjeron al ir o volver del trabajo.

Por sectores, el que registró más accidentes fue el de servicios, que es el que aglutina mayor número de trabajadores autónomos, con 2.174.825 a cierre de diciembre de 2019. En concreto, 13.695 de los accidentes (39,57%) fueron en ese sector. Asimismo, fue el sector que más accidentes mortales registró, con 26, seguido de la construcción (18), agrario (12) e industria (11).

Además, de los 758 accidentes graves en la jornada de trabajo de autónomos, el 69,6% tuvieron lugar en los sectores de servicios y construcción.

En lo que respecta a la edad y al género, el informe refleja que el 78% de los autónomos accidentados en 2019 tenían entre 26 y 55 años, y que el 80,8% del total de los accidentes fueron sufridos por varones.

En cuanto a los motivos del accidente, 8.141 se produjeron por caídas y 7.318 fueron por sobreesfuerzos sobre el sistema musculoesqulético.

Por comunidades autónomas, de los 74 accidentes mortales, fue Castilla y León la que más accidentes mortales registró en 2019 con un total de 13 fallecidos. Le siguen en número de accidentes mortales registrados Andalucía y Galicia que perdieron en accidente laboral mortal a 12 autónomos el año pasado, y Cataluña con 11. En Aragón se produjeron 7 accidentes de autónomos con resultado mortal y en castilla-La Mancha, 6. Baleares y la Rioja no sufrieron ningún accidente mortal de autónomos en su jornada laboral en 2019.

Andalucía, comunidad con más autónomos, fue la región que más accidentes registró, con 6.171, el 18% del total, seguida de Cataluña, con 4.907 accidentes laborales.

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La Federación Internacional de Asociaciones Católicas de Ciegos (Fidaca), celebra este año en Madrid su Asamblea Internacional entre los días 28 de febrero y el 1 de marzo. En esta cita, que se celebra cada cuatro años en distintas partes del mundo, se ofrece un ambiente de fraternidad en la que ciegos católicos de numerosos países del mundo comparten experiencias de acciones solidarias y de fe en Jesucristo.

La cita tendrá lugar en la casa de espiritualidad Rafaela María de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús (Martínez Campos, 12). Dará comienzo el viernes 28 con la recepción de los asistentes, que ese mismo día por la tarde podrán visitar el Museo Trifológico de la ONCE. Según informa el Arzobispado de Madrid, la jornada contará con una eucaristía presidida por el consiliario nacional de Fidaca, y un acto de bienvenida.

El sábado 29 se desarrollarán los trabajos asamblearios, incluida la elección de la nueva junta. Y a partir de las 19:00 horas se podrá escuchar un concierto a cargo de una persona ciega ofrecido por CECO (Ciegos Españoles Católicos) al que asistirán representantes de las distintas asociaciones de personas con discapacidad de España y del Foro de Laicos, de la CEE y de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar (SEAS).

La Asamblea será clausurada el domingo 1 con una misa, a las 11:00 horas, presidida por el cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid.

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Representantes de organizaciones de farmacéuticos, escuelas de terapeutas ocupacionales, pacientes, pensionistas, medios de comunicación y sociedad civil propusieron este sábado medidas para mejorar el modelo estructural del Estado del bienestar durante el I Encuentro Sociedad Civil para el Estado del Bienestar.

La cita, organizada por la Alianza científico-profesional Estado de Bienestar en el espacio ‘La Nave’ en Madrid, plantea una reflexión sobre los diez retos que habría que afrontar antes de 2030 para impulsar el diálogo civil y político para la educación, la sanidad, los servicios sociales y las pensiones.

En una de las mesas del encuentro, moderada por el director general de Servimedia, José Manuel González Huesa, se abordó la reforma del modelo estructural del Estado del Bienestar. En ella, la tesorera del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Ana López-Casero, propuso alcanzar “un nuevo contrato social más real y con más compromiso” y cambiar “la óptica” para “ver el Estado de Bienestar no como un gasto sino como una inversión”.

“No podemos hablar de Estado del bienestar si no hay un progreso económico. Por tanto, es muy importante que la sociedad civil transmita a los políticos que desarrollen políticas de impulso económico y de emprendimiento. Probablemente hay que gastar más, pero sobre todo, hay que gastar mejor”, indicó.

López Casero invitó para lograrlo a “aprovechar la red de farmacias, un recurso sanitario y social que se debe potenciar” y que cuenta con 54.000 farmacéuticos y 22.000 farmacias. “La red de farmacias es uno de los recursos más infrautilizados”, denunció, poniendo de ejemplo que el seguimiento de enfermos crónicos con el apoyo de las farmacias ahorraría mucho dinero público.

La presidenta de la Conferencia Nacional de Decanos y Directores de Escuelas Universitarias de Terapia Ocupacional, Marta Pérez de Heredia, llamó a “que se contemple la figura del terapeuta ocupacional en la cartera de servicios de la seguridad social de todas las comunidades autónomas”. Desde su planteamiento, esta medida evitaría ingresos hospitalarios y ayudaría a mejorar la autonomía de los pacientes, como se ha demostrado en Andalucía, la única comunidad autónoma donde sí está implantada la figura.

Así, propuso actuar frente a las “medidas proteccionistas actuales”, alertó que en 2052 sólo habrá una persona trabajando por cada persona inactiva y que “vamos a vivir más años, pero en peores condiciones”.

