El Rey Felipe VI ha abogado este jueves por trabajar «estrechamente unidos» para avanzar y alejar la incertidumbre que ha afectado a tantos hogares españoles y, de manera especial, a la vida de los jóvenes tras la pandemia.

Lo ha dicho en un discurso, alternando catalán y castellano, en la entrega de los Premios Fundación Princesa de Girona (FPdGi), a la que han asistido la presidenta del Congreso, Meritxell Batet; la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo; la presidenta de la Diputación de Barcelona, Núria Marín, y la tercera teniente de alcalde de Barcelona, Laia Bonet.

Felipe VI ha lamentado que la pandemia altere la vida cotidiana de las personas, con consecuencias sociales, económicas y para la salud, pero ha destacado que esta situación también hace emerger valores como «la solidaridad, el esfuerzo colectivo, la unión y el afecto entre ciudadanos».

«(Son) valores que no solo nos ayudan a afrontar esta pandemia, sino que también nos confirman algo que ya sabíamos: que juntos seremos más capaces de encarar con esperanza ese deseado futuro de recuperación», ha enfatizado.

También ha dicho que se logrará «superar las consecuencias de la pandemia» gracias a los avances científicos y médicos que se han sucedido de una manera tan acelerada y colaborativa, como nunca antes.

«Solo así, estrechamente unidos, como hemos visto a lo largo de este tarde, conseguiremos avanzar para alejar la incertidumbre que ha afectado a tantos hogares de nuestro país y, de manera especial, a la vida de millones de jóvenes», ha dicho.

ENTENDER Y COMBATIR LA «CONTRADICCIÓN»

Ha subrayado que las nuevas generaciones tienen probablemente más medios que las precedentes, pero también menos oportunidades, lo que ha calificado de una «contradicción» que se debe entender, al tiempo que combatir.

El Rey ha asegurado que España no se puede permitir que una generación de jóvenes «transite entre las incertezas y las dificultades» que provocó la prolongada crisis económica de hace una década y la actual.

«No lo tenemos que permitir. Es fundamental aprender de la experiencia para mejorar y trabajar unidos para garantizar el desarrollo profesional y personal que merecen nuestros jóvenes y que, como país, tanto necesitamos», ha subrayado.

«SABE, PUEDE Y QUIERE»

Ha constatado un alto nivel de desempleo juvenil, que los jóvenes no pueden ser los perdedores en esta situación, y que hay que ofrecerles un futuro a su talento, porque la juventud «sabe, puede y quiere».

Además, ha afirmado que la FPdGi ha trabajado «infatigablemente» en la búsqueda de jóvenes con talento que permitan generar modelos de acción y comportamiento en otros jóvenes.

El Rey se ha dirigido a los premiados, a los que ha calificado de «referente para las generaciones del mañana», y ha considerado su talento como una guía para las nuevas generaciones y un orgullo para todos.

En su discurso, el Rey ha tenido un recuerdo «muy sentido» en memoria de Jaime Carvajal y Plácido Arango, y también ha agradecido el trabajo de Mònica Margarit y Quique Brancós por su trabajo al frente de la fundación desde sus inicios.

Ha señalado que, una vez acabe la ceremonia, la FPdGi pondrá en marcha la convocatoria de la edición 2022 de los premios porque, pese a la incertidumbre de la situación, la FPdGi «aporta certeza y es ya una clara guía en la carrera y trayectoria de muchos jóvenes».

«Felicidades, queridos premiados, y gracias por todo lo que hacéis; por lo que representáis, en definitiva, por lo que sois. Para mejorar nuestro presente y, así, fortalecer nuestra confianza en un futuro mejor para todos», ha concluido.

El Tribunal Constitucional ha estimado el recurso del PP contra el decreto-ley por el que se concretó con carácter urgente el régimen jurídico aplicable a la designación del Consejo de Administración de la Corporación RTVE y de su presidenta, Rosa María Mateo, según han confirmado fuentes jurídicas.

El TC admitió en septiembre de 2018 dos recursos de inconstitucionalidad presentados por más de 50 diputados y senadores del Partido Popular (PP). La ponencia sobre este asunto recayó en la magistrada María Luisa Balaguer y el pleno del TC la aprobó en su reunión de la semana pasada. Pero lo hizo dividido, por lo que la decisión ha salido adelante con el voto de calidad del presidente del Juan José González Rivas, dado que ha habido un empate de cinco votos a favor y cinco en contra, por lo que también hay cinco votos particulares.

El Constitucional considera que se vulneró el derecho fundamental a la participación ciudadana a través de los medios de comunicación, según ha avanzado la Cadena Ser.

Los recurrentes consideraban que se pudo vulnerar el artículo 86.1 de la Constitución por falta de presupuesto habilitante, así como por lesionar la autonomía de las Cortes Generales recogida en el artículo 72 de la Constitución en relación con los artículos 23.2, 9.3 y 1.1 de la Carta Magna.

El primer recurso sobre este asunto se presentó en julio de 2018 contra el decreto-ley para la renovación urgente del Consejo de Administración de RTVE, aprobado por el Gobierno. La resolución las directrices para renovar en 15 días a la cúpula de la Corporación en el Congreso y en el Senado.

La principal queja de la formación ‘popular’ en dicho momento era que, en este decreto ley, el Gobierno «ordena» a las Cámaras un proceso, lo que, a su juicio, supone una «invasión de su autonomía», y que además, determina que si el Senado no consigue las mayorías necesarias, sería el Congreso quien se ocupe de la elección de los consejeros que le corresponden. Doce días después, el 18 de julio, fue el Grupo Parlamentario Popular en el Senado el que presentó un segundo recurso de inconstitucionalidad contra el decreto-ley.

El Gobierno había aprobado el 22 de junio de ese año renovación urgente y transitoria –hasta que se resuelva el concurso público– del Consejo de Administración de RTVE, que exige que los diez consejeros que forman parte de dicho órgano estuvieran elegidos «en el plazo de 15 días naturales» desde su entrada en vigor.

De los diez consejeros, seis debían ser elegidos por el Congreso y cuatro por el Senado, en ambos casos por una mayoría de dos tercios en primera vuelta, y por mayoría absoluta, en segunda. Los consejeros del Congreso fueron elegidos, pero los que debía nombrar la Cámara Alta no lograron el apoyo suficiente ni en el Senado ni tampoco en la votación que se produjo después en la Cámara Baja, como establecía el documento.

Según el decreto-ley, si el Congreso no era capaz de consensuar a los 10 miembros del Consejo de Administración de RTVE, debía ser el Gobierno quien pusiera sobre la mesa un nombre para administrar, de forma transitoria, la radiotelevisión pública.

NOMBRAMIENTO DE MATEO

Así, la periodista Rosa María Mateo fue propuesta para gestionar RTVE después de que el proceso fracasara con una votación fallida en la que dos diputados se equivocaron al meter la papeleta y otros dos no acudieron a la sesión plenaria.

Mateo obtuvo el respaldo del Parlamento en una votación celebrada el pasado 27 de julio, cuando recabó un total de 180 votos a favor, cuatro más de los 176 necesarios y que suponen la mayoría absoluta del Congreso. La votación se completó con 1 voto en blanco y 131 nulos.

Desde el pasado mes de marzo, José Manuel Pérez Tornero es el nuevo presidente del Consejo de Administración de RTVE, tras el acuerdo alcanzado entre PSOE y PP en este asunto.

El Partido Popular ha pedido este jueves la comparecencia de la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, y la de Defensa, Margarita Robles, en el Congreso de los Diputados por la investigación judicial llevada a cabo por un juzgado de Zaragoza en la que se han abierto diligencias por la posible comisión de un delito de falsedad documental y de prevaricación por la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.

Los ‘populares’, en sendas peticiones registradas en la Cámara Baja este martes por la tarde, han reclamado a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, la convocatoria de una sesión extraordinaria de la Comisión de Asuntos Exteriores, con la comparecencia de la ministra González Laya «para informar sobre las mentiras en sede parlamentaria al haber asegurado que la entrada en España de Brahim Gali había sido legal».

Asimismo, el PP también ha instado a una sesión extraordinaria de la Comisión de Defensa, en la que Robles informe «sobre la decisión de permitir la entrada ilegal en España» del líder del Frente Polisario, que estuvo ingresado mes y medio en un hospital de Logroño para ser tratado de coronavirus.

La formación que preside Pablo Casado ha realizado estas peticiones después de que el Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, que investiga la entrada en España de Ghali haya abierto diligencias para investigar la posible comisión de un delito de falsedad documental y de prevaricación.

Según han informado fuentes judiciales, el juez Rafael Lasala ha remitido un exhorto al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, en el que le pide documentos e informes.

El pasado 18 de abril, Brahim Ghali, llegó a España en una avión de la Presidencia de Argelia que aterrizó en la Base Aérea de Zaragoza, siendo trasladado en una ambulancia al Hospital San Pedro de Logroño, donde ha estado ingresado durante mes y medio para ser tratado de COVID-19.

En este contexto, el Ministerio de Asuntos Exteriores permitió la entrada a España, el pasado 18 de abril, del líder del Frente Polisario sin pasaporte y sin facilitar información sobre las personas que iban en el avión de la Presidencia de Argelia, que aterrizó en la Base Aérea de Zaragoza, según el jefe de Movilidad Aérea, el general José Luis Ortiz Cabañete.

Según ha publicado Heraldo de Aragón, esta es una de las respuestas que ofrece el también jefe de la Base Aérea de Zaragoza en ese momento, a las preguntas de un cuestionario remitido por el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, sobre la entrada de Ghali y su posterior traslado a un hospital de Logroño.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado este jueves el asesinato de la mujer de 35 años el 30 de junio en Barbastro (Huesca) por presunta Violencia de Género.

Con este último caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género en España asciende a 23 en 2021 y a 1.101 desde 2003, según ha informado la Delegación en una publicación a través de Twitter.

La víctima tenía tres hijos menores de edad, lo que ha supuesto el aumento a 13 en 2021 y a 317 desde 2013 del número de menores huérfanos por violencia de género en España, según ha expuesto la Delegación.

Asimismo, la víctima, de origen magrebí, asesinada mediante una puñalada ya había presentado denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor. Además, se convierte en el segundo caso de violencia machista registrado este año en la comunidad aragonesa.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado su «cariño» hacia sus seres queridos y sus hijos en un mensaje que ha compartido en la citada red social. «No hay palabras. Otra mujer asesinada; esta vez delante de sus tres hijos», ha lamentado, al tiempo que ha asegurado que el Gobierno «no dará ni un paso atrás» y ha criticado a aquellos que niegan que exista la violencia de género.

Por su parte, la vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, ha mostrado sus condolencias y ha censurado que la violencia hacia las mujeres no cesa. «Ya son 23 las asesinadas en lo que va de año, de media una mujer cada semana», ha señalado.

Igualmente, ha mencionado el «grave problema para la democracia» que implica la violencia machista que, según ha remarcado, solo se puede parar con «firmeza y el compromiso de todos».

Asimismo, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha manifestado su repulsa hacia el suceso y ha trasladado su apoyo desde el Ministerio a sus seres queridos. En la publicación de Twitter, la ministra de Unidas Podemos ha recordado que, ante cualquier indicio de violencia machista, «cualquier persona» puede llamar al 016 o a Emergencias 112. «Nos queremos vivas», ha zanjado.

El vicesecretario general de Ciudadanos y portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha insistido este jueves en que el Partido Popular presente una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, indicando que, aunque éste la superase, podría ser «por solo un voto», por el rechazo de muchos diputados a los indultos concedidos a los líderes independentistas catalanes. Además, cree que serviría para que todos los grupos «se retrataran».

