El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado el sobreseimiento provisional del caso ‘Púnica’ para dos empresarios investigados por el plan de urbanismo de Valdemoro (Madrid) de 2004.

En un auto con fecha del pasado 5 de abril, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha acordado el archivo de una de las piezas separadas de la macrocausa para Faustino José Soriano Atencia y Javier Cid Sicluna. El juez considera que «no ha resultado debidamente acreditada» su participación en los hechos investigados.

El magistrado recuerda que la investigación por el presunto delito de malversación de caudales públicos de ambos empresarios tiene su origen en febrero de 2020 cuando la acusación popular ejercida por Adade solicitó la imputación de Soriano Atencia. Una petición a la que se adhirió la Fiscalía Anticorrupción y que el juez rechazó.

No obstante, ambos empresarios fueron llamados como investigados porque así se lo ordenó al juez la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal al estimar un recurso del Ministerio Público.

LAS ACUSACIONES CREEN QUE PARTICIPARON EN UN «PLAN CRIMINAL»

La Fiscalía y la acusación popular creen que Soriano Atencia y el constructor Javier Cid Sicluna participaron en un «plan criminal» que buscaba el enriquecimiento propio de los intervinientes en el mismo y causando un perjuicio del erario público, en este caso del Ayuntamiento de Valdemoro.

Así sostienen, según recuerda el juez García Castellón en su resolución, que el ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados, el empresario David Marjaliza, los hermanos Ramiro y Javier Cid Sicluna, el entonces alcalde de Valdemoro José Miguel Moreno Torres, y Soriano Atencia fueron parte del «concierto de voluntades» con el objetivo de facilitar la transmisión de una parcela situada en la zona conocida como Manjuelo Norte de la localidad madrileña a la constructora Obras y Vías, encabezada por Javier Cid Sicluna.

Sin embargo, el juez García Castellón, tras tomar declaración a Soriano Atencia y Cid Sicluna el pasado mes de febrero y analizar la prueba documental aportada por sus defensas, concluye que «no se constata indicio alguno que permita vincular a aquellos en la presunta trama dibujada por la acusación».

REPROCHE A UNA ACUSACIÓN POPULAR

De hecho, reprocha a Adade, sobre la que señala que «se presenta bajo la coordinación del PSOE», que promoviera la imputación de Soriano Atencia destacando como indicio el contrato de permuta por el que una de las empresas que pudo resultar beneficiada de este proyecto de urbanismo se hizo con seis parcelas pertenecientes al consistorio municipal supuestamente por un valor inferior al precio de mercado.

Para el magistrado es «llamativo» que la acusación popular solicitara tal declaración como investigado basándose en dicho contrato cuando el PSOE «facilitó, con su voto favorable en el Pleno celebrado el 29 de septiembre de 2004, que se realizara precisamente la mencionada permuta que ahora se señala como parte del plan criminal».

«Tampoco ha resultado acreditada una voluntad criminal de promover en perjuicio del patrimonio municipal un desarrollo urbanístico», afirma el juez García Castellón. Califica de «legal» la actuación de los investigados para «promover un desarrollo urbanístico» en El Manjuelo Norte, puesto que no existe «ni intervención de autoridad o funcionario público, ni perjuicio para bien municipal ninguno».

NO HAY PRUEBAS DE INCREMENTO PATRIMONIAL

Añade el magistrado que tampoco hay pruebas de que Soriano Atencia hubiese incrementado su patrimonio al recibir contraprestaciones por su presunta «intervención» en estos negocios con la participación del constructor Javier Cid Sicluna.

Así, considera «simples especulaciones en la medida que no se ha podido justificar» las sospechas al respecto de las acusaciones, en especial de la Fiscalía, que interesó el embargo preventivo de los bienes de los investigados.

«En consecuencia, tampoco es posible sostener la participación de Javier Cid en los hechos, en la medida en que no ha resultado acreditado que el señor Soriano recibiese regalo alguno», concluye el juez instructor.