La directora de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, María Gálvez, reflexionó sobre las necesidades existentes para construir un nuevo Estado del bienestar, por lo que propuso a los políticos que dejen de ser “cortoplacistas” y planteen soluciones más allá de lo que duran las legislaturas. Asimismo, reclamó un sistema público de bienestar “que no deje a nadie atrás” y teniendo en cuenta que “la pobreza se hereda” y que “impacta mucho más” cuando tenemos una enfermedad.

Durante su intervención, también subrayó que a la hora de diseñar políticas sociales hay que tener en cuenta las situaciones de soledad de las personas, donde la sociedad civil, dijo, “sí que tiene mucho que hacer”. Además, pidió políticas “transversales”, con presupuesto y centradas en la persona.

Agustina Sangüesa, de la Coordinadora de red de periodistas rurales, aplaudió la posibilidad de crear sinergias para afrontar “el siglo de la crisis” a partir del diálogo como “mejor punto de partida” en un contexto en el que los partidos políticos están “enrocados en posiciones irreconciliables”.

Pidió pactos de Estado “en cuestiones clave” como la educación, la ciencia, el empleo y las pensiones, pero también “por el medio rural, un pacto integeneracional y un pacto por la sostenibilidad” y recalcó que es crucial que la agenda civil “entre en La Moncloa”. “Que el Gobierno llame a consulta a un consejo de la sociedad civil” y que, “además de declarar la emergencia climática se declare la emergencia rural, todos somos rural, porque todos queremos vivir en un mundo sostenible”, dijo.

“Estamos en un momento de crisis de modelo en el que habría que definir el Estado de Bienestar, pero también está en cuestión el sistema capitalista actual, provocando situaciones que nos llevan a la desesperanza”, dijo Ángela Baldellou, de la Coordinadora Observatorio 2030 de la Sociedad Civil por el Debate, que también participó en la mesa sobre la mejora del modelo de Estado del bienestar.

“Nos encontramos en medio de muchas crisis”, alertó, en referencia a las crisis de recursos fósiles, de agua y el aumento demográfico “brutal” que se está dando en ciertas zonas del planeta, entre otras.

Baldellou subrayó que hay que promocionar un “manifiesto de sostenibilidad institucional” y de incluir la vivienda como uno de los pilares del Estado de Bienestar, además de la educación, la sanidad, los servicios sociales y las pensiones. El acceso a una vivienda digna “es un derecho fundamental” y “uno de los grandísimos retos”, indicó.

Cerró las intervenciones Cristina Rodríguez-Porrero, de Unión Democrática de Pensionistas de España, que llamó a “no caer en la trampa del enfrentamiento”, entre “la economía y el Estado de Bienestar”, “las personas mayores y los jóvenes” en el debate sobre el Estado del bienestar.

“La familia y las mujeres somos as víctimas de las insuficiencias del Estado del bienestar, también quienes tienen menos dinero. Es una enorme injusticia. La riqueza de un país no se mide por el PIB, también por las injusticias”, protestó, pidiendo “decisiones políticas inteligentes”.

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El vicesecretario de Territorial del PP, Antonio González Terol, señaló este sábado que la "manera más eficaz" de afrontar las elecciones en el País Vasco es con la fórmula de coalición acordada con Ciudadanos, pese al rechazo que genera en el PP de esa comunidad, que asegura que desconocía incluso las condiciones del acuerdo.

Sin embargo, González Terol manifestó en Logroño, donde participó en el acto de clausura de la Intermunicipal del PP de La Rioja, que el acuerdo supone un paso más en el País Vasco para reagrupar a todas las fuerzas que “apuestan por la unidad de España y la Constitución en un proyecto integrador con generosidad y altura de miras”

Con la coalición, añadió, "sumamos fuerzas a favor del constitucionalismo con un proyecto de futuro para todos los vascos; sumamos fuerzas para afrontar de manera eficaz la amenaza del nacionalismo y del independentismo contra el orden constitucional”.

El vicesecretario de Territorial del PP dijo que el objetivo es “la unión del espacio constitucionalista en el País Vasco, el fortalecimiento de la unidad, la igualdad y la libertad, así como la defensa del marco constitucional, como máxima expresión de convivencia y unión de todos los españoles”.

En su intervención arremetió contra el gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos, al que reclamó que "deje de golpear a la España que quiere trabajar y prosperar" y de hacer concesiones "a los enemigos de la libertad y de nuestra nación”.

Volvió a insistir en sus críticas a la mesa de diálogo que han convocado el Gobierno y la Generalitat de Catáluña, a la que denominó "mesa de la vergüenza y la cesión”.

Respecto a la decisión de transferir la gestión de la Seguridad Social al País Vasco, declaró que con ella se "vuelve a pisotear la igualdad de los españoles y pone aún más en peligro" el futuro de las pensiones que solo podrá garantizarse a través de la caja única de la Seguridad Social.

También se refirió a las protestas de las organizaciones de agricultores para "lamentar" el trato que, a su juicio, ha dispensado el Gobierno a estos colectivos y pidió que "al menos" las trate "con el mismo respeto que dispensa a los separatistas y a los herederos de ETA”.

Finalmente, indicó que su partido presentará mociones en todos los ayuntamientos para instar al Ministerio de Hacienda a que “devuelva el dinero que debe a los ayuntamientos y articule las herramientas necesarias para no suceda lo mismo con las liquidaciones futuras”.

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Un total de 200 de los alumnos de Bachillerato más brillantes de España han participado en el proceso de selección final del Programa Becas Europa, que se desarrolló con la celebración del concurso ‘BE Talent’ para proponer soluciones creativas al problema de la despoblación en España.