En una entrevista con ‘Okdiario’, Bal ha justificado que el pasado octubre su partido votara en contra de la moción de censura impulsada por Vox contra Sánchez y que ahora, aunque descarte apoyar una nueva moción del partido de Santiago Abascal, anime al PP a presentar la suya y le asegure su respaldo.

En su opinión, «las cosas que están sucediendo ahora son especialmente impactantes». Concretamente, ha señalado que el jefe del Ejecutivo «ha cometido actos ilegítimos» al perdonar las penas de cárcel a los condenados por el proceso independentista de 2017 en Cataluña, y Cs, que nació «para dar voz a los constitucionalistas» catalanes frente al nacionalismo, no puede consentir esta «tropelía».

Según Bal, el «Gobierno Frankenstein» salió «reforzado» tras la moción de censura frustrada de Vox –que no logró sumar los votos de ningún otro partido– porque los socios del Gobierno «se unieron todos como una piña en torno a Pedro Sánchez» ante «esos señores tan peligrosos» que impulsaban esa iniciativa.

Llegado este momento, «¿no será mejor que sea el jefe de la oposición», Pablo Casado, «el que plantee la moción de censura» y en el Pleno del Congreso se vea «la fotografía de quiénes estamos a favor y quiénes estamos en contra?», ha preguntado.

PARTIDOS REGIONALISTAS QUE PODRÍAN APOYAR LA MOCIÓN

A su juicio, el asunto de los indultos podría llevar a diputados como Pedro Quevedo, de Nueva Canarias, José María Mazón, del Partido Regionalista de Cantabria, o Tomás Guitarte, de Teruel Existe, a sumarse a una moción de censura del PP, y da por hecho que también tendría el apoyo de Ana Oramas, de Coalición Canaria. «¿Por cuánto ganaría el señor Sánchez la moción de censura? A lo mejor, por un solo voto», ha apuntado.

Asimismo, el portavoz parlamentario de Ciudadanos cree que, aunque la iniciativa no prosperase, lo más importante es que todos los diputados «se retratarían» con su voto. «Solo una moción de censura ha vencido en la historia de España. ¿Qué pasa, qué las demás no eran legítimas? Sí lo eran, y consiguieron lo que pretendían, que cada grupo se retratara, que es para lo que están cuando no dan los números», ha manifestado.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha apostado por crear una «cultura de la mediación» para reducir la litigiosidad en España, fomentando la cohesión social y potenciando la resolución de los conflictos sin necesidad de que haya una sentencia judicial de por medio.

Así lo ha defendido Campo durante su intervención en el encuentro ‘Diálogos Institucionales’ organizado por el Colegio de Abogados de Cantabria, celebrado este jueves en Santander y en el que ha estado acompañado por las principales autoridades de la Administración de Justicia regional.

En concreto, han participado la consejera de Justicia, Paula Fernández; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), José Luis López del Moral; la fiscal superior, Pilar Jiménez; y el decano del Colegio de Abogados, Andrés de Diego.

En el encuentro, Campo ha incidido en la necesidad de agilizar los trámites judiciales y para ello ha defendido la mediación, que ayuda a reducir los tiempos de resolución de conflictos; y también la digitalización o el cambio estructural y coyuntural de la Justicia, que se enmarcan en el proceso de modernización que se está acometiendo para adaptar dar mejor respuesta a los ciudadanos.

Estos objetivos forman parte de su proyecto de Justicia para 2030, que ha defendido que se debe hacer «entre todos», manteniendo la «comunión de esfuerzos» que se logró durante los primeros meses de la pandemia para hacer frente a los retos y con la que se consiguió poner en marcha juicios telemáticos, citas previas, juzgados Covid, horario de mañana y tarde en las sedes judiciales, etcétera.

«Entre todos lo podemos hacer, si alguien se baja no lo haremos», ha sentenciado, destacando que «no podemos perder» el apoyo casi unánime que han tenido algunas medidas en materia de Justicia, para lo que ha pedido a sus futuros sucesores que pongan «la misma pasión que él» en desarrollar este proceso.

SOSTENIBILIDAD Y JUSTICIA

Además, en opinión del ministro la Justicia «no puede quedarse al margen de la economía«, por lo que estos avances, además de encaminarse a reducir pleitos en menos tiempo, tienen que contribuir la sostenibilidad.

En este sentido, ha detallado que con las nuevas medidas que evitan los trámites presenciales y fomentan la cita previa se han «ahorrado un millón de kilómetros, 300 toneladas de CO2 vertidas a la atmósfera, 30.000 horas en desplazamientos», y esto ya «no tiene límite, es lo que queremos hacer», pero «solo tendrá éxito si lo hacemos entre todos», ha sentenciado.

COGOBERNANZA

En esta línea se han pronunciado el resto de participantes del encuentro, como la consejera, que ha puesto en valor la «cogobernanza» y «coordinación» impulsada desde incluso antes de la pandemia por el Ministerio con los distintos actores judiciales y administraciones, entre las que se encuentran las comunidades autónomas con las competencias transferidas, como es el caso de Cantabria.

Fernández ha defendido que este modelo «es como se tenía que afrontar la crisis» y ha tenido como resultado que la Administración de Justicia «no esté hoy con medidas paliativas», sino con medidas «de impulso, reconstrucción y recuperación». «Vamos mil por hora y se ven los resultados», ha dicho.

Campo y Fernández se han referido también a las principales líneas de trabajo y cambios tecnológicos y organizativos que se abordarán ahora con la futura ley de eficiencia organizativade la Justicia.

Para Cantabria, ha señalado la consejera, es «especialmente importante» la puesta en marcha de las Oficinas de Justicia en los municipios, que sustituirán a los actuales juzgados de paz. «Elobjetivo es llevar a todos los puntos del territorio los servicios de justicia, incluida la población que vive en áreas rurales, con el fin contribuir a la lucha contra la despoblación y avanzar en lacohesión territorial. No podemos perder ese servicio», ha señalado.

REFORMAS

Por su parte, el presidente del TSJC se ha referido al programa de reformas organizativas, tecnológicas y procesales del Ministerio que se aprobarán en los próximos meses y que se encuentran en trámite de informes, después de que el ministro haya repasado esta nueva arquitectura jurídica planteada dentro del Plan 2030, formada por la futura ley de eficiencia organizativa, junto a la ley de eficiencia procesal y la de eficiencia digital.

En materia organizativa, López del Moral ha considerado «esencial» y ha puesto de ejemplo los futuros tribunales de instancia. Y espera que, finalmente, al igual que ha sucedido con el proceso de digitalización de la Justicia, sea una mejora que llegue a aplicarse de forma efectiva.

La fiscal superior de Cantabria y el decano del Colegio de Abogados han valorado asimismo el trabajo desarrollado durante la pandemia por todos los colectivos judiciales, destacando que trabajaron de forma «coordinada».

Jiménez ha señalado que la herramienta digital de Cantabria -con el sistema Vereda ya implantado- fue un «activo», y que las mayores dificultades se dieron en la atención ciudadana; mientras que De Diego ha opinado que en la comunidad «las cosas han funcionado muy bien» y «hemos sido un ejemplo» en coordinación para asegurar el funcionamiento del servicio público de la Justicia.

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este jueves que declaraciones de ministros como Miquel Iceta evidencian las «mentiras» del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, acerca de que no habrá referéndum de autodeterminación.

Casado se ha hecho eco de la entrevista de Iceta en Catalunya Radio, donde ha defendido votar en un referéndum un «gran acuerdo sobre autogobierno, financiación y participación de las comunidades autónomas en el diseño de las políticas del Estado», en el marco del proceso de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat.

El jefe de la oposición también hace mención en su cuenta de Twitter a las declaraciones de la vicepresidenta Carmen Calvo, quien, al ser preguntada en RNE si el Gobierno no excluye la posibilidad de celebrar un referéndum consultivo en base a ese artículo 92, ha respondido que no están «en esto». Estamos en salir de una pandemia, en levantar y recomponer un país que ha tenido una crisis», ha apostillado.

Según Casado, estas manifestaciones de los ministros confirman que Pedro Sánchez «lo ha vuelto a hacer». «Un día después de dar su palabra de no permitir un referéndum, obedece a sus jefes independentistas y lo acepta», ha enfatizado.

El presidente del PP ha recalcado que «sus mentiras y la ilegalidad también cotizan en bolsa, y destruyen inversiones y empleos». «Nadie se fía de él», ha declarado en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

«NI 24 HORAS EN EL PAÍS DE NUNCA JAMÁS»

Más cargos del PP han reaccionado a las palabras del titular de Política Territorial. «Sánchez, ni 24 horas en el país de nunca jamás», ha manifestado la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra.

En parecidos términos se ha expresado el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, que ha señalado que «las mentiras de Sánchez ya no duran ni 24 horas» después de que su ministro defienda «votar en referéndum un acuerdo sobre el autogobierno.

«Lo que España lo decidimos todos los españoles. La deriva de este Gobierno no tiene límites. Sánchez debe dimitir y convocar elecciones», ha asegurado el dirigente del PP en un mensaje en la misma red social.

La diputada de Unidas Podemos y portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Aina Vidal, ha reclamado al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que se centre en explicar y desarrollar el acuerdo de revalorización de pensiones y no en sus «opiniones personales» sobre el índice de equidad intergeneracional, una medida que no está en el pacto.

Así se ha expresado en las redes sociales después de que este jueves el ministro haya afirmado que el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional producirá un «ajuste moderado» sobre la pensión de los llamados ‘baby boomers’.

«Es un ajuste bastante moderado. No verán mermada su pensión, podrán elegir entre un ajuste pequeño en su pensión o alternativamente podrían trabajar algo más», ha explicado a continuación Escrivá.

Para la diputada de Unidas Podemos, estas declaraciones del ministro de Seguridad Social, el mismo día en que se rubricaba el acuerdo entre el Gobierno y agentes sociales de revalorización de pensiones al IPC y derogación del factor de sostenibilidad del PP en 2013, supone «una extraña forma de explicar un acuerdo» al «centrarse en algo que no forma parte de él».

«Tenemos mucho trabajo en desarrollar el acuerdo de gobierno en materia de pensiones y sería deseable que el ministro Escrivá se centrara en eso y no en sus opiniones personales», ha lanzado Vidal en Twitter.

PRÓXIMO RETO DE UP: MEJORAR LAS PENSIONES MÍNIMAS

Previamente, Unidas Podemos ha ensalzado el acuerdo de reforma de las pensiones pero también ha dejado claro que el nuevo índice de equidad intergeneracional «no podrá suponer recorte de prestaciones futuras».

Un pacto que para la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, supone un «cambio de paradigma» al «garantizar la revalorización de las pensiones al IPC y derogar el factor de sostenibilidad del PP». «Las pensiones son un pilar imprescindible para reconstruir un nuevo pacto intergeneracional», ha detallado en Twitter.

El responsable del área económica de Podemos y secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, también ha destacado las virtudes del acuerdo aunque ha asumido que tiene un déficit que debe corregirse en los próximos Presupuestos Generales del Estado: la mejora de las pensiones mínimas y no contributivas.

Álvarez ha destacado que uno de los principales hitos de la reforma es la eliminación del índice de revalorización que aplicó el PP y que «condenaba a las pensiones a perder poder adquisitivo», unido al fin del factor de sostenibilidad que «reducía la cuantía de la pensión a medida que incrementaba la esperanza de vida».