El consejero delegado de la constructora Teconsa, José Luis Martínez Parra, ha reconocido ante la Audiencia Nacional que pagaron a la Gürtel 1,8 millones de euros por la adjudicación por parte del Ayuntamiento de Boadilla del Monte de la construcción de una piscina cubierta, un colegio de primaria y tres promociones de viviendas.

La representación del constructor, procesado en la pieza separada de Boadilla del Monte de la causa Gürtel, modifica así sus conclusiones de defensa y solicita una sentencia de conformidad a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, encargada de juzgar esta causa.

En un escrito, reconoce así que Teconsa «encargó al grupo de Correa la gestión para la adjudicación de obras públicas a su favor» dado que eran conscientes de las «magníficas relaciones» que tenía Correa con distintas administraciones gobernadas por el Partido Popular. «Y sabedor del coste que conllevaba la citada gestión para pago de los favores que se le iban a conceder», indica.

Como consecuencia de ese encargo, Martínez Parra indica que se le adjudicaron a Teconsa distintas obras por parte del Ayuntamiento de Boadilla del Monte y de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) del municipio.

Concretamente reconoce que se le adjudicaron las obras de la piscina municipal cubierta del Polígono de Las Eras por contrato firmado con el entonces alcalde, el también imputado Arturo González Panero, en 2002. El coste de las obras tuvo un modificado en julio de 2004 con importe de 580.519 euros, y un complementario aprobado septiembre de 2004 por importe de 393.564 euros.

A esta obra suma la del Colegio de Enseñanza Primaria y apunta que el contrato fue firmado en enero de 2003 entre González Panero y Rafael Martínez Molinero –directivo también de Teconsa–. Indica que según informe de la Junta Consultiva el retraso en la ejecución constituyó un fraude en si mismo, pues fue el plazo el principal criterio de adjudicación del mismo.

Entre 2001 y 2007, Martínez Parra también reconoce que les adjudicaron la construcción de 96 viviendas, y recuerda que el precio excedió en 2,8 millones de euros el previsto sin que se tramitara ningún expediente de modificación. A esto añade un contrato de redacción de proyecto básico, seguridad y ejecución de obras de un edificio de 80 viviendas en 2002, y otro más de 57 viviendas de promoción local.

En este segundo caso explica que el presupuesto base de licitación fue de 9,4 millones mas un 19 por ciento de gastos generales y beneficio industrial, y que se otorgó una valoración muy baja a la oferta económica a los criterios subjetivos. Si bien se adjudicó la obra inicialmente a ACIS SA, posteriormente se resolvió el contrato y se adjudicó a Teconsa.

EL VIAJE A GALICIA EN EL QUE SU PADRE CONOCIÓ A CORREA

En el escrito, José Luis Martínez Parra recuerda no obstante que quien llevaba el peso del negocio, «la dirección total», era su padre –ya fallecido–, pero apunta que él siempre estuvo a su lado y que fue «conocedor y consentidor» de la mayoría de las decisiones.

Además, explica que su padre conoció a Correa en un viaje a Galicia porque tenían como amigo en común a Pablo Crespo, por entonces dirigente del PP gallego, y que a partir de ahí tuvieron más contactos. Apunta que es en 2008 cuando su padre, José Martínez Núñez, se lo presenta.

En su escrito de modificación de conclusiones, Martínez Parra apunta que abonó a Correa esos 1,8 millones en 2007 y que el pago fue en dos partes: 1,38 millones en efectivo y 420.000 euros en facturas emitidas por CRESVA (empresa del imputado Pablo Crespo) a Teconsa «que reflejaban servicios inexistentes». Martínez Parra indica en su escrito que desconoce como se repartieron esas cantidades «entre los distintos beneficiados por la adjudicación incorrecta de las obras».

