Agentes de la Policía Nacional han detenido en El Puerto de Santa María (Cádiz) a un hombre de 27 años de edad como presunto autor de dos delitos de homicidio en grado de tentativa y agresión sexual. Una vez puesto a disposición judicial del Juzgado de Instrucción número uno de El Puerto, decretó su ingreso en prisión preventiva.

Según ha explicado la Policía Nacional en una nota, los hechos ocurrieron cuando en la madrugada del 17 de abril el CIMACC- 091 recibió una llamada informando que la mujer de un piso adyacente estaba solicitando auxilio.

Hasta el lugar se desplazaron varios indicativos del Grupo de Atención al Ciudadano cuyos agentes comprobaron que efectivamente en el interior de una vivienda se encontraban dos personas y para acceder a su interior tuvieron que hacerlo a través del balcón de la vivienda de la requirente, poniendo en peligro su vida e integridad física habida cuenta que la vivienda se hallaba en un tercer piso.

En el interior los agentes localizaron en su interior a dos mujeres, una con abundante sangre en el rostro en estado consciente, con un corte profundo sangrante en uno de los antebrazos y otra en posición decúbito supino con abundante sangre en la cara, mandíbula desplazada del lugar natural, semiinconsciente. Los agentes prestaron los primeros auxilios para mantener la permeabilidad de las vías respiratorias debido a la gravedad de las heridas y lesiones.

El interior de la vivienda presentaba signos de lucha, estando totalmente desordenada y con el mobiliario dañado, procediendo los primeros actuantes a la apertura de la puerta de esta vivienda con la finalidad que pudieran entrar resto de indicativos policiales y asistenciales, hallando en una primera inspección del lugar un cuchillo de 20 centímetros de longitud con restos de sangre y por otro lado, el mango tirado en el suelo.

Una de las víctimas que se encontraba consciente facilitó datos a los agentes que permitieron localizar al presunto autor de la agresión, el cual vivía en el mismo bloque de viviendas. Por todo ello se realizaron gestiones para conocer la identidad del presunto autor y a través del grupo de incidencias de la Comisaría de El Puerto de Santa María se solicitaron a la Autoridad Judicial sendos mandamientos de entrada y registro del domicilio, donde se encontraba el presunto autor con la finalidad de proceder a su detención.

Una vez otorgados los mandamientos judiciales, se realizaron las diligencias de entrada y registro llevadas a cabo en colaboración con funcionarios pertenecientes a la Unidad de Prevención y Reacción los cuales efectuaron la detención material del detenido. La Brigada de Policía Científica, realizó inspecciones, recogiendo vestigios fundamentales para el esclarecimiento de los hechos.

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha expresado este viernes el apoyo de España a las próximas elecciones parlamentarias en Palestina y ha pedido expresamente a Israel que facilite no solo que se puedan celebrar en todos los territorios, incluido Jerusalén Este, sino también la llegada de observadores europeos.

«España apoya decididamente la celebración de elecciones en Palestina 15 años después de las últimas legislativas», ha señalado la ministra en rueda de prensa junto a su homólogo palestino, Riyad al Malki, en referencia a las parlamentarias previstas para el 22 de mayo y las presidenciales del 31 de julio.

En opinión de la ministra, los comicios «son cruciales para fortalecer el proceso democrático» así como «la legitimidad de las instituciones y el liderazgo palestino».

Además, se ha mostrado convencida de que también beneficiarán a Israel ya que ha venido reclamando, al igual que España y la UE, «un liderazgo creíble y legitimado» en la parte palestina con vistas a poder avanzar en la cooperación bilateral y en las negociaciones de paz.

González Laya ha aprovechado en este punto para animar a Israel a «facilitar las elecciones en todo el territorio ocupado, incluyendo Jerusalén Este», amparándose en que así lo prevén los Acuerdos de Oslo y así ocurrió en los comicios de 1995 y 2006.

Precisamente, el ministro palestino ha explicado que ha trasladado a su homóloga española la «preocupación» de la Autoridad Palestina en cuanto a la celebración de las elecciones en Jerusalén Este dada la reacción de las autoridades israelíes que han «cerrado lugares, no han permitido reuniones y han detenido a candidatos».

Malki ha subrayado que para ellos es «muy importante» que puedan votar todos los palestinos, tanto los de Cisjordania, como los de la Franja de Gaza y los de Jerusalén Este, y ha pedido «garantías» de que no habrá «ninguna interferencia» en este último lugar, que los palestinos quieren que sea la capital de su eventual estado.

Nabil Shaath, asesor principal del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, aseguró el martes que es «muy probable» que las elecciones, las primeras desde 2006, se retrasen si Israel no permite la votación en Jerusalén Este.

OBSERVADORES DE LA UE

Por otra parte, González Laya ha indicado que «España, junto con el resto de miembros de la UE, está dispuesta a enviar una misión de expertos en observación electoral». A este respecto, ha pedido al Gobierno israelí que «facilite la presencia de este equipo como garantía adicional de la limpieza del proceso democrático».

Fuentes del Servicio Europeo de Acción Exterior han confirmado este viernes que Israel no ha respondido aún a la petición remitida por la UE en febrero para el envío de una misión exploratoria como paso previo al despliegue de una misión de observación de cara a las elecciones palestinas. Ante estas circunstancias, se siguen estudiando «otras opciones» para garantizar la transparencia del proceso, han precisado las fuentes.

Tras reiterar el compromiso de España y la UE con la seguridad de Israel y la lucha antiterrorista, la jefa de la diplomacia ha resaltado que «la legitimidad que dan las urnas beneficiará también a las negociaciones de paz para acordar una solución de dos estados, Israel y Palestina, viviendo lado a lado, en paz y seguridad».

Asimismo, ha apostado por hacer del 30 aniversario de la Conferencia de Madrid «un nuevo punto de partida para un nuevo impulso a estas negociaciones de paz, mirándolas no con nostalgia sino como un incentivo que sigue siendo imprescindible resolver este conflicto clave para la estabilidad de Oriente Próximo».

González Laya también ha expresado la voluntad del Gobierno de intensificar las relaciones con la Autoridad Palestina, incluida la celebración cuando la pandemia lo permita de una reunión de alto nivel, así como de mantener el apoyo a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA).

Por su parte, ha destacado que España «es un país muy cercano» a los palestinos y que entiende la necesidad de la celebración de elecciones, agradeciendo el «apoyo incondicional por parte de España a la lucha del pueblo palestino, a la paz, la justicia y la independencia». «Para nosotros es muy importante», ha reconocido.

Las entidades de Infancia de la Plataforma del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid, de la que forma parte la Fundación Yehudi Menuhin España, quiere aprovechar esta campaña electoral para señalar que necesitan una estrategia integral de atención a la infancia que asuma los siguientes puntos básicos y los desarrolle.

Así, consideran urgente agilizar la tramitación de la nueva Ley de Infancia autonómica para poder contar con ella antes de finalizar el año en curso. «Las necesidades de alimentación, higiene y salud deben estar garantizadas para todos los niños, niñas y adolescentes sea cual sea su origen, cultura, religión, situación social o económica», han añadido.

Además, las entidades que el sistema de protección y acogimiento ha de estar en el marco de los Derechos de la infancia, acorde a los tratados y leyes existentes. «Es necesario revisar el funcionamiento del sistema de protección a la infancia para conseguir una protección efectiva ante las situaciones de riesgo y desamparo que garantice su protección en nuestra comunidad, independientemente de si son nacionales o no», apuntan.

Para ello piden establecer el marco específico y necesario: modelos, acuerdos, reglamentos, y financiación que permitan abordar con todos los derechos esta protección, y poderlo hacer con continuidad.

DERECHO AL JUEGO Y AL OCIO

El artículo 31 de la Convención de Derechos del Niño recoge el derecho al juego y el ocio. Para garantizar que la infancia y adolescencia pueda ejercer ese derecho, es necesario que la administración apoye a las entidades que trabajan con infancia y adolescencia «educando en el tiempo libre, sobre todo en la situación actual con la crisis sanitaria de la Covid-19».