«Frente a las reformas anteriores, basadas en recortes de las pensiones como principal mecanismo de ajuste, en esta ocasión se opta por garantizar su crecimiento, modificar los incentivos a la jubilación anticipada y mejorar la financiación de la Seguridad Social», ha loado Álvarez también en redes sociales.

PACTO SIN RECORTE DE PENSIONES

Al hilo, ha insistido en que «no hay recortes de pensiones» al no incorporarse «ninguna referencia a la ampliación del periodo de cómputo para el cálculo de la base reguladora de la pensión», por lo que las pensiones seguirán calculándose con los últimos 25 años y no con los últimos 35 años cotizados, «como algunas voces habían pedido».

Con ello aludía al polémico borrador del Gobierno que aludía a la ampliación de los años de cómputo y en el que figuraba el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones como departamento encargado de llevarlo a cabo.

El socio morado de la coalición, ya desde la anterior etapa liderada por Pablo Iglesias, se opuso de plano a que se incluyera esa medida, al subrayar que hubiera sido un recorte «inaceptable» y «desleal» con el acuerdo de gobierno, como dijo en su día el exvicepresidente segundo.

Otras virtudes del acuerdo, según Álvarez, es el incluir» una reivindicación histórica» para desarrollar, en un plazo de tres meses, la normativa que garantice la cotización a la Seguridad Social de los becarios y que contará con un 75% de reducción.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, precisamente ha destacado que ha sido el secretario de economía de la formación morada el «principal responsable» de haber negociado un acuerdo con Escrivá que «garantiza el poder adquisitivo de las pensiones y deja fuera elementos lesivos.

El comisario jubilado José Manuel Villarejo declara este viernes ante el juez que investiga la ‘Operación Kitchen’ para esclarecer el papel que desempeñó en el presunto espionaje parapolicial al ex tesorero del PP Luis Bárcenas, algo de lo que habría mantenido informado al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, según ha afirmado en un reciente escrito.

Villarejo comparece nuevamente ante el titular del Juzgado de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, una vez analizados los apuntes que hizo en las agendas personales que se le incautaron el pasado mes de octubre, que cubren el lapso temporal en el que se habría desarrollado la ‘Kitchen’, hasta el punto de que han permitido situar el inicio de la misma en el 11 de julio de 2013.

En este escrito, presentado el martes coincidiendo con la declaración como imputada de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, Villarejo avanza su «línea argumental» de este viernes para explicar cuál fue su rol en el espionaje que se habría montado desde el Ministerio de Interior, con recursos policiales y fondos reservados, para sustraer a Bárcenas la información sensible que pudiera tener del partido y sus dirigentes y evitar que llegara a la Justicia.

El policía retirado sostiene que intervino en la ‘Kitchen’ cuando ya había comenzado porque recibió sendas llamadas de los entonces jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, y director general de la Policía, Ignacio Cosidó. Este último, ya en persona, le habría pedido que dejara los temas que tuviera entre manos porque había un asunto «muy urgente» en el que el propio Rajoy tenía interés personal.

De acuerdo con su versión, le dieron dos números de teléfono donde podría contactar con Rajoy para tener una «interlocución directa» a fin de evitar las interferencias que se habrían producido en la llamada ‘Operación Cataluña’, donde –sostiene Villarejo– la información que el comisario transmitía a la cadena de mando del Ministerio de Interior y el CNI difería de la que finalmente llegaba a Moncloa.

A este respecto, Villarejo detalla, como ya hiciera en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre la ‘Kitchen’, uno de los números de teléfono. Y no le cabe duda de que quien veía los mensajes era el presiente del Gobierno, por los comentarios que recibía de los interlocutores que actuaban como intermediarios, señala.

REUNIONES EN GÉNOVA

Como interlocutores menciona tanto al ex ministro de Interior Jorge Fernández Díaz como al ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, además del responsable de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) y agentes del CNI. Como «interlocutores paralelos» añade a la Presidencia y Cospedal y, «colateralmente», a la ex vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, «por otros contactos».

Sobre la supuesta interlocución con Cospedal, esta semana la ex secretaria general del PP ha contado que se reunió con Villarejo tres o cuatro veces en la sede de Génova, una cifra que su ex jefe de Gabinete José Luis Ortiz elevó a entre ocho y diez. Según ilustró este último, recogía al comisario con un coche del partido cerca de la plaza de Colón y lo introducía en el cuartel general de los ‘populares’ por el garaje para que no quedara constancia de su visita.

A Cospedal se lo presentó su marido, Ignacio López del Hierro –también imputado–, que conocía a Villarejo desde los 90. Retomaron la relación, expuso el empresario al juez, porque estaban preocupados por las filtraciones a la prensa que se hacían del partido y de ellos. Ambos negaron que el verdadero motivo fuera que les mantuviera informados de la marcha de las pesquisas sobre ‘Gürtel’.

El matrimonio explicó que, por mera cortesía, le dijeron que alguna vez le harían algún encargo y que, si era el caso, le pagarían los gastos corrientes en los que incurriera. No obstante, al mismo tiempo Cospedal aseveró que no le llegó a encomendar ningún trabajo y, por tanto, tampoco le dieron dinero. Además, resaltó que la información que solía recibir de Villarejo no era muy útil porque ya estaba disponible en fuentes abiertas.

CAPTADOR DE «FUENTES HUMANAS»

Lo que le transmitieron los mandos policiales cuando le ficharon para ‘Kitchen’, conforme al citado escrito, es que necesitaban que, como agente de inteligencia, verificara la existencia de unos datos que interesaban al Gobierno, pudiendo llegar a suponer una grave amenaza para las altas instituciones del Estado. Esos datos eran la documentación con la que Bárcenas advertía a través de la prensa, precisa.

En concreto, se le requería, para que captara a «fuentes humanas» haciendo valer su capacidad de persuasión. No le extrañó porque entendió que era una continuación de su trabajo en la ‘Operación Cataluña’, ya que se daban los mismos intervinientes, paralelos procedimientos y similares objetivos.

Uno de los activos que habría reclutado es el chofer de los Bárcenas, Serio Ríos, a quien habrían abonado 2.000 euros mensuales a cargo de los fondos reservados para «compensarle» porque el ex tesorero del PP ya no le iba a seguir pagando y debía buscar otra forma de ganarse la vida.

Villarejo afirma que, con todo, incluidos seguimientos en los que habrían participado distintas unidades policiales y el CNI, la ‘Kitchen’ tenía un acceso integral a la vida diaria de Bárcenas, también durante su etapa en prisión a través de Instituciones Penitenciarias e incluso de infiltrados como falsos presos.

Su salida, de acuerdo con este relato, se precipitó al advertir a sus superiores en sucesivas notas informativas de que los datos con relevacia penal debían judicializarse. Según Villarejo, su delito es que denunció en tiempo y forma.

RONDA DE DECLARACIONES

Tras la comparecencia de Villarejo, que se suma a las recientes declaraciones de Cospedal, López del Hierro, Ortiz, el ex jefe de la UDEF José Luis Olivera y el inspector principal de ‘Gürtel’, Manuel Morocho, quedará pendiente el interrogatorio al ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez el 12 de julio.

El juez deberá decidir antes del 29 de julio si termina o prorroga la instrucción, algo sobre lo que ha preguntado a las partes. En el auto por el que imputó a Cospedal y su marido, García-Castellón manifestó que esta pieza separada de la macrocausa ‘Tándem’ –sobre los negocios oscuros de Villarejo– «se vislumbra con la madurez necesaria para encarrilar la fase preparatoria».

No obstante, fuentes jurídicas han apuntado que algunas partes, entre ellas el ex tesorero del PP, han solicitado al magistrado de la Audiencia Nacional que mantenga abiertas las pesquisas al considerar que todavía queda mucho por investigar.

El líder del PP, Pablo Casado, y varios cargos de la cúpula del partido arroparán este sábado a Carlos Mazón en el Congreso regional que le elegirá presidente del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, según han informado fuentes de la formación.

Mazón es candidato único para el XV Congreso del Partido Popular de la Comunidad Valenciana que se celebra este 3 de julio en Valencia, según proclamó el pasado 4 de junio el Comité Organizador de este conclave que preside el diputado nacional Luis Santamaría.

De esta forma, el presidente de la Diputación de Alicante se convertirá en el nuevo líder de los ‘populares’ valencianos, sustituyendo a Isabel Bonig, que dejó su acta de diputada a primeros de mayo alegando que no contaba «con la confianza de la dirección del PP».

MAZÓN, UNA APUESTA DE ‘GÉNOVA’

Mazón es una apuesta de la cúpula del PP que dirige Pablo Casado, que está impulsando la renovación en más autonomías y provincias con el objetivo, según fuentes de la formación, de ganar más poder territorial en las próximas elecciones autonómicas y municipales de 2023.

Aparte de Casado, se prevé la presencia en el congreso del PPCV del secretario general del partido, Teodoro García Egea, y varios vicesecretarios generales de la formación, según han informado fuentes ‘populares’.

Esa amplia presencia evidencia la importancia que da la dirección del PP a esta región. De hecho, el presidente de los ‘populares’ también ha decidido llevar a Valencia la Convención Nacional que la formación celebrará los días 2 y 3 de octubre, consciente de que se trata de un feudo clave para llegar al Palacio de la Moncloa.

PONENCIA DEL XV CONGRESO

En este XV Congreso, el PPCV debatirá una ponencia en la que apela al centro político y al refuerzo de la posición de la Comunidad Valenciana, con recetas como una bajada generalizada de impuestos, el blindaje del presupuesto de la sanidad o unas infraestructuras que «realmente vertebren», contra el «postureo» y las medidas para «dividir» del gobierno del Botànic (PSPV-Compromís-Unides Podem).

«Los valencianos no pintamos nada dentro de España ni pintamos nada fuera, y eso es un lujo que la Comunidad no puede permitirse», advirtió hace unos días el alcalde de Alicante, Luis Barcala, como responsable de la ponencia junto a la portavoz en Castelló, Begoña Carrasco.

Bajo el título ‘La Comunidad en el centro’, los ‘populares’ recopilan a lo largo de 65 páginas y 264 propuestas todo lo que han lanzado en los últimos años desde la oposición. Esta ponencia, pretende sentar las bases de la acción política del PPCV como un pistoletazo de salida para en las próximas elecciones «dar el relevo al fracasado tripartito de izquierdas», según el partido.

El vicesecretario general de Ciudadanos y portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, espera que la exdiputada de Cs Patricia Reyes, a la que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), ha nombrado directora general de Servicios Sociales, siga defendiendo «a todas las familias» y no solo a la familia tradicional que reivindica Vox.

«A Patricia Reyes le deseo que se acuerde de que ella defendía» en la formación naranja, «y espero que siga defendiendo, a todas las familias, no solamente un modelo de familia, como ahora está planteando Vox en la Comunidad de Madrid», ha declarado al recordar que este partido, cuyos votos sirvieron para investir presidenta a Díaz Ayuso, ha exigido la derogación de las leyes autonómicas que protegen los derechos de las personas LGTBI (lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales).

Así se ha pronunciado Bal en una entrevista con ‘Okdiario’, cuando le han preguntado por dos de las tres personas que antes eran cargos de Ciudadanos y a las que la presidenta regional ha incorporado a su nuevo Gobierno: Patricia Reyes y Marta Rivera, que ya era consejera de Cultura y Turismo en el anterior Ejecutivo del PP y Cs y ahora repite en el cargo. Además, el exportavoz de la formación naranja en las Cortes Valencianas, Toni Cantó, dirigirá la recién creada Oficina del Español.