REBAJA DE DOS GRADOS

La defensa añade que dado que reconoce estos hechos solicita que aprecie «la rebaja de dos grados en aplicación de la atenuante analógica de confesión» recogida en el Código Penal. Busca así alentar una modificación de la petición de Fiscalía en su escrito de conclusiones.

Por lo tanto, considera que por el delito continuado de prevaricación relacionado con los contratos adjudicados desde el Ayuntamiento de Boadilla del Monte y desde la EMSV, la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público sea por un tiempo de tres años, y no nueve como solicitaba en su escrito Fiscalía.

Por el delito de fraude a las administraciones públicas, interesa la pena de seis meses de prisión con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos años y seis meses.

Para el de falsedad en documento mercantil en relación con las facturas emitidas por CRESVA S.L. a Teconsa, propone la pena de seis meses de prisión, y por el delito continuado de cohecho activo por los pagos desde Teconsa a González Panero, César Tomás Martín Morales y Alfonso Bosch Tejedor, la pena de un año de prisión.

Esta confesión de Martínez Parra llega a los pocos días de que el líder de la trama Gürtel remitiera una carta a Fiscalía Anticorrupción en la que reconoce como «ciertos» los hechos que el Ministerio Público refleja en su escrito de acusación por las irregularidades en el Ayuntamiento madrileño de Boadilla del Monte, dirigido entonces por Arturo González Panero, de quien destacaba la «ambición desmedida» y una actuación «amoral». Esta pieza se comenzará a juzgar el próximo 22 de septiembre y está previsto que se alargue hasta febrero de 2022.

El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, ha advertido este jueves que estarán en Madrid «presentes y nos haremos notar» en señal de protesta por las últimas modificaciones que se quieren plantear sobre el trasvase. «Nuestra planificación significa rapidez y mucho ruido», ha avisado.

Así lo ha adelantado tras la reunión de la Mesa del Agua para tratar las últimas decisiones del Gobierno central en torno al trasvase Tajo-Segura.

Por su parte, el presidente de la Mesa del Agua, José García Gómez, ha destacado que dicho órgano refuerza, de forma unánime, su apoyo a los planteamientos de los regantes y han quedado emplazados a la reunión que se celebrará este lunes, de forma conjunta, el Círculo del Agua (Murcia, Almería y Alicante), donde se concretarán las medidas de protesta a llevar a cabo.

Según García, «venimos de un año de agravios al trasvase que ha desembocado, después de muchas mermas injustificadas, en modificaciones de las reglas de explotación y posibles aumentos de caudales ecológicos en el Tajo, que conllevaría una merma sustancial de los recursos disponibles para trasvasar».

«Esto puede ser la gota que colme el vaso», ha expresado, para después confesar que tienen una «rabia contenida por la falta de justificación que apuntan a esas medidas, que parece ser que se van a tomar».

El presidente del Scrats considera que lo que en su día se denominó Ministerio de Transición Ecológica «no es tal, ya que la deriva que ha tomado este último año denota la intencionalidad de un ministerio que tendría que pasar a denominarse ministerio de imposición ideológica, que es lo que está ocurriendo».

Y es que, ha criticado, «van a marcha martillo a forzar una revisión fuera de lugar y de tiempo de las reglas de explotación del trasvase, que supondrá una primera merma de alrededor de 13 hm3 para las futuras opciones de desarrollo de las legiones levantinas para contentar ideológicamente a sus homólogos en Castilla-La Mancha».

De forma paralela, dice, «se tramita la planificación hidrológica, que será el rejonazo definitivo a este trasvase, al menos en lo que se refiere al envío de aguas para regadío al Levante español, que traerá como efecto colateral el fin de la desalación, que está enclaustrada en Torrevieja».

Avisa que el «golpe» que se le dará a los empresarios del sector hortofrutícola será «difícil», por lo que barajan «todo tipo de movilizaciones» en el marco que la situación sanitaria permita.