El proyecto ganador, ‘Ruraleando’ propone actividades de voluntariado en pueblos cercanos a sus ciudades: “Hemos creado una plataforma en la que se conectan pueblos y voluntarios y siendo nosotros los primeros voluntarios pretendemos revitalizar esa España vacía proponiendo diferentes actividades en varios ámbitos”, han explicado los ganadores.

Los candidatos formaron equipos según areas de agricultura y ganadería, comercio, cultura y sociedad, educación, empleabilidad, infraestructuras, sanidad y vivencia espiritual.

Cada equipo, de ocho candidatos, tuvo que presentar su trabajo a uno de los cinco tribunales preparados. Los seleccionados para la ronda final expusieron sus proyectos ante todos los candidatos en la Universidad Francisco de Vitoria (Madrid), ronda en la que finalmente resultó ganador ‘Ruraleando’.

Los 50 ganadores finales de Becas Europa han pasado por cuatro procesos de selección. Este programa es una iniciativa de la Universidad Francisco de Vitoria y el Banco Santander, a través de Santander Universidades, que este año celebra su decimoquinta edición. Hasta el momento han participado más de 30.000 candidatos y han logrado beca 750 participantes.

Los candidatos son los mejores estudiantes de su promoción, con una nota media de 9,7. Estos 200 estudiantes han sido elegidos entre más de 4.000 colegios de toda España. El objetivo de Becas Europa es promover el compromiso de los jóvenes con el desarrollo de su talento, impulsando el crecimiento integral de los alumnos para que sean profesionales líderes en el futuro.

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El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Pepu Hernández, reclamó este sábado al equipo de gobierno de la ciudad que lidera el alcalde José Luis Martínez-Almeida que "limite y controle" los locales de apuestas.

Hernández participó, junto al diputado Daniel Viondi y los concejales Mercedes González y Pedro Barrero, en una manifestación contra la proliferación de locales de apuestas en el distrito de Latina.

El PSOE destacó que, según datos de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) de noviembre de 2019, en Madrid hay 400 negocios de este tipo, "la mayoría ubicados en los barrios con rentas más bajas. Uno de cada cuatro institutos de Secundaria tiene un establecimiento de juego a menos de 200 metros y 53 colegios dentro del radio de 100 metros".

Estos locales de apuestas “afectan a toda la ciudadanía, pero sobre todo a menores y adolescentes”, señaló Hernández, que advirtió sobre el incremento de las adicciones al juego, en especial entre los jóvenes. Por ello, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento exigió al gobierno municipal que “actúe de inmediato limitando y controlando este negocio que sigue creciendo y perjudicando a nuestra ciudad”.

Asimismo, solicitó una moratoria de licencias para apertura y funcionamiento de nuevos locales de este tipo, “de modo que no se abra ni uno más hasta que se elabore un plan especial, parecido al que se hizo con la viviendas de uso turístico”. Además, reclamó que se hagan inspecciones “porque muchos de estos establecimientos de apuestas están funcionando con licencia de bar”.

En cuanto a las medidas que va a poner en marcha el Ministerio de Consumo para regular la publicidad en el juego, Pepu Hernández lo considera “un buen comienzo” y hace hincapié en que “es perverso que se mezcle apuestas y deporte y que se utilicen los valores del deporte para fomentar una actividad que causa muchos problemas a la ciudadanía. Se está denigrando el deporte también”.

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El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, quiso blandir este sábado la “gran coordinación” que está habiendo con el PSOE y la “unidad y solidez” del Ejecutivo, que agradeció personalmente al presidente, Pedro Sánchez, y avisó a la derecha de que “no va a regalar ni medio flanco” en este sentido para que les desgaste.

Iglesias cerró el acto ‘Caminando juntas’ que celebró Unidas Podemos en Madrid y en el que intervinieron antes la coordinadora de Catalunya en Comú y alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el coordinador federal de IU, Alberto Garzón. Y lo que empezó siendo una escenificación de la unidad del espacio confederal terminó siéndolo también de la del Gobierno.

“Estamos siendo capaces, gracias a una gran coordinación con el PSOE, de dar una imagen de unidad y solidez en el Gobierno que quizá algunos no se esperaban”, exhibió, advirtiendo a quienes vaticinaran otra cosa de que “van a tener que hacerse a la idea de que aquí hay un Gobierno fuerte y unido que no va a regalar ni medio flanco de ataque a la oposición de la ultraderecha y la ultraultraderecha”, como suele referirse a PP y Vox.

En este sentido, quiso presumir de la forma en que se han resuelto esta semana en el seno del Ejecutivo “ciertas polémicas que algunos trataban de agrandar”, en alusión a las diferencias sobre si aprobar la Ley de Libertades Sexuales y su afección al Código Penal antes de que éste se revise para reformar el delito de sedición, y también a las discrepancias en cuanto a las devoluciones en caliente y al Ley de Asilo.

Iglesias terminó este periplo dedicado a cerrar esas polémicas y presumir de unidad en el Gobierno diciendo que quería “agradecer desde aquí de una forma muy clara al presidente del Gobierno por no haber dejado ni un minuto de garantizar esa unidad del Gobierno de nuestro país”.

Por lo demás, el vicepresidente se declaró “moderadamente satisfecho” de las primeras semanas en el Gobierno, cuyas medidas sociales enumeró. Sin embargo, a la vez insistió en su compromiso de que a lo largo de la legislatura las pensiones se actualizarán por ley al IPC y el salario mínimo se llevará al 60% del salario medio, y describió la regulación de la publicidad de las casas de apuestas anunciada por Garzón y que deja fuera al fútbol como “un primer paso muy importante”.