Aunque en el caso de Cantó se ha mostrado crítico porque cree que ese organismo es un «chiringuito» político, en relación con Rivera y Reyes ha dicho que espera que «lo hagan bien» para que así «le vaya bien a la Comunidad de Madrid».

«Yo no soy» de los que piensan que «ojalá le vaya mal al Gobierno de la nación o al de la Comunidad de Madrid porque de esa manera después los votantes me votarán a mí y accederé al poder, yo no quiero acceder al poder sobre las cenizas o las ruinas de otro gobernante que lo haya hecho mal», ha explicado.

CIUDADANOS ES UN PARTIDO «IMPRESCINDIBLE» EN ESPAÑA

Respecto a si el PP pretende deshacer a Ciudadanos, el diputado ha defendido que el partido al que pertenece es «absolutamente imprescindible» en la política española porque son «el único partido liberal», diferenciado de los «conservadores» del PP.

Así, ha comentado que tienen «una gran cantidad de diferencias» con el PP en distintos temas, pero también coinciden en «muchos otros» y por eso llegan a acuerdos y comparten gobiernos de coalición en Andalucía y Castilla y León y en numerosos Ayuntamientos.

Además, ha subrayado que, pese a la salida de numerosos cargos y afiliados que se han unido al PP en los últimos meses, «la gente que se queda en Ciudadanos es gente muy comprometida con este proyecto liberal». «Le aseguro que Cs no se va a extinguir, no se va a liquidar», sino que «va a seguir adelante», ha manifestado.

Bal ha reiterado que, en su opinión, el expresidente de Ciudadanos, Albert Rivera, que ahora preside un despacho de abogados, no participa en la operación del PP para captar a cargos de la formación naranja, a diferencia del exsenador y exsecretario de Organización de Cs Fran Hervías, que, de hecho, ahora «está contratado por el PP».

«Los abogados no nos significamos políticamente cuando estamos en activo porque entonces perdemos clientes», ha dicho refiriéndose a Rivera, que «está encantado en su despacho». Ha destacado que, tras dimitir en noviembre de 2019, el expresidente dejó claro que «se iba de la política» y que «no iba a ser un jarrón chino» para Ciudadanos, y se ha mostrado «absolutamente convencido» de que Rivera «es fiel a su palabra» y «de verdad cumple» aquello que dijo.

EN Cs «TODOS SE EXPRESAN CON LIBERTAD» Y DISCREPAN SI QUIEREN

Otra cuestión sobre la que ha hablado el dirigente de Cs son las elecciones que se celebran este viernes en el partido para cubrir 23 vacantes en el Consejo General, el máximo órgano entre congresos. Aunque algunos afiliados han acusado a la dirección del partido de dificultar la participación en este proceso, Bal ha afirmado que en Ciudadanos «todo el mundo se expresa con total libertad».

«En todos los órganos en los que he estado, siempre ha habido alguien que discrepaba de las decisiones de la dirección o del criterio mayoritario», ha indicado. Cree que a veces esto «extraña» a algunos porque los ciudadanos están «acostumbrados a que en otros partidos nadie saque los pies del tiesto» y todos digan «que sí a todo» lo que establece la dirección porque «no tienen una profesión» a la que volver si salen de la política.

El juicio contra el cura acusado de abusar de una menor en Talavera que se celebra desde el pasado martes a puerta cerrada en la Audiencia Provincial de Toledo ha quedado visto para sentencia este jueves y la Fiscalía, en sus conclusiones elevadas a definitivas, ha mantenido la petición de 17 de prisión contra el procesado.

Así lo han asegurado fuentes judiciales, que añaden que tanto la acusación particular como la defensa también han elevado a definitivas sus conclusiones, manteniendo la petición de 22 años de cárcel la primera y la libre absolución la segunda.

En la sesión de este jueves han declarado en el juicio tres catequistas y se han practicado tres pruebas periciales de parte con la testificación de una ginecóloga, un especialista en acústica y un psiquiatra.

JUICIO A PUERTA CERRADA

Este martes comenzaba a puerta cerrada en la Audiencia Provincial de Toledo el juicio contra el sacerdote de Talavera acusado de un delito continuado de agresiones sexuales y contra la integridad moral de una menor, durante los años en los que ejerció como su director espiritual.

Se intenta demostrar en el juicio unos hechos que ocurrieron en el curso escolar 2010-2011, cuando la menor contaba con 14 años de edad, prolongándose durante los cuatro años siguientes. En enero de 2011, el sacerdote estando en el despacho parroquial a solas con la joven durante las charlas que mantenían cada quince días, le pidió un beso, a lo que ella se negó, pero el acusado «la besó, le quitó el sujetador y le tocó los pechos» mientras ella lloraba y, a continuación, le dio una bofetada y la llamó «puta», le pidió perdón y le dio un abrazo.

Desde esa fecha hasta junio de 2013, el acusado repitió esa conducta, siempre según el escrito del fiscal, cuando se encontraban a solas –siempre cerraba la puerta del despacho– quitándole el sujetador y realizando «tocamientos lascivos sobre su cuerpo desnudo se lo chupaba». En ese espacio temporal se sucedieron episodios similares e incluso el sacerdote obligó a la joven a realizarle varias felaciones e indicando a la menor que si lo contaba nadie la iba a creer.

Cuando la joven dejó el colegio para entrar en la Universidad, empezaron a «aflorar sus patologías psiquiátricas», según el escrito del Fiscal, con un primer diagnóstico de trastorno de conducta alimentaria, teniendo lugar su primer ingreso clínico, durante el que recibió la visita del acusado, que le dijo que si contaba algo «la mataba». Seguidamente en el tiempo la llevaron a otro centro médico, donde estuvo ingresada, volviendo al domicilio familiar cuando le dieron un permiso médico.

EXORCISMO

Una vez allí la madre, «de forma velada y con una excusa aparente», logró llevarla a la casa del sacerdote –con quien mantenía una relación sentimental– para que le practicara un exorcismo, ya que le dijeron que estaba enferma «porque tenía un demonio dentro». El sacerdote, ese día y en presencia de la progenitora, le realizó varias preguntas relacionadas con temas sexuales y a continuación tocó varias parte de su cuerpo, pero ninguna íntima, y le metió el dedo en la nariz y la boca con óleo sagrado.

Al día siguiente, el sacerdote se citó a solas con la joven, con el pretexto de continuar el exorcismo que le habían practicado el día anterior, momento en el que se volvió a producir un abuso sexual. Estas conductas y hechos se volvieron a reproducir en el tiempo hasta que la joven ingresó de nuevo en un centro hospitalario a consecuencia de las patologías psiquiátricas que padecía. El acusado, en los encuentros que mantenían, pegaba a la joven –incluso llegó a darle una paliza por la que tuvo que ser ingresada– y le decía que nadie la iba a querer.

La víctima está diagnosticada de un trastorno por estrés postraumático, anorexia nerviosa compulsiva-purgativa y trastorno de la inestabilidad emocional de la personalidad tipo límite.

El Fiscal pide 15 años por el delito continuado de agresiones sexuales y dos más por el delito contra la integridad moral, además de la inhabilitación para ejercer cualquier profesión u oficio que conlleve el contacto regular con menores de edad. Igualmente, solicita que se le imponga la pena de libertad vigilada por tiempo de diez años, y la prohibición de comunicarse por cualquier medio con la víctima, y de aproximarse a menos de 300 metros de ella o cualquier lugar donde esté durante 20 años. Además, deberá indemnizarla con 50.000 euros por los daños morales sufridos.

La dirección nacional de Ciudadanos ha afirmado este jueves que no apoyará al PSOE para que gobierne en el Ayuntamiento de Granada y ha instado al Partido Popular a reeditar el acuerdo en el que se basaba el anterior Ejecutivo de coalición y, así, no «entregar la ciudad a un imputado», el socialista Francisco Cuenca, investigado por prevaricación.

«Ciudadanos sigue defendiendo el acuerdo de gobierno firmado con el PP en Granada. Un acuerdo que funcionaba y que ha permitido a los granadinos tener dos años de legislatura con un Ayuntamiento fuerte para ofrecer soluciones al interés general de los ciudadanos», ha señalado el partido en un comunicado.

El partido liderado por Inés Arrimadas ha dejado claro que, cuando se convoque el pleno de investidura, no apoyará «de ninguna manera» al PSOE para que ocupe la Alcaldía, sino que defenderá que «se mantenga el acuerdo de gobierno». Por tanto, ha invitado al PP «a rectificar y a hacer lo propio», pues «la pelota está ahora en su tejado».

PRSEGUIR CON LA LEGISLATURA «CON ESTABILIDAD Y BUENA GESTIÓN»

En este sentido, la formación naranja considera que los ‘populares’ tienen dos opciones: o llevan hasta el final «la trama urdida en despachos desde Génova para atacar a Ciudadanos, romper el acuerdo de gobierno en Granada y, con él, la estabilidad en la ciudad», «entregando la Alcaldía al PSOE y a su candidato imputado», o «vuelven al acuerdo de gobierno con Cs para culminar los dos años restantes de legislatura con estabilidad y buena gestión».

Luis Salvador, de Ciudadanos, ha dimitido este jueves como alcalde de Granada, varias semanas después de que los siete concejales del PP y dos ediles de la formación naranja salieran del equipo de gobierno local y se quedaran solos Salvador y otro concejal de su partido.

Aunque el alcalde dimisionario ha avanzado que trabajarán por «un gobierno estable» favoreciendo que gobierne la lista más votada, esto es, la del PSOE, tanto la dirección nacional de la formación naranja como el vicepresidente de la Junta de Andalucía y coordinador autonómico de Cs, Juan Marín, han descartado el apoyo a los socialistas.

A través de su comunicado, Ciudadanos ha recalcado que apuestan por la alianza con el PP en Granada, después de que su vicesecretario general y portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, dijera en Twitter que el partido «no apoyará al PSOE en la Alcaldía», que «se mantendrá en el pacto de gobierno» y que, «si el PP no rectifica tras romper el acuerdo», se quedarán «en la oposición».

Cs REITERA QUE NO PACTÓ CON EL PP TURNARSE EN LA ALCALDÍA

Previamente, en una rueda de prensa en la sede de Cs, Bal ha defendido que Salvador «se ha comportado con absoluta responsabilidad» después de que el PP decidiera «de forma unilateral» abandonar el equipo de gobierno «sin poder justificar por qué lo hacía», ya que «no habló de mala gestión ni de alguna irregularidad».

«Invocó un acuerdo inexistente» que «no exhibió en ningún momento», ha apuntado en referencia al pacto que el PP aseguraba tener con Ciudadanos para turnarse en la Alcaldía y que cada partido la ocupara durante dos años, en virtud el cual reclamaba que Salvador dejase paso ahora a un alcalde ‘popular’.

El también portavoz de la Ejecutiva de Cs ha señalado que Salvador finalmente ha decidido apartarse del cargo «en interés de la ciudad, de los granadinos», pues «es inviable que, con solo dos personas, el Gobierno de Granada pueda salir adelante.

«Como siempre, en Ciudadanos, responsabilidad, sentido de servicio público y la demostración» de que «nosotros no venimos aquí a aferrarnos a los cargos», ha subrayado. En cambio, la ruptura del acuerdo de coalición por parte del PP se decidió por «intereses personales y partidistas», según sostiene Cs en su comunicado.

Cs SIEMPRE HA INTENTADO QUE EL PP VOLVIERA AL GOBIERNO

Según ha comentado, el miércoles hubo una reunión en Granada entre el PP y Salvador en la que el regidor insistió a este partido para que volviera al Ejecutivo de coalición, el cual «estaba funcionando muy bien». Pero «no quieren», así que «tendrá que ser Génova quien explique por qué el PP de Granada abandonó el Gobierno», ha concluido, aludiendo a la dirección nacional del PP.