Por otro lado, estas entidades quieren que la Comunidad de Madrid debe garantizar que existan mecanismos para que los niños puedan ejercer su derecho a participar tanto en casa como en el colegio, como en la sociedad. «A participar se aprende participando, pero es necesario trabajarlo desde la primera infancia y contar con el apoyo de las administraciones», apuntan.

Por último, la Plataforma del Tercer Sector recuerda que todos los niños y adolescentes tienen derecho a la igualdad de oportunidades en la educación. «Ninguna barrera económica, social o tecnológica puede limitar sus opciones a aprender» concluyen entre sus peticiones.

El abogado Gonzalo Boye ha formulado recusación contra la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, María Tardón, al entender que tiene un interés «personal» en «llevar al banquillo de los acusados» al letrado, procesado por su presunta participación en un entramado criminal para blanquear dinero proveniente del narcotráfico.

En un escrito, la defensa de Boye –conocido por ejercer la defensa del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont– recuerda que el abogado prestó declaración indagatoria en enero y que tres días después presentó «prueba objetiva y contundente» que cuestionaba los hechos por los que fue procesado en esa causa en al que también está ‘Sito Miñanco’.

Apuntaba entonces que a partir del estudio de geolocalización de los teléfonos intervenidos a los investigados en la causa se realizó un informe pericial que fue aportado el 21 de enero. Y al hilo, recuerda que Tardón, sin mencionar esa prueba u otras, «procedió a solicitar a la fuerza actuante un contra informe» a pesar de que ninguna de las partes personadas impugnó el presentado por Boye.

«Es realmente insólito, dado que vulnera el derecho al juez imparcial», dice, para añadir con esta actitud cercena «el derecho de defensa, pues todo su afán es no tener en cuenta los datos de descargo y, por el contrario, se afana en impedir que el letrado se defienda».

EL CORREO HUMANO

El procesamiento de Boye tiene origen en el uso de correos humanos por la organización de Sito Miñanco para mover dinero hacia Colombia y de la detención el 6 de febrero 2017 de varios de los investigados en el aeropuerto de Barajas cuando transportaban oculto en el fondo de su equipaje 889.620 euros.

La jueza explicaba en su auto cómo ante esa aprehensión, los procesados García Arango y Manuel Puentes Saavedra, quien coordinaba a través de «personas de confianza» los desplazamientos de dinero hasta Colombia, iniciaron las acciones para recuperar el dinero que pertenecía a Sito Miñanco. Y fue en ese contexto cuando Puentes Saavedra, Sito Miñanco y García Arango mantuvieron un encuentro con los abogados Gonzalo Boye y Jesús Morán Castro.

En dicha reunión, indica la jueza en su auto, éstos les informaron de que elaborarían unos documentos y presentarían unos contratos de compraventa de letras de cambio que justificarían el origen legal del dinero intervenido. Según la jueza la idea era hacer ver que esa documentación confeccionada por los abogados, había sido adquirida y vendida a terceros por otro de los procesados, Manuel Pedro González Rubio, unos días antes de la aprehensión del dinero en Barajas.

Sin embargo, según la juez, este negocio «no presentaba lógica comercial alguna, por cuanto en algunos casos, las letras de cambio ya estaban vencidas cuando supuestamente González Rubio las vendió, y en otros la letra era de fecha anterior al préstamo hipotecario en virtud del cual se emitía».

Pero Boye insiste en que ha solicitado varias veces que se acredite que González Rubio, considerado «correo humano» por la jueza, es realmente un empresario solvente que «conserva su patrimonio y gran parte de sus empresas tanto en España como en Colombia, manteniendo el control y actividad de las mismas desde prisión». Y recuerda que ya declaró que él era el propietario de la cantidad intervenida en Barajas y que fue quien contrató a Boye para la recuperación de su dinero.

LA QUERELLA DE 2018

Lamenta que Tardón no haya acordado practicar esas diligencias y que tampoco haya incorporado a la causa un testimonio de otro procedimiento de 2018 «a fin de privar a la defensa del letrado señor Boye de la posibilidad de acreditar su propia falta de imparcialidad».

Se refiere al que tuvo origen en una querella presentada contra Boye por un delito de falsedad, la supuesta falsificación de una traducción presentada ante la Justicia belga y en contra del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena. Tardón inadmitió la querella y expresó su opinión sobre la «tipicidad» de los hechos y la «participación» del letrado razonando que se veía forzada a inadmitirla porque no se cumplía con el requisito de perseguibilidad.

Recuerda que es querella iba firmada por una amiga personal de Tardón, y que ya entonces la instructora debió haberse abstenido por lo que incurrió en una falta muy grave: «Refleja el interés que tiene en los asuntos que puedan afectar al Letrado Sr. Boye, interés que se continúa manteniendo en el presente procedimiento».

La defensa de Boye recuerda además que ya hace diez días presentó junto a otros abogados de la Coordinadora de Abogados de Cataluña una querella contra la magistrada por presuntos delitos de prevaricación y de encubrimiento de asesinato –el de un supuesto narcotraficante colombiano– por procesar a dicho letrado en el marco de la causa sobre el ‘narco’ gallego ‘Sito Miñanco’.

Por eso, ahora en este escrito de recusación, el abogado indica que la jueza ha podido enterarse por la prensa de la querella y por tanto ahora «al interés personal de perjudicarle se suma su interés personal por defenderse».

La juez Carmen Rodríguez Medel, al frente del Juzgado número 48 de Madrid, argumenta en el auto por el que deniega la medida cautelar de retirada del cartel electoral de Vox contra los menas que se requiere de «algo más para hablar de un hecho que merezca reproche penal» al no entrañar una «incitación dolosa y pública a terceros que genere un riesgo», tal y como exige la jurisprudencia.

Así consta en el auto, en el que la juez, conocida por instruir el ‘caso máster’ de Cristina Cifuentes, cree que no se dan los requisitos contemplados en la ley para adoptar la medida cautelar solicitada por la Fiscalía de Madrid en su escrito en aras a la protección de la dignidad de los menores.

En primer lugar, rechaza la petición alegando que «no puede sostenerse que quiera evitarse causar más perjuicios al colectivo al que atañe a través del mantenimiento del cartel cuando por un amplio elenco de colectivos se ha dado gran difusión a la existencia y contenido del mismo» dado que está colgado en espacios publicitarios de la estación de tren de Sol.

Tras ello, pasa a analizar la calificación jurídica a la que apunta el fiscal en relación a un delito del odio previsto en el artículo 510 del Código Penal.

En primer lugar señala la juez que «solo a efectos de esta medida cautelar, el hecho objeto de la petición no reviste apariencia de hecho delictivo y, consecuentemente, no justifica la adopción de una medida cautelar».

Apunta que «lo primero que acuerda la Fiscalía es tratar de averiguar si la información que aparece en el cartel objeto de este procedimiento es o no veraz», lo que en su opinión, «ya es significativo de la atipicidad de la conducta».

«La calificación jurídica del hecho como delito de odio no puede depender de si las cifras que aparecen en el cartel son o no ciertas», señala agregando que «lo delictivo sería que, del propio tenor literal del texto del cartel, fuese cierto o no, se desprendiese esa incitación al odio que hiciese que la conducta sea reprochable penalmente y que no pueda enmarcarse en el ámbito de la libertad de expresión».

«Todo ello afectando de manera supraindividual a un colectivo vulnerable (cosa que claramente es aplicable al caso) y por un medio público y susceptible de llegar al conocimiento de muchas personas (cuestión que también entendemos que concurre)», subraya.

REPROCHE PENAL

También critica que el fiscal no concrete ante qué conducta se está del citado delito, por lo que se centra en analizar la interpretación que hace el Ministerio Público de la imagen que traslada el cartel a la opinión pública.

El cartel refleja, según el fiscal, «una imagen física prejuiciosa del menor como persona extranjera, violenta y delincuencial, al ser este el concepto incorporado con carácter general respecto a un individuo encapuchado, embozado y racializado».

La juez concluye que no se dan los requisitos establecidos en la jurisprudencia, que viene exigiendo «algo más para hablar de un hecho que merezca reproche penal» como concretamente «una incitación dolosa y pública a terceros que genere un riesgo».