«El Ministerio, insiste, está aprovechando de manera torticera el escenario de pandemia para, a marcha martillo, introducir este tipo de modificaciones legislativas que lastran el trasvase». En opinión de Jiménez, «estamos en un momento en el que derechos fundamentales como el de manifestación está, cuanto menos, lastrado».

Preguntado por si temen restricciones para consumo humano, ha recordado que el caudal ecológico es de «obligado cumplimiento legal», aunque ha anunciado que pedirán que «no introduzcan modificaciones que acaben con la llegada de agua para regadío al trasvase.

«Con los caudales ecológicos que se implementan, el primer recurso a salvaguardar es el uso humano y ojalá no nos veamos nunca en las restricciones que tuvimos en los años 2017 y 2018», ha concluido.

Unidas Podemos ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley (PNL) pidiendo al Gobierno que apoye la modificación de la Ley de Secretos Oficiales de 1968 con el fin de evitar que sigan como material clasificado documentos que pudieran poner de manifiesto «violaciones de derechos humanos» o actos delictivos «incompatibles con los valores democráticos».

Así lo traslada la formación mediante esta iniciativa, suscrita el pasado 22 de marzo por el diputado y secretario general del grupo parlamentario Txema Guijarro, para su debate en la Comisión Constitucional de la Cámara Baja.

Precisamente esta semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado que el Ejecutivo está trabajando en una nueva Ley de Secretos Oficiales por entender que es bueno para la calidad democrática española.

Pero, con independencia de lo que prepare el Gobierno, el Congreso ya tiene una reforma en tramitación. Así, en junio del año pasado tanto los partidos del Ejecutivo como el PP y las formaciones independentistas apoyaron la admisión de un proposición de ley del PNV para reformar la Ley de Secretos Oficiales y acelerar la desclasificación de documentos, una norma que los nacionalistas vascos llevan planteando desde 2016.

MANTENER LA LEY FRANQUISTA ES UNA «ANOMALÍA DEMOCRÁTICA»

Ahora el texto de esta PNL, detalla que la actual normativa data de 1968, aprobada durante la dictadura franquista, y que «mantenerla intacta» a día de hoy muestra una «anomalía democrática tanto por sus carencias y limitaciones, como por su discrecionalidad».

«Esto nos posiciona, como país, dentro de un marco más cercano al principio de ‘arcana imperii’ que a los principios constitucionales de publicidad, transparencia y accesibilidad de un Estado Social y Democrático de Derecho», ahonda la formación en su exposición de motivos.

También argumenta que el «secretismo» con el que se opera en cuanto a materia clasificada «también tiene efectos negativos sobre la investigación para el esclarecimiento de hechos históricos».

Tras recordar que en 1984 se emitió una orden ministerial de apertura parcial de ese material y se permitió la consulta con fines de investigación de documentos con antigüedad de más de 25 años del Archivo General de la administración, la iniciativa especifica que, sin embargo, en 2010 el Ejecutivo declaró secreto 14 temas que constituyen «toda la política exterior española». Simultáneamente, se propuso desclasificar 10.000 documentos por parte del Ministerio de Defensa, lo que «nunca se llevó a cabo». Todo ello motivó la protesta de unos 400 investigadores en 2011.

También critica que se haya roto la «unidad del archivo» enviando el material anterior a 1931 al Archivo Histórico General, al que sí se puede acceder, y que relatores de la Organización de Naciones Unidas (ONU) hayan cuestionado que no existe un criterio claro a la hora de decidir qué documentos pueden levantarse su categoría de secreto oficial.

«Es necesario impulsar las medidas necesarias para sustituir el acuerdo de 2010, y modificar la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales, para ponernos a la altura del momento histórico y con Estados democráticos de nuestro entorno en materia de transparencia y acceso a la historia», insiste Guijarro.