Bal ha recalcado que Ciudadanos ha intentado «hasta el último minuto» que los ‘populares’ regresaran al equipo de gobierno, y que, como consecuencia de su negativa, «ahora el Ayuntamiento va a ser gobernado por la lista más votada, que es lo que establece la ley».

El PP de Granada ha dicho este jueves que presentará candidato al pleno de investidura que deberá celebrarse en los próximos días en el Consistorio y ha llamado a la formación naranja a que «cumpla su palabra dando paso al acuerdo alcanzado entre ambas formaciones y posibilite la alternancia».

En los Ayuntamientos, los distintos partidos pueden establecer alianzas y acuerdos para decidir quién se convierte en alcalde. En el caso de que ningún candidato obtenga el respaldo de una mayoría absoluta, la ley estipula que será automáticamente elegido regidor quien encabezó la lista más votada en las elecciones.

Por otro lado, desde la Ejecutiva encabezada por Arrimadas han destacado el «buen funcionamiento» del Gobierno autonómico del PP y Cs. Es «un modelo de gestión de éxito y de solvencia que está situando a Andalucía como una de las comunidades autónomas con mejores indicadores económicos, a la vez que se siguen alcanzando importantes avances legislativos en materias sociales y de calidad democrática», apunta en el comunicado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará a Estados Unidos del 20 al 24 de julio en una visita enfocada exclusivamente a buscar inversiones y a explorar oportunidades de negocio para empresas españolas, especialmente en el sector digital, y en la que no hay previsto ningún contacto con su homólogo estadounidense, Joe Biden.

Desde Moncloa, defienden que el viaje se justifica por sí mismo tal y como está enfocado por expreso deseo del propio Sánchez, con la mente puesta en la atracción de inversiones de cara a la recuperación económica, y por tanto no se consideran necesarios en este caso los contactos de carácter político con la nueva Administración.

En este sentido, recalcan que la relación con Estados Unidos es excelente y hay contactos a distintos niveles, más allá de que no se produzca un encuentro a nivel presidencial, después del breve contacto mantenido por Sánchez y Biden durante la cumbre de la OTAN en Bruselas el pasado 14 de junio.

El objetivo, insisten fuentes gubernamentales, no es otro que aprovechar el momento que parece estarse abriendo de cara la recuperación económica a medida que avanza la vacunación y exponer las oportunidades de inversión que ofrece el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno.

La gira del presidente, que viajará acompañado de un grupo de empresarios y previsiblemente de la ministra de Industria y Comercio, Reyes Maroto, arrancará en Nueva York, donde los contactos estarán más enfocados en el sector financiero y los fondos de inversión y se buscará trasladar el mensaje de que es un buen momento para invertir en España.

A continuación, Sánchez se desplazará a Los Ángeles. En la meca del cine, la agenda estará precisamente enfocada principalmente al sector audiovisual, con la vista puesta en resaltar las virtudes que ofrece España para este sector.

Aquí, el presidente del Gobierno también abordará en sus contactos el interés de España por fomentar la difusión y la enseñanza del español en Estados Unidos, algo prioritario, según Moncloa, dado que se espera que el país sea el segundo en cifra de hispanohablantes para 2060 por detrás de México. En este sentido, el Gobierno confía en que pronto se pueda abrir un nuevo Instituto Cervantes en Los Ángeles.

La última etapa será San Francisco y en este caso el interés estará enfocado al sector tecnológico, dado que allí se encuentra Silicon Valley y tienen su sede las principales empresas del sector. Aunque la agenda aún se está ultimando, por el momento ya hay confirmada una visita a la sede de Apple a invitación de la firma.

En cuanto a los asuntos a tratar en los contactos, que estarán enfocados en el sector privado, las fuentes aseguran que no hay ningún tema tabú a abordar, lo que incluye la conocida como ‘tasa Google’, si bien inciden en que no es una cuestión a debatir.

GIRA POR LOS PAÍSES BÁLTICOS

Antes de su viaje a Estados Unidos, el presidente del Gobierno realizará la próxima semana una gira por los tres países bálticos, con motivo del centenario del establecimiento de relaciones bilaterales –en 1921 con Estonia y Letonia y en 1922 con Lituania– y que también le permitirá visitar a los militares españoles destinados en Letonia y Lituania en misiones de la OTAN.

La gira arrancará el 6 de julio en Estonia, donde Sánchez mantendrá sendos encuentros con su presidenta, Kersti Kaljulaid, y con su primera ministra, Kaja Kallas, así como con el presidente del Parlamento. Además, tendrá ocasión de recorrer junto a Kalla la exposición ‘Zuloaga, el alma de España’.

A continuación viajará a Letonia, donde además de reunirse con su primer ministro, Arturs Krisjanis Karins, visitará a los 300 soldados españoles destacados en la base de Adazi en el marco de la operación ‘Presencia Avanzada Reforzada’ de la OTAN.

Por último, el presidente del Gobierno se desplazará a Lituania. Aquí la visita arrancará en la base de Siauliai donde siete aviones Eurofighter españoles están desplegados hasta el 31 de agosto en la misión de Policía Aérea del Báltico, también de la Alianza Atlántica.

Antes de trasladarse a Vilnius, Sánchez mantendrá un encuentro en la misma base con el presidente lituano, Gitanas Nauseda. Ya en la capital, se reunirá con la primera ministra del país, Ingrida Simonyte.

La agenda en este país se completa con un encuentro con el presidente de la Federación Lituana de Baloncesto, Arvydas Sabonis, quien fuera jugador del Real Madrid, y con la principal líder opositora de Bielorrusia, Svetlana Tijanovskaya, a quien no pudo recibir durante su visita a Madrid hace unos meses porque estaba de cuarentena por COVID-19.

El Comité de las Regiones (CDR) ha aprobado este jueves una resolución en la que pide a la Comisión Europea (CE) que presente una propuesta para mantener la cooperación transfronteriza en caso de futuras crisis y situarla «en lo más alto de la agenda política de la Unión Europea».

La resolución contiene múltiples propuestas, según ha explicado el CDR en un comunicado, que tienen por objetivo «mejorar la cooperación transfronteriza» y ha pedido a la CE que haga un seguimiento de la legislación y de los tratados que están en vigor «cuya aplicación podría mejorarse a menudo».

Así, el próximo 5 de julio se celebrará un acto, organizado por el CDR junto con otros socios europeos, en el que se debatirá la importancia de esta materia junto con ciudadanos y líderes locales y regionales. Y es que, según ha informado el CDR, la pandemia de Covid-19 ha sido «uno de los mayores reveses para la cooperación transfronteriza en las últimas décadas» y esto ha afectado «gravemente» a las economías y la movilidad de muchas regiones, así como al acceso de los ciudadanos a los servicios de emergencia.

La conferencia incluirá una presentación de la resolución y un debate sobre el futuro de la cooperación transfronteriza en las experiencias previas y durante la pandemia. Entre los socios financiadores de la Alianza Europea de Ciudadanos Transfronterizos que participarán en la organización están la Asociación de Regiones Fronterizas Regiones Fronterizas Europeas (ARFE), Mission Opérationelle Transfrontalière (MOT) y el Servicio Centroeuropeo de transfronterizas (CESCI).

«Además, antes de que estallara la pandemia, muchas regiones fronterizas ya se enfrentaban a una gran cantidad de obstáculos regionales únicos», ha añadido. Por otra parte, en una reciente consulta del CDR, las regiones fronterizas citaron el transporte y la conectividad transfronteriza, así como las trabas burocráticas para los ciudadanos y las empresas como los mayores obstáculos a los que se enfrentan en sus territorios.

Por su parte, la directora general de Acción Exterior de la Junta de Extremadura, Rosa Balas, ha valorado el trabajo entre las regiones fronterizas como «piedra angular del proceso de construcción europea». Del mismo modo, ha destacado la profunda vocación transfronteriza de Extremadura, que forma parte, junto a las regiones vecinas de Alentejo y Centro de Portugal, de la eurorregión Euroace. Las propuestas de modificación de la resolución presentadas por Extremadura han ido encaminadas a buscar soluciones a algunos de los obstáculos jurídicos y prácticas administrativas que dificultan la integración europea, y a mejorar la intermodalidad en el transporte.

Asimismo, el ponente de un dictamen sobre los servicios públicos transfronterizos y presidente de la grupo interregional del CDR sobre cooperación transfronteriza, Pavel Branda, ha asegurado que «es muy positivo que el Comité de las Regiones haya asumido la tarea de representar a las regiones fronterizas y a sus ciudadanos en la Conferencia sobre el Futuro de Europa».

Asimismo, ha añadido que se debe «situar la cooperación transfronteriza en el lugar que le corresponde: en el centro del proyecto de integración europea».

La resolución de este jueves sugiere medidas concretas para seguir mejorando su vida cotidiana en las fronteras. Respaldada por todos los grupos políticos del CDR, servirá de contribución a la Conferencia sobre el futuro de Europa. Pide también a la CE que proponga medidas que permitan al personal y a los vehículos que trabajan en los servicios de emergencia puedan cruzar libremente las fronteras en todo momento.

Además, la resolución destaca la necesidad de mejorar y potenciar los servicios públicos transfronterizos, subrayando que las estructuras transfronterizas, como las Agrupaciones Europeas de Cohesión Territorial (AECT), deberían tener un papel más destacado en la gestión de las zonas transfronterizas, ya que están transfronterizas, ya que se encuentran en una posición única para ello.

El CDR también señala que la UE ya cuenta con numerosos actos legislativos y tratados que tienen el potencial de mejorar significativamente la vida de los ciudadanos y eliminar los obstáculos a los que se enfrentan las regiones fronterizas. Sin embargo, ha reiterado que siguen existiendo muchos problemas en su aplicación.

El Comité Europeo de las Regiones (CDR) ha pedido este jueves a la Comisión Europea que el nuevo reglamento sobre las infraestructuras energéticas transeuropeas (RTE-E) cuente con las «necesidades y especificidades» de las regiones de la UE y sirva para estimular «la seguridad energética sostenible, la integración del mercado, la competencia leal, la diversificación del suministro energético y la energía asequible para todos».

En un dictamen elaborado por el ponente Robert Sorin (RO/PSE), que se ha debatido en el día de hoy, el Comité de las Regiones ha invitado a la Comisión Europea a «adoptar un enfoque más abierto a la hora de definir los proyectos transfronterizos» para tener en cuenta, no «sólo a los grandes proyectos», sino también a los más «locales, descentralizados y participativos de redes inteligentes sin fronteras físicas».

Estos, según ha destacado el CDR en un comunicado, pueden aportar «efectos positivos no solo a los sistemas regionales y nacionales, sino también a los diferentes Estados miembros mediante la integración de las energías renovables, solucionando las congestiones y evitando las externalidades negativas»

«Se trata de una petición clave para garantizar que el nuevo Reglamento transeuropeo de infraestructura energética (RTE-E) respalde el objetivo de la UE de alcanzar la neutralidad climática para 2050», ha señalado el comité.

En este punto, el organismo presidido por Apostolos Tzitzikostas ha insistido en que «la actualización y ampliación de las infraestructuras energéticas europeas es un elemento clave para la transición energética verde», por lo que «debe ser coherente con el objetivo del Pacto Verde de alcanzar la neutralidad climática en 2050».