Así, recalca que «debe acreditarse su idoneidad para repercutir sobre terceros» y alude a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que es «clara». «Este Tribunal no puede sino compartir que no todo ejercicio extralimitado del derecho a la libertad de expresión ni la existencia de un sentimiento de odio convierten sin más la conducta enjuiciada en un ilícito penal», apunta en referencia a una sentencia del tribunal de garantías.

«La apariencia de buen derecho dista mucho de estar clara en el caso que nos ocupa por lo que, no concurriendo tampoco el segundo de los presupuestos para su adopción, la medida cautelar inaudita parte debe denegarse», determina.

PETICIÓN DE LA FISCALÍA

La Fiscalía reclamó «en el plazo más breve posible» la retirada del cartel publicitario donde se visualiza la imagen del rostro de una mujer mayor a quien se atribuye la condición de «abuela» y se imputa como coste económico en concepto de pensión la cantidad de 426 euros.

La solicitud de retirada del cartel no solo afectaba al que se exhibe en la estación de Sol del Metro de Madrid, sino también «a todos los de idéntico contenido expuestos en cualquier otro espacio publicitario y colocado por el anunciante denunciado».

Tras la desestimación de la medida cautelar solicitada, será el Juzgado de Instrucción número 53, órgano encargado de la causa, el que continúe el procedimiento instado por el ministerio público por la supuesta comisión de un delito de odio.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha confirmado la sentencia de la Audiencia de Jaén que en noviembre de 2020 absolvió del delito de abusos sexuales a un hombre, de 36 años, por no quedar acreditado que «el procesado conociera que tener relaciones sexuales con una menor de 16 años estuviera castigado como delito».

Fue el Ministerio Fiscal el que recurrió la sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia de Jaén argumentando infracción de ley. Ahora, el TSJA responde al Ministerio Público que «el motivo así formulado no puede prosperar».

«La cuestión de la culpabilidad o inocencia del acusado nopuede decidirse sin valorar de nuevo la prueba, cosa que este tribunal de apelación no puede hacer, y menos aún, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sin dar al acusado la oportunidad de explicarse al respecto», dice la sentencia facilitada por el propio TSJA.

Añade el alto tribunal andaluz que «al tratarse en realidad de una cuestión probatoria, el Ministerio Fiscal podría haber optado por la vía, ciertamente angosta y espinosa, de interesar la nulidad de la sentencia impugnada». Sin embargo, insiste en que interesar «directamente la sustitución del pronunciamiento absolutorio por uno de condena» conllevaría «generar indefensión en el acusado» y por eso opta por desestimar el recurso de Fiscalía.

La sentencia de la Audiencia de Jaén, ahora confirmada por el TSJA, recoge que el procesado conocía que la niña era menor de edad puesto que trabajaba como camarero para la madre de ésta, pero incide en que «no sabía que mantener relaciones sexuales con ella, en ese momento, cuando era menor de los 16 años, era delictivo» ya que «no supo utilizar los medios para informarse de ello, creyendo ambos, en su absoluta ignorancia en temas legales, que debían esperar a los 18 años».

Asimismo, refleja la sentencia que en este tipo de casos «no es cuestión de que por un lado entren las edades de dos personas y por el otro salga automáticamente una sentencia condenatoria», sino que hay ver caso por caso.

Por eso concluye que por razones de «racionalidad» y de «humanidad», este caso no merece reproche penal. Apunta que someter a la menor, que «no ha sufrido perjuicio alguno», a un procedimiento sumario de tres años de duración y al procesado a una condena penal por estos hechos, «nos parece una respuesta en palabras del Tribunal Constitucional excesivamente ‘rigorista y desproporcionada’, teniendo en cuenta el carácter de intervención mínima del derecho penal».

Durante el juicio, él rechazó todos y cada uno de los extremos de la denuncia interpuesta por la madre de la menor y negó haber mantenido cualquier tipo de relación con la niña. Sin embargo, la menor, ahora con 17 años, declaró que su primera relación sexual fue con el procesado, que fue él el que le pidió el número de teléfono para empezar a hablar y quedar, y que durante meses vivieron una relación sentimental y de amistad.

Ella subrayó que las relaciones sexuales siempre fueron consentidas y que ella nunca se sintió ni intimidada ni coaccionada. «En ningún momento me ha obligado a nada», dijo la menor al tribunal. Relató cómo el acusado le dijo en varias ocasiones que «no veía oportuno» que estuvieran juntos por su edad y que habría que esperar hasta que ella cumpliera los 18 años.

Sobre si el acusado sabía o no la edad de la menor, la chica afirmó que la sabía «perfectamente» ya que incluso estuvo presente en la celebración de su 14 cumpleaños en la cafetería, donde ella acudía habitualmente con su uniforme escolar y su mochila.

Fue una tía de la menor la que dio la voz de alarma a la madre cuando una noche la vio cenando con el acusado y los dos hijos de éste. A preguntas de la madre, la menor acabó reconociendo una relación sentimental con el acusado.

Por estos hechos el Ministerio Fiscal había reclamado diez años de prisión para el acusado y 6.000 euros de indemnización, mientras que la acusación particular solicitó 12 años de prisión y la misma indemnización que el Ministerio Público.

La sentencia todavía no es firme y se puede recurrir ante el Tribunal Supremo.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha mostrado este viernes su confianza en que la UE tenga ya en julio las dosis suficientes para lograr el objetivo de vacunar contra la COVID-19 al 70 por ciento de la población adulta, en parte «gracias a los enormes esfuerzos» de BioNTech y Pfizer para aumentar su capacidad de preoducción.

En declaraciones en el marco de la visita que la jefa del Ejecutivo comunitario ha hecho a la planta de Pfizer en Puurs (Bélgica), la alemana también ha detallado que espera concluir «en los próximos días» el contrato para la compra de 1.800 millones de dosis del suero desarrollado por el laboratorio alemán y la farmacéutica estadounidense, que serán entregadas entre 2022 y 2023.

«Gracias a los enormes esfuerzos de BioNTech y Pfizer, confío en que tendremos las dosis suficientes para vacunar al 70% de la población adulta ya en julio», ha expresado Von der Leyen, acompañada por el consejero delegado de Pfizer, Albert Bourla, la cofundadora y directora de operaciones médicas de BioNTech, Özlem Türeci, y el primer ministro belga, Alexander De Croo.

La presidenta de la Comisión Europea ha remarcado que la campaña de vacunación de la UE «va por el buen camino» a pesar de las «dificultades» encontradas al comienzo de la misma, mitigadas gracias a la «amplia cartera» de vacunas que había adquirido y la actuación de proveedores «fuertes y fiables como BioNTech y Pfizer».

En concreto, Von der Leyen ha puntualizado que la UE ha superado esta semana el umbral de las 150 millones de dosis entregadas a los Estados miembros, de las que se han administrado ya 123 millones.

NUEVO CONTRATO CON PZIZER Y BIONTECH

La alemana ha remarcado que la planta de Pfizer en Puurs fue la primera en producir a gran escala vacunas basadas en la tecnología ARN mensajero, o ARNm, que es la tecnología por la que Bruselas más apuesta en su campaña de vacunación.

De hecho, la jefa del Ejecutivo comunitario ha adelantado que espera cerrar «en los próximos días» el nuevo contrato con estas dos farmacéuticas que prevé la adquisición de 1.800 millones de dosis a distribuir entre 2022 y 2023 a los Estados miembros para cubrir un refuerzo de la inmunización, las necesidades ante la aparición de nuevas variantes y la vacunación de menores de edad.

«Esto consolidará el liderazgo de la UE en tecnologías ARNm», ha subrayado Von der Leyen, quien demás ha celebrado que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) haya dado este viernes luz verde a un aumento del 20% de la capacidad de producción de la planta belga de Puurs.

De su lado, el consejero delegado de Pfizer ha especificado que las mejoras en los procesos de producción en la planta han permitido reducir el tiempo medio de fabricación de unos 100 días a 60. Bourla ha apuntado además que la empresa está en camino de «superar» los compromisos de entregas a los países de la UE.

«Entregaremos 250 millones de dosis para el final del segundo trimestre, cuatro veces más que en el primer trimestre», ha enfatizado en línea de lo acordado con la Comisión Europea recientemente, para después añadir que a partir de mayo la compañía prevé poder producir unos 100 millones de dosis al mes en la planta belga.

