Prácticamente desde que se conformó el Gobierno de coalición, la parte de Unidas Podemos ha venido reclamando un impuesto a los patrimonios de más de un millón de euros, con tipos graduales del 1% al 3% para los de más de 100, pero desde el PSOE, en particular los ministerios económicos, han mostrado su rechazo a crear nuevas figuras impositivas, y se decantan, en su caso, por modificar las actuales y sus exenciones y deducciones.
La pugna continuó en la comisión de reconstrucción, en la que Unidas Podemos anunció desde el principio que plantearía esta reivindicación de su programa electoral. Sin embargo, en la parte referida al grupo de trabajo de reactivación económica, el texto registrado sólo se compromete a «fortalecer la prevención y lucha contra el fraude fiscal, especialmente el relacionado con las grandes fortunas y la economía sumergida, en cooperación entre administraciones, tanto a escala nacional como internacional. Una lucha contra el fraude fiscal que a medio plazo sirva para un mejor cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes».
Más adelante, PSOE y Unidas Podemos prometen genéricamente»avanzar en la seguridad jurídica, certidumbre y progresividad de nuestro sistema fiscal, de manera que permita mejorar la capacidad de recaudación en términos de justicia fiscal y capacidad de pago de los contribuyentes (tanto para personas físicas como jurídicas), con el fin de que aporten más quienes más tienen para que reciban más quienes más lo necesitan».
En el texto conjunto, se insta a “continuar las medidas de apoyo en el corto plazo y adaptar a la desescalada el plan de choque ante los efectos económicos y sociales de la crisis sanitaria, con medidas para proteger el tejido productivo y el empleo, así como las rentas de las familias, tejer una red de seguridad para las personas más vulnerables, y apoyar en particular la recuperación de los sectores más afectados”.
Si bien, a “medio plazo”, PSOE y Unidas Podemos consideran que es “necesario poner en marcha un Plan de Inversiones y Reformas para reorientar nuestro modelo productivo hacia un crecimiento sostenible e inclusivo, movilizando inversión pública y privada para impulsar la modernización de nuestra economía”.
Entienden que “la crisis actual debe entenderse y aprovecharse como una oportunidad para salir reforzados, haciendo frente a los principales desafíos a los que se enfrenta la economía española, como son la digitalización, la transición ecológica, la apuesta por la educación y el capital humano, el empleo de calidad, la innovación y la ciencia, la respuesta al reto demográfico y el refuerzo del estado de bienestar en todo el territorio nacional.
AMPLIACIÓN DE LOS ERTE
PSOE y Podemos piden también “estudiar en el marco del diálogo social, la posibilidad de extender las medidas laborales de flexibilidad interna de forma específica a la hostelería, permitiendo la reincorporación gradual de los trabajadores en función del nivel de recuperación de la actividad, así como establecer incentivos para la formación y la recualificación de los trabajadores en sectores donde la actividad no se recuperará por completo”.
Otra de las medidas recogidas es el fortalecimiento del papel del Instituto de Crédito Oficial (ICO) como “herramienta de financiación” y “garantía de liquidez, para la actividad económica y empresarial”.
En este campo, también abogan por tramitar una nueva Ley del Mercado de Valores, en “aras de mejorar la percepción de la seguridad jurídica de los operadores de mercado y permitir así un mejor desarrollo de los mercados de capitales en España, como fuente de financiación alternativa al sistema bancario”.
Así como “acelerar” la tramitación del proyecto de ley para la Transformación Digital del Sistema Financiero, para “poder responder adecuadamente a los retos derivados de la revolución digital”.
Por otra parte, los partidos de la coalición de Gobierno apuestan por “revertir” las medidas arancelarias y no arancelarias establecidas antes de la pandemia, en línea con las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Además de potenciar los planes del Ejecutivo ya aprobados para el Turismo y la Automoción, se aboga por reforzar la Red de Destinos Turísticos Inteligentes, aprobar un programa de formación de trabajadores de la hostelería y, entre otros, potenciar en los establecimientos el ‘Zero Waste’, desperdicio.