Al hilo, Sorin ha declarado que el reglamento «debe reflejar la primera ley europea sobre el clima y los nuevos avances tecnológicos». «Este dictamen es un claro llamamiento a la ecologización de los proyectos de infraestructuras de la UE, que queremos que sean competitivos, seguros y asequibles para todos. Las normas de la UE deben permitir un camino real para dejar de depender de los combustibles fósiles», ha aseverado.

Por ello, el ponente ha subrayado que es «esencial» contar con una «representación regional y local relevante» dentro de los Grupos Regionales en el proceso de identificación y selección de los Proyectos de Interés Común (PCI), «especialmente cuando los proyectos potenciales tienen un alto impacto en nuestros territorios». «La creación de ventanillas únicas es esencial para acelerar el proceso de autorización de los PIC», ha apuntado.

En el dictamen, el Comité de las Regiones Europeo ha recorado el papel clave que desempeñan los grupos regionales en el proceso de selección de los Proyectos de Interés Común (PIC), que son proyectos de infraestructura destinados a ayudar a la UE a alcanzar sus objetivos climáticos y a contribuir a la mejora de la integración del mercado y la competencia.

Por ello, el CDR ha reclamado a la Comisión Europea que flexibilice el marco de concesión de permisos de los Proyectos de Interés Común (PIC), «que proporcione un marco para la agregación de varios proyectos locales más pequeños y que establezca un mecanismo permanente para que los grupos regionales dialoguen con los entes locales y regionales».

En este sentido, los miembros del CDR acogen favorablemente la actualización de las categorías de los PCI, que ahora apoyan principalmente las infraestructuras energéticas que consolidan las tecnologías de energía limpia y ponen fin al apoyo político y financiero a los proyectos de combustibles fósiles, que ya no estarían incluidos en las listas de PCI y, por tanto, no podrían recibir financiación del MCE.

El dictamen sugiere que se supere la actual infrarrepresentación de los proyectos de redes inteligentes en la lista de PCI considerando a los operadores de redes no solo como operadores de sistemas de transmisión (TSO), sino también como operadores de sistemas de distribución (DSO) y ampliando así la definición restrictiva de redes inteligentes en la legislación actual. Esto permitiría a los ciudadanos, según el CDR, convertirse en prosumidores y fomentar las comunidades energéticas, lo que posibilitaría la integración de las energías renovables, apoyaría el desarrollo de la e-movilidad y la electrificación de la calefacción y la refrigeración.

El CDR también reitera la importancia de que los entes locales y regionales participen en la elaboración de los Planes Nacionales de Energía y Clima (PNEC).

Asimismo, la asamblea de representantes locales y regionales de la UE ha señalado que «se congratula de que se preste cada vez más atención al hidrógeno limpio como alternativa a los combustibles fósiles», y acoge «con satisfacción «en esta propuesta un marco jurídico de la UE más favorable para el desarrollo del mercado y las infraestructuras, que responde a una petición del dictamen del CDR «Hacia una hoja de ruta para el hidrógeno limpio».

El CDR ha subrayado también la necesidad de crear sinergias entre las RTE-E y la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T), ya que «la reducción de las emisiones del transporte es una de las prioridades clave del Pacto Verde Europeo».

La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha subrayado su compromiso para abordar la «gran tarea de transformación y de reformas estructurales» que el mercado laboral exige, «auténtico y genuino objetivo» de su acción ejecutiva.

«A eso nos hemos comprometido ante Europa y a eso nos hemos comprometido, sobre todo, ante las personas trabajadoras de nuestro país», ha desgranado durante la jornada ‘Largo Caballero, de ayer a hoy: gobernar para mejorar el mundo del trabajo’, organizada por UGT para conmemorar el 75 Aniversario del fallecimiento del dirigente sindical y político.

Durante su intervención, Díaz ha destacado el «legado» y la «vigencia» de la labor del Largo Caballero, ministro «obrero y «republicano» clave en sentar las bases de la legislación laboral.

De hecho, ha subrayado que aquellos grandes debates que Largo Caballero propició y defendió siguen hoy, bajo una forma u otra, en la «arena pública» actual: «la modernización» de la negociación colectiva, los convenios, el salario mínimo interprofesional, la seguridad en el trabajo, la lucha contra la precariedad y la temporalidad…»

Por tanto, Díaz ha desgranado que, «fieles a ese legado» de Largo Caballero y en consonancia con nuestro tiempo, están abordando esa tarea de transformación del mercado laboral, como bien sabe UGT en el marco de la mesa de diálogo social.

Tras citar el mecanismo de los ERTE, respuesta inédita ante la crisis del Covid «sin recortes económicos y derechos», la ministra ha planteado que la «fórmula Largo Caballero, centrada en extender la protección social y laboral, ha inspirado también la derogación del despido por bajas medidas justificadas, el artículo 52d del Estatuto de los Trabajadores, o el compromiso de mantenimiento del empleo, durante seis meses».

También ha aludido a la Ley Riders que supone la primera legislación del mundo que instaura transparencia sobre el fenómeno de los algoritmos, obligando a las empresas a revelar las decisiones laborales adoptadas por sistemas de Inteligencia Artificial.

«De la misma forma que la histórica Ley de Contratos de Trabajo de 1931, aprobada por Largo Caballero, reconocía que el derecho de huelga no podía ser motivo de despido, nuestra pionera regulación de las labores de reparto en plataformas digitales impide, en un sentido similar, el castigo algorítmico para las personas trabajadoras que participen o organicen una huelga», ha apuntado.

TRATAN DE ARREBATARLE A LARGO CABALLERO HONORES Y CALLES

En este sentido, Díaz ha rememorado que el propio Largo Caballero «pagó con la cárcel haber participado en el comité de organización de la huelga general de agosto de 1917» convocada por UGT, siendo acusado de delito de sedición y condenado a cadena perpetua.

«Solo la inclusión de Largo Caballero, por parte del PSOE, en las listas a las elecciones generales de febrero de 1918, libró al político madrileño de tan injusto y severo castigo, beneficiándose, ya como diputado, de un decreto de amnistía», ha desgranado la vicepresidenta.

Parafraseando al filósofo Walter Benjamin y su idea de que la evocación del pasado se hace también con «materiales del presente», Díaz ha afirmado que la figura de Largo Caballero, y su «periplo político y vital», son la prueba de que «todo lo que ocurre hoy tiene sus réplicas, y sus lecciones, en el pasado».

También ha lamentado que existe, en la actualidad, «una tentación de retener» la figura de Largo Caballero «en la aduana de la historia, arrebatarle calles, estatuas y justos honores», como parte de la «memoria democrática de este país».

«Alguien ha querido intentar lo que no ha podido ni la muerte, ni la represión del mayor régimen de exterminio de la historia, ni la dictadura franquista, ni décadas de amnesia y mentiras políticas», ha apuntado en alusión a la retirada de una placa de homenaje retirada por el Ayuntamiento de Madrid en el distrito de Chamberí o el cambio del nombre de una calle dedicada anteriormente al que fuera presidente del gobierno en la II República.

Miles de millones de personas de todo el mundo se quedarán sin acceso a servicios de agua potable, saneamiento e higiene en el hogar gestionados de manera segura antes de 2030, a menos que el índice de progreso se multiplique por cuatro, según un nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF.

El informe del Programa Conjunto de Monitoreo ‘Progresos en materia de agua para el consumo, el saneamiento y la higiene en los hogares’, presenta las estimaciones relativas al acceso de los hogares a servicios de agua potable, saneamiento e higiene a lo largo de los últimos cinco años, y evalúa los avances en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con vistas a «garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos antes de 2030».

En concreto, el informe revela que antes de 2030, un 19% de la población mundial, 1.600 millones de personas, no tendrá acceso a agua potable salubre en su hogar; que «solo» un 67% dispondrá de servicios de saneamiento adecuados, a diferencia de 2.800 millones de personas; y que «solo» un 78% contará con instalaciones básicas para lavarse las manos, lo que significa que 1.900 millones de personas no tendrán acceso a ellas.

En este contexto, el documento señala que si se quiere conseguir el acceso universal a fuentes de agua potable gestionadas de manera segura antes de 2030, será necesario multiplicar por 10 el índice actual de progreso en los países menos adelantados; y añade que, en los contextos frágiles en los que existe el doble de probabilidades de que la gente no tenga acceso a agua potable salubre, ese índice debería multiplicarse por 23.

«Incluso antes de la pandemia, millones de niños y familias ya estaban sufriendo debido a la falta de agua limpia, saneamiento y un lugar donde lavarse las manos», ha señalado la directora ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore, al tiempo que ha apostado por «acelerar drásticamente los esfuerzos con objeto de atender las necesidades más básicas de los niños y las familias, y proteger su salud y su bienestar».

Asimismo, de los datos del informe se desprende que en 2020, alrededor de 1 de cada 4 personas carecía de una fuente de agua potable gestionada de forma segura en su hogar y casi la mitad de la población mundial no tenía acceso a servicios de saneamiento gestionados de manera segura.

Además, subraya que la COVID-19 ha puesto de relieve la urgente necesidad de garantizar que todo el mundo tenga acceso a una higiene de manos adecuada. Cuando comenzó la pandemia, tres de cada 10 personas del mundo no podían lavarse las manos con agua y jabón en sus hogares.

«Lavarse las manos es una de las formas más efectivas de evitar la transmisión de la COVID-19 y de otras enfermedades infecciosas; sin embargo, en el mundo hay millones de personas que no tienen acceso a una fuente de agua potable segura», ha afirmado el director general de la OMS, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Por ello, ha apuntado que «las inversiones en agua, saneamiento e higiene deben ser una prioridad mundial si se quiere poner fin a esta pandemia y crear sistemas de salud más resilientes».

En todo caso, el informe revela que se han registrado algunos avances para conseguir un acceso universal a los servicios básicos de agua, saneamiento e higiene (WASH). Así, concreta que entre 2016 y 2020, el porcentaje de la población mundial que disponía de una fuente de agua potable gestionada de manera segura en su hogar aumentó de un 70 a un 74%; los servicios de saneamiento gestionados de manera segura se incrementaron de un 47 a un 54%; y las instalaciones para lavarse las manos con agua y jabón crecieron de un 67 a un 71%.

Además, el documento muestra que en 2020, por primera vez, más personas utilizaron servicios de saneamiento mejorados sobre el terreno (como letrinas de pozo y tanques sépticos, que pueden contener y tratar los residuos de manera efectiva) que conexiones de alcantarillado.

En este sentido, la OMS y UNICEF subrayan que es necesario que los gobiernos garanticen las ayudas necesarias para proporcionar servicios de saneamiento sobre el terreno gestionados de manera segura, entre ellos la gestión de los lodos fecales.

El informe también revela otros datos como que ocho de cada 10 personas que carecían de acceso a servicios básicos de abastecimiento de agua vivían en zonas rurales; y que los servicios de saneamiento gestionados de manera segura llegaron a un 62% de la población urbana mundial, pero «solo» a un 44% de la población rural.

Asimismo, detalla que en África subsahariana se registra el índice de progreso más lento del mundo; que «solo» un 54% de la población utilizaba agua potable salubre, y «solo» un 25% se encontraba en contextos frágiles.

También arroja datos sobre la salud menstrual y muestra que en muchos países, una proporción significativa de mujeres y niñas no pueden atender sus necesidades de salud menstrual. En particular, las diferencias más notables se dan entre los grupos vulnerables, como las niñas pobres y las que tienen discapacidad.

La ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, ha asegurado este jueves que era «muy urgente» para el Gobierno aprobar la nueva Ley educativa, la LOMLOE (también conocida como ‘Ley Celaá’), una norma duramente criticada por la oposición por no contar para su tramitación con la comunidad educativa.

