El presidente del Govern, Pere Aragonès, ha sostenido este viernes que, al margen de presentar sus propuestas públicamente en el Gran Teatro del Liceo el próximo lunes a las 12 horas, el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, debería abordarlas con él y su Govern, en una reunión que «se tiene que celebrar durante junio», como acordaron.

A preguntas de los medios, ha asegurado que por ahora no le consta haber recibido ninguna invitación formal para asistir al acto, ha dicho en rueda de prensa junto al expresidente del Govern Carles Puigdemont tras reunirse en Waterloo (Bélgica).

«Independientemente de los actos que pueda organizar, espero tener la oportunidad de discutirlo a fondo, con toda la firmeza a favor de la amnistía y la autodeterminación», ha remarcado Aragonès, que ha insistido en que, con quien debe abordar el asunto Sánchez, es con él y su Ejecutivo.

Puigdemont ha resaltado que acumulan años preguntándose si el Gobierno central está dispuesto a negociar en condiciones de igualdad con las instituciones catalanas y desde su reconocimiento: «A ver si alguien puede formularle esta pregunta el lunes» a Sánchez.

Ha insistido en que la mesa de diálogo con el Gobierno central debería ser de negociación: «Si es para dialogar, podemos dialogar aquí mismo. Es algo muy serio y nos gustaría que el Estado español aprendiera que los conflictos políticos se deben resolver de forma política. Y lo más alejado del concepto de negociación se llama Código Penal y Tribunal de Cuentas».

REUNIÓN EN WATERLOO

Aragonès ha defendido que la reunión con Puigdemont no sólo ha representado «el reconocimiento institucional a un presidente de la Generalitat que lo fue en los momentos de una legislatura extremadamente difícil», sino también una voluntad de continuidad institucional de la Generalitat, y ha asegurado que este será el primero de diversos encuentros.

«Iniciamos esta nueva relación institucional, desde mi responsabilidad como presidente de la Generalitat, y trabajaremos para que próximas reuniones se puedan hacer en un clima de normalidad, acabada la represión», y se puedan mantener en el Palau de la Generalitat, ha dicho Aragonès.

Ambos han tratado la reunión con mucha importancia, según Puigdemont, que ha defendido que todos los eventuales acuerdos deben partir del mutuo reconocimiento y del respeto del rol que juega cada uno, y ha remarcado que ha sido una reunión institucional: «No era una reunión ejecutiva para intentar abrir carpetas de acuerdos o desacuerdos, que ya se está haciendo en su marco».

Han expresado su agradecimiento mutuo por el encuentro y, preguntados por el papel del Consell per la República (CxRep), que lidera Puigdemont, Aragonès ha recordado que se estableció en el acuerdo entre ERC y Junts para investirle presidente, y han señalado que ha sido una reunión por respeto a la institución de la Generalitat.

¿REFERÉNDUM?

Preguntado por la afirmación de Mireia Vehí (CUP) en una entrevista de ‘El Mundo’ de que habrá un referéndum en dos años, Aragonès ha descartado hacer valoraciones al margen de la reunión con Puigdemont: «Pero es evidente que el independentismo nunca va a renunciar a su objetivo, que es la independencia de Cataluña».

Puigdemont ha dicho que el referéndum fue el del 1 de octubre de 2017: «Creo que todos estamos de acuerdo de que sólo un referéndum acordado con el Estado español puede sustituir el del 1-O. Si la CUP quiere trabajar en ese escenario, pues perfecto», y ha llamado a mantener una estrategia conjunta.

El Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de junio, hecho en plena polémica por los indultos a los presos del ‘procés’, mantiene al PSOE en cabeza aunque el PP vuelve a recortar la desventaja y ya está a sólo 3,5 puntos de los socialistas.

Así, el PSOE marca una estimación de voto del 27,4%, medio punto menos que el mes anterior, y el PP sube al 23,9%, justo medio punto más que en mayo.

La tercera plaza es para Vox, que vuelve a bajar y marca un 13%, mientras que Unidas Podemos, en la primera encuesta completa sin Pablo Iglesias al frente, se anota su mejor dato del año y sube hasta el 12%. Ciudadanos gana unas décimas respecto a mayo, pero sigue muy lejos, en el 5,7%, y la coalición de Más País, Equo y Compromís vuelve a subir y ya marca un 4,1%.

TRAS LA CRISIS CON MARRUECOS Y LA POLÉMICA DE LOS INDULTOS

La encuesta se basa en 3.814 entrevistas telefónicas realizadas a personas de 1.255 municipios entre los días 2 y 15 de junio, dos semanas después de la crisis migratoria con Marruecos y en plena polémica por los indultos a los presos del proceso independentista de 2017.

En ese contexto, y si mañana se celebrasen elecciones, el CIS registra por primera vez en la legislatura un empate técnico entre los dos grandes partidos en voto ya decidido: un 17,3% tiene claro que votaría al PSOE y un 17% al PP.

Ante esa pregunta, hay un 20% que no aún sabe su voto o que no contesta, más un 10,5% que estaría en la abstención. Por eso, el CIS siempre pregunta a los indecisos por sus simpatías y ahí es donde el PSOE tiene mejor ‘prensa’ que el PP, lo que hace que, en la suma de voto decidido más simpatía, los socialistas suban hasta el 21,5% frente al 18,8% del PP.

EL PSOE DE SÁNCHEZ, EN SU COTA MÍNIMA

Ya con toda la encuesta y teniendo en cuenta e cuestionario completo, la conclusión del CIS es que el PSOE sigue siendo el partido con mayor respaldo, con una estimación de voto del 27,5%. Eso si, es el peor dato de los de Pedro Sánchez en al menos dos años y supone medio punto menos que el mes anterior y seis décimas por debajo del resultado que obtuvo en las últimas elecciones generales.

Por contra, el PP sube hasta el 23,9%, medio punto más que el mes anterior y tres puntos por encima de su resultado de las últimas elecciones generales. Los ‘populares’ cumplen tres meses creciendo, pues en marzo ni siquiera llegaban al 18%.

Eso hace que la distancia entre los dos grandes partidos se rebaje hasta los 3,5 puntos, uno menos que el mes anterior. Es decir, la ventaja de 7,18 puntos que sacaron los socialistas en las generales de 2019 se ha recortado a la mitad antes incluso de llegar al ecuador de la legislatura.

Vox se mantiene en la tercera plaza, pero cae siete décimas y ahora maca un 13% de estimación de voto, dos puntos por debajo de los generales. Ahora los de Santiago Abascal tienen más cerca a Unidas Podemos, que crece 1,6 puntos desde la retirada de Pablo Iglesias y ahora se anotan un 12%, apenas ocho décimas por debajo del resultado electoral de noviembre de 2019.

Más lejos aparece Ciudadanos, a quien el CIS atribuye una estimación de voto del 5,7%, un punto menos que su resultado de las últimas elecciones generales, cuando dimitió Albert Rivera, pero al menos sube cuatro décimas respecto a mayo.

SUBIDA DE MÁS PAÍS Y DE ERREJÓN

Y se aproxima la coalición de Más País, Equo y Compromís, que en junio marca un 4,1%, tres décimas mas que en mayo, cuando ya subió por la ‘resaca’ de su buen resultado en las elecciones autonómicas e Madrid. La formación que lidera Íñigo Errejón se acerca al 5% que facilita formar grupo propio en el Congreso y triplica el 1,25% que cosechó en las generales de 2019.

En cuanto a la valoración de líderes, en junio se estrena en el CIS la vicepresidenta Yolanda Díaz como cartel electoral de Unidas Podemos y lo hace ‘a lo grande’, obteniendo la mejor nota, 4,6 puntos, y superando en punto y medio a su antecesor, Pablo Iglesias, que en mayo se quedó en 3,1 puntos.

La irrupción de Yolanda Díaz relega a la segunda plaza al presidente Pedro Sánchez, que llevaba años encabezando la tabla y que ahora se queda en 4,2 puntos, la misma valoración que el líder de Más País, Íñigo Errejón, que vuelve a las encuestas del CIS. La última vez que se preguntaba por él fue en febrero de 2020 y estaba en 3,3 puntos. Detrás quedan el líder del PP, Pablo Casado, con 3,6 puntos, y el presidente de Vox, Santiago Abascal, que cierra la lista con 2,8 puntos.

En todo caso, Sánchez sigue siendo el político preferido para presidir el Gobierno, aunque con menos respaldo que en meses anteriores, un 19,3%, frente al 11% que desearía ver a Casado en Moncloa y el 10,1% que cita a Yolanda Díaz.

El líder del PSOE sigue contando con la confianza del 26,4% de los encuestados, mientras que un 70,2% tiene poca o ninguna confianza en el presidente. Los datos de Casado continúan siendo peores: sólo un 12,5% confía en él frente a un 83,1% no se fía.

Isabel Díaz Ayuso ha sido investida de nuevo presidenta de la Comunidad de Madrid, gracias a los 77 diputados que suman el Partido Popular y Vox y pese al voto en contra de PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos.

La Asamblea de Madrid ha acogido este jueves y viernes el Pleno de investidura tras la convocatoria de elecciones adelantadas del 4 de mayo, consecuencia de la ruptura de Ayuso con Ciudadanos.

En la primera jornada del debate la ‘popular’ desgranó, durante casi dos horas de discurso, las principales políticas que pondrá en marcha su Gobierno. Entre los casi cincuenta anuncios que realizó destacan tres: rebaja fiscal para la campaña de la renta 2022, un plan para la descarbonización y contra el cambio climático y la puesta en marcha de ayudas económicas a la maternidad para las mujeres menores de 30 años.

Además, fiel a sí misma, Ayuso defendió que blindará la libertad que existe en Madrid y reivindicó que la región se ha convertido «en el primer muro donde se estrellan las políticas del Gobierno central, que están haciendo de España un país desgajado, manoseado por los independentistas y sin socios en la comunidad internacional.

En la segunda sesión, Monasterio ha cumplido su palabra de dar sus votos a la presidenta para que comiencen «a trabajar cuanto antes porque se ha perdido un tiempo valiosísimo». Pese a que ha dicho en numerosas ocasiones que entregaba sus votos «gratis» hoy la líder de Vox ha mostrado algunas de sus exigencias como derogar las leyes LGTBI vigentes en la Comunidad de Madrid y cerrar Telemadrid.