En clave cultural, PSOE y Unidas Podemos apuesta por “impulsar” varios aspectos, entre ellos cerrar un pacto de Estado por la Cultura, y “considerar de interés general el deporte inclusivo de personas con discapacidad y los programas que lo promuevan”, así como “prolongar la duración del acontecimiento de excepcional interés público Programa Deporte Inclusivo y mejorar sus condiciones’.
POLÍTICAS SOCIALES
En cuanto al grupo de trabajo de Políticas Sociales y Sistema de Cuidados, el PSOE y Unidas Podemos prometen “afianzar los derechos constitucionales” y “el reconocimiento de nuevos derechos, como el relativo a la protección del consumidor vulnerable, para que nadie sufra recortes de suministros y de servicios básicos”.
Respecto al coronavirus, van a “estudiar la posibilidad de extender la duración” de “las moratorias de desahucios, la imposibilidad de corte de suministros y el apoyo al pago de deudas relacionadas con la vivienda”.
Los dos partidos en el Gobierno se refieren en el documento al ya aprobado Ingreso Minimo Vital, al que dicen que dotarán de desarrollo reglamentario y de un Consejo Consultivo y una Comisión de Seguimiento.
En materia laboral, anuncian una ley de usos del tiempo y racionalización de los horarios, que permita “reorganizar completamente los tiempos de trabajo, ocio y cuidados” y que “incluya la reforma del régimen de trabajo a tiempo parcial”. Paralelamente, se acordará con los interlocutores sociales y las comunidades autónomas la “articulación de un modelo acorde con los requerimientos del nuevo sistema productivo, muy alejado de carreras salariales continuas”.
También en el ámbito laboral, se hará en el marco del diálogo social una “propuesta de ‘tiempo de trabajo corresponsable’, que deberá incluir una reforma de la regulación del tiempo de trabajo y de la conciliación laboral y familiar con perspectiva de género”. Por ejemplo, para “evitar situaciones de discriminación laboral por la asunción de las responsabilidades de cuidado”, muy mayoritaria en mujeres.
Desde el punto de vista de los jóvenes, se elaborará un Estatuto del Becario, para “limitar el encadenamiento de períodos de prácticas y estableciendo un porcentaje máximo de becarios y becarias en las empresas”.
Respecto a la infancia, PSOE y Unidas Podemos se conjuran para asegurar “en coordinación con las comunidades autónomas, la alimentación de niños y niñas vulnerables durante el curso escolar mediante la aprobación de un umbral de renta estatal que garantice el derecho a esta alimentación en todo el territorio nacional”.
ACCESIBILIDAD
En vivienda, se va a elaborar un Plan Estatal para la Rehabilitación de Viviendas, que tendrá una duración de cuatro años, para la rehabilitación de viviendas de cara a la eficiencia energética, la reducción de la factura de la luz y la accesibilidad.
Dentro de esta última, PSOE y Unidas Podemos constatan que “el confinamiento ha demostrado la dificultad física y mental que supone vivir encerrados en el domicilio” y recuerdan que “en España conviven más de 1,8 millones de personas con movilidad reducida que precisan de ayuda para salir de sus casas y en torno a 100.000 no salen nunca al no disponer de esta ayuda”. Para corregir esto, se establece que las obras y actuaciones de accesibilidad sean obligatorias con independencia de los ingresos de la comunidad y que en los contratos de obras públicas una partida de al menos el 1% vaya a trabajos de accesibilidad en edificios de viviendas.
Respecto a las residencias de mayores, uno de los lugares con más muertos por coronavirus, el borrador promete “promover junto con las comunidades la coordinación de los sistemas sanitario y social, desde la constatación de que las personas residentes en estos centros conservan sus derechos a la atención sanitaria desde el Sistema Nacional de Salud (SNS) y a la atención a su situación de dependencia”.
En este sentido, “en residencias, el seguimiento de la atención sanitaria se realizará por el centro de salud con derivación a hospital cuando la situación clínica lo requiera” y habrá “un sistema de inspección periódica que permitan comprobar el cumplimiento de las condiciones exigidas a estos centros residenciales”. No se hace referencia al modelo de propiedad de las residencias, hoy mayoritariamente privadas; otro de los temas que Unidas Podemos prometió introducir en la comisión de reconstrucción.