Según ha explicado este jueves en Barcelona durante la inauguración del seminario ‘La LOMLOE: un paso adelante para la equidad, la calidad y la excelencia de la educación’, organizado por la Diputación de Barcelona, urgía aprobar una nueva Ley de Educación para así dejar atrás la LOMCE, una «legislación desconectada de las corrientes pedagógicas más interesantes europeas o internacionales», a juicio de la ministra.

«Sentimos la necesidad de tener otro marco legislativo para llegar a desarrollos que nos fueran útiles», ha añadido Celaá, que defiende que la LOMLOE está «conectada con Europa, la Agenda 2030 y la UNESCO».

La ministra ha dedicado su intervención inicial a defender la Ley. En primer lugar, ha insistido en que la LOMLOE pone sobre la mesa una «realidad incómoda pero real» como es la segregación escolar. «Sabemos que no se puede llegar de 0 a 100 en un año, pero lo importante es trazar el camino correcto», ha afirmado Celaá, que advierte de que «todos» los niños y jóvenes «tienen que caber» porque «todos tienen el mismo derecho» a la educación.

En este sentido, asegura que la LOMLOE establece que la prestación del servicio público de la educación se hace por la red pública y por la red concertada, por tanto, «ambas tienen que asumir todo lo que significa la tarea de educar en equidad». «Si ambas redes tienen acceso al sistema público de prestación financiera, queremos que compartan derechos y obligaciones», avisa.

Por otro lado, ha hablado de que la nueva Ley, que fue aprobada el pasado 23 de diciembre, regula la educación infantil de 0 a 3 años –que en España es de carácter voluntario–, ya que se trata de una «etapa educativa» y «como tal ha de tratarse». La LOMLOE establece el incremento progresivo en la oferta de plazas públicas en el primer ciclo «con el fin de atender todas las solicitudes de escolarización de la población infantil de 0 a 3 años», un aspecto que también ha recibido críticas, sobre todo, por parte de las patronales.

Para la ministra, existe «evidencia» de que la primera etapa de educación infantil redunda en un «beneficio» en el desarrollo de los menores. De ahí que la nueva Ley incorpore el «interés superior del menor», según la ministra.

MÁS FÁCIL MEMORIZAR QUE ENTENDER

Con respecto al currículo, Celaá ha recordado la voluntad del Gobierno de que sea competencial y no tan memorístico. «Hay que procurar que, al mismo tiempo que hacemos una reforma educativa, hacer una transición cultural, un cambio de mentalidad», ha abogado.

Aunque la jefa del Departamento de Educación admite que «la memoria es imprescindible para conectar» porque «es parte de la inteligencia», otra cosa es basar la educación en «catálogos memorísticos». «Estamos en un mundo tan cambiante que tenemos que enseñar de otra manera, ayudar a aprender de otra manera a los alumnos, que han de ser a la fuerza mucho más polifacéticos», agrega.

Tal y como ha enumerado, en concreto, los estudiantes tendrán que incorporar a su aprendizaje las ‘soft skills’, la capacidad de autoorganizarse, la capacidad de vivir en comunidad, socializar, comunicarse o tratar de desarrollar la creatividad, entre otros.

En este punto, Celaá ha negado que con un enfoque competencial se esté dando más facilidades a los alumnos. De hecho, «el sistema es más difícil ahora que antes», asegura. Para la titular de Educación, «es mucho más fácil para el alumno recitar de memoria las partes de una flor, los reyes o la tabla periódica que buscar sentido a cada una de las cosas, entender de qué les están hablando y tener ese aprendizaje esencial para aplicarlo». En sus palabras: «La aplicación es mucho más difícil que el recitado memorístico».

«USO ABUSIVO DE LA REPETICIÓN»

Este enfoque competencial está ligado a otra de las prioridades en las que se centra el Gobierno, como es la repetición de curso. «Nuestro propósito es que todo el mundo titule y que pueda seguir en la enseñanza obligatoria», ha dicho Celaá, que considera que «España adolece de un uso asiduo o abusivo de la repetición».

Tal y como ha recordado, en España el porcentaje de alumnado, al alcanzar los 15 años, repite 3 veces más de media que los estudiantes de países de la OCDE, cuando los alumnos españoles «son comparables a los del resto». «Y me atrevo a decir que trabajan mucho, no son más lentos que los demás, sin embargo tropiezan con la repetición a lo largo de su itinerario escolar tres veces más», ha defendido.

Aunque un 29% de españoles ha repetido curso a los 15 años, la ministra ha puesto en valor que de esos alumnos, un 53% es capaz de superar el nivel del Informe PISA en Ciencias y un 43% en Matemáticas. «Estamos haciendo repetir a alumnos que son perfectamente homologables al resto», lamenta Celaá, que critica que «la repetición no genera mejores resultados, sino todo lo contrario, desmotiva al alumno, no le enseña más», provocando su abandono del sistema educativo. Por tanto, para la ministra, la repetición, que es «la fórmula más sencilla», tiene que ser una «medida súper excepcional».

Para reducir la repetición de curso, el Ministerio de Educación y FP pretende tratar con refuerzo a aquellos alumnos que muestran «debilidades en algún momento del itinerario», a los que se les podrá realizar un «diagnóstico precoz» y por tanto incluirlos en programas de refuerzo. «Ahora tenemos medios, recursos, hay que hacerlo», ha celebrado.

La manifestación central de la fiesta del Orgullo Estatal LGTBI 2021 se celebra este sábado 3 de julio con medidas especiales debido a la situación de crisis sanitaria que vive el país por el Covid-19, de forma que no habrá en esta edición las características carrozas, ni tampoco escenario. El manifiesto, que tendrá un contenido reivindicativo por los derechos trans, se leerá en la Plaza de Colón de Madrid.

La marcha comenzará a las 20.00 horas desde la Plaza de Carlos V, aunque la cabecera, que portará una pancarta con el lema ‘Los derechos humanos no se negocian, se legislan: Ley Integral Trans Ya’, se situará para el arranque en la Plaza de Murillo, en la entrada del Museo del Prado. Los participantes recorrerán así todo el Paseo del Prado de la Capital, para terminar en la Plaza de Colón.

La organización de este evento, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB), COGAM, Colectivo LGTB+ de Madrid y AEGAL, ha pedido «responsabilidad» a la ciudadanía que quiera participar en el evento y ha llamado a «respetar las normas de seguridad», la «distancia social» y «el uso de la mascarilla».

La Delegación de Gobierno de Madrid ha autorizado esta manifestación y, según ha explicado, a día de hoy esta decisión se mantiene. Según ha explicado, la previsión es que, en principio, no habrá cambios ya que la situación de pandemia oscila de forma paulatina.

ORGANIZACIONES HAN PEDIDO QUE NO SE INVITE AL PSOE

Ciudadanos es el único partido, hasta ahora, que ha confirmado a sus representantes en la marcha. Por parte de los naranjas, asistirán la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís; el vicesecretario general del partido y portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Bal; y la diputada Sara Giménez, responsable de políticas sociales.

No acudirá, en este caso, la presidenta de la formación Inés Arrimadas –que cumple 40 años eses mismo día y lo celebrará con su familia– que sí estuvo en la edición de 2019 cuando los naranjas fueron increpados por asistentes a la manifestación que les reprochaba haber pactado con Vox, tanto en el ayuntamiento como en la Comunidad de Madrid.

Es sabido que tanto PSOE, como Podemos, también acudirán, aunque no han comunicado aún quiénes serán sus representantes.

Desde organizaciones Trans se pidió a las entidades responsables de esta marcha que no invitasen a los socialistas a participar en la cabecera de la misma tras la abstención de los socialistas a la toma en consideración de la Ley Trans en el Congreso, así como a su oposición pública a la autodeterminación de género.

Algunas de estas entidades lideraron, el pasado lunes, la llamada marcha del Orgullo Crítico, en la que se reclamó un «modelo de Orgullo no mercantilizado, que reivindica la diversidad» y la «disidencia frente al capitalismo rosa», contra «la mercantilización de los cuerpos» y contra «la extrema derecha». «Ni sexo asignado ni género demostrado. Furia trans contra toda autoridad», fue su lema.

La cúpula del PP y los parlamentarios del Grupo Popular se desplegarán este viernes por toda España para explicar la oposición del partido a los indultos del ‘procés’ y sus recursos ante el Tribunal Supremo, al tiempo que exigirán la convocatoria de elecciones y la dimisión de Pedro Sánchez, haciendo hincapié en que ha convertido la «mentira» en su forma de gobernar, según han informado fuentes de la formación.

El primer partido de la oposición está convencido de que su «no» a los indultos y a la mesa de diálogo que promueve Sánchez con el Gobierno de la Generalitat recoge el sentir mayoritario de la sociedad española y así lo visualizará explicando en las distintas provincias la posición que defendió esta semana Pablo Casado ante el Pleno del Congreso.

En ‘Génova’ consideran que la legislatura está «agotada» y «caducada» y que la única salida pasa por disolver el Parlamento y convocar elecciones, como ha solicitado el presidente del Partido Popular. Así, los cargos del PP destacarán que si «tan valiente es Sánchez como para indultar a quienes dieron un golpe a la legalidad, que abra las urnas y que los españoles puedan opinar».

«LOS BANDAZOS Y LA MENTIRA, SEÑAS DE IDENTIDAD DE SÁNCHEZ»

En el cuartel general de los ‘populares’ recalcan además que el presidente del Gobierno ha instalado la «mentira como forma de gobernar». Por eso, el PP aprovecharán todos sus actos para denunciar que «Sánchez y mentira son sinónimos y significan lo mismo» porque ha quedado demostrado por los hechos que su «palabra no vale nada», según argumentan fuentes de la formación.

«Todo lo que prometió lo ha incumplido, y cuando ha dicho una cosa ha hecho la contraria. Los bandazos son su seña de identidad. Hasta sus socios independentistas se mofan de él, le humillan y le recuerdan cuando rechaza el referéndum que antes también dijo que no habría indultos, no pactaría con Bildu y no gobernaría con Podemos», resumen en la cúpula del PP ante la declaración solemne de Sánchez este miércoles ante el Congreso garantizando que no habrá referéndum y las palabras del Gabriel Rufián (ERC) restando credibilidad a las mismas.

Como prueba de ello citan también las manifestaciones del ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, acerca de votar en referéndum un acuerdo sobre el autogobierno y la financiación, algo que, según el PP, confirma que «las mentiras» del presidente del Gobierno «no duran ni 24 horas».

ACCIÓN JUDICIAL ANTE EL SUPREMO

Los dirigentes del PP dedicarán también sus intervenciones públicas a explicar la acción jurídica del partido ante el Tribunal Supremo contra los indultos y subrayar que la medida de gracia será el «finiquito» de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y el «epitafio» del PSOE, en línea con el mensaje lanzado hace un par de días por Casado.

Precisamente este jueves el Supremo ha admitido a trámite esos nueve recursos del PP, uno por cada uno de los indultados, que el partido presentó en «representación de los millones de españoles afectados por este atropello democrático y en defensa de los miles de catalanes que han visto atacado su patrimonio, su libertad, su seguridad y su convivencia».

Fuentes del PP ya aseguraron este miércoles que el partido también está estudiando la posibilidad de que Pablo Casado recurra a nivel personal después de que su nombre apareciese en un informe de la Guardia Civil como posible objetivo de atentado por parte de los Comités de Defensa de la República (CDR).

EL PP, EN CONTRA DE «ENTERRAR» LA MALVERSACIÓN DEL PRÓCÉS

Los parlamentarios y vicesecretarios del PP utilizarán también sus comparecencias este viernes para defender la independencia de los órganos constitucionales y judiciales, como el Tribunal de Cuentas, que ha cifrado en más de cinco millones de euros el dinero supuestamente malversando en el ‘procés’ por exaltos cargos de la Generalitat.

Es más, avisarán al PSOE que si trata de subvertir las mayorías en este órgano fiscalizados con el objetivo de «enterrar la corrupción económica de los líderes independentistas», el PP pedirá amparo al Constitucional, a la Comisión de Venecia y al Parlamento Europeo como hicieron ante los «intentos de controlar el CGPJ», según añaden las fuentes consultadas.

Una nueva tasación de los vehículos de lujo propiedad de Jordi Pujol Ferrusola –primogénito de la familia Pujol– que realizó la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) para el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz arroja un valor de los mismos que asciende a los 2.600.560 euros.

El objetivo era conocer el valor actual de la flota de doce coches del primogénito de los Pujol, que ha sido procesado junto con sus seis hermanos y sus padres por delitos de organización criminal, contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y falsedad documental, para que sean subastados.

Entre los vehículos requisados destacan tres Ferrari –uno de ellos un F-40 valorado por la ORGA en más de 678.000 euros–, un par de Lamborghini –uno de ellos el Miura valorado en 959.000 euros–, dos Porsche, un Jaguar y dos Mercedes Benz, además de un Seat 600 valorado en 7.600 euros.

Según mandato del juez, estos vehículos serán sometidos a subasta electrónica por la ORGA a través del Portal de Subastas de la Agencia Estatal (BOE), y el producto obtenido con la venta «se conservará íntegramente hasta la finalización del procedimiento judicial», que se encuentra actualmente en fase intermedia.

FAMILIA PROCESADA

El pasado 16 de julio el juez José de la Mata predecesor de Pedraz en el juzgado, propuso enviar a juicio al expresidente catalán Jordi Pujol, su mujer Marta Ferrusola y sus siete hijos por formar presuntamente una organización criminal para, aprovechándose de su «posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante décadas», acumular un «patrimonio desmedido directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas».

En el auto que puso fin a la pieza principal de este caso, el entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 procedía contra toda la familia Pujol Ferrusola, el magistrado procede también contra otras 18 personas que habrían participado o colaborado en las actividades ilegales, entre ellos la exmujer de Jordi Pujol Ferrusola, Mercé Gironés, o los empresarios Luis Delso Heras, Carlos Sumarroca Coixet y Carlos Sumarroca Claverol.

Según el auto, la investigación, que se ha alargado más de siete años, ha acreditado que parte de esas «actividades corruptas» que habría cometido la familia coincidieron en el tiempo con la Presidencia de la Generalitat de Cataluña que ostentó Jordi Pujol entre 1980 y 2003.

La procedencia del patrimonio, señala el juez, proviene de distintas fuentes que en algún caso son desconocidas, si bien destaca que existen «indicios sólidos» que acreditan que no procede, como alegan desde el principio los miembros de la familia, de una herencia familiar del abuelo Florensi Pujol.

LA FISCALÍA PIDE 9 AÑOS PARA JORDI PUJOL

Hace un mes se conoció que la Fiscalía Anticorrupción pide 9 años de cárcel para el expresident de la Generalitat Jordi Pujol y hasta 29 para su primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, por delitos de organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda Pública y falsedad documental y frustración de la ejecución en relación con la gestión de su patrimonio.

A los empresarios implicados en la trama delictiva se les acusa de cooperación necesaria en el blanqueo de capitales mediante la comisión de falsedades en documentos mercantil, según el escrito de conclusiones provisionales del fiscal.

Para el resto del ‘clan’ las penas va de los 17 años a los ocho. Así, para la exmujer de Jordi Pujol Ferrusola, Mercé Gironés, interesan una pena de 17 años por esos cinco delitos, mientras que para Josep Pujol la petición es de 14 años de prisión. Tanto para Pere como para Oleguer, Oriol, Mireia y Marta Pujol Ferrusola, solicitan ocho años de cárcel sólo por asociación ilícita y blanqueo de capitales.

En cambio, la Abogacía del Estado solicita una pena de 25 años de cárcel para el primogénito del ‘clan’ mientras que para Gironés interesa 17 años y medio, y para su hermano Josep Pujol la pena de cuatro años de prisión. No se dirigió en cambio contra el resto de los Pujol y dejó fuera tanto al expresident de la Generalitat como al resto de hermanos.

El juicio por la denominada ‘Operación Rosado’, entre cuyos acusados figura el agente de la Guardia Civil por su supuesta implicación en una trama de favores hacia una decena de empresarios, no se celebrará finalmente este lunes próximo, 5 de julio, al haber renunciado el agente a su defensa.

La vista oral, en principio, estaba prevista para ese día y el 6 de julio en el Juzgado de lo Penal número 1 de Valladolid, si bien la renuncia del agente a su abogado ha obligado a posponer la vista para que su nuevo representante legal pueda ponerse al día del procedimiento, según informaron fuentes jurídicas.

Fiscalía de Valladolid imputa al citado agente un delito continuado de violación de secretos y otros dos de tráfico de influencias y solicita por el primero una multa de 10.800 euros y por cada uno de los dos siguientes nueve meses de cárcel, junto con su inhabilitación para empleo o cargo público por un periodo total de ocho años.

Además, y con respecto al resto de presuntos implicados, el fiscal designado excluye a seis que figuraban como investigados y dirige la acusación contra otros cuatro: J.R.R, al que imputa un delito de violación de secretos, en calidad de inductor, y le pide multa de 2.400 euros e inhabilitación para cargo público por un año, así como contra F.G.J, E.O.C. y D.E.A. por delito de tráfico de influencias, los tres como cooperadores necesarios, e interesa para ellos cuatro meses de prisión y su inhabilitación por siete meses.

LA CALIFICACIÓN MÁS DURA, LA DE LA UO

Por su parte, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), personada como acusación popular, solicita tres años de prisión para el agente, mientras que la Unión de Oficiales (UO), también en calidad de acusadora popular, pide para el integrante del Instituto Armado una condena global de cuatro años y nueve meses de cárcel y su retirada del Cuerpo por espacio de diez años y medio.

Alternativamente, deja abierta la posibilidad de sustituir la condena por otra de nueve meses de cárcel, 18.000 euros de multa y cuatro años de inhabilitación.

La investigación de los hechos ha corrido a cargo del Juzgado de Instrucción número 1. En su día, el juez José María Crespo abrió procedimiento contra el agente J.C. y otra decena de personas por delitos de cohecho, tráfico de influencias, falsedad, revelación de secretos y prevaricación administrativa.

Las diligencias se originaron en 2018 a raíz de unas intervenciones telefónicas autorizadas en otra investigación, la ‘Operación Rosado’ contra el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales en Valladolid, Zamora y Cuéllar (Segovia), que se saldó con la detención de casi medio centenar de personas, entre las que figuran el guardia civil y algunos de los investigados en el procedimiento por las supuestas prebendas entregadas al mismo.

Las conversaciones intervenidas durante 2017 y 2018 en el marco de la ‘Operación Rosado’, coordinada por Instrucción 1, permitieron descubrir otras actividades supuestamente delictivas del agente de la Benemérita y de otros arrestados, actividades que se han investigado en un procedimiento judicial distinto.

Según recogía el auto, el agente del Instituto Armado influía o decía influir a cambio de dinero y regalos en diversas administraciones, autoridades y funcionarios para obtener beneficios para quienes acudían a él, realizando gestiones «incompatibles con su condición» de agente de la autoridad.

GRABACIONES

Las grabaciones, señalaba el juez, reflejan «la potestad de la que hacía gala el agente frente a terceros de intervenir en distintos expedientes sancionadores y en gestiones varias incompatibles con su condición, sin perjuicio de que realmente pudiera tener dicha capacidad» y de que realmente realizara las gestiones que aseguraba haber realizado y por las que habría percibido una compensación.

El magistrado instructor mantenía que existen indicios de que el guardia civil, valiéndose de su condición de servidor público, accedía a bases de datos de carácter reservado y facilitaba dicha información a terceros; consultaba antecedentes penales de personas sobre las que no estaba realizando ninguna investigación como agente de la autoridad y «vendía» esos datos a otros, llegando, en algún caso, a asegurar que había favorecido a una persona en un juicio pagando a un funcionario para eliminar tales antecedentes en la hoja histórico penal.

Además, de la investigación realizada hasta ahora, se desprenden indicios de que el agente alteraba expedientes sancionadores por infracciones de tráfico a quienes recurrían a él tras haber sido multados por circular con exceso de velocidad. Para ello, facilitaba identidades de conductores que no se correspondían con los infractores–en un caso se colocó a un fallecido–y tramitaba desde su propio puesto de trabajo los pliegos de descargo.

Igualmente, se sospechaba que podría haber intervenido para beneficiar a un constructor con la adjudicación de un contrato para la realización de unas obras en la Comandancia de la Guardia Civil de León.

Este mismo juzgado, en un auto de fecha 8 de septiembre de 2019, ya exoneró al guardia civil y a otros 21 investigados–de un total de 44–de la ‘Operación Rosado’ desplegada contra el tráfico de drogas al no ver indicios de participación de los mismos en dicha actividad ilícita.

Ciudadanos considera que con la creación de una Oficina del Español, el Gobierno de la Comunidad de Madrid puede «perjudicar la unidad de acción exterior en materia de promoción de nuestro idioma» desde hace 30 años realiza el Instituto Cervantes y quiere saber si el Gobierno central piensa tomar cartas en el asunto.

Así lo asegura el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, en la iniciativa parlamentaria que ha registrado para animar al Gobierno al actuar para velar por el mantenimiento de la unidad de acción en este asunto, ante la posibilidad de que empiecen a proliferar más oficinas como la creada por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, para su excompañero en el partido naranja Toni Cantó.

Para Bal, la creación de esta nueva oficina «plantea importante dudas». Por ejemplo, se pregunta «con qué regiones europeas va a competir Madrid a la hora de convertirse en la capital europea de la lengua castellana».

Además, en su iniciativa, alerta de que «existe un riesgo importante de ineficiencia del gasto público por el solapamiento de competencias» con «la institución de referencia de promoción de las lenguas españolas y de nuestra cultura en el exterior», en referencia al Instituto Cervantes que, recuerda, hace esta labor desde 1991

GASTO INEFICIENTE

«En definitiva, nos encontramos ante un riesgo claro de fragmentación de la labor de promoción de la lengua castellana en el exterior y de que la creación de esta Oficina del Español en la Comunidad de Madrid pueda perjudicar la unidad de acción exterior en materia de promoción de nuestro idioma común que realiza desde hace 30 años el Instituto Cervantes», aduce Bal.

Por todo ello, se ha dirigido al Gobierno para saber qué acciones va a llevar a cabo «para asegurar que la creación de oficinas autonómicas de promoción del español no ponen en cuestión la labor que realiza el Instituto Cervantes».

Asimismo, le pregunta si tiene previsto «establecer alguna directriz común en materia de promoción del español en el exterior» para «evitar la proliferación de este tipo de oficinas autonómicas que pueden suponer un gasto público ineficiente y una fragmentación de la unidad de acción exterior en esta materia».

Este mismo jueves, en una rueda de prensa, Bal ha ironizado con el nuevo cargo de Cantó. «Es un servicio administrativo para una necesidad que no existe, eso es lo que, en perfecto español, le digo que define la palabra chiringuito», ha dicho, convencido de que el organismo que dirigirá su otrora compañero no discutirá esa afirmación.