Acciona obtuvo un beneficio neto de 97 millones de euros en el primer trimestre del año, lo que supone un incremento del 24% respecto al mismo periodo del año anterior, gracias al impulso de su negocio energético, aunque el de infraestructuras también mostró un comportamiento positivo a pesar de la pandemia.

En concreto, la contribución de los nuevos activos renovables internacionales puestos en marcha entre enero y marzo, que ascienden a 319 megavatios (MW), y la reducción del 9,4% en los gastos financieros netos respecto al mismo periodo del ejercicio anterior explican el beneficio registrado hasta marzo.

La división de energía facturó 572 millones de euros, un 20% más, con un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 297 millones, un 22,1% superior, y un nivel de inversión superior a los 760 millones de euros. En los últimos doce meses, la producción consolidada de Acciona ascendió a 5.649 gigavatios hora (GWh), un 5,9% más.

Al cierre del primer trimestre, 280 MW se encontraban en fase de construcción, lo que apunta a la consecución de los objetivos de la compañía para este año, fijado en 599 MW. Además, tiene previsto iniciar de manera inminente la construcción de otros 1.604 MW, en línea con el objetivo de la compañía de instalar 1,6 gigavatios (GW) en 2022.

INFRAESTRUCTURAS

Por su parte, la división de infraestructuras facturó 995 millones de euros, un 4,5% más, destacando la positiva evolución del negocio de Agua debido a la fase final de ejecución en la que se encuentran varios proyectos significativos en Oriente Medio.

La inversión de esta área de negocio ascendió a 121 millones de euros, frente a los 29 millones del mismo periodo del año anterior, de los que 87 millones se destinaron a construcción y 31 millones a las concesiones.

La cartera total de Infraestructuras ascendía al cierre del periodo a 15.085 millones de euros, el 78% de este importe de procedencia internacional, tras obtener nuevos contratos por valor de 1.263 millones de euros, como un tramo del Tren Maya de México o un hospital en Portugal.

ACTIVIDAD INMOBILIARIA Y BESTINVER

Por el contrario, la actividad inmobiliaria se vio afectada durante el primer trimestre del año por la reducción del volumen de entregas de unidades residenciales, que se limitó a 26 unidades, frente a las 130 entregadas durante el primer trimestre de 2020.

Su gestora de fondos de inversión y planes de pensiones, Bestinver, sí consiguió aumentar su cifra de negocios hasta los 26 millones de euros, pese a los gastos asociados a las nuevas líneas de actividad. A cierre de marzo de 2021, sus fondos bajo gestión alcanzaban los 6.900 millones, un 40,1% más.

Sumando todos sus negocios, los ingresos ascendieron durante este periodo a 1.710 millones de euros, lo que representa un incremento del 5,5%, al mismo tiempo que el Ebitda se incrementó un 11,1%, hasta los 362 millones de euros.

La inversión neta, de su lado, ascendió a 950 millones de euros, casi tres veces más, incluyendo los pagos aplazados relacionados con la gestión de la deuda llevada a cabo durante el ejercicio 2020, en el contexto de la pandemia.

Por último, la deuda neta alcanzaba a 31 de marzo los 5.790 millones, un 22,3% más, principalmente por la concentración de inversión en el trimestre. La compañía defiende continuar, no obstante, con la senda de reducción de gastos financieros durante el periodo, con un coste total acumulado de 56 millones de euros, un 9,4% inferior.

Acciona obtuvo un beneficio neto de 97 millones de euros en el primer trimestre del año, lo que supone un incremento del 24% respecto al mismo periodo del año anterior, gracias al impulso de su negocio energético, aunque el de infraestructuras también mostró un comportamiento positivo a pesar de la pandemia.

En concreto, la contribución de los nuevos activos renovables internacionales puestos en marcha entre enero y marzo, que ascienden a 319 megavatios (MW), y la reducción del 9,4% en los gastos financieros netos respecto al mismo periodo del ejercicio anterior explican el beneficio registrado hasta marzo.

La división de energía facturó 572 millones de euros, un 20% más, con un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 297 millones, un 22,1% superior, y un nivel de inversión superior a los 760 millones de euros. En los últimos doce meses, la producción consolidada de Acciona ascendió a 5.649 gigavatios hora (GWh), un 5,9% más.

Al cierre del primer trimestre, 280 MW se encontraban en fase de construcción, lo que apunta a la consecución de los objetivos de la compañía para este año, fijado en 599 MW. Además, tiene previsto iniciar de manera inminente la construcción de otros 1.604 MW, en línea con el objetivo de la compañía de instalar 1,6 gigavatios (GW) en 2022.

INFRAESTRUCTURAS

Por su parte, la división de infraestructuras facturó 995 millones de euros, un 4,5% más, destacando la positiva evolución del negocio de Agua debido a la fase final de ejecución en la que se encuentran varios proyectos significativos en Oriente Medio.

La inversión de esta área de negocio ascendió a 121 millones de euros, frente a los 29 millones del mismo periodo del año anterior, de los que 87 millones se destinaron a construcción y 31 millones a las concesiones.

La cartera total de Infraestructuras ascendía al cierre del periodo a 15.085 millones de euros, el 78% de este importe de procedencia internacional, tras obtener nuevos contratos por valor de 1.263 millones de euros, como un tramo del Tren Maya de México o un hospital en Portugal.

ACTIVIDAD INMOBILIARIA Y BESTINVER

Por el contrario, la actividad inmobiliaria se vio afectada durante el primer trimestre del año por la reducción del volumen de entregas de unidades residenciales, que se limitó a 26 unidades, frente a las 130 entregadas durante el primer trimestre de 2020.

Su gestora de fondos de inversión y planes de pensiones, Bestinver, sí consiguió aumentar su cifra de negocios hasta los 26 millones de euros, pese a los gastos asociados a las nuevas líneas de actividad. A cierre de marzo de 2021, sus fondos bajo gestión alcanzaban los 6.900 millones, un 40,1% más.

Sumando todos sus negocios, los ingresos ascendieron durante este periodo a 1.710 millones de euros, lo que representa un incremento del 5,5%, al mismo tiempo que el Ebitda se incrementó un 11,1%, hasta los 362 millones de euros.

La inversión neta, de su lado, ascendió a 950 millones de euros, casi tres veces más, incluyendo los pagos aplazados relacionados con la gestión de la deuda llevada a cabo durante el ejercicio 2020, en el contexto de la pandemia.

Por último, la deuda neta alcanzaba a 31 de marzo los 5.790 millones, un 22,3% más, principalmente por la concentración de inversión en el trimestre. La compañía defiende continuar, no obstante, con la senda de reducción de gastos financieros durante el periodo, con un coste total acumulado de 56 millones de euros, un 9,4% inferior.

El Comité Europeo de las Regiones (CDR) ha presentado un dictamen sobre la Estrategia de la UE para la integración del sistema energético, publicada por la Comisión Europea en julio de 2020, en el que defiende la importancia de establecer el objetivo de la eficiencia energética en primer lugar a nivel local y regional como base para lograr una transición óptima hacia un sistema energético más integrado, reiterando su exigencia de que se establezcan diálogos sobre el clima y la energía a varios niveles.

Las regiones de la UE advierten de que, hoy en día, el sistema energético de la UE es técnica y económicamente ineficiente y provoca pérdidas sustanciales en el forma de calor residual y baja eficiencia energética, añadiendo que un sistema energético integrado es fundamental para cumplir el objetivo del Pacto Verde Europeo de alcanzar la neutralidad climática para 2050.

De este modo, el dictamen del CDR se centra en la eficiencia energética, aumentando la producción de energía renovable, integrando y empoderando a los entes locales y regionales, los consumidores y las empresas en la transición energética y asegurando que el camino hacia la neutralidad climática se basa en los principios de cohesión y no conduce a un aumento de las tarifas energéticas para los ciudadanos o las empresas.

El organismo ha reiterado su exigencia de que se establezcan diálogos sobre el clima y la energía a varios niveles, así como plataformas a varios niveles para promover la participación activa de los entes locales y regionales, las organizaciones de la sociedad civil, las empresas y otras partes interesadas clave en la gobernanza de la transición energética.

Asimismo, señala que las regiones de Europa varían enormemente en términos de demanda de electricidad, potencial de generación e infraestructura disponible, incluso dentro de las fronteras de los países.

Por lo tanto, además de las conexiones internacionales entre sistemas, se deben realizar más esfuerzos para desarrollar la infraestructura intranacional e interregional y, al mismo tiempo, aumentar la capacidad de las conexiones transnacionales.