SANIDAD
En la parte referida al grupo de trabajo de sanidad, destaca que PSOE y Unidas Podemos reconocen que “la pandemia ha puesto de relieve las dificultades en la coordinación entre las CCAA y el Ministerio de Sanidad a la hora de proponer y hacer operativas políticas sanitarias comunes, así como para disponer de la información necesaria en situaciones de crisis. Por ello, es necesario establecer un nuevo marco de cooperación y coordinación en el SNS”.
Se comprometen a “elaborar un calendario de reformas legislativas derivadas de las propuestas de la comisión, priorizando aquellas reformas que tengan un impacto más directo, especialmente en dos ámbitos: la preparación para afrontar un posible rebrote de la pandemia Covid-19, y cualquier otro tipo de epidemia o catástrofe”, y “mejorar las condiciones de trabajo y de contratación de los profesionales del SNS, con el objetivo prioritario de acabar con la temporalidad estructural del actual sistema”. Se creará una subcomisión o grupo de trabajo parlamentario para el seguimiento de los acuerdos en materia sanitaria en el seno de las Cortes Generales.
Además, PSOE y Unidas Podemos se comprometen a “desarrollar con urgencia un Plan de Emergencias de Salud Pública frente a epidemias y otras crisis sanitarias”, que, entre otras cosas, creará “una red nacional de depósitos de reserva de material sanitario estratégico (materiales de protección, EPI, mascarillas, sustancias desinfectantes, instalaciones de camas de UCI, respiradores automáticos, etc.), distribuido por el territorio”.
En otro momento del texto anuncian también un Plan Estratégico Nacional de prevención ante crisis sanitarias, “que defina objetivos, gobernanza, coordinación administrativa, organismos responsables, infraestructuras necesarias, protocolos de actuación, producciones y suministros estratégicos, productos críticos, todo ello en coordinación con las instituciones de la Unión Europea”.
Otras apuestas sanitarias son “incrementar gradualmente la inversión en I+D+i en los próximos 5 años hasta el 2% del PIB», de forma que el sistema de I+D+i biosanitario lo vaya absorbiendo paulatinamente, “incluir la ‘diplomacia sanitaria’, es decir, los temas de salud como un área prioritaria en las orientaciones que informan la política exterior de España” y “poner en marcha una Estrategia Nacional de Transformación digital del Sistema Nacional de Salud”.
En cuanto al refuerzo económico del sistema, PSOE y Unidas Podemos se comprometen a un “aumento del total de la inversión pública en sanidad hasta alcanzar al menos la media europea en porcentaje del PIB estabilizado al final de la legislatura; todo el incremento se destinará a sanidad pública de gestión directa”.
EUROPA
En clave europea, proponen “avanzar” hacia una Unión Sanitaria que haga que la UE sea capaz de afrontar posibles rebrotes del Covid-19 o futuras pandemias y “desarrollar un sistema europeo de pruebas de estrés a los sistemas públicos de salud”.
Además, de “reforzar” el mandato del European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) para coordinar con las autoridades sanitarias nacionales la prevención y reacción ante futuras epidemias y “mejorar” la coordinación de los recursos entre los países de la UE para “optimizar la producción europea de insumos sanitarios necesarios para dar respuesta a futuras epidemias”.
Entienden desde PSOE y Unidas Podemos la necesidad de “evaluar los procedimientos de compra pública europea de medicamentos, vacunas, equipamientos e insumos sanitarios ante epidemias” y de “diversificar las cadenas de producción y distribución de productos reduciendo la dependencia europea de distribuidores únicos”.
Tras el trabajo desarrollado en la pandemia por la Unidad Militar de Emergencias (UME), los socios gubernamentales apuestan por “mejorar los mecanismos europeos de protección y control ante catástrofes con el fin de dotarnos de los instrumentos adecuados de respuesta y compartir buenas prácticas, entre las que se encuentran el establecimiento de una estructura a imagen de la UME a nivel europeo”.