También anunció que pronto se implantarán medidas para acabar con el fraude de los falsos autónomos y la Ley de Libertades Sexuales y que otra que está directamente bajo sus competencias, la Ley Integral de Protección de la Infancia y la Adolescencia “va a estar lista en cuestión de días”.

Criticó la “oposición errática de ultraderechistas y ultraultraderechistas” que cada semana encuentra “un tema nuevo para sobractuar” y también tuvo una referencia a los datos personales por internet como un espacio donde habría que “ampliar el Estado del bienestar”. Según dijo, “defender los derechos de la gente es también no permitir que los datos de la gente se conviertan en objeto de mercantilización”, e impedir que “la ampliación de lo privado” entre en “lo más preciado de la gente”, que es su propia vida.

A nivel de partido, el líder de Podemos presumió, después de un año en que varias veces se puso en duda, de que “hay Unidas Podemos para rato”; agradeció a Colau que demostrara que se pueden cambiar cosas desde las instituciones y a Garzón su lealtad, espetándole: “Lealtad con lealtad se paga, compañero”. Al nuevo presidente del grupo parlamentario, Jaume Asens, le describió como “el mejor activo en el diálogo, la empatía y la fraternidad para ser el pegamento de una mayoría parlamentaria que dé soporte al Gobierno”.

Finalmente, Iglesias saludó el acuerdo de coalición electoral de Unidas Podemos con Anova y las mareas municipalistas gallegas que se registró anoche a las 23.58 horas, dos minutos antes del fin de plazo, según informaron a Servimedia fuentes de la candidatura.

Envió un "abrazo especial" al exalcalde de Santiago de Compostela, Martiño Noriega, por haber hecho "un esfuerzo enorme", y vaticinó que "va a permitir acabar con el absolutismo de (el presidente de la Xunta, Alberto Núñez) Feijóo".

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El presidente de la Alianza científico-profesional para el Estado de Bienestar (ACEB), Alfredo Bohórquez, llamó este sábado a la sociedad civil a que se implique en proponer soluciones y asuma su “corresponsabilidad” para atajar los problemas del Estado de bienestar. “El futuro de la sociedad es un problema de la sociedad civil”, indicó.

Así se pronunció durante la conferencia inaugural del 'I Encuentro Sociedad Civil para el Estado del Bienestar', cita que congrega en el espacio ‘La Nave’ de Madrid a decenas de representantes de organizaciones de la sociedad civil.

Bohórquez apostó para el diálogo ante el “reto estructural” para reformar el sistema de pensiones, ya que en 2023 se jubila la población española del ‘baby boom’. “Tenemos nueve millones de mayores de 65 años. O se reforman las pensiones o tendremos una crisis más gorda en 2050”, advirtió.

Por ello, llamó a la cooperación de los diversos agentes sociales, políticos, económicos y civiles para mejorar el sistema. En ese punto, el presidente de ACEB recordó que el 40% del PIB es gasto público y del gasto público, el 64% es para el Estado del bienestar (el 40% para protección social, la educación casi el 10% y la salud más del 14%).

INFORMACIÓN SOCIAL

En el acto inaugural también participó el director general de la agencia de noticias Servimedia, José Manuel González Huesa, que destacó que “más de la mitad de la información de los teletipos de Servimedia tienen que ver con temas sociales, por el compromiso de la agencia para visibilizar los temas de educación, salud, servicios sociales, pensiones…”, temas que “son los que reclama la gente”. “También la política y la economía tienen una vertiente social, porque estos temas necesitan de medidas y presupuestos”, agregó, emplazando a los dirigentes a “hablar de futuro”.

“Si este Gobierno no da una solución a las pensione tenemos un problema, de verdad. Con el sistema de reparto actual, pagamos las pensiones de los que hoy son pensionistas, pero hay que pensar en los jóvenes”, indicó. En su opinión, una forma de dar soluciones a esos problemas es que los políticos se pongan de acuerdo en el Pacto de Toledo.

El director de Servimedia también apuesta por la necesidad de un pacto por la Educación y otro por la Formación Profesional, reformar la sanidad, cuyo presupuesto ha caído hasta el 6% del PIB, y puso en valor la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, que ha contribuido a un “repunte” de los servicios sociales.

También apostó por los jóvenes el director de Salud de la Agencia Efe, Javier Tovar. “En el Estado del bienestar hay que meter a la juventud, es uno de los grandes perjudicados”, frente a otros asuntos como la sanidad, la educación, los servicios sociales y las pensiones.

Además, añadió, “el Estado del bienestar es la piedra angular para conseguir igualdad” en la sociedad, aunque “está en un momento complicado”, por “varias amenazas”, entre las que incluyó a cómo financiarlo y la necesidad de redefinirlo. Por ello, animó a los medios de comunicación a comprometerse con esta tarea, “los públicos, los sociales y los privados, porque la sociedad civil es un elemento fundamental” en un momento político que, en su opinión, “no es el más propiciatorio para lograr consensos”.

ORGANIZACIONES CIVILES

En el I Encuentro de la Sociedad Civil, en el que se aglutina una veintena de organizaciones civiles de diferentes ámbitos, se congregan representantes de asociaciones de enseñanza, de enfermos y pacientes, de sociedades médicas, de medios de comunicación y de consejos de colegios profesionales.