ACCESO MÁS «SENCILLO Y LIBRE»

Por todo ello, Unidas Podemos demanda con su iniciativa que se permita un acceso «más sencillo y libre» a la documentación histórica en poder de la Administración General del Estado, unido a la modificación de la normativa de 1968 basada en la aplicación de límites temporales de materia reservada en función del contenido.

Por último, aboga por evitar una clasificación genérica, así como «transparentar y motivar» dichas clasificaciones. Pero sobre todo pide que no se clasifique como secretos oficiales materias o documentos que «pongan de manifiesto violaciones de derechos humanos, perpetración de delitos de lesa humanidad, actos delictivos que resulten manifiestamente incompatibles con los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales, o que vulneren tratados internacionales».

Acción Cultural del País Valencià (ACPV) ha exigido este jueves al Gobierno valenciano y al central que se haga efectiva la reciprocidad de las televisiones autonómicas valenciana, À punt; catalana, TV3, y balear, IB3, para que puedan verse en estos territorios. En esta línea, ha reclamado que se habilite «un segundo múltiplex» para que esa reciprocidad sea «plena».

Así lo ha planteado el secretario de ACPV, Toni Gisbert, en la rueda de prensa ofrecida por las distintas entidades que reclaman la igualdad lingüística en España y que han impulsado el debate en el Congreso de una proposición no de ley para que se garanticen los derechos lingüísticos de las ciudadanos no castellanohablantes.

Gisbert ha indicado en esta comparecencia, ofrecida desde distintas comunidades autónomas, que entre las reivindicaciones que plantea figura también esa reciprocidad que se demanda.

A este respecto, ha aludido al punto 7 de la mencionado proposición no de ley, en el que se solicita «permitir el uso administrativo de las diferentes lenguas entre territorios de un mismo espacio lingüístico, dentro y fuera de las fronteras administrativas, sin barreras y firmando acuerdos por la recepción recíproca de medios de comunicación dentro de estos espacios lingüísticos.

«Es el punto sobre el que se apoya la reciprocidad de medios de comunicación entre territorios autonómicos con una misma lengua oficial. Se debe afirmar su implementación y concretar con medidas» desde el Gobierno, ha expuesto el representante de ACPV.

De este modo, ha instado a «completar» la «recepción de Euskaltelevista en todo el territorio navarro, tanto el canal en castellano como en euskera», que «aún sufre algunos obstáculos» y en el caso galaico-portugués a «negociar y firmar acuerdo entre el Gobierno y la administración gallega y portuguesa» y lograr esa «reciprocidad de televisión».

Por lo que respecta al «ámbito lingüístico catalán», Toni Gisbert ha afirmado que el pronunciamiento hecho en el Congreso implica «la exigencia al Estado español» de hacer efectiva «la reciprocidad y el intercambio de señales entre territorios que comparten lengua». Ha destacado que hay que tener en cuenta que «ya hay acuerdo entre los gobiernos catalán y valenciano» en esa dirección.

«El gobierno catalán y el valenciano ya han hecho sus deberes. Llevamos ocho años esperando a que se cumpla la segunda parte para hacer efectiva esa reciprocidad», ha manifestado, al tiempo que ha insistido en la necesidad de disponer de un «segundo múltiplex». «Estamos esperando que el Gobierno español cumpla su parte, una vez que los gobiernos autonómicos lo han hecho, y conceda ese segundo múltiplex», ha añadido.

Gisbert se ha mostrado a favor de plantear esa «exigencia» tanto al Ejecutivo central como «a todas las fuerzas –políticas– que aprobaron eso». «No hay mayoría absoluta. Es posible intervenir para que la política no se quede en simple retórica», ha aseverado, al tiempo que ha defendido que «lo que aprueba el legislativo sea respetado y asumido por el ejecutivo».

Preguntado por si desde ACPV y otras entidades se va a insistir en esa petición al Consell y en reclamar el segundo múltiplex, ha respondido que es un asunto que se mantiene. «Es una cuestión que los que estamos aquí mantenemos», ha afirmado, al tiempo que ha precisado que «más que una petición» ya «es una exigencia al gobierno valenciano actual».