Ha dicho que están abiertos a colaborar siempre que respeten a sus votantes y su programa político. «Nosotros desde luego respetamos a los suyos y su programa aunque diferimos en muchos aspectos. Somos fuerzas políticas muy distintas. Tenemos posiciones diferentes pero eso no debería ser un obstáculo insalvable para alcanzar los acuerdos que necesitan los madrileños», ha declarado.

«NACE SU GOBIERNO, PERO NACE UNA OPOSICIÓN FÉRREA»

Los tres portavoces de la izquierda (Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos) han avanzado en sus intervenciones que sus formaciones se posicionarían en contra de que Ayuso alcanzara la Presidencia.

La portavoz de Más Madrid, Mónica García, le ha indicado que hoy «nace su gobierno» pero también «nace una oposición férrea» ante él. «Me imagino que se habrá fijado, pero a partir de hoy me siento delante de usted», le ha dicho.

Por su parte, la portavoz del PSOE, Hana Jalloul, ha defendido la posición en contra de su grupo porque considera que la ‘popular’ ha convertido a la región en «un plató», ha hecho de la confrontación «su seña de identidad» y ha puesto las instituciones «a su servicio y no al revés».

La portavoz de Unidas Podemos, Carolina Alonso, cree que la ahora presidenta ha convertido al Gobierno regional en un «aparato de propaganda» bajo una gran «fábrica de mentiras» y ha mostrado su «desacuerdo y preocupación» con que vaya a ser de nuevo la que dirija a los madrileños.

La dirigente regional tomará posesión de su cargo mañana por la mañana, a las 12 horas, en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno madrileño, y será el lunes cuando lo hagan los nuevos consejeros del Ejecutivo. Ese día tendrá lugar el primer Consejo de Gobierno de la XII Legislatura.

El director del Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Universidad de Zaragoza, Juan José Badiola, ha pedido prudencia ante el anuncio del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, de que las mascarillas dejarán de ser obligatorias en los espacios al aire libre a partir del sábado 26 de junio, y ha dicho que hubiera esperado dos o tres semanas más para adoptar esta medida.

En declaraciones, ha detallado que si bien las cifras de personas que han recibido la primera dosis o la pauta completa de la vacuna contra la COVID-19, del 50 y 30 por ciento, respectivamente, son «alentadoras», no lo es la incidencia, con 96 casos por 100.000 habitantes a 14 días en España.

A su entender, hubiera sido conveniente esperar un poco más para que avanzara el porcentaje de vacunados y hubiera un descenso «más claro» de la incidencia ya que en estos momentos «no es lo suficientemente baja». «No hay que olvidar que a pesar de que uno esté vacunado se puede infectar y puede contagiar a otros», ha observado.

Badiola ha opinado que lo «ideal» sería adoptar la media cuando la mayoría de las comunidades autónomas tuviera una incidencia de 50 o menos casos ya que ahora las hay con entre los 100 y 150 e incluso alguna con 150. «Entiendo que las cosas no son fáciles» y que por «alguna circunstancia particular» hay territorios con esas cifras, ha dicho.

El también catedrático de la UZ ha considerado que dejar de usar la mascarilla «es una medida que hay que adoptar con un poco de cuidado porque ha sido la herramienta más importante para evitar contagios durante todo el periodo de la pandemia».

DECISIÓN GUBERNAMENTAL

Badiola ha comentado que es una decisión de las autoridades sanitarias, «que supongo que habrá sido consensuada con las comunidades autónomas», y que también ha adoptado Francia. Ha añadido que se va a tomar cuando comienza el verano, una época del año en que es más «incómodo» llevar la mascarilla. Además, solo estará vigente en espacios exteriores, donde el porcentaje de contagios es muy bajo.

No obstante, ha advertido de que a partir del 26 de junio «estaremos en una situación de tránsito, intermedia» porque habrá que seguir llevando la mascarilla en el transporte público y en los espacios interiores, como comercios y otros lugares.

Badiola ha enfatizado en que el virus «sigue todavía con nosotros;la pandemia no se ha acabado» y aunque cada vez tendrá más dificultades para circular cuando el porcentaje de vacunados sea mayor, se presenta «cierta amenaza» con la variante india o Delta, «que es más contagiosa».

Según ha dicho, ha obligado a Gran Bretaña a dar «marcha atrás» en sus planes de desescalada y se ha preguntado qué ocurrirá en España, especialmente en la costa mediterránea y en las islas, cuando los británicos acudan «en masa». «Alguno la podrá traer» y por eso «habrá que tener especial precaución».

Ha apuntado que lo más preocupante de las nuevas cepas es que puedan eludir la repuesta vacunal, algo que hasta ahora «parece ser que no se ha producido».

JÓVENES

Badiola ha incidido en que el peligro de contagio «sigue estando ahí», especialmente en persona no vacunadas, que en estos momentos son los jóvenes, quienes, además muchas veces son asintomáticos y eso ayuda a una mayor transmisión del virus.

Por eso, ha pedido prudencia a la población en general y, en especial a los jóvenes, que, además, «son los que tienden más tendencia a agruparse, hacer fiestas, como estamos viendo».

La dirección nacional del PP ha subrayado este viernes que no acepta «presiones» con los indultos a los líderes del ‘procés’ y ha destacado «la firmeza y serenidad» que visualizó Pablo Casado delante de los empresarios catalanes al defender su posición contraria a la medida de gracia y «en defensa del interés general».

De hecho, fuentes ‘populares’ consideran que su tesis recoge el «sentir mayoritario de la sociedad española». «La gente en la calle está en el ‘no’ a los indultos, incluso del PSOE. Nuestra posición engancha con la mayoría social en España», asegura un miembro de la Ejecutiva del PP.

Así ha reaccionado ‘Génova’ ante el debate abierto a raíz de las últimas declaraciones de los empresarios catalanes –delante del propio Casado– a favor de la medida de gracia a los condenados por el ‘procés’ y de las manifestaciones realizadas por el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, dando la bienvenida a los indultos si las cosas se normalizan, si bien después las matizó asegurando que la patronal no se posiciona.

El propio Casado, ante esas palabras de Garamendi, puso el acento este jueves en que las había «matizado» y añadió que está de acuerdo con él en que son los políticos quienes tienen que hablar de estos temas. «Todos tenemos sentimientos, pero estos no son fuente de Derecho; nos debemos a las leyes y a la Constitución», afirmó.

Este viernes, el jefe de la oposición ha seguido sus contactos con los empresarios. En este caso se ha reunido en Madrid con el presidente del Círculo de Empresarios, Manuel Párez-Sala, y ha puesto en valor los puntos que comparten.

«Coincidimos en que la Constitución y el Estado de Derecho son esenciales para la recuperación del empleo y el sostenimiento de nuestro modelo de bienestar», ha destacado el propio Casado en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

MONCLOA «MUEVE FICHAS» PARA «CONSTRUIR SU RELATO»

Con la concesión de los indultos a la vuelta de la esquina –se apuesta por el 22 de junio y, a más tardar el día 29–, en la cúpula del PP ya daban este jueves por descontado que Moncloa «explotará» y «se agarrará como un clavo ardiendo» a declaraciones como las de los empresarios.

«El Gobierno está moviendo sus fichas. A toda costa quiere construir su relato», resume otro cargo de la cúpula ‘popular’, que subraya además que las declaraciones de Garamendi causaron malestar en diferentes sectores del mundo empresarial.

Ante la «presión» a Casado por parte del empresariado catalán –de la que se han hecho eco varios medios– diferentes cargos de la dirección del PP han reiterado este viernes su rechazo a la medida de gracia y han puesto en valor la «firmeza y serenidad» que mostró el presidente de su partido en Barcelona. Según fuentes del partido, «por mucha propaganda de Moncloa», el PP no aceptará «presiones» porque se debe «al interés general».

«EL PP NO NEGOCIA SUS PRINCIPIOS»

En este línea se ha pronunciado el secretario general del PP, Teodoro García Egea, quién ha recalcado que su partido va a estar en la defensa de la legalidad, del marco constitucional y de la igualdad de todos los españoles ante la ley. Y ha avisado que «el PP no negocia sus principios, los ejercita».

«Por eso, lo diga quien lo diga, o lo pida con lo pida, el PP no se va a alejar nunca de la defensa del Estado Constitucional y de su oposición frontal a unos indultos injustos y arbitrarios, que no cuentan ni con el aval del Tribunal Supremo y cuentan con la oposición de la propia Fiscalía», ha advertido García Egea, que ha asistido al debate de investidura de Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid.

En parecidos términos se ha expresado la vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán, quién ha puesto en valor el discurso de Casado en Barcelona «frente a la propaganda y las mentiras de Sánchez sobre los indultos». También Pablo Montesinos ha destacado en Huelva la «altura de miras y la firmeza» de Casado «no aceptando presiones y defendiendo el interés general».

El anuncio que ha realizado este viernes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el fin de la obligatoriedad de las mascarillas en ciertos espacios a partir del 26 de junio, ha llevado a las Comunidades a asumir esta decisión y a preguntarse de qué manera se articulará esta norma para adecuarla a nivel autonómico, si bien alguno de los Ejecutivos regionales ha afeado al Gobierno que se haya anunciado sin haberlo consensuado en el Consejo Interterritorial.

El debate sobre eliminar la obligatoriedad de las mascarillas en espacios abiertos se viene dando desde hace un mes aproximadamente después de que algunas Comunidades Autónomas lo plantearan en el seno del Consejo Interterritorial.

Sin embargo, este órgano, en el que están representados el Ministerio de Sanidad y las CCAA, decidió hace apenas dos días aplazar la decisión de relajar el uso de las mascarillas, a pesar de que ese mismo miércoles el propio Sánchez avanzara que en los próximos días se tomaría una decisión al respecto.

Finalmente, Sánchez ha anunciado esta misma mañana que el jueves 24 de junio se convocará un Consejo de Ministros extraordinario para poner fin, a partir del sábado 26 de junio, a la obligatoriedad de portar la mascarilla en espacios abiertos.

Esto, ha provocado el enfado de algunos Gobiernos autonómicos como los de Andalucía, Castilla y León o Cataluña, que han afeado al jefe del Ejecutivo que hiciera este anuncio públicamente sin haberlo consensuado con las CCAA en el Consejo Interterritorial y que se hubiera podido tomar un acuerdo por consenso.