Por otro lado, destaca el papel clave que desempeña la capacidad local de producción y almacenamiento de energía para garantizar que la infraestructura crítica pueda funcionar de forma continua en todas las regiones,mientras que subraya la necesidad de eliminar las barreras físicas para el desarrollo de interconexiones de alta calidad entre todas las regiones de la UE para garantizar una auténtica integración del sistema eléctrico.

«La estrategia de la UE para la integración del sistema energético tiene un papel que desempeñar en la recuperación económica de los entes locales y regionales, especialmente a raíz de la crisis de la Covid-19», ha señalado el ponente del CDR, Gunars Ansins, teniente de alcalde de Liepaja, para quien es importante establecer el objetivo de la eficiencia energética «en primer lugar a nivel local y regional».

«Asimismo, la integración del sistema energético puede ayudar a los entes locales y regionales a lograr una mayor eficiencia energética, ya que los recursos disponibles se utilizarían para la transición a tecnologías energéticas», ha apuntado.

En este sentido, la asamblea de representantes locales y regionales de la UE pide a la Comisión Europea y a los Estados miembros que establezcan un enfoque sistemático para involucrar a los entes locales y regionales en la transición energética, en particular en el desarrollo de planes nacionales de energía y clima.

A su vez, el CDR reitera la necesidad de seguir aumentando la producción de energía a partir de fuentes renovables y está de acuerdo con la Comisión Europea sobre el potencial de las energías renovables en alta mar y la necesidad de apoyar nuevas tecnologías renovables en alta mar (por ejemplo, tecnologías eólicas y solares marinas flotantes, mareomotrices y flotantes).

Por otro lado,teniendo en cuenta que la UE representa solo el 5% de las emisiones mundiales de metano, la asamblea de ciudades y regiones de la UE señala que incluso los planes más ambiciosos de la UE para reducirlas tendrán poco impacto en la reducción de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.

Asimismo, los líderes locales y regionales defienden enérgicamente que las importaciones de bienes en el mercado único de la UE solo deben permitirse desde países (o partes de ellos) que proporcionan los mismos estándares para la reducción de gases de efecto invernadero que la UE, pues solo así será posible garantizar que los objetivos climáticos de la UE no afecten negativamente a su competitividad.

MARCO PARA EL SECTOR QUÍMICO.

De otra parte, dado que Europa es el segundo mayor productor de productos químicos del mundo y representa el 16,9% de las ventas mundiales, las ciudades y regiones consideran necesario establecer un marco legal coherente y simplificado para el sector químico para hacer que la industria sea más verde y eficaz.

En su dictamen sobre productos químicos seguros y sostenibles para un medio ambiente libre de tóxicos, las ciudades y regiones de Europa reconocen la importancia de la nueva estrategia sobre productos químicos presentada por la Comisión Europea y acogen con satisfacción los pasos que conducen a su implementación.

En este sentido, el CDR reclama la plena participación de los entes locales y regionales, teniendo en cuenta su conocimiento de los mercados locales, las especificidades de cada territorio y su capacidad para evaluar la implementación sobre el terreno.

«La estrategia química para la sostenibilidad es un elemento importante de una política económica basada en soluciones verdes. Las regiones y la sociedad esperan los efectos de su despliegue. En este dictamen, queremos indicar el papel de las regiones en el proceso de su implementación enfocándonos en la salud de los residentes y el medio ambiente», ha defendido Adam Struzik, presidente de la región de Mazovia y ponente del dictamen del CDR, para quien esta estrategia «es una oportunidad para mejorar la competitividad a través de la innovación».

De este modo, el organismo considera fundamental que la aplicación de la nueva legislación sobre productos químicos tenga en cuenta la opinión de la industria en su conjunto y el tiempo necesario para transformar las instalaciones y gestionar los productos químicos peligrosos que deben retirarse del mercado de la UE.

Asimismo, sostiene que la estrategia debería centrarse en la creación de igualdad de condiciones para todas las partes interesadas de la UE y de fuera de los Veintisiete, ya que es de gran importancia proteger la innovación y la competitividad de las empresas europeas, en particular de las pymes.

Además, los miembros subrayan que el apoyo financiero de los fondos de la UE para la mejora y actualización de las cualificaciones de los trabajadores y para el desarrollo de proyectos que apoyen los productos químicos sostenibles, especialmente para las regiones en transición, sería muy beneficioso.

El EIT Digital, programa de asesoría de ‘startups’ de la Unión Europea, celebrará una nueva edición en la que repartirá 300.000 euros entre emprendedores españoles que tengan una empresa de base tecnológica en estado ‘semilla’ o quieran lanzarla de manera internacional a nivel europeo.

Las solicitudes se podrán entregar hasta el 12 de mayo y pasarán por un programa de asesoramiento para empresas en ciernes en el que se le ayudará a encontrar socios financieros y pulir sus ideas de negocio en un momento «único» por la importancia que tendrán los fondos europeos para el sector tecnológico.

«Los fondos de Next Generation son una oportunidad única para conseguir colocar a Europa en los primeros puestos del panorama digital. La inversión en digital es una de las más rentables en términos de aumento del PIB y tenemos mucho recorrido quehacer», ha señalado el director de EIT España, Jesús Contreras.

En paralelo, también se celebra, financiado por la Unión Europea, el evento EIT Digital Challenge, que otorgará 250.000 euros en premios en efectivo y especie y cuyo plazo de solicitud finaliza el 10 de mayo.

De estos proyectos, han salido empresas que han acabado recaudando decenas de millones de euros como es el caso de Sidekick, una compañía de terapia digital que recibió 17 millones de euros de inversión en una ronda el pasado octubre.

También ha habido ganadores españoles como Agroptima o Vipo, en la que participó la universidad de Barcelona.

5 ÁREAS DE INTERÉS

EIT Digital se centra en cinco áreas Tecnología Digital, Industria Digital, Ciudades Digitales, Bienestar Digital y Finanzas Digitales. A los candidatos de estos sectores se les asesora y da apoyo financiero, formativo y estratégico por parte de equipos paneuropeos.

Contreras ha señalado que Europa es diferente a otras potencias mundiales en diversos aspectos, lo cual tiene algunos problemas, ya que una empresa europea necesita más tiempo y recursos para ser multinacional que, por ejemplo, una compañía de California.

En parte se debe a la heterogeneidad cultural y legal de Europa, un punto en el que Contreras señala que el mercado único busca encontrar un balance que consiga «homogenizar las reglas sin menoscabar la soberanía» para evitar que Europa termine en el vagón de cola de la digitalización.

No obstante, Europa también se diferencia de otras potencias mundiales en el bienestar ciudadano y la preocupación por la sostenibilidad, dos campos que crean oportunidades para desarrollar nuevos ‘unicornios europeos (empresas valoradas en más de mil millones de euros) y que los gigantes financieros e industriales europeos lideren el cambio digital.

En este área, Contreras ha señalado que Europa lidera la investigación en inteligencia artificial, ciberseguridad y Big Data y que esta ventaja debe traducirse en oportunidades de negocio dentro de la UE.

El Comité Europeo de Regiones (CDR) ha subrayado que la igualdad de la UE debe construirse desde el trabajo de las comunidades locales en el terreno en un debate con la comisara europea para la Igualdad, Helena Dalli.

De este modo, políticos locales y regionales de toda Europa han acogido con satisfacción la inclusión de la perspectiva de igualdaden todas las políticas, la legislación y los programas de financiación de la UE y destacan que las comunidades locales están en primera línea en la promoción de la igualdad de oportunidades y la protección de grupos vulnerables y minorías, al tiempo que condenaron cualquier persecución a las minorías.

En todo caso, señalan que lograr una verdadera Unión de la Igualdadrequiere más apoyo financiero y político de la UE y los Estados miembros para implementar la políticas de igualdad, de inclusión y antidiscriminación a nivel local y regional.

Por su parte, Dalli ha asegurado que la lucha contra la discriminación y la promoción de la igualdad es una responsabilidad compartida que requiere esfuerzos conjuntos y decididos de todas las instituciones de la UE. «Solo conseguiremos cambios y avances si los entes locales y regionales son tratados como socios estratégicos en la implementación y seguimiento del paquete ‘Unión por la igualdad'», ha asegurado.

El presidente del Comité Europeo de Regiones, Apostolos Tzitzikostas, ha apuntado, por su parte, que la igualdad es uno de los valores fundacionales de la Unión Europea, aunque la pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve y exacerbado las desigualdades y la discriminación existentes, golpeando a las comunidades marginadas de manera desproporcionada.