En la cita se han planteado diez temas de debate, como son el reto global económico y demográfico, reto de mejora del modelo estructural del Estado del bienestar, reto del modelo, finalidad educativa y asignaturas, reto de carrera docente y evaluación del sistema educativo, reto de la prevención y la investigación, reto sociosanitario y Ley estatal de servicios sociales, reto de la mejora estructural del sistema de pensiones y del proceso de jubilación, reto de la sostenibilidad y equidad en pensiones, reto de corresponsabilidad de la Sociedad civil con las políticas públicas de Estado, y reto del diálogo civil y político a medio y largo plazo.

En las mesas de diálogo se ha programado la participación de representantes del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, Sociedad Civil por el Debate, Centro de Estudios Avanzados de familia y discapacidad, Consejo General de la Educación Física y Deportiva, Consejo de Educadores y Educadoras Sociales, Consejo General de Colegios Oficiales de Pedagogos y Psicopedagogos, Asociación de Colegios Privados e Independientes, Federación Española de Religiosos de Enseñanza-Titulares de Centros Católicos, Consejo general de la Psicología de España, Confederación Alzheimer España, Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas, Unión Profesional, Confederación Española de Organizaciones de Mayores, Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Sociología, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, el sindicato de profesores ANPE, la Conferencia de Decanos de Terapia ocupacional y la Unión Democrática de Pensionistas.

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La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, exhortó este sábado a Unidas Podemos que “la ambición no se nos tiene que empequeñecer” por estar en el Gobierno, prometió ser “la gota malaya” urgiendo a regular el precio del alquiler, y recomendó que, cuando no sea posible lograr el objetivo, se explique por qué a la ciudadanía.

Colau intervino en calidad de líder de Catalunya en Comú en el encuentro ‘Caminando juntas” que organizó Unidas Podemos en Madrid. Después de reiterar su apuesta por el diálogo en Cataluña y contra la polarización y la dinámica de bloques, que espera que dejen atrás las próximas elecciones insinuando su deseo de un Gobierno con ERC, pasó a referirse al Gobierno de coalición, del que habló en primera persona del plural.

La alcaldesa abanderó la lucha contra el ‘statu quo’ y las “élites privilegiadas que se forran a costa del trabajo de los demás” aliadas con la “derecha rancia” y llamó a preguntarse “a quién le interesa dividir a la clase trabajadora”.

Asimismo, felicitó al Gobierno de coalición por sus primeros pasos pero le advirtió de que “hay que hacer más, hay que hacer muchísimo más”, porque de ellos, dijo, “se espera muchísimo más que de cualquier otro”. Y, en concreto, afirmó, ante las sonrisas del vicepresidente Pablo Iglesias, que será “la gota malaya hasta que se consiga la regulación de los alquileres”, un compromiso de Unidas Podemos no del todo secundado por el PSOE. “Hay que hacerlo de forma rápida y urgente”.

Dando por supuesto que “no será fácil”, porque el Gobierno es de coalición y “los poderes fácticos tienen muchos tentáculos”, conminó que “no hay que empequeñecerse” sino “tener toda la ambición del mundo”. “La ambición no se nos tiene que empequeñecer, los deseos tienen que estar más arriba que nunca para enfrentar a esos poderes fácticos”.

Asumió que “vamos a tener límites, contradicciones y dificultades” y llamó a que, como “en momentos concretos no se podrá”, entonces “hay que explicar a la ciudadanía por qué no se está pudiendo con total honestidad, con la verdad por delante”, y “seguir trabajando y persistiendo hasta que se pueda”.

Por último, aconsejó a sus compañeros en el Gobierno “estar en la calle”, “salir de los despachos” y “salir de la burbuja” política en que le mete a uno la agenda institucional, que se llena de actos oficiales “y te aleja de los barrios”, cuando ahí está “la agenda real” de la vida de la gente.

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La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, adoptó este sábado un enfoque cercano a la izquierda alternativa para evaluar el conflicto del campo, al rechazar que “los beneficios de la globalización sean para unos pocos y los costes los paguen todos los demás” y que “una parte tiene todos los derechos y la otra parte sólo puede decidir si lo toma o lo deja”.

Lastra inauguró en Madrid la Escuela de Invierno de Juventudes Socialistas, organización de la que recordó que partió la iniciativa de reivindicar la eutanasia, para acto seguido echar en cara al PP que “siempre ponen un excusa cuando se trata de avanzar en derechos” y aventurar que, como con el divorcio o el matrimonio homosexual, “dentro de 10 ó 20 años habrá llegado adonde está ya toda la sociedad”. Ahora, lamentó, pone “palos en la rueda” porque cree que “el poder es suyo y nosotros somos unos usurpadores”

En particular, al PP “desnortado” le criticó que “ha externalizado su programa” en Vox, porque “hace y dice todo lo que hace y dice la ultraderecha” y “se equivoca aliándose e la política del odio”. Le afeó también que recurra al “sufrimiento del pueblo venezolano” para hacer “confrontación” con el Gobierno, pero a la vez dijo que ella lo que quería saber era “qué hacían (los populares) en el Consulado de Venezuela en España con esas ayudas que estaban destinadas a ayudas sociales y con las que parece que compraban votos para las elecciones”.

La número dos del PSOE pasó breve revista al feminismo, respecto al que anunció que se aprobará “dentro de unos días” la Ley de Libertades Sexuales; al diálogo como base de la democracia frente al “ordeno y mano” de la derecha, y a los problemas de los agricultores.

En este último punto rechazó las “relaciones injustas” en las que “una parte tiene todos los derechos y la otra parte sólo puede decidir si lo toma o lo deja” y que “los beneficios de la globalización sean para unos pocos y los costes los paguen todos los demás”, como ha ocurrido hasta el momento.