Toni Gisbert ha expuesto que «desde el punto de vista estrictamente técnico» es «imposible» que el conjunto de señales que se solicitan «puedan entrar por el múltiplex actual que gestiona el Consell». «Se puede ampliar algún canal más pero para la plena reciprocidad es necesario un segundo múltiplex», un elemento «que en la planificación original estaba previsto», ha destacado.

«PLANIFICACIÓN»

Tras ello, ha apuntado que en la infraestructura actual se podría permitir un canal más pero no lo ha considerado suficiente. «Si así fuera, mañana se podría ver la señal de TV3, un canal más en catalán» en el territorio valenciano, aunque ha insistido en una reciprocidad más amplia.

Asimismo, Gisbert ha valorado «la buena acogida del proceso que la actual dirección de À punt desarrolla» para colaborar con TV3 y difundir contenidos, también de manera «simultánea».

«No exigimos una novedad sino una planificación» ya reconocida «desde 2010» y «desde 2013» más «en concreto». «Ya han pasado ocho años incumpliendo», ha aseverado, además de reiterar que «mientras no esté ese segundo múltiplex no será posible la plena reciprocidad». «El Gobierno español debe cumplir la planificación prevista» y los acuerdos, ha agregado.

Las exalcaldesas de Madrid Ana Botella y Manuela Carmena recibirán este año las Medallas de Honor de la capital con motivo de la festividad de San Isidro, el próximo 15 de mayo, ha anunciado en rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno la portavoz del Gobierno municipal, Inmaculada Sanz.

Además, el presidente del Patronato del Teatro Real, Gregorio Marañón; el escritor Andrés Trapiello, el cantante José Ramón Martínez Márquez, Ramoncín, y la Fundación José María de Llanos serán galardonadas este próximo 15 de mayo con la Medalla de Oro de la ciudad.

Estas propuestas acordadas en la Junta de Gobierno pasan ahora a la comisión del área de Cultura, Turismo y Deporte, para su posterior elevación al Pleno de Cibeles.

LAS EXALCALDESAS DE MADRID

Ana Botella (Madrid, 1953) fue regidora de la capital entre diciembre de 2011 y junio de 2015. Licenciada en Derecho, fue la primera mujer en ocupar la Alcaldía de la capital de España. En 2003 fue elegida concejal del Ayuntamiento de Madrid, y nombrada segunda teniente de alcalde, ocupándose de la Concejalía de Gobierno de Empleo y Servicios a la Ciudadanía hasta 2007.

En las elecciones de 2007 fue la número dos en la lista del PP para el Ayuntamiento y se hizo cargo de la Concejalía de Medio Ambiente. El Pleno la nombró alcaldesa tras la marcha de Alberto Ruiz-Gallardón al Gobierno de la Nación.

Madrileña del 44, la jueza Manuela Carmena fue alcaldesa de Madrid desde junio de 2015 hasta junio de 2019. En 1965, se licenció en Derecho y en 1981 comenzó a ejercer en la carrera judicial. Además, fue Juez de vigilancia penitenciaria y titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Madrid siendo elegida decana en 1993.

Ha sido vocal del Consejo General del Poder judicial y juez de vigilancia penitenciaria siendo titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Madrid. Desde 2010 está jubilada de la judicatura.

MEDALLAS DE ORO

Gregorio Marañón y Bertrán de Lis es el presidente del Patronato del Teatro Real y académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Ha apostado durante su trayectoria y en concreto durante la pandemia, por la difusión de la cultura en Madrid, siendo el primer teatro en Europa en ofrecer ópera tras el inicio de la pandemia y situar a la ciudad como referente cultural internacional.