En total, los acuerdos vigentes entre Pfizer y el Ejecutivo comunitario contemplan la distribución de 600 millones de dosis de su vacuna contra la COVID-19 a los países de la UE antes de que acabe el año.

Por su parte, Türeci ha alabado el poder de las asociaciones público-privadas para responder a este tipo de emergencias sanitarias y ha asegurado que otra lección de esta pandemia es que «la ciencia y la tecnología pueden marcar la diferencia».

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha homenajeado este viernes a los escritores perseguidos durante el franquismo con motivo del Día del Libro en una visita al Archivo General e Histórico de Defensa, donde ha podido ver los expedientes originales que han sido catalogados y que en los próximos días se podrán consultar a través de internet.

Robles ha explicado que el homenaje era para todos los escritores que fueron objeto de «enjuiciamiento, condena e incluso ejecución» por «escribir y crear» durante «la dictadura», en lo que ha definido como una «página triste» de la «historia española». Así, ha reconocido que «sobrecoge mucho» ver en los archivos el proceso de tramitación, las condenas judiciales y también los indultos.

En total se van a publicar 2.726 expedientes judiciales digitalizados y accesibles desde internet de forma gratuita, que abarcan los periodos de la Guerra Civil y los primeros años de la dictadura. Entre los expedientes judiciales consultados por la ministra figuran el de los escritores Antonio Buero Vallejo, Marcos Ana y Pedro Luis de Gálvez y el del político del PSOE Julián Besteiro.

El fondo documental completo al que pertenecen estos archivos es de libre acceso desde el año 2009 y recoge documentos desde 1936 a 1980. Hasta hoy se han consultado más de 70.000 expedientes se han facilitado un millón de copias a los ciudadanos.

NUEVOS PROYECTOS

Durante la visita la ministra ha conocido el proyecto Defensa Digital, que acaba de poner en marcha la Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural y que tiene como objetivos a la difusión y puesta en valor del material científico y divulgativo de las instituciones del ámbito de la Defensa en Iberoamérica. Por el momento cuenta con cerca de 20.000 documentos accesibles procedentes de 20 repositorios de ocho países: Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Colombia, España, Perú, Portugal.

Además el ministerio cuenta con una Biblioteca Virtual de Defensa con cerca de 57.000 piezas digitalizadas procedentes de archivos,bibliotecas y museos dependientes de Defensa que incluyen libros impresos y manuscritos, publicaciones periódicas y revistas, cartografía (más de 30.00 fondos y la colección más relevante), partituras, fondos museográficos y documentación procedente de expediciones científicas.

La Comisión Política sobre explotación sexual infantil en el marco del Consejo Rector del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) ha concluido que «no ha habido ninguna responsabilidad de los políticos que estaban y están al frente del IMAS» en los casos de explotación sexual a menores tutelados en Mallorca.

Así se expone en el informe de las conclusiones finales a las que ha llegado este órgano después de la tarea realizada durante varios meses. El informe ha sido presentado este viernes en el Consell de Mallorca por parte del vicepresidente del IMAS y presidente de la Comisión Política, Jaume Tortella.

Han asistido a la presentación los representantes de los partidos que en forman parte de la comisión: Antoni Amengual (El PI), Osvaldo Cifre (Ciudadanos), Aurora Ribot (Unidas Podemos), Guillem Balboa (MÉS per Mallorca) y Lorena Oliver (PSIB-PSOE).

«La principal causa de que haya explotación sexual infantil (ESI) es que hay explotadores y agresores», ha destacado Tortella durante la rueda de prensa de presentación del informe. Así, ha asegurado que «la Comisión entiende que no puede determinarse responsabilidad política en la problemática», puesto que «es del explotador o agresor y es fundamental denunciar y perseguir el delito».

El presidente de la Comisión ha expuesto que «la detección y seguimiento de los casos forma parte de la función técnica» y que «los responsables políticos no tienen acceso a los expedientes».

Sin embargo, Tortella ha recordado que «la responsabilidad política es no contribuir a generar discursos falsos que ataquen las instituciones y estigmaticen a las víctimas y el sistema de protección, hecho que se ha visto agravado por la extrema confrontación política alrededor de este tema».

VISIBILIZAR LA PROBLEMÁTICA

Entre las conclusiones que se han extraído, Tortella ha explicado que «la problemática de explotación sexual siempre ha existido, pero es verdad que era una realidad invisibilizada durante muchos años».

En este sentido, el presidente de la Comisión ha indicado que «una cosa que ha quedado clara es que hay una necesidad de visibilizar la problemática» y fomentar la formación y la especialización para evitar casos. «Siempre hay un agresor mayor que quiere hacer daño a un niño y un adolescente», ha señalado.

Otras de las conclusiones del informe, según Tortella, son que la explotación sexual a menores es «una problemática complicada, multicausal y multidimensional», y que las víctimas de explotación sexual pueden venir de todos los ámbitos. Aunque no se puede establecer una conexión entre los casos, en todos ellos han sido jóvenes en situación de vulnerabilidad.

El informe pone de relieve que, aunque esta problemática ha existido siempre, su concepción ha evolucionado «y con el tiempo ha habido un cambio de mirada». Mientras que en el año 2007 no existía una diferenciación respecto al resto de agresiones sexuales, a partir del año 2015 se toma conciencia de esta cuestión dentro del IMAS, según apunta el informe de conclusiones.

«A día de hoy, aún no se tiene una idea clara de la magnitud de la explotación sexual infantil en la sociedad mallorquina y, por esta razón, todas las instituciones han de emplear herramientas para registrar los casos, para que toda la información pueda ser analizada conjuntamente», señala el informe.

UNA COMISIÓN SIN VOX Y EL PP

El 13 de enero de 2020, el IMAS del Consell de Mallorca informó de 16 casos de explotación sexual comercial infantil y juvenil entre 2017 y 2019 de niños con medida jurídica de protección por parte de la institución, que se habían producido fuera del entorno de los centros de protección de menores.

Con el objetivo de abrir un espacio de debate y analizar las decisiones políticas en relación a la detección y la intervención ante la problemática de ESI en Mallorca, esta Comisión Política se aprobó en el Consejo Rector del IMAS el pasado 30 de noviembre de 2020. Cabe recordar que, EL PI, PP, Vox y Cs reclamaban crear una comisión de investigación para analizar esta cuestión. Finalmente, PP y Vox declinaron participar, mientras que Cs y El PI accedieron.

Previamente, el 13 de febrero de 2020, el pleno del Consell de Mallorca aprobó crear una comisión de expertos para evaluar las actuaciones del Servicio de Protección de Menores del IMAS. El informe de esta comisión de expertos se entregó el pasado 30 de septiembre de 2020 en sesión extraordinaria del Consejo Rector del IMAS.

Durante tres meses, los miembros de la Comisión Política han analizado –en sesiones abiertas y cerradas– la problemática ESI en Mallorca junto con técnicos y perfiles profesionales del área de infancia y familia, y personas que han ocupado cargos políticos de responsabilidad en diferentes legislaturas desde el año 2007.

LOS PARTICIPANTES VALORAN EL INFORME

En la presentación del informe, la representante del grupo socialista en la Comisión, Lorena Oliver, ha destacado que «se ha constatado la complejidad de la explotación sexual infantil, una problemática que está en la sociedad, no sólo en los centros tutelados y que, desgraciadamente, ha existido siempre y no es exclusiva de esta comunidad». Además, ha asegurado que «ha habido casos en todas las legislaturas».

La representante socialista ha criticado que Vox y PP hayan declinado participar en esta comisión. «Es indignante que Vox haya hecho una rueda de prensa antes de esta para dar conocer el informe de esta comisión en la que no han participado, es una muestra más de que no tienen interés en los menores, sólo les interesa el ruido», ha censurado.

Por su parte, el representante de MÉS per Mallorca en la comisión, Guillem Balboa, ha recordado que de esta problemática «se tiene constancia desde hace décadas». «Hemos de ser capaces dentro del ámbito publico de tratar cuestiones de extrema complejidad como esta», ha dicho.