Un diagnóstico muy similar al que ha realizado siempre la izquierda alternativa. De hecho, en Unidas Podemos están gratamente sorprendidos con la coincidencia que en los últimos días ha habido entre los socios de gobierno para enjuiciar los problemas por los que protestan los agricultores.

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El Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, uno de los centros más emblemáticos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha acometido una serie de acciones encaminadas a mejorar sustancialmente la accesibilidad universal para visitantes con discapacidad.

Así lo ha trasladado el propio museo a la Oficina de Atención a la Discapacidad (Oadis), dependiente del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, tras la denuncia del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) por carencias en accesibilidad, que finalmente se han subsanado.

Tras las actuaciones llevadas a cabo, el Museo Nacional de Ciencias Naturales cuenta ahora con rampa y baño adaptado en el edificio de Geología; cartelería de diferentes exposiciones adaptada en lectura fácil para garantizar la accesibilidad cognitiva; habilitación de bucle magnético y signoguías para personas sordas en diferentes puntos, y disponibilidad de estaciones táctiles y mapas en relieve para visitantes con discapacidad visual.

Las personas con discapacidad también pueden disfrutar de actividades accesibles, gracias a educadores conocedores de lengua de signos, materiales sensoriales y recursos didácticos adaptados.

En su informe, el museo señala, además, que durante 2020 se seguirán llevando a cabo actuaciones para mejorar la accesibilidad en el interior del edificio, al tiempo que resalta su compromiso con seguir avanzando más allá de los planes previstos en la actualidad.

A su juicio, la accesibilidad universal es “una labor continua”, por lo que este instituto de investigación permanecerá “atento a las novedades que puedan aparecer en esta área de actividad para ponerlas en marcha en sus salas y permitir de ese modo un museo cada vez más inclusivo”.

El Cermi señaló este sábado en un comunicado que saluda "estos significativos avances" en materia de accesibilidad universal (física, cognitiva y sensorial), “ya que el acceso a la cultura es un derecho consagrado en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tratado de obligado cumplimiento por los Estados que lo han ratificado, entre los que se encuentra España”.

Asimismo, recuerda que el 4 de diciembre de 2017 finalizó el plazo legal que España se dio en 2003 para que todos los bienes, entornos y servicios de interés fueran plenamente accesibles.

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La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, reclamó este sábado el compromiso de toda la ciudadanía para acabar con la discriminación salarial de las mujeres.

En un vídeo distribuido por el ministerio con motivo del Día de la igualdad salarial, Maroto mostró su compromiso para “acabar con esta brecha” e indicó que “esta desigualdad es el resultado de la suma de discriminaciones que las mujeres sufrimos en el mercado de trabajo, pero también en el ámbito privado”.

Así, apuntó que “la brecha salarial no sólo tiene un impacto negativo en las condiciones laborales de las mujeres”, sino que “también afecta a sus futuras pensiones y a los cuidados de familiares y personas dependientes, soportados mayoritariamente por mujeres”.

Por ello, exigió “un trabajo del mismo valor y con el mismo salario; la igualdad en la toma de decisiones; y la dignidad, integridad y fin de la violencia sexista”. “Este compromiso tiene que interpelar al conjunto de la ciudadanía para que la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres constituya un valor fundamental y un objetivo de una sociedad avanzada”, concluyó.

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La Fundación Cermi Mujeres pidió este sábado a todos los grupos parlamentarios del Senado que apoyen con su voto la toma en consideración de la proposición de ley de modificación del Código Penal para suprimir la esterilización forzosa de personas incapacitadas judicialmente, cuyo debate tendrá lugar el próximo miércoles en la Cámara Alta.

La proposición de ley, cuyo texto ha sido inspirado por el Cermi y la Fundación Cermi Mujeres, la registró Ciudadanos, que hizo suya esta demanda social. La iniciativa llega al Pleno del Senado de esta semana, que tendrá que pronunciarse acerca de si la toma en consideración para si así fuera, comenzar su trámite parlamentario.

Cermi Mujeres espera el respaldo activo de todos los grupos políticos "para que la grave patología normativa de que nuestro ordenamiento penal acepte la esterilización forzosa acabe cuanto antes, cesando así una de las mayores vulneraciones legales de los derechos de las personas con discapacidad, en especial de las mujeres y adolescentes, que persisten en España".

La esterilización forzosa de personas incapacitadas judicialmente ha sido denunciada como atentatoria contra los derechos de las personas con discapacidad por Naciones Unidas, a través del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad, que en sus recomendaciones de mayo de 2019 instaba al Estado español a erradicarla con urgencia.

También colisiona frontalmente esta práctica con el Convenio de Estambul del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, que considera la esterilización una forma de violencia de género.

Un grupo numeroso de mujeres con discapacidad estará presente en el Pleno del Senado, en las tribunas de la Cámara, para expresar con su presencia la demanda de que se respalde la iniciativa y se dé inicio a su tramitación parlamentaria.

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La reina Sofía presidirá el próximo martes 25 de febrero el acto de entrega de los Premios de Investigación en Nefrología de la Fundación Renal Iñigo Álvarez de Toledo correspondientes a su XXX y XXXI edición, un acto en el que también se presentará el libro 'A golpe de instinto'.

Los premios, fallados el pasado mes de septiembre. tienen por objeto promocionar la investigación nefrológica y ya son el mayor reconocimiento que se otorga en España a la investigación relacionada con la patología del riñón.