«Debemos seguir desafiando la discriminación estructural y los estereotipos para asegurar que la toma de decisiones políticas tiene en cuenta las necesidades de todos», ha asegurado. En este sentido, ha recalcado que como líderes locales, su deber es promover la igualdad a nivel local y regional.

Este jueves el Comité Europeo de Regiones ha debatido dos dictámenes vinculados al paquete de Unión por la Igualdad de la UE: uno sobre el plan de la UE contra el racismo y otro sobre la Estrategia para los derechos de las personas con discapacidad.

PLAN CONTRA EL RACISMO

En relación al plan antirracismo de la UE, el Comité destaca que los entes locales y regionales tienen un papel clave en la lucha contra el racismo y los delitos de odio, protegiendo a los protegiendo a los grupos vulnerables y minorías y promoviendo la inclusión social, por lo que deben ser reconocidos como socios estratégicos del plan.

«Una Unión por la Igualdad es una Unión de la que todos podemos estar orgullosos, una Unión que empodera a todos sus ciudadanos para prosperar», ha explicado la relatora Yoomi Renström, presidenta del Consejo Municipal del municipio sueco de Ovanaker.

Durante el debate, Elisabet Nebreda, secretaria de Acción Exterior y Unión Europea de la Generalitat de Cataluña ha señalado que en los últimos siete días, un joven activista LGTBIQ+ ha sido quemado vivo por su orientación sexual, la televisión pública italiana ha sido acusada de censurar a un cantante por haber denunciado declaraciones homofóbicas y racistas de un partido de extrema derecha y «en Madrid habrá un gobierno apoyado por un partido que dice que la violencia contra las mujeres no existe».

«En Europa se están extendiendo el neofascismo y la intolerancia, y la respuesta de las fuerzas democráticas está siendo insuficiente. Europa tiene que actuar y por eso apoyamos los diferentes planes de acción presentados por la Comisión de Igualdad de Género, LGTBIQ y antirracismo por el período 2020-2025. El respeto por la igualdad y la diversidad debería ser uno de los principales criterios en todos los programas de financiación, empezando por los Fondos Estructurales de la UE», ha asegurado.

ESTRATEGIA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

En cuanto a la Estrategia para los derechos de las personas con discapacidad, el dictamen del Comité subraya también que los municipios y regiones juegan un papel clave en las políticas sociales al brindar respuestas concretas y apoyo a las necesidades más inmediatas. El dictamen se centra en aspectos de especial importancia para las personas con discapacidad en la UE, unos 80 millones de personas: empleo y políticas de apoyo al empleo; incentivos para las empresas e inversión en formación; accesibilidad; y el aspecto sanitario.

«Hay una necesidad de políticas favorables al cuidador que tengan en cuenta el impacto que el cuidado de las personas con discapacidad tiene en el mercado de trabajo, especialmente en lo que respecta a las mujeres, ya que son, en gran medida, las que se ocupan de los niños y los miembros de la familia con discapacidad», ha explicado la relatora Daniela Ballico, alcaldesa de Ciampino.

Carlos Aguilar Vázquez, director general de Acción Exterior del Gobierno de Castilla y León, ha defendido que hay que ofrecer los medios económicos y la protección normativa para que las personas con discapacidad puedan participar perfectamente en la sociedad y disfrutar de una vida con normalidad: servicios sanitarios aprendizaje, servicios sociales, viajes, trabajo, vivienda.

«Hay que facilitarles vivir desde la independencia, establecer los sistemas pedagógicos y sociales para favorecer su aprendizaje, y aportar los mecanismos que les permita disponer de unos medios de vida adecuado», ha añadido.

Por su parte, Paula Fernández, consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior del Gobierno de Cantabria, ha recordado que en 2018 «en 2018 se reconoció en España el derecho de sufragio de todas las personas que tienen discapacidad intelectual.

«Gracias a esta reforma, más de 2.000 cántabros pudieron votar por primera vez en las elecciones de 2019 (…). Aplaudimos que el dictamen pida mayor reconocimiento de los entes locales y regionales por el papel que desempeñan, pero también pedimos que se reconozca el papel de la comunidad, que se incluya el concepto de participación comunitaria para dar mayor concreción a la inclusión».

El patrimonio de los fondos registró un avance del 2% en los dos primeros meses del año, hasta los 280.890 millones, y el número de partícipes lo hizo un 3,8% hasta superar los 13 millones, según datos provisionales publicados este jueves por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En su boletín trimestral, la CNMV ha destacado que la industria parece haber pasado ya «los momentos más complicados» derivados de la pandemia y a medio plazo podría verse beneficiada por el «notable» aumento del ahorro de los agentes.

«Si se confirma la evolución positiva de la pandemia y un entorno de menor incertidumbre, puede continuar el aumento de las suscripciones en estos activos, aunque cabe tener presente que una parte de los partícipes, los que se encuentran más restringidos en términos financieros, pueden deshacer algunas posiciones», ha señalado el supervisor.

En 2020, el patrimonio de los fondos de inversión se mantuvo estable y se situó en 279.668 millones de euros a finales de año, un 0,1% más que en 2019, tras recuperar en los últimos trimestres lo perdido en el primero como consecuencia de la pandemia.

El patrimonio se incrementó en el último trimestre del año en alrededor de 12.500 millones de euros, un 4,7% más que a finales de septiembre, importe del que un 85% se debió a la revalorización de los activos de la cartera de estos vehículos y el 15% restante, a las suscripciones netas realizadas por los partícipes.

El rendimiento de los fondos, por su parte, fue ligeramente positivo, del 0,8%, aunque se ha registrado en todas las categorías un rendimiento diferente para los tres primeros meses del año en comparación con el resto: entre enero y marzo la rentabilidad fue del -9,3% frente al 11,1% de los nueve meses posteriores

Por categorías, los fondos de renta variable son los que experimentaron peores registros en el primer trimestre, del -28,5% los europeos y del -23,1% los internacionales, pero también obtuvieron mejores cifras el resto del año, del 27,6% y 33,7%, respectivamente.

En cuanto a la oferta, esta se redujo en 2020 con un descenso en el número de vehículos superior al registrado en los últimos años y cerró en 1.515, con 151 bajas y 71 altas en el ejercicio.

EL NÚMERO DE PARTÍCIPES SE ELEVÓ UN 8% EN 2020

El número de partícipes se elevó un 7,8% a lo largo del año hasta cerrar el año con 12,7 millones de partícipes. De ese porcentaje, 3,5 puntos se produjeron solo en el último trimestre.

Las categorías de fondos de renta fija y de renta variable internacional fueron las que experimentaron los mayores avances a lo largo de 2020, con casi medio millón de nuevos partícipes en los primeros y poco menos de 400.000 en los segundos.

Por el contrario, los fondos garantizados de renta variable, los de renta variable euro y los de retorno absoluto mostraron retrocesos, de 72.000, 69.000 y 59.000 partícipes menos, respectivamente.

142 SICAVS MENOS

El número de sicavs registradas se redujo en 2020 en línea con la tendencia de los últimos cinco años, al registrarse 143 bajas y un alta, por lo que el número de vehículos fue de 2.427 a finales del ejercicio.

El patrimonio de las sicavs también registró una caída hasta los 28.793 millones de euros, un 6,4% menos, con una media de 11,1 millones por cada vehículo, lo que supone un descenso de 100.000 euros respecto al año anterior.

EL PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERAS SIGUE AUMENTANDO

Las instituciones de inversión colectiva extranjeras aumentaron su patrimonio hasta rozar los 200.000 millones de euros, un aumento de más de 20.000 millones que supone una subida del 11,5% respecto al año anterior.

Tras ese aumento, el peso de las IIC extranjeras en el total de IIC comercializadas en España es del 39%. También aumentó en 15 el número de entidades y el número de vehículos se situó en 1.048.

A&G Banca Privada ha ampliado su equipo de banqueros privados con la incorporación de Ana Bárcena, procedente de BBVA, un fichaje que supone además la entrada de la entidad en el País Vasco.

Según ha informado este jueves, A&G extiende su red de banqueros por el territorio español con esta incorporación, ya que Bárcena operará desde Bilbao.

Ana Bárcena, que cuenta con más de 22 años de experiencia en la gestión y asesoramiento de grandes patrimonios, se incorpora desde BBVA, donde comenzó en la mesa de renta variable de BBV Interactivos, liderando la interlocución y operativa de cliente institucional.

Con la creación de BBVA Patrimonios en 2003 para patrimonios superiores a 2 millones de euros, inició su etapa en la gestión de inversiones de carteras y sicavs y en 2016 fue nombrada directora comercial de Patrimonios Norte.