Por otro lado, Osvaldo Cifre, que ha representado a Cs en la Comisión, ha subrayado que este informe «no es un punto final, sino un punto y seguido» para que las propuestas de mejora del informe se aprueben. Cifre ha insistido en «no utilizar a los niños abusados como arma política».

La representante del grupo Unidas Podemos en la Comisión, Aurora Ribot, ha señalado que «ha quedado demostrado que la explotación sexual infantil ocurría también durante la legislatura del PP y que no la abordaron de ninguna manera».

Finalmente, el representante de El PI en el órgano, Antoni Amengual, ha reiterado que su formación quería una comisión de investigación, pero que decidió formar parte de esta para conocer «de primera mano» lo que ha pasado con los menores tutelados en los últimos años. «Con los menores no se debería de hacer política y mucho menos populismo barato como hacen algunos», ha lamentado.

Sobre los 16 casos de explotación sexual que se conocen, ha destacado que «no ha habido ninguna responsabilidad penal, ni tampoco política», aunque sí que ha reconocido que «ha habido en cuatro casos una falta de rapidez en el tratamiento de este tema».

El líder del PP, Pablo Casado, ha alertado este viernes de la posibilidad de que las autonomías vean cómo a partir del 9 de mayo se recurren ante los tribunales de justicia sus medidas restrictivas contra el coronavirus y ha advertido a Pedro Sánchez de que si no se aprueba ya una alternativa jurídica al estado de alarma será «responsable» de no haber dado cobertura legal a las comunidades. Según ha recalcado, el Gobierno «no debe jugar con la salud de las personas».

En declaraciones a los periodistas en la Cuesta de Moyano de Madrid, con motivo del Día del Libro, Casado ha confirmado que el Partido Popular «está hablando con todos los grupos parlamentarios» ya que, según ha dicho, es «urgente» que haya un plan jurídico alternativo al estado de alarma, que decae el 9 de mayo.

El Grupo Popular registró la pasada semana una proposición de ley en el Congreso para impulsar ese plan jurídico, que fue calificada este martes por la Mesa de la Cámara. Los socios parlamentarios del Gobierno también han exigido a Sánchez una alternativa al fin del estado de alarma y, de hecho, algunos no han descartado incluso apoyar la tramitación de la propuesta del PP.

SE PUEDE TENER LISTO EN 15 DÍAS

El presidente del PP ha señalado que «si el Gobierno quisiera» y «se acelerarán los trámites parlamentarios» se podría «tener listo en 15 días» ese plan jurídico, de forma que las comunidades autónomas tendrían «herramientas para poder limitar movimientos y poder limitar los contagios».

«Lo que pedimos es que se legisle porque desde hace un año que lo hemos propuesto no entendemos por qué el Gobierno, contra su propia palabra, no lo está haciendo. Quizá por no dar la razón al PP», ha señalado el presidente del PP.

En este punto, ha señalado que es una «irresponsabilidad» no legislar cuando a día de hoy «siguen muriendo más de 200 personas al día por coronavirus» y en Madrid, por ejemplo, «hay ingresadas centenares de personas enfermas» por Covid-19.

«EL PP MÁS NO PUEDE HACER. LE HEMOS OFRECIDO TODO»

«Sánchez no debe jugar con la salud de las personas después de 100.000 muertos y tres millones de contagios. El PP más no puede hacer. Le hemos ofrecido todo», ha asegurado al ser preguntado expresamente cómo van los contactos del PP con otros grupos parlamentarios para sacar adelante el plan b jurídico al estado de alarma.

El presidente del PP ha insistido en que la propuesta de su partido es una modificación legal «sencilla» que reforma la ley orgánica 3/1986 de la Ley de medidas especiales en materia de Salud Pública y que es «constitucional porque la ha ratificado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos».

Casado ha señalado que si Sánchez no hace esta reforma legal «y luego las autonomías ven cómo sus medidas son recurridas ante los tribunales superiores de Justicia», se podría «decir que Sánchez sería responsable de que no ha dado una cobertura legal a las autonomías para evitar contagios».

«Y estoy convencido de que cualquier político responsable no quiere ser corresponsable de que una autonomía no pueda frenar eficazmente contagios que pueden venir en consecuencias de salud muy graves», ha enfatizado, para insistir en que esa reforma legal se puede aprobar rápidamente por el procedimiento de urgencia.

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha evitado dar detalles sobre las circunstancias en las que se ha producido el traslado a España para recibir tratamiento médico del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, y ha descartado que este gesto pueda tener impacto en las «excelentes relaciones» con Marruecos.

La jefa de la diplomacia ha confirmado que el también presidente de la autoproclamada República Árabe Saharui Democrática (RASD) está en España «para recibir tratamiento médico» y se le permitió viajar «por razones estrictamente humanitarias», si bien ha optado por «guardar discrección respecto a los detalles».

Preguntada por los periodistas sobre el eventual impacto que la presencia en España del líder del Polisario pueda tener en la relación con Marruecos, González Laya ha dejado «claro que para nada esta cuestión ni impide ni perturba las excelentes relaciones que España tiene con Marruecos».

El Gobierno tiene pendiente cerrar con Marruecos la fecha para la Reunión de Alto Nivel que estaba prevista para el pasado diciembre y que fue aplazada por la pandemia. Desde el Ejecutivo se ha insistido repetidamente en que la relación y los contactos son fluidos y que la cumbre se celebrará cuando las circunstancias sanitarias lo permitan.

Así, Gonzáles Laya ha insistido en que el reino alauí es «un vecino, amigo y socio privilegiado» en todos los ámbitos y «eso no cambia» por el hecho de que el Gobierno, «responsable con sus obligaciones humanitarias», haya permitido a Ghali recibir tratamiento aquí.

La ministra, que ha comparecido en rueda de prensa con su homólogo palestino, Riad al Malki, se ha amparado en que esta «tradición» de ofrecer apoyo humanitario a quien lo necesite es acorde al «sentir» de los españoles, un pueblo «solidario y humanitario».

LLEGADA CON PASAPORTE DIPLOMÁTICO

Así las cosas, fuentes del Frente Polisario han indicado que Ghali viajó con pasaporte diplomático a España y han asegurado que es «rotundamente falso» el que lo haya hecho con nombre falso, como han apuntado algunas informaciones.

Las fuentes han explicado que tras la celebración del 45 aniversario de la RASD a finales de febrero se produjo un brote de COVID-19 en los campamentos de refugiados y Ghali, al igual que otros cargos del Polisario, se contagió.

Inicialmente, presentaba síntomas leves y se optó por su traslado a Argelia pero posteriormente, ante las complicaciones respiratorias, se optó por su traslado a España, han precisado las fuentes, asegurando que se encuentra «estable».

La Audiencia Nacional citó en 2016 a Ghali en calidad de investigado por la comisión de delitos de genocidio, asesinato, torturas y desapariciones cometidos presuntamente contra la población saharaui disidente refugiada en los campamentos de Tinduf (Argelia).

ASADEDH PIDE QUE LA AUDIENCIA NACIONAL LE TOME DECLARACIÓN

Tras la confirmación del traslado de Ghali, la Asociación Saharahui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEDH), impulsora del proceso judicial en España, ha remitido una solicitud a la Audiencia Nacional en la que pide que se verifique que efectivamente el líder del Polisario está ingresado y se le tome declaración, así como la emisión de una orden de detención.

El presidente de la ASADEDH, Ramdan Larbi, ha afirmado en declaraciones que es «una oportunidad para que se haga justicia», por lo que confía en que cuando Ghali se recupere —«ojalá se ponga bien», ha apuntado– «rinda cuentas» ante las autoridades españolas. «Confiamos totalmente en la justicia», ha declarado.

Entre las medidas que solicita la ASADEDH figura también «el cierre de fronteras», según Larbi, que confía en que Ghali no pueda abandonar España por muy «bienvenidas» que sean las «razones humanitarias» esgrimidas por el Gobierno para justificar la llegada del dirigente de la RASD.

El jurado del crimen a una niña de 13 años en Vilanova i la Geltrú (Barcelona) en 2018 ha declarado culpable por unanimidad al acusado de asesinarla y violarla.

El tribunal popular ha hecho público su veredicto este viernes, en el que añade al asesinato los agravantes de alevosía (por unanimidad) y ensañamiento (por ocho votos favorables y uno en contra).