ESPERAR A QUE SE CONCRETE

En cualquier caso, las Comunidades Autónomas que ya se han pronunciado ahora se encuentran a la espera de qué manera el Gobierno de Pedro Sánchez concreta esta medida para poder adecuar el fin de la obligatoriedad de la mascarillas en espacios abiertos a sus normas autonómicas.

Así, la Generalitat de Cataluña ha señalado esta misma mañana que estará pendiente de que el Gobierno concrete el planteamiento del anuncio realizado por Sánchez. En parecidos términos se ha expresado la presidenta de La Rioja, Concha Andreu, que ha asegurado que se basaran en «los datos sanitarios y científicos»: «Creo que no va a haber ningún problema para tomar esa decisión».

También la Generalitat Valenciana se mantiene a la espera de que el Ejecutivo concrete esta norma, tras plantear esta semana en el Consejo Interterritorial de Salud la posibilidad de establecer un ‘semáforo’ para flexibilizar la obligatoriedad en función de la situación epidemiológica y del ritmo de vacunación de cada autonomía.

«UNA BUENA NOTICIA»

Por su parte, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha calificado de «buena idea» el anuncio de Sánchez. «Dado que los índices que tenemos, que son más o menos controlables, en función de que la presión hospitalaria es mucho más baja, me parece buena idea», ha manifestado el mandatario autonómico.

En el caso de Baleares, desde el Gobierno autonómico valoran positivamente esta decisión. «En estos momento, en Baleares hay una situación muy buena, de las mejores de España y eso ya nos permite con cierta seguridad eliminar la mascarilla en los exteriores», destacan.

Por su parte, la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, ha explicado que la decisión del Ejecutivo central de suprimir la obligatoriedad de llevar mascarilla en los espacios al aire libre a partir del próximo 26 de junio está «en sintonía» con sus medidas.

SIN COMUNICARLO EN LOS FOROS ADECUADOS

Por otra parte, la consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado, ha manifestado que le hubiera «encantado» saber antes el anuncio de Sánchez, añadiendo que «donde se tienen que debatir estas cosas es primero en la Comisión de Salud Pública y segundo en el Consejo Interterritorial».

En términos parecidos se ha expresado el consejero de Presidencia del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, que, aunque ha asegurado que adoptarán la decisión que se adopte a nivel nacional, ha criticado que es una medida que «no se ha consensuado con las comunidades autónomas».

«Nos parece muy bien los anuncios del presidente del Gobierno, pero creo que es bueno que se debata en el seno de la Conferencia Interterritorial de consejeros de Salud y que se adopten los principales acuerdos por unanimidad», ha manifestado Bendodo.

En el caso de Galicia, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrado el anuncio del Gobierno, aunque ha censurado que el Ejecutivo de Sánchez lo haya convertido en una «decisión política», y ha reclamado un protocolo «correcto y adecuado» sobre las condiciones en las que podrá dejar de usarse esa medida de protección, al tiempo que ha advertido de que el comité clínico que asesora a la Xunta revisará dicho protocolo «y lo ampliará, modificará o cumplirá taxativamente en función del rigor sanitario que tenga».

Al 39,4 por ciento de los hombres les costó asumir su condición de persona LGTBIQ+ frente al 29,9 por ciento de las mujeres, mientras que las madres son las segundas en cuanto a confiarse a hablar abiertamente sobre su identidad sexual o de género (9,7 por ciento).

Un aplastante 60,6 por ciento se abrió por primera vez a hablar sobre su orientación sexual o de género con un amigo o amiga. Los padres quedan relegados a la penúltima posición (2 por ciento), incluso por debajo de un desconocido en Internet (5 por ciento).

Aproximadamente uno de cada cuatro admite que su madre no sabe o nunca supo su identidad de género u orientación sexual, aunque unporcentaje similar declara que ésta le apoyó desde el inicio. Y alrededor del 15 por ciento afirma que su madre sintió preocupación por el posible rechazo social y que no les sorprendió porque ya se lo imaginaban.

De entre aquellos padres y madres que conocen o conocieron que su hijo o hija era LGTBIQ+, cuatro de cada diez reaccionaron de un modo negativo, mientras que las madres les apoyaron en mayor medida.

APOYO DE LAS FAMILIAS

Presentada por la vicealcaldesa, Begoña Villacís, el titular de Familia, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte, y el director general de Innovación y Estrategia Social, Héctor Cebolla, la encuesta ‘El colectivo LGTBIQ+ en la ciudad de Madrid’, elaborada por 40dB, es «la primera que se realiza en la ciudad de estas características» ante «la alarmante escasez de datos».

El 25,4 y el 18,2 por ciento considera que su madre y su padre, respectivamente,, les apoyaron cuando se enteraron de su pertenencia en el colectivo LGTBIQ+. En el ámbito familiar, la mayoría (56,2 por ciento) percibe al menos algo de discriminación hacia las personas LGTBIQ+ y considera, en un 56,2 por ciento, que es un entorno donde no pueden mostrarse abiertamente.

En cuanto a los amigos, cerca del 75 por ciento afirma que la mayor parte de su círculo cercano reaccionó muy o bastante bien cuando les comunicaron su orientación. Este porcentaje se reduce conforme avanza la edad: únicamente el 59 por ciento de las personas de 55 años y más afirma haber tenido una buena reacción por parte de sus amistades.

CUÁNDO FUERON CONSCIENTES DE SU IDENTIFICACIÓN SEXUAL

La mayoría de los encuestados fue consciente por primera vez de su orientación o identificación sexual o de género a una temprana edad, entre los 10 y los 17 años (53,5 por ciento). En concreto, uno de cada tres hombres se dio cuenta por primera vez a la entrada de la adolescencia, entre los 10 y los 14 años. Ellas fueron conscientes a una edad más avanzada.

La edad más común en que la que se habla por primera vez con alguien sobre identificación de género u orientación sexual es entre los 18-24 años (36,7 por ciento), seguida de los 15-17 años (29 por ciento). Ellas, de nuevo, han mantenido su primera conversación sobre su identidad u orientación con mayor edad que ellos.

El 40,9 por ciento afirma que no ha hablado sobre su orientación o identidad sexual o de género porque no lo necesita. El 15,9 porque no está seguro o segura de su identidad, el 13,6 por miedo al rechazo, el 9,1 por no sentirse cómodo con su condición, el 6,8 por no haberlo asimilado y el 4,5 por miedo a represalias.

ELLOS SE IDENTIFICAN COMO GAYS, ELLAS COMO BISEXUALES

Ellos, según la encuesta, se identifican principalmente como gays (55,4 por ciento) y en menor medida como bisexuales (41). Lo contrario ocurre entre las mujeres: son de forma mayoritaria bisexuales (70,9 por ciento) y únicamente el 17,2 por ciento lesbianas.

El 4,2 por ciento se identifica como intersexual y el 2 por ciento como transexual. Entre las personas de otra identidad u orientación sexual o de género (4 por ciento) se encuentran principalmente mujeres asexuales.

Se trata de un estudio exploratorio sobre el colectivo LGTBIQ+ de la ciudad de Madrid abordando su perfil personal y aspectos de su vida como su entorno social, familiar y laboral, vivencias, experiencias y opiniones, la discriminación social y las dificultades a las que se enfrentan.

La encuesta se ha llevado a cabo a partir de 600 entrevistas válidas entre residentes en Madrid de 18 a 75 años que se han reconocido de forma anónima como LGTBIQ+.

El pleno del Consell ha aprobado este viernes el decreto de creación de la comisión de garantía y evaluación del derecho a la prestación de ayuda para morir, prevista en la Ley de Eutanasia. La petición se podrá hacer en centros sanitarios públicos, privados, residencias o en el domicilio del paciente.

Se trata de un órgano multidisciplinar, con un número mínimo de siete miembros entre médicos, enfermeras y juristas. El objetivo es garantizar que, el próximo 25 de junio, tanto los profesionales como la ciudadanía dispongan de toda la información sobre los requisitos, procedimientos y documentación para ejercer este derecho en la Comunitat.

Organizados en grupos de trabajo, liderados y coordinados desde la Conselleria de Sanidad, varios equipos formados por profesionales de Medicina, Enfermería, Farmacia, Sociología, Filosofía, Bioética, Derecho y Trabajo Social han trabajado para implantar la Ley Orgánica de la Eutanasia en el ámbito valenciano.

Sanidad lanzará un plan de información y comunicación sobre el nuevo derecho, dirigido tanto a la ciudadanía como a los sanitarios, a través de su web en un apartado específico con contenido informativo. También informa y forma al personal sanitario, tanto del ámbito público como privado, y a los profesionales de los Servicios de Atención al Paciente (SAIP).

DECISIÓN LIBRE

En concreto, la ley establece que el solicitante de la prestación de ayuda a morir debe ser mayor de edad y capaz, estar en España y residir en el país al menos un año y verse aquejado por un sufrimiento intolerable a causa de una enfermedad en fase terminal o por una patología irreversible que provoque graves limitaciones a su autonomía física.

En caso de que la persona no tenga capacidad para iniciar el procedimiento de aplicación de la ley y haya realizado instrucciones previas o voluntades anticipadas, la solicitud la puede presentar el representante designado acreditando la designación e instrucciones previas de forma inequívoca.

La petición, que el paciente puede revocar en cualquier momento, debe realizarse dos veces en un plazo no inferior a 15 días entre ambas y tras un proceso deliberativo con el médico, quien informa en profundidad y con garantía de su entendimiento y capacidad del procedimiento.

Estas solicitudes deben hacerse por escrito y siguiendo unos pasos que están detallados en la ley. Son trámites necesarios para garantizar que la decisión se produce con absoluta libertad, autonomía y conocimiento.

Si la situación se ajusta a los requisitos, el médico responsable emitirá un informe favorable que será remitido a la comisión para su conformidad. En caso contrario, se denegará la solicitud, aunque el paciente podrá recurrir a este órgano para la revisión de su caso. Si se le vuelve a denegar, podrá hacerlo ante el tribunal contencioso administrativo.

Por su parte, los profesionales directamente implicados en la prestación de ayuda médica para morir pueden ejercer su derecho a la objeción de conciencia y deben manifestarlo de forma anticipada y por escrito.

La defensa del exconseller Josep Rull ha presentado este viernes su recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contra la condena por sedición que le impuso el Tribunal Supremo (TS) en el juicio del 1-O.

«Vamos a la justicia europea a acusar al Estado de persecución de la disidencia y de vulneración de derechos y libertados fundamentales», ha expresado Rull en un tuit.