La nueva banquera de A&G es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Deusto y posee varias certificaciones del sector financiero: CFA, CAIA, CIIA, y CAd.

En estos tres últimos años, A&G Banca Privada ha incorporado a más de 20 banqueros, además de varios gestores y selectores de fondos, ampliando su red de oficinas en España con tres nuevas aperturas, que suman un total de nueve.

A&G inicia una nueva etapa tras el reciente anuncio de la adquisición de la participación de EFG, que se espera que se cierre en el primer trimestre de 2022 tras obtener las autorizaciones regulatorias, con el objetivo de «consolidarse como la entidad líder para el asesoramiento y la gestión patrimonial, de la mano de los mejores profesionales».

«Con el inicio de esta nueva y emocionante etapa, plenamente independiente, seguimos apostando por un sólido crecimiento del negocio y seguiremos esforzándonos en ofrecer siempre el mejor servicio de banca privada a nuestros clientes, con el apoyo de grandes profesionales como es el caso de Ana Bárcena», ha señalado el director general comercial de A&G, Juan Espel.

El gestor estadounidense BlackRock ha aumentado su apuesta por la banca española al elevar su participación en CaixaBank, en Banco Sabadell y en Bankinter, según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, la gestora global ha aumentado su participación desde el 3,131% hasta el 3,578% actual en CaixaBank, alcanzado su máximo histórico en la entidad. De este porcentaje total, el 3,007% lo controla a través de acciones y el 0,571% a través e instrumentos financieros.

En total, son cerca de 288,43 millones de títulos que, al precio actual del mercado (unos 2,65 euros por acción), están valorados en 764,33 millones de euros.

Este movimiento se realizó ayer –aunque ha sido notificado hoy–un día antes de la presentación de los primeros resultados de CaixaBank tras la fusión por absorción con Bankia. Las cuentas han arrojado un beneficio neto de 514 millones, sin incorporar extraordinarios asociados a la fusión con Bankia, de 514 millones de euros, frente a los 90 millones del año anterior.

Tras la entrada de los accionistas de Bankia, BlackRock es el quinto accionista de la entidad, por detrás de Criteria Caixa (30,012% de las acciones), Fundación ‘La Caixa’ (30,012%), BFA y el FROB (16,117%).

En cuanto al Banco Sabadell, la gestora ha elevado el porcentaje que controla del 3,069% al 3,235%, tanto a través de acciones (3,028%) como de instrumentos financieros (0,207%).

Con el repunte del 3,03% que ha experimentado el valor de Sabadell hoy en Bolsa, la participación de BlackRock tiene un valor de 109,2 millones de euros.

Este es el primer aumento de BlackRock en la participación de la entidad desde el 18 de noviembre de 2020, días antes de que se frustrase la fusión con BBVA. El 5 de marzo de este año, el gestor estadounidense decidió bajar su porcentaje de acciones de Sabadell del 3,310% al 3,138%, mientras que pocos días después, el 23 de marzo, decidió reducir su participación al 3,069%.

En la actualidad, BlackRock es el tercer accionista significativo del banco que preside Josep Oliu, por detrás del consejero dominical David Martínez Guzmán (3,49%) y el fondo Sanders Capital (3,47%).

Justo en el día de ayer, Samlyn Capital notificaba a la CNMV una reducción de su posición en corto en Sabadell, bajando de1 1,87% al 1,72%, su menor nivel desde el 30 de noviembre de 2020.

A principios de esta semana, BlackRock reforzaba su presencia en el capital de Bankinter hasta el 3,21% desde el 3,09%.

En total, cuenta con cerca de 28,9 millones de acciones en su poder, que se distribuyen en 26,7 millones de títulos de forma indirecta y en más de 1,5 millones en forma de instrumentos financieros.

Ferrovial registró unas pérdidas netas de 86 millones de euros en el primer trimestre del año, lo que supone una reducción del 29% respecto a los ‘números rojos’ de 111 millones de euros que se anotó en el mismo periodo del año anterior, con parte del negocio todavía afectado por la crisis sanitaria.

En concreto, la actividad que sigue recibiendo el mayor impacto de la pandemia es la de autopistas y aeropuertos, que han sido infraestructuras afectadas por las continuas restricciones a la movilidad en todo el mundo para frenar la expansión del coronavirus entre la población.

Así, el tráfico de su autopista en Canadá, la 407 ETR, sufrió un desplome de casi el 48% en el primer trimestre de 2021, mientras que las mismas restricciones en Reino Unido ocasionaron un hundimiento de casi el 90% en el aeropuerto londinense de Heathrow, que la española controla al 25%.

En consecuencia, las ventas de la división de autopistas se contrajeron un 9,5%, hasta los 101 millones de euros, también debido a los fuertes temporales de nieve en Estados Unidos, y las de aeropuertos se desplomaron un 72,2%.

Sobre esta última división, Ferrovial ha trasladado en la presentación de resultados su disconformidad con la decisión de la Autoridad de la Aviación Civil británica (CAA) de rechazar el aumento de tasas por 3.000 millones de euros que la compañía cree necesario en Heathrow para recuperar las pérdida que el aeropuerto arrastra desde el inicio de la pandemia.

«La CAA aprobó un ajuste en las tasas de 300 millones de libras. Este ajuste está por debajo del importe mínimo necesario para restaurar la amortización regulatoria, en línea con los principios de regulación del Reino Unido», asegura la compañía, que recuerda que la CAA hará un análisis más completo sobre todas las cuestiones económicas y potenciales ajustes en el próximo acuerdo regulatorio.

FORTALEZA DEL NEGOCIO DE CONSTRUCCIÓN

De forma paralela al comportamiento que experimentó en 2020, el de construcción fue el negocio que mejor resistió al envite de la pandemia, descartando ningún impacto relevante tampoco en este primer trimestre del año, con las ventas de esta división incluso creciendo un 2,3% respecto al año pasado, hasta 1.231 millones de euros.

El 82% de la facturación de esta división correspondió al negocio internacional, teniendo Polonia y Estados Unidos un papel relevante, especialmente el comportamiento de su filial en este último país, Webber, y en Polonia, Budimex, que incrementó su resultado bruto de explotación (Ebitda) un 46%.

Respecto a la división de servicios, que Ferrovial mantiene como actividad de discontinuidad por su puesta en venta, por lo que no consolida en las cifras globales de resultados, también registró un comportamiento favorable, con una cifra de negocio un 7,2% superior.

Los ingresos totales de la compañía durante los tres primeros meses del año ascendieron a 1.365 millones de euros, un 4% inferiores –en términos comprables crecieron un 1,5%–, aunque el Ebitda del grupo que preside Rafael del Pino se disparó un 38%, hasta los 119 millones de euros.

En su cuenta de resultados trimestrales, la compañía defiende contar con «una sólida situación financiera apoyada en altos niveles de liquidez», que alcanza los 7.554 millones de euros, y una»sólida posición neta de caja» ex-infraestructuras de 1.914 millones de euros. La deuda neta consolidada aumentó un 8% en este periodo, hasta los 2.740 millones de euros.

MAYOR PRESENCIA DE MUJERES EN EL CONSEJO

Por otra parte, el consejo de administración ha aprobado el nombramiento de Alicia Reyes y de Hildegard Wortmann como nuevas consejeras, en sustitución de Joaquín del Pino, que dimite por «razones personales», y de Santiago Fernández, que renuncia para contribuir a la «renovación del órgano», aumentando así la presencia femenina en el consejo: cuatro sobre un total de 12 miembros.

Alicia Reyes ha sido consejera delegada de Wells Fargo Securities para Europa, Oriente Medio y África y ha trabajado en Deutsche Bank, Abengoa y Barclays. Actualmente es consejera independiente de Banco Sabadell y profesora invitada del Instituto de Finanzas y Tecnología en la Facultad de Ingeniería de la University College London (UCL).

Por su parte, Hildegard Wortmann es responsable de Ventas y Marketing de Audi y consejera no ejecutiva de Porsche. Comenzó su carrera profesional en la multinacional Unilever y, posteriormente, se incorporó a BMW, donde ha sido vicepresidenta ejecutiva de Gestión de Producto, vicepresidenta ejecutiva de Marca y consejera delegada para la región de Asia-Pacífico.

El fabricante de componentes para vehículos Gestamp obtuvo un beneficio neto de 51 millones de euros entre enero y marzo de este año, lo que supone más que triplicar (+264%) su resultado del mismo periodo de 2020, cuando ganó 14 millones de euros, y un incremento del 24% en comparación con 2019.