La Fundación José María de Llanos se creó con el propósito de ofrecer a los vecinos de Vallecas, El Pozo y Entrevías y especialmente a sus jóvenes, nuevas posibilidades de formación, educación, inserción laboral y participación social. Cuenta con un espacio llamado ‘Mujer Madrid’ dedicado a la atención integral a las mujeres en la ciudad con tres vías principales de atención: la acogida de mujeres en situación de vulnerabilidad, la atención formativa y la mejora de la formación para mujeres en situación de precariedad laboral.

Andrés García Trapiello, escritor y editor nacido en Manzaneda de Torío, provincia de León, en 1953, es autor de una extensa obra literaria. La ciudad de Madrid ha sido escenario referente de su serie de diarios El salón de los pasos perdidos y de su obra Madrid una especie de guía biográfica, en la que mezcla sus anécdotas y recuerdos con la descripción de los rincones de esta ciudad.

Ramoncín nació en Madrid en 1955. Ha contribuido al impulso del rock en España en general y en Madrid, de manera muy especial. Durante su trayectoria, también ha colaborado con distintos programas de radio y televisión.

Efectivos de la Policía Local de Málaga han detenido a un hombre natural y vecino de Málaga de 35 años como presunto autor de un delito de amenazas graves, atentado y resistencia a agentes de la autoridad.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 04.10 horas de la madrugada del miércoles 31 de marzo, cuando una patrulla de la Policía Local de Málaga se acercó a un piso ubicado en la barriada La Palma desde el que trascendía música, y voces de un número elevado de personas cantando y gritando.

Al llegar, los policías locales pudieron escuchar con claridad como desde dentro decían: «Es la Policía, callaros», acompañado de otras frases soeces e irrespetuosas hacía los agentes, tras lo que comenzaron a escucharse golpes en la puerta desde el interior y voces amenazándolos de muerte.

Así, mientras se acercaba hasta el lugar otra unidad en apoyo, un varón sin camiseta ni mascarilla abrió la puerta del inmueble, sin llegar a traspasar el umbral y comenzó a dar manotazos en la misma, a la vez que vociferaba: «Os voy a dar en la cabeza como le estoy dando a la puerta como hagáis llorar a mi niña».

El hombre mostraba una actitud sumamente agresiva y desafiante, haciendo ademanes con las manos de modo intimidatorio y mordiéndose la lengua, siendo sujetado por hasta tres personas que se encontraban en el interior y trataban de calmarlo sin éxito.

Además, según ha informado la Policía Local en un comunicado, en un momento dado, el individuo comenzó a darse golpes con sus propios puños, a la que vez que continuaba amenazando de muerte a los agentes, entrando en la vivienda y volviendo a salir con una niña de unos dos años en brazos, comenzando a señalar de modo amenazante a la altura de la cara de uno de los policías, consiguiendo arrebatarle la menor entre tres varones y una mujer e introduciéndolo nuevamente en el interior.

Instantes después, tras zafarse de sus acompañantes y volver a salir del inmueble, el individuo arremetió contra el agente propinándole un manotazo en la cara, tras lo que propinó otro a su compañero cuando se dispuso a mediar, llegando incluso a arrancarle la mascarilla que portaba, todo ello vociferando e incitando al resto de presentes a que lo ayudasen.

Ante los hechos, los policías locales detuvieron al individuo, oponiendo el mismo una fuerte resistencia activa, llegando a tropezar y caerse por los escalones y siendo finalmente engrilletado y conducido hasta un vehículo policial.

Asimismo, mientras, los otros agentes trataban de contener a varias personas que intentaban evitar la acción policial, personándose en el lugar otras dotaciones policiales con las que se controló totalmente la situación.

En la actuación, los policías locales pudieron observar que en el interior del domicilio había entre 12 y 13 personas, algunas de ellas menores.