Ha explicado que su abogado, Jordi Pina, ya ha entregado el recurso, y ha manifestado: «Por los presos, exiliados y por los represaliados comprometidos con la libertad».

En el recurso, Rull alega entre otros que sufrió una vulneración del derecho a un tribunal imparcial y a citar testigos de descargo, porque el Supremo rechazó interrogar al expresidente Carles Puigdemont.

La defensa de Rull reprocha que algunos de los magistrados «tenían (o aparentaban tener) interés en la condena de los acusados a penas muy graves», y plantea argumentos similares a los que ya usaron el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y el exconseller Jordi Turull en sus recursos ante el tribunal de Estrasburgo.

Sobre la declaración de Puigdemont como testigo, que la defensa de Rull propuso y el tribunal rechazó porque estaba fugado del mismo procedimiento, dice que fue una decisión «arbitraria y contradictoria» con que sí admitiera a personas enjuiciadas en causas relacionadas con los mismos hechos, y cita al mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero.

EL SUPREMO «SE ATRIBUYÓ LA COMPETENCIA»

El recurso sostiene que la condena por sedición es irregular porque condenó a Rull «por promover una actuación ciudadana que no era delictiva».

También considera que el Supremo «se atribuyó la competencia para investigar y juzgar los hechos» y sostiene que debería haberlo hecho el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Como los otros presos del 1-O que han recurrido su condena al TEDH, Rull ha manifestado una violación del derecho a la libertad de expresión y de manifestación

La nueva secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha marcado como prioridad para esta nueva etapa de la formación morada «garantizar» que los nuevos Presupuestos Generales del Estado de 2022 profundicen en la senda «expansiva» y de «justicia fiscal» que inauguraron los de este año, para lo cual augura una negociación «larga y difícil» con el PSOE.

Además, la también ministra de Derechos Sociales ha lanzado varios reproches a su socio de coalición al admitir «frustración», que «no resignación», al comprobar que las medidas de cambio recogidas en el pacto con los socialistas avanzan «lentamente» y que algunas medidas que ponen encima de la mesa empiezan «descafeinadas» porque «algunos arrastran los pies».

Pese a ello y con las limitaciones como fuerza minoritaria en el Ejecutivo, ha asegurado que las iniciativas contempladas en el acuerdo de coalición se van a cumplir «hasta la última letra» y ha pronosticado que habrá Ley de vivienda con regulación del alquiler, nueva Ley Trans con autodeterminación de género y se conseguirá reducir el IVA en el precio de la luz, que los morados quieren que pase del 21 al 10%.

Durante su primera intervención en el Consejo Ciudadano estatal tras su proclamación como líder de Podemos, Belarra ha desgranado que antes del surgimiento de la formación morada el bipartidismo convirtió la política en «algo profundamente alejado de los problemas y la realidad cotidiana» de los ciudadanos.

En este sentido, ha ensalzado que Podemos y su exsecretario general Pablo Iglesias, cambió eso «para siempre» y que su deber al frente del proyecto es «ser humilde» y «no dejar de trabajar nunca en favor del bien común», una tarea en la que, como su predecesor, buscará consolidar el bloque progresista que da apoyo al Congreso.

«ALGUNOS ARRASTRAN LOS PIES»

No obstante y pese a que el actual Ejecutivo de coalición ha logrado gestionar la crisis del Covid-19 de manera diferente a la de 2008, Belarra es consciente del sentimiento de «frustración» en las bases del partido «por el hecho de que las cosas cambien tan lentamente, al mismo tiempo de que el país vive un momento tan difícil».

«Nosotros también sentimos esa frustración», ha proclamado la ministra de Derechos Sociales al ver que «muchas de las propuestas imprescindibles» para la gente que ponen encima de la mesa «acaban descafeinadas» mientras «otros arrastran los pies para no cumplir el acuerdo de gobierno».

Una frustración que le recuerda «cada día» que estar en el Gobierno no significa tener el poder, algo que ha ilustrado con la situación del mercado eléctrico al apreciar con «total claridad» que los presidentes de Naturgy, Iberdrola o Endesa tienen «más poder no ya que un diputado sino que un ministro para determinar el precio de la luz».

De nuevo y en clara referencia al PSOE, la nueva secretaria general de Podemos ha deslizado, en tono crítico, que «quizás por ello» ha habido «tantas reticencias» a su propuesta de crear una empresa de energía pública en el seno de la coalición, que permitiría introducir transparencia y competitividad en un mercado «oligopólico».

ESTÁN EN MINORÍA PERO PRESIONARÁN SIN DESCANSO

Pero ha asumido también autocrítica al reconocer que, con el peso de Unidas Podemos en el Gobierno, está siendo «extremadamente complicado» enfrentarse a las grandes empresas energéticas y también «muy difícil» bajar la factura de la luz.

Eso sí, Belarra ha reivindicado que la fuerza de Unidas Podemos, aunque sea minoritaria en la coalición, va a trabajar «sin descanso» en seguir cambiando las cosas y ese afán es lo que les permitirá crecer, aumentando su repaldo ciudadano.

Por tanto, con esa «humildad y compromiso» que les ha enseñado Pablo Iglesias, van a exigir una Ley de Vivienda que regule los precios del alquiler y frene los desahucios sin alternativa habitacional, así como una Ley Trans y LGTBi que asegure la libre autodeterminación de género.

También ha pronosticado que van a lograr derogar la reforma laboral del PP este mismo año, como ya ha dicho la vicepresidenta tercera Yolanda Díaz, conseguir subir el salario mínimo interprofesional, conseguir que el Ingreso Mínimo Vital, que ahora «no funciona bien», se mejore para que llegue a todos los hogares que lo necesitan, hacer realidad la Ley del ‘Solo sí es sí’, aplicar rápido la reducción de los ‘beneficios caídos del cielo’ a las energéticas y bajar el IVA de la luz para que lo noten los hogares en su tarifa.

DE LA FRUSTRACIÓN AL AVANCE

«Reconocer la frustración de que las cosas no salgan a la primera, no significa en absoluto resignarse. Al contrario, es imprescindible asumir los propios límites para seguir avanzando y crecer», ha ahondado la líder de Podemos.

También ha aludido a la situación de pandemia al señalar que ha dejado varias lecciones. Una de ellas es la constatación de que no se puede volver a afrontar una crisis con servicios públicos «recortados» y «privatizados», pues el sector público es más eficiente que la externalización de servicios.

Tras incidir en que reclaman la liberalización de las vacunas contra el Covid-19, la secretaria general de Podemos ha subrayado que otra enseñanza pasa por «repensar la economía« que debe evolucionar hacia una «reindustrialización» y una perspectiva «verde.

NO VAN A TOLERAR QUE SE NIEGUE LA VIOLENCIA MACHISTA

Por otro lado, Belarra se ha referido a la «gravísima alerta machista» y ha dejado claro que no van a tolerar que se «normalicen los asesinatos, los feminicidios sexuales y de violencia contra las mujeres», que so vulneraciones contra los derechos humanos.

Una situación que relaciona con el fin de las restricciones sanitarias pero también con la «normalización de los discurso» que niegan la violencia machista y buscan limitar al ámbito privado un problema que es claramente de orden público. «No lo vamos a permitir», ha proclamando para defender leyes que garantizan una verdadera justicia feministra, como la del ‘Solo sí es sí’.

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha señalado que el Gobierno «sabe» que el posible indulto a los presos del ‘procés’ «no solucionará el problema existente» en Cataluña, pero «es un elemento que permite atajar y empezar a hablar y canalizar el conflicto».

Por ello, a preguntas de los medios sobre el apoyo de los obispos catalanes a la concesión de los indultos, en un acto en Alicante, Ábalos ha agradecido este «respaldo», puesto que «acompaña un poco el clima de mayor comprensión».

En la misma línea, ha recalcado que forma parte del proceso de «normalización institucional» y que el Ejecutivo sabe que así «no solucionará el problema existente» con Cataluña pero «es un elemento que nos permite atajar y empezar a hablar y canalizar el conflicto».

«EN ESPAÑA SE VA COMPRENDIENDO E INTEGRANDO LA MEDIDA»

«Se agradece enormemente. Esto forma parte del ambiente que hay en España que se va comprendiendo e integrando la medida y, además, creo que son voces que surgen de la sociedad civil, de lo que es España», ha señalado el ministro.

«Hace unas semanas se pronunciaron los sindicatos de clase, ayer escuchamos al presidente de la patronal, ahora hemos escuchado a los obispos de Cataluña, me parece esto último lo más sensato cuando uno entiende y participa del cristianismo y yo creo que se está estableciendo esta línea de comprensión», ha aseverado el titular de Movilidad.

«HA SIDO UNA BUENA SEMANA PARA EL GOBIERNO»

Igualmente, ha recalcado que los indultos buscan la «utilidad pública» que exige la normalización en Cataluña y de las acciones del Gobierno. «En ese marco, con independencia de que hayan personas que se puedan beneficiar, todo lo que sea normalizar, bienvenido sea».

Para Ábalos, «ha sido una buena semana para el Gobierno» y, en este sentido, ha aludido a la aprobación por parte de Europa del plan de recuperación de España y a los datos sanitarios, que «invitan al optimismo», ya que «los contagios bajan y la vacunación sube». «Tenemos que ir alumbrando nuevos escenarios en nuestra vida», ha agregado.

En definitiva, ha expuesto que «todo forma parte de la normalización del ámbito económico, sanitario e institucional, y en este último, «se inserta lo de Cataluña».

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha expresado de nuevo este viernes el rechazo de su formación a la concesión de indultos «injustos» y «arbitrarios» a los líderes del ‘procés’ y ha recalcado que «no se van a alejar nunca» de la defensa del Estado de Derecho y el orden constitucional. Además, ha recomendado al Gobierno escuchar a los empresarios «todo el año».

Así se ha pronunciado en declaraciones a los periodistas en la Asamblea de Madrid, donde ha asistido al debate de investidura de Isabel Díaz Ayuso, al ser preguntado por el apoyo a la medida de gracia expresada por los empresarios catalanes delante del propio líder del PP, Pablo Casado, y las manifestaciones del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.

Ante el debate abierto por esa cascada de declaraciones, y después de que el propio Pedro Sánchez haya agradecido a los empresarios catalanes su apoyo a los indultos, García Egea ha subrayado que el PP va a estar en la defensa de la legalidad, del marco constitucional y de la igualdad de todos los españoles ante la ley.