Tal como ha indicado la firma española, Gestamp ha mejorado su comportamiento de mercado en todas las regiones donde tiene presencia, a pesar del entorno «desafiante». Así, sus ingresos crecieron en todas las regiones.

«Gestamp ha ofrecido un sólido primer trimestre de 2021, mejorando el primer trimestre de 2020 e incluso el de 2019 a todos los niveles, aún con volúmenes menores. El riesgo macroeconómico permanece mientras la pandemia continúa afectando a geografías importantes y los esfuerzos de vacunación son heterogéneos», ha indicado el presidente de la compañía, Francisco J. Riberas.

En concreto, la facturación de la empresa subió un 4,8%, hasta situarse en los 2.108 millones de euros, mientras que su beneficio operativo se colocó en los 112 millones, un 160% más.

Además, el resultado bruto de explotación fue de 258 millones de euros, un 33,6% más que los 193 millones obtenidos un año antes. Por su parte, la deuda neta de Gestamp bajó un 14,6%, con 2.050 millones.

«El mercado de la automoción está encarando incertidumbres por la escasez de suministro de semiconductores en el futuro más cercano, así como por las presiones inflacionistas sobre la materia prima», ha lamentado Riberas, que ha indicado que el grupo continúa orientado en mejorar su eficiencia y en crear valor.

Para cierre de este año, Gestamp espera que sus ingresos mejoren a los del mercado de producción de automóviles en un dígito y medio, con el objetivo de alcanzar un margen bruto de explotación por encima del 12%.

JUNTA DE ACCIONISTAS

En el marco de su junta general de accionistas, llevada a cabo este jueves de forma telemática, Gestamp ha acordado el nombramiento de Loreto Ordóñez Solís como nueva consejera independiente de la empresa, aumentando así su número de consejeros independientes.

Por otro lado, la junta ha aprobado la reelección de Francisco José Riberas con más del 93% de los votos, así como del resto de miembros del consejo de administración nombrados en 2017, con ocasión de la salida a bolsa de la compañía.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido de que la desaparición del Líbor exige que todos los participantes, autoridades, entidades, mercados y usuarios de los índices se preparen para la transición, pues no hacerlo adecuadamente puede dificultar la eficacia de los contratos financieros y dar lugar a riesgos para la estabilidad financiera.

En un artículo recogido en el boletín trimestral publicado este jueves, la CNMV reconoce que, si bien en la zona euro el proceso de modernización del Euríbor «se está consolidando con éxito», en lo que respecta a la transición del Líbor «queda un importante camino por recorrer en el que se exige un esfuerzo coordinado de concienciación, preparación y acción por parte de todos los participantes, autoridades, entidades financieras y no financieras, mercados y sus infraestructuras, y usuarios en general de los índices».

Ante la previsible desaparición del Líbor el 31 de diciembre de 2021, la CNMV señala que las instituciones y las autoridades supervisoras deben apoyar un uso cada vez mayor de las tasas libres de riesgo y reducir la dependencia del Líbor a partir de finales de 2021, mediante una preparación adecuada y una transición debidamente planificada y gradual que evite los perjuicios que provocaría un cese repentino del índice en los flujos de pagos a nivel mundial y en el funcionamiento de los mercados.

Así, para mediados de 2021 las empresas deberían haber establecido planes para modificar los contratos vigentes cuando sea posible y haber adaptado sistemas y procesos para permitir el uso de tipos alternativos, mientras que a finales del año deberían ya estar preparadas para el cese del Líbor, señala el boletín.

«Como reconoce el FSB en su reciente informe de progreso, no prepararse adecuadamente para la transición puede dificultar la eficacia de los contratos financieros y dar lugar a riesgos para la estabilidad financiera», alerta.

Según recuerda la CNMV, coincidiendo con el anuncio oficial de cese del Líbor, tanto Reino Unido como Estados Unidos han propuesto soluciones que están en fase de consulta o negociación, por lo que habrá que esperar a que dichas normas se aprueben. «Sin embargo, el tiempo es esencial y es importante que estas soluciones progresen rápidamente, como ya ha ocurrido en la Unión Europea», señala.

La CNMV pone de manifiesto que «hubiera sido deseable» una línea de actuación más coordinada en todas las jurisdicciones que evite incertidumbre legal para contratos entre partes pertenecientes a diferentes jurisdicciones, aunque reconoce que esto es poco probable que ocurra debido a la dificultad de identificar una solución única válida para todo tipo de circunstancias y productos en efectivo y derivados.

«Por ello, los participantes de los mercados deben continuar sus esfuerzos para alejarse activamente del Líbor antes de que finalice 2021, siendo conscientes de que puede haber soluciones legislativas que brinden alivio para algunos productos heredados, pero no para todos», advierte el supervisor de los mercados.

La GSMA ha anunciado este jueves que la edición de 2021 del Mobile World Congress (MWC) en Barcelona contará con más de 600 ponentes de sectores como el de la telefonía móvil, la ‘nube’ sanitaria o las finanzas, según ha señalado a través de un comunicado.

Algunos de estos líderes son: la ceo de Accenture, Julie Sweet; el ceo de Amdocs, Shuky Sheffer; la directora general de Advanced Material Future Preparedness Taskforce (AMPT), Zina Jarrahi Cinker; el presidente de China Mobile, Yang Jie; el director general de GSMA, Mats Granryd, y el ceo de IBM, Arvind Krishna.

Bajo el lema ‘Connected Impact’, el evento explorará este año el papel de la inteligencia artificial, el 5G, el ‘big data’ y el Internet of Things (IoT) en la configuración del futuro y la transformación de la vida de las personas.

Organizaciones, marcas, ‘startups’, consultores, inversores y operadores de telecomunicaciones se reunirán para fomentar el liderazgo, mostrar sus últimas innovaciones y conectar con los agentes más importantes del sector.

El director general de GSMA, John Hoffman, ha explicado –en el marco de la pandemia de la Covid-19– que los tiempos de crisis aceleran el progreso y la innovación y ha destacado que el ritmo de cambio es «fenomenal» y que va a estar presente en el programa de MWC.

EL CENTRO DEL DEBATE POLÍTICO

Además de los ponentes, el evento contará con el Programa Ministerial de la GSMA que reunirá a los responsables políticos para debatir sobre la inclusión digital, la resiliencia de las redes y la maximización del potencial del 5G.

El director de regulación de la GSMA, John Giusti, ha asegurado que, tras salir de la crisis de la Covid-19, «ahora es el momento de reflexionar» sobre las políticas con las que apoyar la conectividad digital, la innovación y, fundamentalmente, la recuperación económica.

Gracias a un acuerdo con Accenture, esta edición presenta la cumbre Diversity4Tech, basada en la experiencia del Women4Tech, que buscará ampliar las conversaciones para sumar en los negocios la diversidad y la inclusión con charlas, paneles y premios.

4YFN SE TRASLADA A FIRA GRAN VÍA

Este año, el 4YFN se traslada al recinto ferial de Gran Vía, donde el MWC, con más de 400 ‘startups’ internacionales que expondrán sus últimos productos en el ‘Mercado de la Innovación’ y 150 ponentes que compartirán ideas para impulsar el ecosistema móvil.

Como novedad de este año, el Programa de Inversores incluye una cumbre dedicada al intercambio de conocimientos entre la comunidad de inversores, donde se debatirán tendencias recientes como las inversiones durante la Covid-19, las ofertas públicas de venta (OPV) de fondos y la ‘tokenización’.

HÍBRIDO, SEGURO Y SOSTENIBLE

El evento contará con un plan de salud y seguridad de varios niveles combinado con una plataforma virtual, que permitirá las reuniones de forma «segura» para establecer contactos, colaborar y hacer negocios.

Otro de los objetivos de esta edición es que el evento sea neutro en carbono, al igual que la edición de 2019, que fue certificada oficialmente por Aenor International, y la GSMA está trabajando para reducir «aún más» su impacto ambiental y su huella de carbono.

La Comisión Europea ha propuesto este jueves una estrategia sobre medicamentos contra la COVID-19 con el objetivo de respaldar su desarrollo y ampliar su disponibilidad para complementar la vacunación de la población europea y ante la posibilidad de que el coronavirus que provoca la enfermedad se convierta en «endémico».

La estrategia ha sido presentada por la comisaria de Salud y Seguridad Alimentaria, Stella Kyriakides, en una rueda de prensa en la que ha subrayado que la UE necesita también «tratar la enfermedad» y no sólo «inmunizar a sus ciudadanos» a fin de «minimizar el impacto del virus».