El detenido fue denunciado administrativamente por el incumplimiento de varias medidas preventivas recogidas en la legislación vigente con respecto a la pandemia por COVID-19, tales como no hacer uso de mascarilla y la celebración de reuniones, fiestas o cualquier otro tipo de actividad permanente o esporádica, de carácter privado y en espacio privado, en el que se produzcan aglomeraciones que impidan o dificulten la adopción de las medidas sanitarias de prevención que supongan o puedan suponer un riesgo a menos de quince personas, tratándose de una infracción leve.

El infectólogo e investigador del Hospital Germans Trias i Pujol Oriol Mitjà ha criticado la gestión de la pandemia de coronavirus en su libro ‘A cor obert’ (Columna), en catalán, y ‘Un año a corazón abierto’ (Destino), en castellano, porque considera que «a los políticos les da igual todo».

«Lo resumo como un testimonio de vida ordenado con muchos sentimientos» ha explicado Mitjà este jueves en la rueda de prensa telemática de presentación del libro en el que relata sus vivencias durante la pandemia en Cataluña así como sus orígenes, su infancia y su vocación por la medicina.

Junto a su editora, Glòria Gasch, Mitjà ha defendido la importancia de reflexionar sobre la crisis derivada del Covid-19 y ha destacado que el libro refleja su forma de ser: «Soy sentimental y diáfano y el libro es como soy yo, no hay ni más ni menos».

«Si no hacemos una reflexión pausada sobre lo que ha pasado no extraeremos las conclusiones», ha insistido Mitjà, que ha argumentado que estas conclusiones deben servir para evitar eventuales pandemias que puedan llegar en el futuro.

El libro está dividido en siete partes: las dos primeras centradas en la personalidad y la vida del autor; tres dedicadas a la aparición del virus y la gestión de la pandemia; otra en la que relata su relación con la clase política; y una última «reflexión profunda llena de esperanza» que anima al lector a luchar, según Gasch.

De hecho, Mitjà ha asegurado que «el lector se sentirá muy identificado» porque trata aspectos de la pandemia que, a su parecer, la ciudadanía también ha experimentado como el impacto del virus en la vida de las personas y la desafección política, entre otros.

De esta manera, el autor contextualiza y narra los hechos derivados de la pandemia en Cataluña y acompaña al lector para «hacer el proceso de reflexión» y extraer las conclusiones de la gestión, ha apuntillado Mitjà.

«NO TRABAJABAN LOS UNOS CON LOS OTROS»

Al ser preguntado por la politización de la pandemia y la gestión que ha hecho la clase política, Mitjà ha detallado que entran en juego «tres ramas»: la evaluación científica desde las ciencias naturales, la evaluación científica desde las ciencias sociales y finalmente las decisiones políticas que se toman.

Sin embargo, ha criticado que «a los políticos les da igual todo» y, a su parecer, toman decisiones que muchas veces están poco argumentadas, poco reflexionadas y muy influidas por las urgencias del momento lo que, ha dicho, refleja la falta de preparación de la clase política.

Sobre la gestión de la pandemia en Cataluña, Mitjà ha censurado que los líderes catalanes «seguían teniendo intereses partidistas y no trabajaban los unos con los otros».

«Sobre todo testimonié las traiciones de ERC contra Junts porque tenía más contacto con Junts, pero del otro lado también me han dicho que han habido», ha detallado, y ha reivindicado que él es muy de izquierdas y en el libro se demuestra que no tiene intereses políticos, en sus palabras.

DOS ERRORES «PRINCIPALES»

Mitjà ha concretado que los dos errores «principales» del Ministerio de Sanidad en la primera ola fueron la falta de vigilancia con una definición de caso Covid-19 vinculada a las personas que venían del extranjero sin tener en cuenta aquellos infectados directamente en España.

El segundo error, para Mitjà, fue decretar el Estado de Alarma y el confinamiento «demasiado tarde» cuando el modelo matemático, según el investigador, apuntaba que no había otra salida y, ha dicho, el pico de muertes es una consecuencia directa de este atraso.