«Por eso, lo diga quien lo diga, o lo pida con lo pida, el PP no se va a alejar nunca de la defensa del Estado Constitucional y de su oposición frontal a unos indultos injustos y arbitrarios, que no cuentan ni con el aval del Tribunal Supremo y cuentan con la oposición de la propia Fiscalía», ha enfatizado.

El dirigente del PP se ha preguntado entonces «cuáles serán los próximos indultos para generar paz y concordia» de acuerdo con las tesis del presidente del Gobierno. En su opinión, la paz y la concordia «solo vienen si hay Justicia y la Justicia solo viene si hay cumplimiento de las resoluciones judiciales».

«A LOS EMPRESARIOS HAY QUE ESCUCHARLOS TODO EL AÑO»

Además, ha recalcado al Gobierno que a los empresarios «hay que escucharlos todo el año» porque llevan tiempo reclamando también bajadas de impuestos, eliminar trabas burocráticas o suprimir la cuota a los autónomos sin actividad, propuestas que, según ha dicho, también defiende el PP.

«Que ahora la ministra Maroto y Sánchez pongan como ejemplo a los empresarios, creo que deberían escucharles no solo una vez al año sino los 365 días para llevar a cabo políticas de crecimiento», ha declarado el secretario general del PP.

Asimismo, ha resaltado que hay que cumplir las resoluciones judiciales y ha recordado que el tribunal sentenciador se opone a la medida de gracia. A su entender, «cuando habla la Justicia, la política debe callar» y en este caso «adquiere su máxima dimensión».

EL PP DEBE «SALVAGUARDAR EL ORDEN CONSTITUCIONAL»

Ante las declaraciones delante de Casado en Barcelona del presidente del Círculo de Economía, García Egea ha defendido la coherencia del PP en sus ideas y ha resaltado que «el orden constitucional no se negocia» sino que «se defiende.

«El PP no negocia sus principios, los ejercita. Sabe cuál es su misión y la básica del PP en este momento frente a un Gobierno que pretende desguazar nuestras instituciones por seguir dos años más en el poder es salvaguardar el orden constitucional», ha enfatizado.

En este punto, ha destacado la oposición a la medida de gracia del Tribunal Supremo, la Fiscalía, «muchas organizaciones civiles» y también «muchos ciudadanos anónimos que se han acercado a las mesas» del PP por distintas ciudades de España para recoger firmas contra los indultos.

Además, García Egea ha indicado que los indultos era de las «últimas promesas» que le quedaba a Pedro Sánchez «por romper». «A Pedro Sánchez se le acaba el crédito y hasta el CIS reconoce que Pablo Casado es el único capaz de ganar a Sánchez», ha concluido.

García Egea ha indicado que los indultos deben contar con el arrepentimiento pero los presos que van a recibir esa medida de gracia «han dicho ‘lo volveremos a hacer'». «En este punto tenemos que preguntar a Pedro Sánchez si está con los delincuentes o con el Tribunal Supremo, la Fiscalía y el sentido común», ha resaltado.

EL ESTADO DE DERECHO QUEDARÁ «GRAVEMENTE DAÑADO»

En este punto, ha indicado que ésa es la decisión que se tomará el día 22 o 29 de junio en el Consejo de Ministros cuando se pongan encima de la mesa los indultos. Entonces, ha proseguido, se verá si «está con el Estado de Derecho o está con el quebranto del Estado de Derecho».

«Si cada vez que Pedro Sánchez necesite unos votos de un grupo parlamentario, el Estado tiene que arrodillarse frente a aquellos que han cometido una ilegalidad, creemos que el Estado de Derecho tras el paso de Pedro Sánchez por la Presidencia del Gobierno, queda gravemente dañado. Y aquí está el PP para recuperar el crédito en las instituciones», ha concluido.

El Juzgado Central de Menores con funciones de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional ha acordado conceder un permiso de doce días al extesorero del PP Luis Bárcenas acogiendo así la propuesta de la Junta de Tratamiento de la prisión de Soto del Real que aprobaba esta salida por unanimidad destacando la buena conducta del preso.

En un auto del magistrado José Luis Castro Antonio, se explica que se concede ese permiso en atención además al «buen uso sin incidencias» que Bárcenas ha dado a permisos anteriores y da por buenos los argumentos de la Junta de Tratamiento, a pesar de contar con el informe en contra de la Fiscalía.

En concreto recoge un extracto de la propuesta en la que se dice que el interno –Bárcenas– ha cumplido ya una cuarta parte de la condena el 7 de octubre e 2019 (requisito básico para disfrutar de permisos), que presenta «buena conducta» y que además está abonando la responsabilidad civil.

EL PERMISO DE ABRIL

Destacan asimismo como aspectos a tener en cuenta que el penado tiene vinculación familiar en el exterior y no consideran que haya riesgo de fuga a pesar de tener un procedimiento penal pendiente. Por todo ello, entienden que debe concederse ese permiso y continuar así con su «proceso de reinserción».

El reglamento penitenciario establece para los clasificados en segundo grado o régimen ordinario un máximo de 36 días al año de permiso, sin poder acumular más de siete días de forma consecutiva. Ya en abril, el juez le concedió dos permisos de seis días de salida, coincidiendo con la declaración de Bárcenas en la Audiencia Nacional, donde fue citado ante el juez Manuel García-Castellón para aportar, en el marco del caso ‘Púnica’, todos los datos que conociera sobre la presunta caja ‘b’ del PP, en especial la de los ‘populares’ madrileños, cuya contabilidad se está investigando en la pieza 9 de la macrocausa.

El pasado 10 de febrero, el tribunal de la Audiencia Nacional que juzgó la primera época de actividades de la trama Gürtel (1999-2005) fijó que la pena máxima a cumplir por Luis Bárcenas es de 12 años de prisión, correspondiente al triple de la pena más alta impuesta, que fue de cuatro años por un delito de blanqueo de capitales o por uno contra la Hacienda Pública. También estableció en siete años y medio la pena máxima a cumplir en el caso de su mujer, Rosalía Iglesias.

El cómputo se hizo de acuerdo al artículo 76 del Código Penal, que establece que «el máximo de cumplimiento efectivo de la condena del culpable no podrá exceder del triple del tiempo por el que se le imponga la más grave de las penas en que haya incurrido, declarando extinguidas las que procedan desde que las ya impuestas cubran dicho máximo, que no podrán exceder de 20 años», salvo cierto casos contemplados en dicho precepto.

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional atendía la petición de Bárcenas y, conforme a la doctrina del Tribunal Supremo, compensaba las comparecencias ‘apud acta’ cumplimentadas por el extesorero del PP con 15 días por las 154 comparecencias, así como con 22 días los 44 meses de retirada de pasaporte. A lo que no accedió fue a descontar los días de asistencia a la vista oral por la primera época de la trama Gürtel.

MÁS DE CUATRO AÑOS EN PRISIÓN

El Tribunal Supremo confirmó el pasado mes de octubre la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en mayo de 2018 sobre la pieza conocida como ‘Época I’, que condenó a Bárcenas a 33 años y cuatro meses de cárcel, si bien el alto tribunal estimó parcialmente los recursos de los acusados y rebajó las penas para muchos de ellos. Para el exsenador del PP quedó fijada en 29 años y un mes de cárcel.

Bárcenas lleva en prisión más de cuatro años. Ingresó en el centro penitenciario de Soto del Real en plena instrucción del caso Gürtel. Permaneció aquí casi dos años, desde junio 2013 hasta enero de 2015, y luego volvió en mayo de 2018 tras conocerse la sentencia de la Audiencia Nacional.

La Fiscalía Anticorrupción solicitó su comparecencia tras recibir un escrito en el que el extesorero del PP afirmaba que el partido había tenido durante años una contabilidad paralela que se nutría de donaciones de empresarios y que, en ocasiones, tenían como objetivo ser beneficiario de adjudicaciones públicas.

Esta ‘confesión’ llegaba justo unas semanas antes de que comenzara en la Audiencia Nacional el juicio por el presunto uso de dinero de la caja ‘b’ para pagar la reforma de la sede nacional del partido. En el escrito remitido a Anticorrupción, el extesorero mostró su disposición a colaborar con la Justicia, por lo que se prestó a declarar tanto en la pieza separada en la que se investigan las donaciones finalistas al PP, en el Juzgado Central de Instrucción número 5 –declaración programada para julio–; como en el caso ‘Púnica’, que instruye el Juzgado Central de Instrucción número 6.

Bárcenas también ha sido reclamado por los tribunales en el marco de la denominada ‘operación Kitchen’, de la que el propio extesorero del PP y su familia fueron el objetivo de un presunto espionaje policial orquestado para sustraer toda la información comprometedora que guardaba. El juez García Castellón le citó a declarar en calidad de testigo, ya que se encuentra personado como perjudicado en esta pieza separada 7 del caso ‘Tándem’.

En su escrito dirigido a la Fiscalía Anticorrupción, Bárcenas aseguró que el operativo parapolicial creado en 2013 y sufragado con fondos reservados consiguió arrebatarle «gran parte» de documentación sobre la contabilidad paralela del PP que guardaba en el estudio de su mujer, Rosalía Iglesias.

La jueza decana de Barcelona en funciones, Mercè Caso, ha afirmado que los juzgados contenciosos de la ciudad podrían alcanzar un retraso de cuatro años al recibir el «tsunami» de recursos a las sanciones impuestas durante el confinamiento.

En rueda de prensa para presentar la memoria judicial de 2020 ha explicado que los juzgados de esta especialidad están en una situación «particularmente alarmante», con una media de 16 meses para resolver los asuntos, y dos superando los 24 meses.

La mayoría de recursos a las sanciones por medidas Covid aún no han llegado a los juzgados, y están pendientes de que el Tribunal Constitucional (TC) resuelva el recurso de inconstitucionalidad contra el estado de alarma, que podría hacer caer todas estas sanciones.

Al presentar el balance de 2020, Caso ha expuesto que se suspendieron gran cantidad de juicios a causa de la pandemia, lo que ha comportado más atrasos al resolver las causas, y que los delitos también bajaron durante el confinamiento, especialmente los hurtos.

Solo aumentaron los delitos de violencia doméstica, y en violencia machista hubo menos denuncias pero más investigaciones que el año anterior.