En este sentido, la presidenta de la Fundación Renal Iñigo Álvarez de Toledo, Isabel Entero, explicó en un encuentro con la agencia de noticias Servimedia que “estos premios nacieron hace 30 años para llamar la atención sobre la enfermedad renal y sobre la necesidad de investigar en España en la enfermedad renal porque es una patología desconocida y muy limitante para el que la sufre. Además, es muy cara de mantener y es un problema para la salud pública”, indicó.

Por su parte, la directora general de esta fundación, la doctora Blanca Miranda, señaló que estos galardones premian la investigación clínica que se realiza en centros hospitalarios y que “este año han recaído en Cataluña y Madrid. "En una segunda categoría sobre investigación básica, que se lleva a cabo en laboratorio, igualmente los premiados son de Lérida y Madrid. Es cierto que en estas comunidades se realiza el mayor número de estas investigaciones”, especificó.

HOMENAJE MUY ESPECIAL

Junto a ellas se incluyen los apartados de Enfermería y Tratamiento psicosocial. Este año, durante el acto de entrega en la Residencia de Estudiantes del CSIC de Madrid, se rendirá un homenaje a la investigadora Margarita Salas, fallecida el pasado mes de noviembre.

A este respecto, Isabel Entero recordó que estuvo presidiendo el jurado de estos premios durante 20 años. “Siendo una persona tan preparada y que sabía tanto, Margarita Salas nunca hizo el menor ruido y nunca fue protagonista de nada. Como se ha ido casi sin darnos cuenta queremos recordarla y le vamos a entregar a su hija una escultura donde se ve a un hombre empujando un símbolo del ADN”.

A GOLPE DE INSTINTO

Durante este acto también se presentará el libro 'A golpe de instinto: cuarenta años trabajando por el paciente renal', escrito por Íñigo García Ureta que recoge 40 años de la historia de la nefrología en España y la evolución de la enfermedad renal, así como sus tratamientos en este tiempo. Y lo hace a través de la trayectoria de la Fundación Renal y de su presidenta, Isabel Entero.

A este respecto, la doctora Miranda apuntó que a la hora de escribir este libro “buscábamos a alguien que pudiera escribir con Isabel y en ese momento tuvimos la suerte de que Iñigo tenía disponibilidad y estuvo trabajando con ella un montón de tiempo haciendo entrevistas con personas vinculadas con la Fundación”.

Entero fue fundadora de Alcer e impulsora y pionera en incluir el apoyo psicológico y social como parte del tratamiento integral de los enfermos renales. El libro será presentado por Dario Villanueva, patrono de la Fundación Renal, exdirector de la Real Academia Española y exrector de la Universidad de Santiago de Compostela.

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El presidente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe), Anxo Queiruga, pidió al nuevo Ejecutivo aprobar con urgencia las nuevas regulaciones del baremo de la discapacidad, del catálogo ortoprotésico y de la figura del asistente personal, para que "estén listas" antes de terminar la legislatura.

En una entrevista concedida a Servimedia por el 40 aniversario de la entidad, Queiruga expresó su confianza en tener "una legislatura de cuatro años, que nos dé estabilidad y permita sacar proyectos adelante". "Ojalá que al final de estos cuatro años, podamos decir que hemos hecho cosas para mejorar la vida de las personas con discapacidad", dijo.

De hecho, el grupo de trabajo coordinado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) dentro del Imserso tiene ya una regulación de la figura del asistente personal muy desarrollada. Esta se refiere a las condiciones laborales, los requisitos formativos, las funciones, los beneficiarios... y debería servir como base para una norma estatal.

"No es de recibo que 13 años después de la aprobación de la ley para la Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, la gran mayoría de las Comunidades Autónomas no hayann hecho nada en este sentido", declaró Queiruga.

Sólo tres autonomías han desarrollado normativa al respecto, pero en la inmensa mayoría del país "sigue en pañales", lamentó.

A su juicio, la asistencia personal es decisiva para que las personas con grandes discapacidades y mucha dependencia puedan gestionar su vida de forma autónoma, sin depender de sus familias para todo.

Explicó que el principal obstáculo se refiere a "la regulación laboral" y criticó que "actualmente existe un limbo jurídico" sobre la contratación de estos trabajadores.

MÁS RETRASOS

Otros ejemplos de normativa "muy avanzada que inexplicablemente sigue atascada" son, según Queiruga, la actualización del baremo de la discapacidad y del catálogo ortoprotésico.

En su opinión, el baremo actual "discrimina muchas discapacidades", entre ellas las orgánicas, y no considera la realidad de algunas enfermedades degenerativas. Además, hay que tener en cuenta que el sector pide la actualización de dichos criterios desde 1999.

Lo mismo sucede con el catálogo ortoprotésico, un tema en el que defendió el acceso a las ayudas técnicas que "facilitan la vida de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones, sin diferencias por motivos de renta o del lugar de residencia". "Son determinantes para que llevemos una vida más digna; no son un capricho ni pueden convertirse en un lujo", sentenció. En ambos casos "existe consenso en el sector y también a nivel político", declaró, por lo que "si hay voluntad, deberían estar listos incluso este año".

RENTA MÍNIMA

Asimismo, Queiruga defendió una renta mínima que asegure un nivel de ingresos aceptable para las personas con discapacidad y sus familias.

El relator de la ONU para la Pobreza Extrema y los Derechos Humanos, Philip Alston, ya señaló al colectivo de las personas con discapacidad como uno de los más vulnerables a la pobreza durante la visita que realizó a España.

Muchas ayudas técnicas, medicamentos y acceso a centros y servicios están sujetos a copago. Eso supone que las familias deben asumir una parte de su importe y, en tiempos de crisis como los que se acaban de superar, "muchas no tienen más remedio que prescindir de ellos".