De hecho, el texto enfatiza que las vacunas «no eliminarán la enfermedad en una noche». Los medicamentos, defiende Bruselas, todavía serán necesarios para pacientes en hospitales y en casa y «jugarán un papel importante en la respuesta a la COVID».

En consecuencia, el Ejecutivo comunitario propone replicar el ejemplo de la «exitosa» estrategia de vacunación europea, basada en la compra centralizada de sueros, para acordar una estrategia común con respecto a los fármacos que abarque «todo el ciclo de vida de los medicamentos»: investigación, desarrollo, fabricación, compra y despliegue.

Así, la hoja de ruta pasa por conseguir que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) de su visto bueno a la autorización de tres medicamentos contra la COVID-19 en octubre de este año y a dos más antes de que finalice 2021. Hasta ahora, solo el ‘remdesivir’ ha sido autorizado en la UE como fármaco específico contra la enfermedad.

AUTORIZACIONES E INVERSIONES

Para conseguirlo, la Comisión Europea propone a los Estados miembros establecer una cartera de opciones terapéuticas contra la COVID-19 formada por diez candidatos. Después, se seleccionarán las cinco que sean consideradas las más prometedoras, como muy tarde en junio de este año. Tras ello, el Ejecutivo comunitario sugiere poner en marcha contratos para la adquisición conjunta de fármacos que hayan sido autorizados por la EMA.

Bruselas plantea, además, acompañar esto con distintas inversiones, por ejemplo, en estudios de población y ensayos clínicos para establecer vínculos entre factores de riesgo y resultados sanitarios (90 millones de euros) o en el análisis de opciones terapéuticas y diagnósticos para estudiar fases de desarrollo, capacidades de producción y cadenas de suministro (5 millones).

Otros cinco millones se destinarían a medidas para generar datos de alta calidad sobre seguridad de ensayos clínicos, mientras que se dotaría a los Estados miembros con un apoyo financiero total de 2 millones de euros para poner en marcha evaluaciones rápidas y coordinadas que faciliten la aprobación de ensayos clínicos.

De la misma forma, propone crear antes de julio un «aceleración de la innovación en materia de fármacos» contra la COVID-19 con la intención de respaldar los medicamentos «más prometedores» en todas las fases desde la investigación preclínica y hasta la comercialización.

Unidas Podemos ha mostrado su oposición a los planes que baraja el Gobierno de fijar 2024 como fecha en la que se podrían implantar el sistema de pago por uso de las carreteras de red del estado, al entender que es un «impuesto a las clases medias», según han trasladado de la formación.

Además, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha detallado en redes sociales que la propuesta impositiva de su espacio es «bien conocida»: reforma fiscal para que «paguen más los que más tienen».

Por tanto, su formación apuesta por «la fiscalidad verde pero siempre y cuando no penalice a la gente trabajadora y no tenga un carácter regresivo». «La propuesta de los peajes no cumple estos criterios», ha zanjado.

Según se recoge en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a Bruselas, el horizonte de 2024 es la posible fecha para aplicar el modelo de peaje en la red estatal, como respuesta a los dos principios en los que se basará a partir de ese momento la utilización de las carreteras: «quien contamina paga» y «el que usa paga».

Hasta ese momento, el Ejecutivo prevé llevar a cabo una campaña de «concienciación y sensibilización» sobre los transportistas y la población en cuanto a la necesidad de ejecutar esta medida. Sin embargo, este planteamiento ha sido criticado por Unidas Podemos, socio del PSOE en el Gobierno de coalición, por ser una medida que afecta a las clases medias del país.

Mientras, el diputado de Unidas Podemos en el Congreso Antón Gómez-Reino, ha asegurado que «no es el mejor momento» para plantear el debate de cara a extender peajes a la red viaria estatal.

En declaraciones a los medios de tras interponer una denuncia por amenazas en la comisaría de Policía de la Cámara Baja, Gómez-Reino ha detallado que su formación política ha sido en diversas ocasiones «clara» en su posicionamiento sobre este tipo de medidas.

Por ejemplo, ha subrayado que, antes de hablar del futuro, hay que «solventar el pasado» para señalar que, en el caso de Galicia, está el caso de la AP-9, cuyo peaje es la «más caro del estado español» con el modelo de concesión que impulsó el PP en los tiempos del Gobierno de José María Aznar.

«Es evidente que el marco europeo está sugiriendo medidas y directivas al respecto. Nosotros creemos que no es probablemente el mejor momento para abrir este tipo de cuestión y, en todo caso, entendemos que lo que se manda en el documento, en principio, es la apertura del debate público y ese debate público se tendrá que dar en el Gobierno y también en la sociedad y en la cámara (en alusión al Congreso)», ha apostillado.

El fabricante de componentes para vehículos Continental contabilizó un beneficio neto atribuido de 447,6 millones de euros entre enero y marzo de este año, lo que significa un incremento del 53,1% en comparación con los 292,3 millones de euros que ganó en el mismo periodo de 2020.

Tal como ha reivindicado la empresa alemana, este «buen» resultado en el primer trimestre s logró a pesar de que el entorno de mercado continuó siendo «desafiante».

«Estamos logrando un progreso notable y abordando las tareas pendientes de forma sistemática», ha subrayado el consejero delegado de Continental, Nikolai Setzer, quien ha añadido que la compañía se está centrando en el crecimiento y en ser pionera en tecnologías futuras en lo que respecta a la conducción automatizada y autónoma.

Así, Continental aumentó sus ventas un 3,5% en comparación con el primer trimestre de 2020, hasta 10.259 millones de euros. Además, el beneficio operativo de la empresa fue de 719,9 millones de euros, un 65% más.

También el resultado bruto de explotación (Ebitda) subió un 20,9% en los tres primeros meses de este 2021, hasta 1.403 millones de euros, mientras que el margen operativo se situó en el 7%, lo que representa 2,6 puntos porcentuales más que hace un año.

Por otra parte, el número de empleados de Continental en todo el mundo se situó en las 234.999 personas al cierre del primer trimestre, lo que supone 4.650 trabajadores menos que en el mismo periodo de 2020 (-1,9%).

«Los próximos meses seguirán siendo muy desafiantes. La economía mundial solo está volviendo a encarrilarse gradualmente, sobre todo por la escasez de suministro de componentes electrónicos. La pandemia y el aumento de los precios de las materias primas también influirán en la alta volatilidad del mercado», ha explicado Setzer.

Por todo ello, Continental espera facturar entre 32.500 y 34.500 millones de euros a cierre del presente año, al tiempo que contempla lograr un margen operativo ajustado de entre el 6% y el 7% en el conjunto de 2021.

Sacyr se adjudicará en las próximas semanas un contrato de explotación de varias carreteras en Italia valorado en 2.000 millones de euros, una vez que el Tribunal Supremo del país transalpino ya ha confirmado la revocación a su rival de esta concesión.

En una presentación con analistas, el presidente y consejero delegado de la constructora, Manuel Manrique, ha adelantado que, tras esta última decisión judicial, previsiblemente el consorcio al que pertenece Sacyr se adjudicará este contrato.

«El Consejo de Estado, que es el equivalente al Tribunal Supremo español, ha sacado al otro licitante del concurso, quedando solo nosotros, por lo que previsiblemente seremos adjudicatarios. Lo lógico es que sea pronto», ha asegurado Manrique.

En concreto, el consorcio al que pertenece la española es SIS, participada al 51% por la italiana Fininc y al 49% por Sacyr. Según la documentación de la licitación, el valor del contrato para la concesión que incluye varios tramos de la A21, la A5 y la circunvalación de Turín asciende a 2.022 millones de euros.

En noviembre, un consorcio liderado por la italiana ASTM se adjudicó este contrato pero con un litigio abierto que la compañía recurrió y que finalmente, el pasado 20 de abril, el Consejo de Estado italiano rechazó, revocando así la adjudicación, que pasaría a manos del único otro rival en el concurso, el consorcio integrado por Sacyr.

El tribunal rechazó el recurso presentado por ASTM al considerar infundada su petición de anular una sentencia previa a nivel regional que le excluía del proceso por no haber presentado ciertas certificaciones necesarias para la ejecución de algunas de las obras incluidas en el contrato.

NUEVA ESTRUCTURA FINANCIERA

Por otra parte, el presidente de Sacyr ha detallado la nueva estructura financiera ‘verde’ que ya está preparando la compañía y que pivotará sobre cinco principios: una operación de financiación ‘verde’, los flujos operativos de ingeniería y servicios, el excedente de los dividendos de concesiones, la gestión activa de su participación en Repsol y la búsqueda de otras financiaciones con criterios medioambientales.