Los casos acumulados afectan especialmente a los juzgados sociales –encargados de los despidos y todos con más de un año de espera– y a los civiles –encargados de desahucios y que «son los que en estos momentos están afrontando las consecuencias del Covid»–.

Caso considera que «quedó en evidencia que hace falta una modificación del Registro Civil», a la vista de lo ocurrido durante el confinamiento, cuando pasó al menos un mes sin inscribir defunciones porque estaba colapsado.

En cambio, han mejorado los tiempos de espera para los juicios rápidos: deberían ser en unos 15 días, pero Barcelona tenía una media de espera alrededor de un año, que con medidas de refuerzo ha rebajado a seis meses.

DESAHUCIOS

El juez delegado de primera instancia, Roberto García Ceniceros, ha dicho sobre la moratoria de desahucios por la pandemia, que está vigente hasta el 9 de agosto, que «lo lógico sería pensar que la moratoria continuará» con una prórroga.

«La crisis sanitaria se está resolviendo pero la situación económica y social desgraciadamente está como está», y también ha señalado la posibilidad de que se levante de forma progresiva.

Además, ha asegurado que con la cantidad de funcionarios actual sería «un reto de organización» y considera que los desahucios se atrasarían en el tiempo.

Un 75,7 por ciento de los españoles cree que lo peor ha pasado ya en la crisis sanitaria por el coronavirus, frente al 63% que se manifestaba optimista hace un mes, según el Barómetro de Junio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), hecho público este viernes. Un 9,2 por ciento opina que aun seguimos en lo peor, mientras un pesimista 6,2 por ciento defiende que todavía lo peor está por llegar.

La encuesta revela que 73,4 por ciento no necesitado contactar con los servicios sanitarios por pensar que tenía síntomas relacionados con el coronavirus o por otras causas relacionadas con el coronavirus, frente a un 26,4 por ciento que sí tuvo que hacerlo en algún momento del último año. Concretamente, los meses de enero (30,7%) y febrero (20,2%) de 2021 fueron en los que se registraron más consultas, sobre todo al médico habitual de Atención primaria (60,4%), mucho menos a teléfono 900 que la comunidad puso para estos casos (15,7%) y muy poco a urgencias, tanto de atención primaria (7,6%) como de hospitales (7,8%) o al 061/112 (6,6%).

De los que contactaron con los servicios sanitarios, el 76,8% califica de buena o muy buena la atención recibida, frente a un 16,4 por ciento que aseguran no sentirse satisfechos por cómo fueron tratados. Al 77,8 por ciento le realizaron la prueba del coronavirus y el 35,7 por ciento dio positivo y el 63,7%, negativo. A pesar de ello, el 79,5% debió guardar medidas de aislamiento como medida de precaución.

La mayoría de las personas a las que se les diagnosticó la infección tuvieron síntomas leves y la pasaron en casa (64,6%), un 14,1 por ciento tuco síntomas importantes pero la pasó en casa; un 11,8 por ciento ingresó en un hospital y el 9,2 por ciento no tuvo ningún síntoma. Ante este escenario, la mayoría fue asistido por su médico de Atención Primaria (64,6%) o la enfermera (21,1%), sobre todo vía telemática (94,7%).

DISPUESTOS A VACUNARSE

El 84,3 por ciento de las personas consultadas que aún no se habían vacunado aseguraban estar dispuestas a inmunizarse, frente al 3,6 por ciento que se mantenía reacio. Un 35,4 por ciento de estos argumenta que «no se fía de las vacunas», un 15,6% teme los efectos secundarios y el resto o bien es contrario a las vacunas en general (7,1%), prefiere esperar a ver cómo funcionan (6,9%) o no cree que sean eficaces (5,2%) , entre otras razones.

El pleno de la Diputación de Guadalajara ha aprobado, con 12 votos a favor (PP, Cs y Vox), 12 abstenciones (PSOE) y el voto en contra de Unidas Podemos, la moción presentada por la formación naranja para instar al Gobierno de España a que no conceda el indulto a los condenados por el juicio del ‘procés’.

Una moción que ha defendido la portavoz de Cs, Olga Villanueva, y que recoge también, instar al Gobierno a «defender y garantizar la igualdad de todos los españoles ante la ley» y por ello, «no conceder indultos a los políticos del ‘procés’ condenados por el Tribunal Supremo por sedición y malversación de los fondos públicos, que además, no han dado muestras de arrepentimiento».

Casi una hora de debate con una moción en la que la portavoz de Cs ha incidido en que el Gobierno de Pedro Sánchez «no puede premiar a los que incumplen la ley, ni darles un cheque en blanco», apoyando esta propuesta tanto el PP como Vox.

«Esto no es cuestión de colores», ha dicho el portavoz de Vox, Iván Sánchez, mientras que desde las filas del PP, el diputado Jesús Herranz, aludiendo a las bienaventuranzas, ha tachado de «cobardía» la actitud de quienes «están dispuestos a vender España para seguir haciendo equilibros en la cuerda floja», ha dicho en alusión al actual Gobierno.

Por contra, para el portavoz de Unidas Podemos, Daniel Touset, la única vía para solucionar un problema político es usar las herramientas que permita la política y en este sentido se ha mostrado a favor de que estos indultos pueden favorecer una situación de la «relajación» en Cataluña y en el resto de España.

De su lado, el portavoz del grupo socialista, Rubén García ha justificado su abstención a la moción de Cs tras señalar que si el Gobierno concede finalmente los indultos será «buscando lo mejor para España». «La concordia tiene que ser la guía para tomar esta decisión», ha refrendado.

CONSEJO DE CAPTACIÓN DE INVERSIONES

Por otro lado, el pleno ha acordado por unanimidad la designación del presidente de la Institución, José Luis Vega, y de la vicepresidenta tercera, Susana Alcalde, como suplente, en este órgano creado por el Gobierno regional para el fomento de la inversión, el empleo y la mejora de la productividad empresarial.

El pleno ha designado a Vega como representante titular de la Institución Provincial en el pleno del Consejo de Captación de Inversión Extranjera de Castilla-La Mancha y a Alcalde como suplente.

El Consejo de Captación de Inversión Extranjera es un órgano colegiado, creado por la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, dentro del plan de medidas extraordinarias para la recuperación económica de la región con motivo de la crisis del COVID-19.

El objetivo fundamental del Consejo es fomentar la inversión empresarial en la región para reducir el impacto económico de la crisis del COVID-19. Las funciones a desarrollar son la cooperación en el desarrollo de acciones de captación de inversión extranjera, efectuar propuestas sobre normativa o directrices de actuación, recibir información sobre planes, programas y medidas relacionadas con la captación de inversión extranjera y evaluar los programas de captación.

Además, en este pleno se ha aprobado el arreglo del camino que une San Andrés del Congosto con Membrillera, «dando respuesta a una demandada histórica en esta zona», ha apuntado la portavoz de Cs en la institución provincial.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha estimado parcialmente el recurso de apelación del condenado a 22 años y medio tras ser declarado culpable por un jurado del asesinato de su compañera sentimental, en agosto de 2018 en Dúrcal, en la comarca de El Valle de Lecrín, clavándole un cuchillo «al menos hasta en cuatro ocasiones», de tal modo que ha rebajado esta pena en dos años, quedándose en 20 años y medio.

La sentencia, mantiene el resto de pronunciamientos de la condena impuesta, y contra ella cabe recurso ante el Supremo. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada contempló la agravante mixta de parentesco en la condena a este varón marroquí con permiso de residencia comunitaria, que mantenía una relación con la víctima, que estaba a punto de cumplir 21 años cuando falleció, desde 2013, y convivía con ella en Dúrcal desde que ella fue mayor de edad, habiendo tenido un niño, inscrito solo como hijo de la madre.

Asimismo, lo inhabilitó para ejercer la patria potestad y habrá de cumplir orden de alejamiento de al menos 500 metros y de prohibición de comunicación por 30 años al niño, señalaba la sentencia de la Audiencia.

Los miembros del jurado consideraron probado que el condenado conducía un vehículo sobre las 00,00 horas de ese día por los alrededores de Dúrcal, con su pareja en el asiento de copiloto, y que, en un momento dado, «con el evidente propósito de causarle la muerte a su pareja, esgrimió un cuchillo con un filo de 13,5 centímetros de largo y 2,9 centímetros en su parte más ancha, y se lo clavó» a ella «al menos hasta en cuatro ocasiones».

La víctima «no pudo en forma alguna defenderse por lo repentino e inesperado de la acción», al encontrarse dentro del coche, y «eliminando la forma de proceder del acusado toda posibilidad de reacción» por su parte. Una de las heridas le perforó el pulmón izquierdo, «provocando pérdida masiva de sangre hacia cavidad torácica izquierda y hacia el exterior del cuerpo», y, como consecuencia, su muerte.

Fue sobre las 0,30 horas cuando el condenado llegó con ella en el vehículo al centro de salud de Dúrcal, «tocando el claxon», y «gritó» al médico y celador de guardia «cúrala». «A preguntas del facultativo sobre el origen de las lesiones», habría esbozado la palabra «puñalada» para marcharse luego corriendo.

Los médicos no pudieron hacer nada por salvar la vida de la víctima, que «ya había fallecido», detalló en su momento la fiscal, que pidió también, una vez elevadas a definitivas sus conclusiones, la inhabilitación especial para ejercer la patria potestad del menor, así como la prohibición de acercarse a él a menos de 500 metros, así como de comunicarse con el mismo, durante 30 años. La defensa interesaba la libre absolución o, alternativamente, una condena por homicidio imprudente, según las fuentes del caso.

En la declaración con que dio comienzo el lunes 8 de marzo el juicio, el procesado mantuvo que ella habría caído encima de la navaja que portaba en el transcurso de una discusión dentro del coche que él conducía en torno a las 00,00 horas de aquel 14 de agosto de 2018.

Negó, asistido por un traductor, desavenencias en la pareja hasta que, unas dos semanas antes de los hechos, ella «empezó a tomar drogas», por lo que empezaron a hacerse frecuentes las discusiones y los «gritos» de ella. Asimismo, pidió, en el inicio de su declaración, «perdón» a la familia y manifestó su «dolor» por lo sucedido.

La presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid y candidata a la investidura, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido a Vox del trato de la izquierda y le ha tendido la mano para buscar acuerdos a lo largo de la legislatura.