"Todos estos recortes influyen directamente en la autonomía y el bienestar de las personas con discapacidad", concluyó.

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Las conclusiones que tiene previsto publicar próximamente la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud (Redets) en relación al llamado Plan para Proteger al Paciente de Pseudoterapias y el posible impacto que podrían tener en el ámbito de las farmacias está generando inquietud e incertidumbre en el sector.

Según señalaron fuentes del sector, por lo que ha trascendido hasta el momento en relación al análisis que dicho grupo de trabajo está realizando, en la evaluación de determinadas terapias solo se está teniendo en cuenta el ensayo clínico.

De ser así, quedarían fuera de consideración en el análisis del evaluador otros parámetros como investigación fundamental, metaanálisis, estudios transversales, estudios observacionales y epidemiológicos. Otra variable importante es el consenso de expertos, pero las mismas fuentes indicaron que en este caso tampoco éstos participan de manera general en los grupos de trabajo.

En este sentido, destacan estas fuentes que si bien el ensayo clínico es el análisis más utilizado por la industria farmacéutica para el lanzamiento de nuevos medicamentos, a la hora de evaluar una terapéutica o incluso un medicamento en su aplicación real, la medicina basada en la evidencia indica que hay que tener en cuenta más parámetros y otro tipo de estudios.

Por ello, insisten en que aunque la evidencia científica indica que hay ciencia más allá del ensayo clínico, se estarían aplicando criterios muy reduccionistas en el caso de las terapias naturales y no justamente aquellos que pudieran beneficiarlas.

Recuerdan que, según publicó Evid Based Med en 2017, si solo se considerara la base de los ensayos clínicos controlados con bajo riesgo de sesgo, únicamente el 18% de las recomendaciones de las guías de práctica clínica estarían basadas en la mejor evidencia.

Por ello, alertan del importante caos que se podría generar si se generalizara la idea de que solo se pudiera dispensar o aconsejar en la farmacia aquello que cuente con el máximo nivel de evidencia y esté recogido en las guías actualizadas. Si bien no está previsto que esto suceda, al menos en todos los casos, precisan que desde el sector farmacéutico se preguntan entonces por qué esta discrepancia de criterios.

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Una veintena de organizaciones civiles de diferentes ámbitos sociales unen sus fuerzas este sábado en el I Encuentro de la Sociedad Civil, que unirá a representantes de asociaciones de enseñanza, de enfermos y pacientes, de sociedades médicas, de medios de comunicación y de consejos de colegios profesionales en el espacio La Nave de Madrid.

El encuentro se abrirá con una conferencia del presidente de la Alianza Científico Profesional por el Estado de Bienestar (ACEB), Alfredo Bohórquez, convocante de este primer evento para “dialogar y debatir sobre las soluciones que la sociedad civil plantea para conseguir una mejora y sostenibilidad del Estado del bienestar entre 2030 y 2050”.

Para Bohórquez, “ha llegado el momento histórico en el que la sociedad civil debemos dar un paso adelante y organizarnos” para crear “un nuevo espacio de diálogo civil y político, con todas las partes implicadas para avanzar en la mejora y sostenibilidad del modelo educativo, sanitario, de servicios sociales y del sistema de pensiones en España” porque “una sociedad civil proactiva, dialogante y colaborativa puede ejercer un mejor papel asesor de los partidos políticos, los gobiernos y las administraciones públicas”.

El presidente de ACEB resaltó en un comunicado que este asunto “afecta a toda la sociedad” y por ello “requiere corresponsabilidad” de todos los actores implicados, puesto que el Estado del bienestar (que engloba prestaciones como la sanidad, la educación, los servicios sociales o las pensiones) representan el 64% de todo el gasto público en España.

A los desafíos actuales del Estado del bienestar se suma el reto demográfico por el envejecimiento de la población y la reducción de la natalidad, que va a provocar que “en 2033 más del 25% de la población será mayor de 65 años”.

Por ello, entre los diez principales asuntos sobre los que se debatirá en el I Encuentro de la Sociedad Civil están el reto global económico y demográfico, reto de mejora del modelo estructural del Estado del bienestar, reto del modelo, finalidad educativa y asignaturas, reto de carrera docente y evaluación del sistema educativo, reto de la prevención y la investigación, Reto sociosanitario y Ley estatal de servicios sociales, reto de la mejora estructural del sistema de pensiones y del proceso de jubilación, reto de la sostenibilidad y equidad en pensiones, reto de corresponsabilidad de la Sociedad civil con las políticas públicas de Estado, y reto del diálogo civil y político a medio y largo plazo.

En las mesas de diálogo de este I Encuentro de la Sociedad Civil intervendrán el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos¸ la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, Sociedad Civil por el Debate, Centro de Estudios Avanzados de familia y discapacidad, Consejo General de la Educación Física y Deportiva, Consejo de Educadores y Educadoras Sociales, Consejo General de Colegios Oficiales de Pedagogos y Psicopedagogos, Asociación de Colegios Privados e Independientes, Federación Española de Religiosos de Enseñanza-Titulares de Centros Católicos, Consejo general de la Psicología de España, Confederación Alzheimer España, Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas, Unión Profesional, Confederación Española de Organizaciones de Mayores, Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Sociología, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, el sindicato de profesores ANPE, la Conferencia de Decanos de Terapia ocupacional y la Unión Democrática de Pensionistas.

Además, el evento contará también con la participación y difusión de medios de comunicación como la agencia de noticias Servimedia, el grupo Corresponsables y el canal Salud de la Agencia EFE.

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