Ha rechazado, también por unanimidad, que el hombre estuviera ebrio y drogado y eso le impidiera ser consciente de sus actos, tal como alegó la defensa al intentar que se aplicara un atenuante, y ha aseverado que fue «consciente en todo momento de los actos que realizó ese día».

Los nueve miembros del jurado han rechazado que la niña entrara voluntariamente en casa del acusado como él sostuvo, y al justificar que consideran probada la violación han remarcado que al encontrar el cadáver estaba sin pantalones, afirmando que «el acusado se los quitó con la intención de agredirla sexualmente».

Los dos únicos puntos del veredicto que no se han aprobado por unanimidad sino con ocho votos favorables son la asfixia como causa de la muerte y el ensañamiento –le causó mucho más dolor del necesario golpeándola y acuchillándola– como agravante en el asesinato.

«La muerte por asfixia no es inmediata. Lleva un tiempo, la persona es consciente del ataque», ha recordado el jurado en base a las declaraciones de los médicos forenses, y al exponer el veredicto han señalado que la asfixia es una forma de matar agonizante, consciente y cruel.

PIDEN PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE

La Fiscalía y la acusación particular, que representa a la familia de la niña, han reafirmado su petición de condenar al acusado a prisión permanente revisable por el asesinato con alevosía y ensañamiento a la menor después de violarla, además de una condena de 10 años por agresión sexual.

La ley prevé condenas de prisión permanente revisable para asesinatos a menores de 16 años y en crímenes vinculados a un delito contra la libertad sexual, y el juez valorará la pena que impone al acusado en la sentencia que redactará a raíz de este veredicto.

Al reafirmar la petición de condena, la fiscal ha señalado «la personalidad que ha revelado el acusado, que se manifiesta como una persona fría, no empática y que ha manipulado las pruebas a su favor durante toda la instrucción y en el juicio».

Ha remarcado que no ha reconocido los hechos, «únicamente ha reconocido parcialmente aquellas circunstancias que podían beneficiarle», y le ha tachado de ser un tipo de delincuente de difícil resocialización y rehabilitación.

Por su parte, la abogada de la defensa, ha pedido al juez «la pena mínima que considere» y tomar en cuenta como atenuante la reparación del daño que el jurado ha considerado probada por unanimidad en base a que el acusado entrega mensualmente 30 euros de los 100 que gana en prisión a la familia como indemnización.

El seminario de Corbán acogerá este domingo 25 una cadena de oración entre las 12.30 horas y las 19.00 con motivo de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, a cargo de diferentes áreas pastorales y movimientos diocesanos.

Este domingo, en el que también se conmemora la Jornada por las Vocaciones Nativas, se celebra con el lema ‘¿Para quién soy yo?’, y tiene por objeto invitar al pueblo de Dios a rezar para que surjan vocaciones sacerdotales y para la vida religiosa consagrada.

La cadena de oración comenzará con una misa a las 12.30 horas que presidirá el obispo de Santander, Manuel Sánchez Monge. Tras la Eucaristía se expondrá el Santísimo Sacramento durante 15 minutos para su adoración y a las 13.20 horas se iniciará una oración animada por la Delegación Diocesana de Familia y Vida.

Una hora después será el turno de oración a cargo de la Delegación de Pastoral Juvenil, a las que seguirán, a las 15.30 horas las preces a cargo de la delegación de Pastoral Vocacional.

A las 16.30 horas la cadena de oración será animada por miembros de la Confederación de Religiosos y Religiosas (CONFER), que dará paso, una hora después, a la Delegación para el Clero. A las 18.30 horas se rezará un rosario misionero dirigido por la Delegación Diocesana de Misiones.

La cadena de oración finalizará a las 19.00 horas con el rezo de las Vísperas de la Liturgia de las Horas.

ENCUENTRO SEMINARIO MENOR EN FAMILIA

En la víspera de la cadena de oración, el sábado 24, se celebrará un encuentro del Seminario Menor en Familia, también en Corbán.

Como novedad, este curso pastoral se ha reabierto el Seminario Menor en Familia para niños mayores de 12 años que muestran indicios de una vocación y que está integrado por cinco muchachos.

La Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones esta oración se celebra coincidiendo con el año en el que el Papa Francisco ha dedicado a San José, «padre y maestro de vocaciones».

La Iglesia española remitió al Vaticano 220 denuncias contra sacerdotes españoles por abusos sexuales a menores en los últimos 20 años, según ha informado la Conferencia Episcopal Española (CEE).

En concreto, según datos de la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano, solicitados por los obispos españoles hace unas semanas, en las últimas dos décadas, desde 2001 hasta el 20 de abril de 2021, se han recibido 144 denuncias contra sacerdotes del clero secular y 76 del clero regular.

Del total de casos, 151 se han resuelto y en los 69 casos restantes, el procedimiento sigue abierto, tal y como ha informado el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello.

El portavoz de los obispos españoles ha querido poner estos datos en relación con el número de sacerdotes que han ejercido el ministerio en estos 20 años, un total de 31.000, entre presbíteros diocesanos y presbíteros religiosos. También ha comparado el dato con las 220.000 denuncias contra el mismo delito que, según ha indicado, se han presentado en España en este mismo periodo.

Es la primera vez que la Iglesia española presenta estos datos, y ha precisado que aunque las denuncias se han presentado en estos últimos 20 años, los hechos pudieron producirse antes del año 2001. Igualmente, ha puntualizado que en estas cifras no se incluyen denuncias contra hermanos no sacerdotes de una congregación religiosa o laicos (profesores de religión u otros).

«GRAVE ACUSACIÓN» DE BELARRA

El portavoz de los obispos ha defendido el trabajo de la Iglesia española frente a la «grave acusación» de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, quien dijo que la Iglesia española había sido «cómplice de la violencia sexual hacia la infancia».

«Sobre el cruce de declaraciones, quisimos salir del paso a una acusación grave de ser cómplice, una palabra recogida en el Derecho Penal», ha subrayado Argüello, añadiendo que parece como si la ministra quisiera decir que «a partir de la aprobación de la ley de infancia, los obispos se van a enterar.

Si bien, ha puntualizado que la Iglesia española ya «empezó a dar un giro a la normativa y a tomar conciencia» en 2001, hace 20 años, cuando «la Iglesia amplió la prescripción» de los abusos sexuales a menores, abriendo la posibilidad en algunos casos a hacerlos imprescriptibles.

Además, Argüello ha puesto de relieve que el Vaticano ha dado su visto bueno al documento elaborado por los obispos españoles con el que han adaptado a la realidad española el vademecum publicado por la Santa Sede. Según ha señalado, han recibido una «valoración positiva y solo una sugerencia de completar tres artículos».

También ha puesto en valor que hace un año abrieron en las diócesis españolas las oficinas para recibir denuncias y para atender a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia, y ha anunciado que van a lanzar también un servicio de asesoramiento desde la Conferencia Episcopal para apoyar los trabajos de estas oficinas y de las erigidas por congregaciones religiosas, para que puedan compartir sus experiencias y atender a necesidades que surjan.

Asimismo, pretenden que sirva para mantener un canal de comunicación con las administraciones públicas y con la Fiscalía General del Estado para abordar y poner «remedio a esta realidad desgraciadamente creciente y sangrante en la propia sociedad española».

«Es especialmente doloroso, injusto y no adecuado poner todo el foco, al hablar de los abusos, en la Iglesia. Para nosotros es un escándalo que estos abusos se produzcan en la Iglesia pero tenemos un verdadero problema social», ha declarado el portavoz de los obispos, refiriéndose a las declaraciones de Belarra.

Si bien, ha reconocido que «en alguna época» la Iglesia quizá «ha caminado demasiado despacio» y en otra, «ha mirado hacia otro lado y ha dicho que los trapos sucios se lavan en casa».

En todo caso, ha rechazado que la ministra Ione Belarra diga que la Iglesia española no está cumpliendo con informar de las denuncias que le llegan a la Fiscalía. Por el contrario, ha asegurado que cuando una diócesis recibe una denuncia «inmediatamente» se comunica a las autoridades judiciales.

El candidato de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha denunciado hoy ante la Policía las amenazas de muerte que recibió ayer y ha señalado, además, que las dudas vertidas por Vox y su rechazo a condenarlas responde a su estrategia de «deshumanización que es el calco de lo que hacían los nazis en los años 30».

También ha insistido en que no volverá a compartir espacio con esta formación y «se acabaron los debates contra la ultraderecha», dado que los demócratas no pueden legitimarles: «no se puede consentir lo que está pasando; demasiada impunidad, demasiado blanqueamiento».

Así lo ha indicado tras interponer una denuncia en la Comisaría del Congreso por el envió de una carta con balas y amenazas de muerte contra él y miembros de su familia, y después de abandonar el debate organizado por la Cadena Ser, una vez que la cabeza de lista de Vox, Rocío Monasterio, se haya reafirmado en que no cree sus amenazas de muerte y decirle «que se largue».

LA AMENAZA INCLUYE «MATERIAL DE GUERRA»

En la denuncia cursada, relata que la misiva con las amenazas llegó a la sede del Ministerio del Interior y en su interior había cuatro balas de gran calibre, que se asemejan a las usadas con ‘cetme’ o un «fusil de asalto».

También indica que el escrito de la carta indicaba literalmente ‘Pablo Iglesias Turrión has dejado morir a nuestros padres y abuelos. Tu mujer, tus padres y tu estáis sentenciados a la pena capital. Tu tiempo se agota’.

Por todo ello, entiende que estos hechos constituyen una «grave amenaza contra su vida y la de su familia, dado que se trata de una amenaza que incluye material de guerra, que en apariencia es real y es usada como arma de fuego de gran calibre». Luego detalla que al tratarse de una bala que corresponde a un fúsil de «precisión y potencia», deduce que la carta amenazante fue remitida por una persona que tiene acceso a este tipo de armas de fuego.

Finalmente, demanda que se practiquen diligencias para identificar a los posibles autores de las amenazas y se inicie una investigación judicial, dando traslado de la denuncia a al Fiscalía y reclamando que se incorpore en estas pesquisas a la policía científica.

YA ERA HORA DE DAR EL PASO CONTRA LA ULTRADERECHA

«Ya se ha normalizado y blanqueado demasiado a la extrema derecha, que es el mayor peligro para la democracia. He presentado una denuncia en comisaría y espero que haya una respuesta judicial y que se produzcan detenciones, pero esto tiene que tener una respuesta ciudadana y democrática en las urnas», ha trasladado en una comparecencia en las inmediaciones de la Cámara Baja junto a miembros de su candidatura y diputados de Unidas Podemos.

En consecuencia, ha insistido en que «ya era hora» de que «alguien hiciera esto» para terminar con el «blanqueamiento mediático de la ultraderecha» y una fuerza política que es «un peligro», dado que en «democracia las amenazas de muerte no son aceptables ni dudar de cuando se producen».

«¿Si un día me pegan un tiro, me ponen una bomba o me saltan un pie, dirán que me aprovecho de que ponen una bomba o pierdo un pie o una mano para la campaña? Han amenazado a mi padre, a mi padre, a mi pareja y a mí. Lo único que he pedido a la candidata de Vox es que se retractara de esas declaraciones en que ponía en duda la veracidad de esas amenazas y que decía que nos hemos inventado», ha subrayado para explicar que trasladó a la cadena que si Vox permanecían en el debate, él lo abandonaba.

Tampoco ve aceptable que se ataque con ‘cócteles molotov’ la sede de su partido en la localidad de Cartagena y que no se haya producido ninguna detención, mientras que se archive que un exlegionario con fuego real dispare contra imágenes de miembros del Gobierno.

Por tanto y aparte de la respuesta judicial y policial, dado que hechos como los que ha denunciado debe acarrear detenciones, Iglesias ha exhortado a desplegar una «respuesta ciudadana y democrática» ante la extrema derecha.

SERÍA UNA TRAGEDIA UN GOBIERNO PP Y VOX

También ha dicho que ya no le atacan por su ideología sino que le insultan con términos como «rata asquerosa» o «chepudo». Todo unido al «cartel infame» contra los menores extranjeros no acompañados que instaló Vox y es «una copia de un cartel de la Alemania nazi» que ha amparado un juez.

«Basta ya de debatir con una fuerza política como si fuera normal cuando quieren destruir la democracia», ha apuntado para celebrar que otras fuerzas políticas se hayan sumado luego a su gesto de negarse a debatir con Vox.

Finalmente ha advertido de la «tragedia» que supondría que las elecciones del 4 de mayo posibilitaran un gobierno de PP y Vox, aunque está convencido de que la sociedad madrileña va a dar una «lección democrática a la ultraderecha».

Los agentes de la Guardia Civil que investigaron la muerte de un turista agredido en un pub de Magaluf en 2018 no se plantearon en ningún momento la posibilidad de que otra persona, al margen del trabajador del pub que está siendo juzgado por estos hechos, fuera el autor de la agresión mortal.

Así lo ha aseverado este viernes en el juicio el agente instructor del atestado, que ha mantenido sus conclusiones -señalando a un trabajador del pub- a partir del análisis de las imágenes y de declaraciones de testigos.

El suceso tuvo lugar la madrugada del 27 de abril de 2018 en Magaluf, en el local donde trabajaban los acusados, en la zona de Punta Ballena. La víctima, un hombre de 30 años que se encontraba de vacaciones en Mallorca, fue agredida aquella noche y murió días después en el Hospital Son Espases.

En el banquillo se sientan dos hombres, un británico de 38 años acusado de homicidio y un español de 40 años acusado de encubrimiento. La Fiscalía pide 12 años de cárcel por el homicidio y un año y ocho meses por el encubrimiento.

Cabe señalar que un testigo describió a otra persona, otro turista, como el autor de la patada que habría provocado la lesión letal, exculpando así al trabajador.

Según la Guardia Civil, otro testigo aportó una descripción que coincidía con el procesado señalándole como la persona que había agredido al turista. El empleado reconoció que había dado una bofetada a la víctima, pero no una patada en la cabeza.

Uno de los guardias civiles que examinó las imágenes de las cámaras de seguridad ha rechazado que se vea ninguna patada. Con todo, los forenses concluyen que la lesión mortal es compatible con una patada y no con un puñetazo o una caída.

PRESUNTO ENCUBRIMIENTO

Por otro lado, los agentes que han comparecido en la vista han mantenido que el encargado del pub les dijo que las cámaras de seguridad tenían «un fallo» y que «no grababan», si bien han reconocido que les entregó los aparatos «sin ningún inconveniente».

El encargado negó haber dicho que las cámaras estuvieran averiadas. Según su versión, en una de las ocasiones en las que fue a declarar a la comisaría, habló por teléfono con un técnico con la opción de manos libres activada para que los agentes lo pudieran escuchar, pretendiendo dejar claro «que no mentía»; de manera que fue el técnico quien dijo que había un problema con las cámaras.

Aunque en un principio se ha hablado de una avería, según el procesado el técnico se refería a que tenía dificultades para extraer las imágenes. «Yo le dije: ‘De alguna manera tienes que sacarlas'», sostuvo el acusado el acusado.

Este viernes, un guardia civil ha explicado que el encargado transmitió «que tenía entendido que recientemente tenía una avería», pero que no descartó ni confirmó que tuviera las grabaciones, y que ante esto se decidió ir a recoger el aparato.

TESTIGOS PROTEGIDOS

Los agentes también han declarado que varios testigos fueron declarados testigos protegidos porque manifestaban que tenían «miedo» a posibles represalias por parte de los acusados. Decían que los trabajadores del local estaban muy interesados en cómo iba la investigación», «comentaban que había porteros que habían agredido alguna vez a alguien, que no eran gente pacífica», han indicado.

No obstante, estos testigos negaron esta semana en el juicio que tuvieran miedo de los acusados y apuntaron que simplemente la Guardia Civil les ofreció esta protección y ellos aceptaron.

Uno de ellos dijo que tenía miedo, pero sin señalar a los acusados sino hablando de que la zona de Magaluf, en general, es «un sitio peligroso»; otro dijo que aceptó esa protección porque nunca había intervenido en una causa judicial y pensó que era «mejor prevenir que curar».

Los obispos españoles han indicado que mantienen una relación de «preocupante discrepancia» y «desencuentro» con el programa legislativo del Gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez, en concreto, con leyes como la de educación, eutanasia, protección al menor, la reforma del aborto y la ley ‘trans’.

«Las relaciones con el Gobierno y su propuesta legislativa son de desencuentro, lo cual no quita que en otras cuestiones del día a día, como los aspectos fiscales, las inmatriculaciones, que son asuntos de interés menor, nuestra relación es adecuada, guardando el respeto institucional. Pero respecto al programa legislativo, que termina siendo atropológico, nuestra relación es de preocupante discrepancia«, ha afirmado el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, este viernes en la rueda de prensa posterior a la Asamblea Plenaria de los obispos.

Argüello ha puntualizado que las relaciones con un gobierno se miden «con dos ritmos», el de las actividades ordinarias, que han sido «cordiales», y el de las propuestas más a largo plazo, como las leyes y, en estos asuntos, según ha precisado, a la Iglesia le hubiera gustado «hablar más», dejar «clara» su opinión, «como un sector de la sociedad, sin querer tener mayor influencia de la que le corresponde».

En concreto, ha mostrado su rechazo a «la ley de educación, la ley de eutanasia, la ley que tiene que ver con las identidades de género o con la transexualidad y la reforma que amplía la ley del aborto».

También ha manifestado sus reservas hacia la ley de protección a la infancia recientemente aprobada en el Pleno del Congreso porque se asienta, según ha advertido Argüello, en una «comprensión antropológica» a la hora de «la educación sexual» y de las «propuestas de cambio de sexo». También ha opinado que queda «muy disminuida la importancia que se da a los padres, como queriendo disolver los cuerpos intermedios» a favor de la relación «individuo-Estado».

TESTAMENTO VITAL CONTRA LA EUTANASIA

En relación a la ley de eutanasia, los obispos españoles, a través de la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida, han propuesto un nuevo texto de Declaración de Instrucciones previas y voluntades anticipadas, para que los ciudadanos que así lo deseen puedan dejar por escrito que no quieren la eutanasia.

La persona que firme este texto manifiesta su deseo de que «si llegara a padecer una enfermedad grave e incurable o a sufrir un padecimiento grave, crónico e imposibilitante o cualquier otra situación crítica» se le «administren los cuidados básicos y los tratamientos adecuados para paliar el dolor y el sufrimiento» pero «no la prestación de ayuda a morir en ninguna de sus formas, sea la eutanasia o el ‘suicidio médicamente asistido'» ni que se le «prolongue abusiva e irracionalmente» la muerte.

«Considero que la vida en este mundo es un don y una bendición de Dios, pero no es el valor supremo absoluto. Sé que la muerte es inevitable y pone fin a mi existencia terrena, pero desde la fe creo que me abre el camino a la vida que no se acaba, junto a Dios», indica la propuesta de documento.

También recoge el deseo del firmante de recibir asistencia de un sacerdote antes de morir y, si se trata de una mujer, se manifiesta también que «en caso de estar embarazada, se respete la vida del hijo».

Argüello ha puntualizado que «no vale» con llevar este testamento vital «en la cartera» ni con «ponerlo en la mesilla del hospital» sino que la ley establece que debe ser registrado en registro público, de manera que se incorpore al historial del paciente.

Los obispos lanzarán una campaña para dar a conocer este nuevo testamento vital y hacen un llamamiento para que se facilite por medio de recursos electrónicos el registro de estas últimas voluntades.

MISAS HOMENAJE A FRANCO

Por otro lado, preguntado por las misas homenaje al dictador Francisco Franco, ha calificado de «buena noticia» que «se ore por cualquier difunto» pidiendo «perdón para la persona por quien se ofrece la misa», pero «no que se haga un homenaje y menos aún, actos políticos».

«Eso no nos parece adecuado y me consta que bastantes diócesis ante casos en que se han querido hacer actos de significado político, hemos hecho lo posible por evitarlo», ha subrayado.

Por otro lado, el portavoz de los obispos ha mostrado su «preocupación» por una posible ley de libertad de conciencia que «reduce la libertad religiosa» intentando «privatizar o encerrar el ejercicio de la fe en la conciencia o en la sacristía de cada templo».

Entre otros asuntos abordados por los prelados, también han anunciado «una semana del matrimonio» que tendrá lugar del 14 al 21 de febrero, coincidiendo con San Valentín, la fiesta de los enamorados, para hacer una «campaña en favor del matrimonio» y contrarrestar el «invierno demográfico» en España.

Los obispos españoles han calificado de «doloroso» el cartel de Vox en el que comparan la pensión de jubilación de una persona mayor con las ayudas para los menores extranjeros solos, pues consideran que no se puede «enfrentar» a «unos pobres contra otros».

«Me parece doloroso que se pongan en conflicto dos realidades problemáticas de la sociedad, por una parte, los problemas de los mayores y, por otra, de los migrantes. Es verdad que se expresa una realidad de problemas que tenemos pero la Doctrina Social de la Iglesia explica que no podemos poner en la balanza a unos pobres contra otros, unas necesidades contra otras», ha subrayado el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, este viernes en una rueda de prensa tras la Asamblea Plenaria de los obispos.

Según ha precisado, «es verdad que luego los gobiernos tienen que hacer un discernimiento sobre cómo administrar los recursos escasos» pero ha añadido que no se puede «enfrentar en el imaginario de una sociedad, en las emociones de los posibles votantes unas necesidades con otras».

Además, el portavoz de los obispos ha apuntado que «parece que el número de menores extranjeros no acompañados en Madrid tampoco es muy grande», y ha defendido «la dignidad de todas las personas».

Sobre los juicios que se hacen sobre el colectivo de menores extranjeros no acompañados, a los que VOX ha asociado con la delincuencia, el obispo Luis Argüello ha advertido de que cualquier persona que se pueda ver en un ambiente o situación determinada «puede ser más proclive a cometer delitos».

«Esto no lo justifica, porque la decisión de cometer un delito es personal, pero no cabe duda que hay ambientes o situaciones que pueden favorecer más la búsqueda de atajos para solucionar la propia existencia», ha explicado.

En esta línea, ha recordado la importancia de tener, como dice el Papa Francisco «una tierra, un techo y un trabajo», y ha subrayado que la Doctrina Social de la Iglesia defiende «la dignidad de todas las personas».

Preguntado por las declaraciones de la candidata de Vox a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, quien ha dicho hoy en RNE que Cáritas es «uno de los beneficiarios de estos 4.700 euros por plaza» para los menores extranjeros –a los que se refieren en su cartel–, Argüello ha dicho que no ha escuchado estas valoraciones y ha defendido el trabajo de Cáritas que se ha visto «desbordada», sobre todo, en Canarias, para ayudar a los miles de migrantes que han llegado en pateras.

El obispo ha puntualizado que con motivo de la crisis migratoria así como por la crisis del coronavirus, Cáritas está recibiendo más «donativos de los fieles» y «ayudas de las administraciones públicas». En todo caso, también ha precisado que «Cáritas ha renunciado a algunas ayudas porque no quiere hacer una tarea que piensa que no le corresponde o que pueda ser coartada de lo que les parece una posición injusta de las administraciones públicas».

También ha recordado la denuncia que hizo este jueves el obispo de Canarias, José Mazuelos, ante la situación de los migrantes en las islas y pidiendo que «Canarias no se convierta en una especie de Lampedusa».

DAR LA IMPORTANCIA QUE TIENE A LAS ELECCIONES MADRILEÑAS

Preguntado por las elecciones a la Comunidad de Madrid, Argüello se ha remitido a la nota publicada por los obispos de las diócesis locales que «animan a ejercer el voto responsable». También ha sugerido «darle la importancia que tiene» ya que será un gobierno que dure «dos años».

«En general, decir que los principios de la Doctrina Social de la Igesia son los que iluminan a lo que no deja de ser un juicio prudente entre fines y medios que cada elector ha de realizar. Por otra parte, estas elecciones van a elegir un gobierno con una duración de dos años, entonces, démosle la importancia que tiene, que sin duda son unas elecciones importantes, pero situémoslo en el espacio y en el tiempo», ha propuesto el portavoz de los obispos.