Así lo ha expresado al tomar la palabra en la segunda sesión del Pleno de investidura, que se celebra en la Asamblea de Madrid, después del rifirrafe vivido en la Cámara regional al acusar la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, al diputado de Podemos Serigne Mbayé de entrar de forma «ilegal» en España y recibir los abucheos de la bancada de la izquierda.

Ayuso ha comenzado su intervención agradeciendo que Vox vaya a prestar sus votos para que su gobierno pueda salir adelante. «Por supuesto recojo su mano tendida a la colaboración, que seguro que tendremos a lo largo de toda la legislatura. Claro que diferimos en muchas cuestiones pero estoy convencida de que esto no va a ser ningún obstáculo para buscar propuestas comunes y, además, propuestas más allá del debate porque nosotros no somos como los de Ciudadanos, nosotros no somos de ahora me has dado los votos y si te he visto no me acuerdo», ha declarado.

La dirigente madrileña quiere que «más allá de los votos» se busquen «espacios comunes». En este punto, ha indicado que le gustaría que también sucediese con otros grupos de la Cámara regional pero ha indicado que es «absolutamente imposible a tenor de sus declaraciones y de lo que han ido manifestando durante estos meses».

A su parecer, quienes son verdaderamente «radicales y sectarios» en el Parlamento son «los partidos políticos de la izquierda». «No hay más que ver el trato que le han dado señora Monasterio. Quiero decirle que a mí me ha abochornado que tengan que tratar a su partido político y a su grupo parlamentario de esa manera. Tengo que recordar que si esos escaños están ahí es porque los ciudadanos de Madrid les han dado sus votos en las urnas», ha defendido.

En este punto, ha trasladado que no hablará de EH Bildu para justificar la presencia de Vox porque considera que «no tienen absolutamente nada que ver» y están «en panoramas absolutamente distintos». «Bildu es el brazo político de ETA, herederos de ETA, que están con ustedes en las instituciones gobernando: gente que ha matado, gente que ha secuestrado, que ha extorsionado y que nada tiene que ver con el partido político de Vox. Podría hablar para equipararlo pero no se me ocurre nada parecido», ha dicho.

Eso sí, ha hecho hincapié en que no en todas las cuestiones están de acuerdo con Vox. Una de las diferencias que ha apuntado es que ella sí cree en que «hay que buscar soluciones para acabar con el acoso por muchos motivos, y también por una cuestión de identidad o de orientación sexual» aunque a su vez apuesta por «proteger a la familia». «Creo es una comunidad en la que todo cabe», ha dicho.

En lo que sí está de acuerdo, tal y como ha explicado, es en poner de manifiesto que existe un problema de «17 sistemas educativos y muy especialmente en pruebas como la EvAU». Así, ha censurado que haya diferentes evaluaciones y diferentes oportunidades también para los de Madrid. Así, se ha mostrado consciente de que muchos alumnos de la región encuentran dificultades para encontrar plazas en las universidades madrileñas por este motivo.

Eso sí, Ayuso ha defendido que sí cree en el Estado autonómico porque «de no haber existido hubiera gestionado la pandemia el Gobierno de España». A su juicio, «un proyecto nacional no exime del respeto a la pluralidad autonómica que tiene España».

Mientras que, en materia de seguridad, ha recordado que no tiene competencias para tomar las medidas que quiere Vox pero ha apuntado que «las cifras no son negativas»: la criminalidad ha bajado un 13% en la Comunidad en el primer trimestre de 2021 y Madrid es una de las más seguras capitales.

Además, Ayuso ha apuntado que difiere del partido de Monasterio en las cifras de delincuencia. «El 74,6% de los condenados en 2019 eran españoles y el 25,4% extranjeros. Entre menores esta cifra aún aumenta más: el 79,71% de los delitos fueron cometidos por jóvenes españoles frente al 20,29% de los extranjeros», ha desgranado.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación no ve relevante que miembros de Podemos hayan acudido a una manifestación en favor del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui este viernes en Madrid, según fuentes diplomáticas que han recordado que compete al departamento que dirige Arancha González Laya fijar la hoja de ruta en política internacional.

«La agenda se fija aquí», han asegurado las fuentes, poco después de que confluyeran una serie de marchas en la Puerta del Sol y de que a dicho evento acudiesen miembros de Podemos, en concreto una delegación encabezada por la responsable de política exterior de la formación, Idoia Villanueva, y el diputado Antón Gómez-Reino.

El Ministerio ha restado importancia a esta asistencia, por entender que Podemos es «un partido político independiente» y que la posición del Gobierno español sigue siendo igual de «clara y consistente» que en las últimas décadas, tal como viene comunicando «en público y en privado».

En este sentido, fuentes diplomáticas han recordado que es Exteriores el que fija la agenda en materia de política exterior en connivencia con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y por tanto no han considerado que la marcha pueda tener «relevancia» a la hora de mover posiciones oficiales.

SIN INVITACIÓN AL EMBAJADOR

La manifestación ha tenido lugar con la crisis política con Marruecos aún abierta y en la misma semana en que el embajador español en Rabat, Ricardo Díez-Hochleitner, se ha quedado fuera de un encuentro convocado en el Ministerio de Exteriores marroquí para presentar directrices en materia de desarrollo del reino alauí.

La reunión tuvo lugar el martes y, en ella, el presidente de la Comisión Especial sobre el Modelo de Desarrollo (CSMD), Chakib Benmoussa, presentó las conclusiones del informe sobre el Nuevo Modelo de Desarrollo ante representantes del cuerpo diplomático.

Dicho informe deriva de una directriz del rey Mohamed VI de 2017 y, según Benmoussa, refleja «un diagnóstico franco y lúcido sobre los logros, las insuficiencias y la manera de poder fijar el rumbo para el Marruecos del mañana», informa la agencia de noticias oficial MAP.

Sin embargo, entre los asistentes a dicha presentación no estuvo el embajador español, por motivos sobre los que el Gobierno español prefiere no especular. «Nuestra Embajada en Rabat no recibió invitación a este evento», han aclarado las fuentes consultadas, que de esta forma han descartado cualquier tipo de «comunicación formal» en uno u otro sentido.

A Exteriores, sin embargo, no le consta oficialmente que exista una «congelación» de las relaciones entre las autoridades de Marruecos y la Embajada de España, como sí reconoció públicamente Rabat en el caso de la Embajada de Alemania, país con el que el reino alauí también tiene abierta una crisis política. La legación diplomática alemana incluso admitió esta semana tener problemas para brindar asistencia consular.

Sobre las conversaciones que puede haber entre Madrid y Rabat para resolver el actual pulso político, por ahora la parte española se limita a apelar a la discreción, si bien sí reconoce contactos «a distintos niveles», sin entrar en más detalles.

La relación con Marruecos figuraría también en los contactos abiertos con Estados Unidos –«forma parte de las conversaciones que tenemos»–, al igual que otros «muchos otros» temas. En este sentido, desde Exteriores han insistido en que la relación con Washington es «muy fluida» y que corresponde a la Administración de Joe Biden «rendir cuentas» de su política exterior.

Los presos de ETA en primer grado en las cárceles de los Estados español y francés se han reducido de 78 a seis en el último medio año, mientras que 157 están en segundo grado, frente a los 100 del primer mes de 2021, según ha dado a conocer este viernes el Observatorio Behatokia.

El abogado de Behatokia, Aitzol Asla, y la representante del Foro Social Permanente, Teresa Toda, han presentado este viernes el tercer número de la publicación semestral del ‘Observatorio de la política penitenciaria’.

Asla ha apuntado que los datos señalan que solo quedan seis reclusos en primer grado, «el más duro», y de ellas, tres están con aplicación del artículo 100.2, que «lo suaviza». En enero, según ha recordado, eran 78 las personas en primer grado, de ellas 34 con artículo 100.2.

Además, ha indicado que, en la actualidad, «la mayoría de este colectivo, 157 personas, está en segundo grado, de ellas cinco con el artículo 100.2», mientras que «en enero eran 100, y tres con el artículo 100.2».

El letrado ha explicado que «la modificación más pequeña está en el tercer grado, ya que si en enero eran 11 las personas así clasificadas (5 de ellas en prisión atenuada), hoy son 13 (8 de ellas en prisión atenuada)».

Actualmente, según el estudio, son 210 los presos que se identifican con los planteamientos de EPPK: 30 mujeres y 180 hombres. De estos, 57 se encuentran en las prisiones de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra, 128 en otras prisiones del Estado español y 25 en las del Estado francés.

En porcentajes, ha indicado Alsa, estas cifras indican que «el 13% de este colectivo está ahora en el ‘kilómetro 0’, cerca de sus familiares y entorno social», que el 61% se encuentra en prisiones situadas entre 150 y 400 kilómetros de Euskadi y Navarra, y que «el 7% continúa en cárceles entre 400 y 600 kimómetros, y el 1% a más de 600 kilometros. Así, ha dicho que se está cerca de que «cierre la primera fase de este proceso de cambio, con los traslados y acercamientos».

«Podemos constatar, por tanto, que el cambio en política penitenciaria que Pedro Sánchez anunció hace tres años se está produciendo. Eso sí, a pesar del acelerón de los últimos meses, las cosas se han movido más lentamente de lo que cabía esperar», ha manifestado.

Sin embargo, se ha referido a las «dificultades» que plantea «la legislación excepcional para la progresión de grado o la libertad condicional, yendo más allá de la legislación ordinaria». «Ahí está también la no acumulación de condenas cumplidas en otros estados, con todo lo que supone. Son 50 las personas afectadas por esta norma en el Estado español y son 60 las condenadas con la ley 7/2003», ha precisado.

Por otro lado, ha destacado la actitud de «las personas presas del EPPK» que, según ha dicho, están «desarrollando el camino que el colectivo abrió en 2017, es decir, dar los pasos que plantea la legislación penitenciaria ordinaria para la progresión de grado, pese a las dificultades que ponen algunas Juntas de Tratamiento y la Audiencia Nacional».

Estas personas, ha indicado, «han presentado escritos individuales reflexionando sobre su trayectoria, reconociendo el daño causado y empatía con las víctimas». «Sabemos que el camino no va a ser fácil, pero tenemos la seguridad de que los pasos dados no caen en el vacío», ha afirmado.