En el primer trimestre del año, Sacyr registró un beneficio neto de 26 millones de euros, un 20,6% menos por los resultados extraordinarios que ingresó en el mismo periodo del año anterior por la venta de la autopista de Guadalmedina, aunque consiguió aumentar un 17% su resultado bruto de explotación y un 7% su cifra de negocios.

Desde Banco Sabadell creen que estos resultados «son buenos» y apuntan a que están por encima de los esperado inicialmente. «Seguimos viendo un muy buen tono de crecimiento del beneficio operativo y tenemos una visión positiva sobre la acción incluso después del buen comportamiento mostrado en el año», que acumula un alza del 15% desde enero, frente al 6% del Ibex 35.

El precio por cruzar España con un camión de punta a punta podría ascender hasta los 150 euros tras la aplicación de los peajes que el Gobierno planea poner en marcha a partir de 2024 como parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, según ha informado OBS Business School.

El profesor Javier San Martín ha explicado que en España podría aplicarse lo que se conoce como una Euroviñeta, una tasa que afectaría a los turismos con el pago de 9 céntimos por kilómetro y a los vehículos de transporte de mercancía pesada con 19 céntimos. El instituto ha recordado que 23 de los 25 países que componen actualmente la Unión Europea cuentan con algún tipo de gravamen parecido.

Aunque en España existe actualmente un impuesto similar, solo afecta a las concesionarias y, como ha explicado San Martín, en la mayoría de casos dejarán de estar vigentes en los próximos años.

A pesar de que a nivel económico esta tasa ayudará a abastecer las arcas públicas y a hacer frente a la crisis provocada por el Covid-19, OBS Business School ha recordado que esta medida tiene una motivación ecológica.

En cuanto al modo en que se efectuará su cobro, existen varias posibilidades. Una de ellas es que la tasa sea variable en función del tipo de vehículo. También se ha especulado con que se establezca un pago por kilómetro basado en el peaje tradicional o a través de sensores colocados en el vehículo para detectar cuando entra o sale de una vía de alta capacidad.

Los últimos países que la han puesto en marcha lo han hecho con un sistema de reconocimiento de la matrícula que asocia el vehículo a un propietario y una cuenta, a la que se pasa el cobro de la tasa cuando se detecta que el vehículo ha utilizado una vía de pago.

DIÉSEL

También se ha anunciado que habrá un nuevo impuesto al diésel que lo equiparará con la gasolina o incluso hará elevar su valor por encima de este. «Ahora mismo no tiene mucho sentido que el diésel tenga unos impuestos especiales inferiores a otros combustibles», ha señalado Javier San Martín.

Los impuestos de vehículos de tracción mecánica también podrían aumentar con el propósito de gravar más a los vehículos con motorizaciones más contaminantes. No se ha especificado cuál será el método para hacer, a pesar de que se espera que se usen diferentes baremos para determinar la capacidad de contaminar en función de la antigüedad del motor, el tipo de motor y el de combustible, o se hará una transformación completa del impuesto y se buscará otra manera de gravar que prime la existencia de motores más ecológicos.

El experto de OBS Business School ha afirmado que cabe esperar más impuestos de este tipo ya que la obligación de ajustarse a las normativas europeas sobre el medioambiente se harán más intensas en el corto plazo, para cumplir con las exigencias del Tratado de París y con el Plan de Descarbonización.

La Asociación Española de la Carretera (AEC) ha aplaudido la intención del Gobierno de introducir peajes en todas las autovías del país a partir del año 2024, como respuesta al déficit de 8.000 millones de euros que acumula la conservación de carreteras y al impacto que la circulación tiene en el medio ambiente.

A esta organización se suma también el apoyo que la patronal de las empresas de construcción, Seopan, ha mostrado durante los últimos años a cualquier medida encaminada a introducir peajes para solventar ese elevado déficit, que ha ido engordando progresivamente con la reversión al Estado de varias autopistas.

Asimismo, la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (Acex) señala que la prioridad es conservar las carreteras, que son un servicio público más, ya sea con peajes, con un incremento presupuestario o con la llamada ‘viñeta’, que es una tasa anual única para todo propietario de un vehículo.

AEC defiende que, a partir de 2009, con los sucesivos recortes en los presupuestos públicos, el patrimonio que acumulan las carreteras españolas, valorando en 215.000 millones de euros, «ha sido abandonado a su suerte». En concreto, los recursos económicos destinados a la carretera se han desplomado casi un 80% en la última década.

A ello se suma el impacto en el medioambiente, que en los últimos diez años asciende, al menos, a 25 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2).

«La situación es grave en términos económicos, medioambientales y también de seguridad, y tampoco se prevé que mejore en los próximos años, dada la limitación de los recursos públicos y la necesidad creciente de atender el gasto social (desempleo, pensiones, sanidad o educación)», aseguran desde AEC.

MODELOS DE FINANCIACIÓN

Actualmente, el 82% de la red viaria interurbana de altacapacidad española, la más extensa de la Unión Europea, es gratuita, aunque existe «una gran desigualdad territorial», ya que cuatro comunidades autónomas concentran el 52% de la red de peaje, en contraste con el modelo vigente en Europa, donde 23 tienen tarificado el 100% de su red de gran capacidad.

Desde Seopan insisten en que, independientemente del modelo de financiación, el propietario de la carretera seguirá siendo el Estado, manteniendo así la titularidad pública. El dinero necesario para la construcción puede o bien anotarse desde el principio en las cuentas públicas o adelantarlo la empresa constructora y cobrarlo posteriormente al Estado a través del llamado ‘peaje en la sombra’.

Tras trascender la intención del Gobierno, la Asociación Española de la Carretera ha retomado un modelo que ya ha venido proponiendo desde hace años y que consiste en un ‘bono de movilidad’, que se basa en una circulación libre y gratuita de todos los vehículos hasta un máximo de 10.000 kilómetros para turismos y 50.000 kilómetros para pesados.

A partir de ahí, el peaje ascendería a 3 céntimos y 10 céntimos, respectivamente, en todas las redes viarias, con la posibilidad de modificar variables en función de las necesidades, como horas valle, horas punta, nivel de servicio, emergencias, tipos de vía o necesidades ambientales.

OPOSICIÓN A LA MEDIDA

Por supuesto, la medida también ha cosechado numerosas críticas durante las primeras 24 horas tras conocerse la intención del Gobierno de establecer estos peajes a partir de 2024, sobre todo desde el ámbito político y desde las asociaciones de consumidores.

En este sentido, Facua la ha rechazado argumentando que perjudicará a los usuarios con menor poder adquisitivo y la OCU denuncia que se trataría de un triple gravamen para los ciudadanos que ya pagan impuestos por circular con sus vehículos, aunque admite «la necesidad de una financiación adecuada del mantenimiento de todas las vías de circulación, pero sin un claro afán recaudatorio».

La Asociación del Transporte Internacional por Carretera (Astic) también se ha posicionado en contra aludiendo a esa misma «presión fiscal» que ya tiene la carretera o al impacto negativo en la competitividad de la economía española. La propuesta inicial del Gobierno, no obstante, excluiría a los transportistas del pago del peaje, que sería asumido por los cargadores.

«Lo que es indudable es que vamos hacia un mundo en el que los compromisos crecientes de las legislaciones medioambientales irán haciendo cada vez más necesario establecer tasas más exigentes para aquellos usuarios de un servicio que contamine más de lo necesario. Y debemos acostumbrarnos a ello, porque estarán a la orden del día e irán creciendo según aumenten los compromisos medioambientales de las directivas europeas, en especial todo lo relacionado con el Tratado de París y con el Plan de Descarbonización», concluye el profesor de logística sostenible de OBS Business School, Javier San Martín.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha identificado un nivel bajo del indicador de estrés de los mercados financieros españoles por primera vez desde la irrupción de la pandemia del coronavirus, según constata en su boletín trimestral.

La expansión del virus a nivel global dio lugar a un periodo de turbulencias en los mercados financieros internacionales y nacionales especialmente intenso en marzo de 2020, un mes en el que el indicador que mide el estrés de los mercados financieros se disparó y pasó de un nivel bajo de 0,19 a un nivel alto de 0,56.

En mayo llegó a marcar un máximo de 0,64 y desde entonces ha ido descendiendo paulatinamente, con algún ligero repunte a finales de octubre por la segunda ola del coronavirus, cerrando el pasado año en 0,36, un nivel de estrés medio en el que pareció estabilizarse.

Según explica la CNMV, con la recuperación de las cotizaciones de las compañías, el notable descenso de los indicadores de volatilidad y la ligera disminución de la correlación del sistema (aunque esta última se mantiene en valores superiores a los registrados antes de la crisis del coronavirus), la tendencia del estrés de los mercados financieros españoles fue claramente a la baja, colocándose a principios de abril en un nivel de estrés bajo, concretamente del 0,25.

El descenso ha sido generalizado en todos los segmentos, situándose el de los intermediarios financieros en 0,5 y el de los mercados de renta variable no financiera en 0,3 en abril.

LA VOLATILIDAD SE MODERA PERO NO A NIVELES PREPANDEMIA

El boletín trimestral de la CNMV señala que la recuperación económica y el avance en la vacunación motivó avances en los mercados de renta variable nacionales en el primer trimestre, anotándose el Ibex 35 un ascenso del 6,3%, algo inferior a otros índices internacionales.

Por sectores, las ganancias fueron más débiles para quienes tuvieron un mejor comportamiento en 2020. Destacaron los bancos, las empresas de servicio de consumo, las empresas de ingeniería, las petroleras, los bienes de consumo, las telecomunicaciones y la tecnología, mientras que el comportamiento más débil lo presentaron las compañías del sector energético y las empresas fabricantes de bienes industriales.

El avance de las cotizaciones y la recuperación de los beneficios empresariales esperados para los próximos meses propiciaron un descenso de la ratio entre el precio y los beneficios por acción (PER) desde 18,2 en diciembre a 17,5 en marzo, manteniéndose el indicador en valores elevados y por encima de su media histórica.

Por otro lado, la volatilidad siguió moderándose, hasta alcanzar un promedio trimestral en torno al 17%, pero todavía se encuentra por encima de sus mínimos históricos cercanos al 10% en los que cerró 2019, antes de la crisis del coronavirus.

Según explica la CNMV, en este contexto de caída de la volatilidd y avances en las cotizaciones, la contratación de valores españoles siguió a la baja en el primer trimestre del año (-27,1% interanual), disminuyendo tanto la negociación en el mercado regulado español como en los centros competidores.

En cuanto a los mercados de deuda, que habían finalizado 2020 con los tipos en mínimos históricos, iniciaron el año con ligeras alzaspor las expectativas de que subiese la inflación.

Así, las emisiones de renta fija registradas en la CNMV aumentaron un 13,3% en el primer trimestre del año y las emisiones en el exterior descendieron pero mantuvieron un importe «considerable». El rendimiento de la deuda pública a corto plazo aumentó ligeramente, aunque continuó en valores negativos por sexto año, mientras que el rendimiento de la deuda privada a corto plazo mostró ligeros descensos.

RIESGOS PARA LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

Por otro lado, el boletín destaca, entre los riesgos más relevantes para la economía española, aquellos relacionados con la posibilidad de quiebras empresariales en los próximos meses y con las vulnerabilidades financieras que puede traer consigo el aumento del endeudamiento público.

Según apunta la CNMV, la evolución de la pandemia es «clave» para la recuperación de la actividad española, que presenta una estructura «muy orientada a los servicios y con un predominio de empresas de tamaño pequeño». «Existe un riesgo de quiebras empresariales en los próximos meses, sobre todo en aquellas más pequeñas por ser más vulnerables en una situación de crisis tan profunda. Este riesgo afectaría negativamente tanto al entramado empresarial del país como al mercado laboral», señala.

Asimismo, la CNMV advierte de la vulnerabilidad para la economía española que deriva del notable aumento del endeudamiento público como consecuencia de la crisis y, por tanto, de la necesidad de garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Como nota positiva, se puede destacar el impulso que los fondos europeos pueden tener sobre la economía española a medio y largo plazo, así como la posibilidad de que el aumento del consumo sea mayor del previsto si la evolución de la pandemia permite materializar decisiones de gasto aplazadas en 2020″, destaca el informe.

La portavoz federal de IU y eurodiputada, Sira Rego, ha manifestado que su organización va a impulsar de nuevo un debate serio y sin hipocresías políticas en el Congreso y el Parlamento Europeo «para conseguir liberar las patentes de las vacunas contra el coronavirus para hacer universal su uso».

Rego se congratula de que «haya dirigentes europeos como la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, o formaciones como el PSOE que ‘han visto la luz’ y están dispuestas ahora a hablar en serio de la liberación de vacunas, aunque solo sea por puro seguidismo a las palabras de Joe Biden sobre apoyarlo».

En un comunicado, la formación indica que Von der Leyen no se había mostrado hasta hoy dispuesta a debatir sobre ello, aunque «con el importante matiz de que, a corto plazo, lo más urgente es que los países productores permitan la exportación de dosis».

«Si la presidenta de la Comisión quiere ‘debatir’, vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que lo haga, pero no desde el sillón de su despacho, sino desde el Parlamento. Bienvenida sea», apunta la portavoz de IU y eurodiputada.

Para Sira Rego, «frente a quienes caen en la tentación de correr a ‘colgarse medallas’ que no les corresponden», IU va a seguir con nuestro trabajo de «manera rigurosa».

«Respaldamos las exigencias de los países más desfavorecidos y las organizaciones de la sociedad civil con las que llevamos un año luchando por liberar las patentes y combatir mejor y más rápido el coronavirus», ha proseguido.

IU, a través de su grupo de Unidas Podemos en Bruselas, se sumó ya en junio de 2020 a la campaña de la plataforma Right2Cure para conseguir que la vacuna contra el Covid-19 fuera universal y gratuita.

Rego ha recordado que «el ‘melón’ sobre el debate de las patentes de las vacunas está abierto desde hace meses» y advierte de que «la diferencia está entre quienes tratan desde las instituciones de extenderlo, soportando incluso que les tacharan de ‘visionarios’ o ‘idealistas utópicos’, y quienes corren ahora a prenderse la servilleta para sentarse a la mesa».

La vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha aplaudido que, a raíz de algunos de sus comentarios sobre los procesos de reestructuración que estaban planteando ciertos bancos, ahora ve una disposición «renovada o reforzada» por parte de las entidades financieras para llegar a acuerdos con sindicatos y enfocar «de la mejor forma posible» dichos procesos.

Hace unas semanas, en declaraciones en el Congreso, Calviño calificó de «inaceptables» los elevados sueldos y bonus que cobran los directivos de banca que, en su opinión, «no se corresponden en absoluto» con la situación económica del país, especialmente en entidades que están anunciando fuertes recortes de personal y cierre de oficinas.

La vicepresidenta segunda ha destacado ante la Cámara Baja este jueves que el objetivo de estos procesos debe ser rebajar su coste en términos de empleo y dar soluciones a los trabajadores para recolocarlos, ya que no se trata solo del impacto en las entidades individuales, sino también en el conjunto de la economía.

«Valoro positivamente los mensajes que estamos conociendo y sigo emplazando al sector para actuar con responsabilidad pensando en sus intereses pero también en los del conjunto del país, como han hecho desde el principio de la pandemia», ha remarcado durante su intervención en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Y es que, según ha ensalzado la vicepresidenta segunda, el sector financiero ha jugado un papel «muy importante» desde el inicio de la crisis para articular los créditos y avales públicos. «Yo creo que desde el principio he hecho una valoración muy positiva del papel que estaban jugando las entidades financieras en la economía y quiero seguir haciendo públicamente», ha remarcado Calviño.

«UNA INMORALIDAD QUE ROZA LO PORNOGRÁFICO», DICE UNIDAS PODEMOS

La ministra se ha referido a esta cuestión tras ser interpelada por el portavoz económico de Unidas Podemos en el Congreso, Txema Guijarro, que ha tachado como «una inmoralidad que roza lo pornográfico» esta destrucción de empleo «mientras jerifaltes se reparten talonarios como si no hubiera un mañana».

«Quizás el Gobierno debería tomar consideración y de algún modo intervenir para que no ocurra», ha abundado Guijarro, cuya formación integra el propio Ejecutivo de coalición junto con el PSOE, señalando que «la moral del pueblo español no está para soportar este tipo de agravios».

Finalmente, Guijarro ha respaldado las declaraciones lanzadas por la vicepresidenta segunda tras conocerse el ERE en CaixaBank, donde venía a denunciar este tipo de expedientes frente a las elevadas retribuciones de los máximos responsables y ha expresado su deseo de que la banca «se alinee con la sociedad y asuma los esfuerzos que deba asumir».