UN AÑO DEL REINICIO DE LOS TRASLADOS

Por su parte, Teresa Toda ha recordado que este sábado, 19 de junio, se cumplirá «un año exacto desde que se reiniciaron los traslados efectivos de los anuncios realizados durante los meses de pandemia de abril y mayo», y ha constatado «el cambio que en política penitenciaria ha dado el Gobierno de Pedro Sánchez, siendo el de los traslados el aspecto más visible».

Tras destacar que ya no hay presos de ETA ni en Levante ni en Galicia, solo tres en Andalucía y ninguna en aislamiento, ha indicado que «la inmensa mayoría está en prisiones limítrofes con la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra».

No obstante, ha advertido que aún quedan por resolver puntos de la «Agenda Urgente de Resolución» que planteó el Foro Social en septiembre 2018, entre ellos, «la cuestión de la acumulación de penas, que sigue pendiente y afecta gravemente a más de medio centenar de personas».

Toda ha dicho que es «indudable que se va avanzando, que en este terreno, las cosas no están como estaban hace tres años», y ha añadido que, «pese a la existencia de un ‘lobby’ bastante poderoso contrario al cambio, se está a punto de completar una primera fase», aunque ha insistido en que «no todo está hecho» y «ciertos pasos aún se quedan cortos».

La representante del Foro Social Permanente ha considerado que se van «asentando» tres aspectos necesarios para abordar la cuestión penitenciaria, como son «la voluntad manifiesta del Gobierno español para superar la anterior fase de excepcionalidad penitenciaria, la implicación clara de las personas presas afectadas, dando pasos importantes que aportan a esa perspectiva, y la voluntad de los gobiernos vasco y navarro, así como de las organizaciones de la sociedad civil implicadas, para aportar a los procesos de reintegración».

En ese sentido, Toda ha considerado «positivo» el anuncio por parte del Gobierno Vasco, tras recibir la transferencia de la gestión de prisiones, de una forma de gestión de las competencias penitenciaras «más humana y abierta, dentro de la normativa vigente».

Sin embargo, ha insistido en la necesidad de que «los itinerarios de reintegración cuenten con garantías suficientes para que quienes los inicien los puedan completar sin tropezar con trabas imprevistas, cuestiones que no están e la legislación ordinaria, la que debería aplicarse con normalidad a estas personas presas».

ONG humanitarias han reclamado a los responsables políticos, coincidiendo con el Día Internacional del Refugiado que se celebra este domingo 20 de junio, que protejan el derecho al asilo de las personas migrantes y, especialmente, el de los menores.

Cáritas Europa ha mostrado su preocupación por una situación en la que, a su juicio, el asilo «está amenazado», con el cierre «cada vez mayor» del acceso a los territorios o con la práctica de «rechazos ilegales y de manera violenta» en las fronteras a personas que, advierten, «buscan protección y una vida mejor en Europa.

«Todas las fronteras exteriores de la UE están siendo escenario de vulneraciones de derechos humanos», denuncia la ONG, que ha denunciado prácticas violentas hacia los migrantes, como desnudarlos, abandonarlos en bosques, darles palizas o practicarles torturas, propiciar el ataque de los perros o destruir sus pertenencias, entre otras muchas que se han recogido del testimonio de sus protagonistas.

«Como subraya acertadamente el Papa Francisco, la globalización de la indiferencia debe cesar y los países europeos deben respetar los derechos y la dignidad de las personas en movilidad», ha señalado la secretaria general de Cáritas Europa, Maria Nyman. A su juicio, las «acciones concretas tienen que reemplazar las meras intenciones para poner fin a los rechazos y la violencia, y respetar y defender la Convención sobre los Refugiados, así como los valores en los que se basa la UE».

En este sentido, la ONG recuerda que la migración «puede contribuir positivamente al desarrollo socioeconómico» del continente, al «reto demográfico y al enriquecimiento» de las comunidades. Por eso, pide a los gobiernos que «repiensen su indiferencia» hacia este tema y pongan en marcha medidas que «protejan, promuevan, acojan e integren a las personas en situación de movilidad».

LA VIOLENCIA DEL HAMBRE

También Acción Contra el Hambre ha denunciado la situación de estas personas y, especialmente, sobre «la violencia que genera el hambre y mitigar los efectos de los conflictos a través de la seguridad alimentaria».

El director de Relaciones Institucionales de Incidencia de la entidad, Manuel Sánchez-Montero, ha explicado que, la correlación entre violencia y hambre supone que, en la actualidad, haya más de 26 millones de personas refugiadas en el mundo, y que tres de cada cuatro estén atrapadas en situaciones de desplazamiento prolongado, dependiendo de la ayuda humanitaria para alimentarse y tener las condiciones mínimas de saneamiento.

«Cuando esta situación se alarga en el tiempo, a menudo se generan tensiones con la población de acogida. Además, en numerosas ocasiones, las partes en conflicto utilizan los cultivos como táctica militar, aplicando una política de ‘tierra quemada’ o practicando el robo de ganado», ha advertido la ONG.

A ello se une la destrucción de las vías de comunicación, uno de los primeros objetivos militares en una guerra, lo que interrumpe el abastecimiento de poblaciones enteras. Los campesinos tampoco pueden sacar sus productos a la venta en entornos amenazados por la violencia. Por todo ello, es habitual que las guerras disparen también la inflación, rompiendo los mercados nacionales», explica Sánchez-Montero.

Ante esta situación, Acción contra el Hambre llama a promover la seguridad alimentaria como factor que contribuye a la estabilidad y construcción de paz.

En el caso de Accem, argumentan que hacer efectivas las vías seguras reduciría sensiblemente el sufrimiento asociado a la dureza y la peligrosidad de las rutas migratorias, que se cobran cada año miles de muertes y desapariciones por lo que piden que las vías legales y seguras sean una realidad ya que, como señalan, la ruta migratoria atlántica hacia las Islas Canarias y la ruta del Mediterráneo Central, ambas desde las costas de África, fueron las que provocaron más personas muertas y desaparecidas en 2020.

Junto a la habilitación urgente de vías seguras, ven necesario reforzar el acceso al procedimiento de asilo para asegurar la posibilidad de solicitar protección internacional a las personas que llegan a las mismas puertas de Europa.

En su opinión, este acceso al procedimiento debe producirse con todas las garantías de un asesoramiento jurídico personalizado con la asistencia de un servicio de traducción e interpretación y deben disponerse los medios necesarios que permitan la detección, identificación y reconocimiento de vulnerabilidades en los flujos migratorios, situaciones que deben resolverse desde un enfoque de derechos humanos.

PETICIONES ESPECÍFICAS PARA MENORES

Otro de los puntos que más preocupan a las organizaciones es la de los menores. En este caso, Save the Children ha pedido a las autoridades que dediquen más recursos para que exista personal capaz de aplicar un enfoque de infancia en la atención a personas recién llegadas al país.

«Con ello se podrá identificar las necesidades de protección internacional de la infancia susceptible de recibir asilo», han señalado.

La organización pide además que haya un equipo de profesionales especializados que acompañe a los niños y las niñas durante todo el procedimiento y que se incluyan servicios que los ayuden a superar las vivencias que han condicionado su desarrollo personal y su bienestar psicosocial.

Del mismo modo, Save the Children reclama que los niños y las niñas que llegan a Ceuta, Melilla o Canarias con sus familias puedan acceder al sistema de acogida peninsular en igualdad de condiciones y con la mayor brevedad posible.

El primer ministro italiano, Mario Draghi, ha pedido coordinación y unidad, especialmente entre los países de la Eurozona, para lograr una «recuperación exitosa» de la crisis provocada por la pandemia, y además ha llamado a fortalecer las instituciones europeas e incrementar la confianza mutua entre países.

Lo ha dicho este viernes en Barcelona tras recibir el I Premio Círculo de Economía a la construcción europea que se le ha otorgado en la XXXVI Reunión Anual del Círculo de Economía y que ha recibido del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del presidente de la entidad, Javier Faus.

Draghi ha subrayado que los ciudadanos europeos deben mantenerse unidos «para combatir los retos» a los que se enfrentan, como el cambio climático y las desigualdades, entre otros.

También ha defendido que una política fiscal expansiva es «esencial» para preservar el crecimiento, ya que eso permitirá reducir la carga de la deuda, tanto pública como privada, y que habrá que asegurar a los inversores que se volverá a la prudencia fiscal cuando la recuperación sea autosostenida.

«Es por eso que nuestro énfasis ahora está en el gasto fiscal no recurrente y por qué debemos concentrarlo cada vez más donde los efectos sobre el crecimiento son mayores. Un ancla a largo plazo ayudará a mantener bajas las tasas de interés y permitirá a los gobiernos continuar impulsando la inversión«, ha afirmado.

SOBRE DEMOCRACIA Y POPULISMO

Draghi ha pedido asegurar que la recuperación sea equitativa y sostenible, porque considera que en el pasado reciente se ha olvidado la importancia de la cohesión social: «Dimos por sentada la democracia e ignoramos el riesgo del populismo».

Draghi ha añadido que las sociedades pasan por significantes cambios y hay que «acompañar a los trabajadores con políticas activas de empleo, lo que para él significa la apertura de nuevas oportunidades para las mujeres y los jóvenes, y reentrenar y volver a dotar de habilidades a todos los que han perdido sus trabajos.

«Al mismo tiempo, debemos asegurarnos de que durante este repunte prestamos una mayor atención al clima. No podemos dejar esta crisis de salud solo para caminar sonámbulos hacia una crisis ambiental», ha añadido.

INFLACIÓN

En cuanto a la inflación, ha explicado que los países deben «permanecer vigilantes» ante la posibilidad de que se incremente en el futuro, ya que hasta el momento no ha aumentado en exceso, exceptuando la energía y otros productos con precios volátiles.

En este sentido, ha asegurado que el comportamiento de las autoridades monetarias «es especialmente relevante» debido a los altos niveles de deuda que se han alcanzado en todo el mundo.

Entre los asistentes al acto han estado los ministros italianos de Exteriores, Luigi de Maio; para la Innovación Tecnológica y la Transición Digital, Vittorio Colao, y para la Transición ecológica, Roberto Cingolai, además del directivo del Círculo de Economía José Manuel González-Páramo y la fundadora de Nina Capital, Marta Gaia-Zanchi.

La Reunión del Círculo de Economía (RCE) se celebra hasta este viernes en Barcelona y está patrocinada por CaixaBank, Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) y KPMG, con la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona.