La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha subrayado que no tienen ninguna noticia sobre una posible remodelación del Gobierno y ha destacado que desde Unidas Podemos están «plenamente concentrados» en la recuperación económica, no en «futuribles y política ficción».

Así lo ha trasladado a los medios de comunicación tras visitar el centro de día para mayores Ferrusola, en Sevilla, y preguntada sobre informaciones sobre una hipotética crisis de gobierno.

Belarra ha subrayado que la posibilidad de remodelación del Gobierno «de momento no es una realidad» y que en su espacio político están volcados en que la recuperación que va a experimentar España llegue al conjunto del país.

Tras insistir en que no tiene ninguna noticia sobre cambios en el Ejecutivo, la también secretaria general de Podemos ha detallado que «evidentemente son un Gobierno de coalición», formado por «dos fuerzas políticas diferentes que pueden tomar sus decisiones sobre los ministerios que cada que gestiona cada una de las fuerzas políticas». Con ello, deslizaba que el PSOE puede en el ámbito de sus carteras tomar las decisiones que pudiera considerar oportunas.

GARZÓN, NO CONTEMPLAN REDUCCIÓN DE CARTERAS EN UP

Esta misma mañana el ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha subrayado que Unidas Podemos no contempla reducción en el número de sus carteras si se produce una remodelación del Ejecutivo, aspecto que le compete decidir al presidente, Pedro Sánchez, pero que debe ser negociado con el socio de coalición en caso de llevarse a término.

En declaraciones a TVE, el también coordinador federal de IU ha vuelto a descartarse como posible candidato a las próximas elecciones en Andalucía, dado que está centrado en sus actuales responsabilidades y aún le queda «mucho por desplegar».

Sobre una hipotética crisis de Gobierno, Garzón ha insistido en que esa facultad es una materia que atañe a Sánchez y desde su espacio político no tienen información de que entre sus planes futuros tenga previsto hacer cambios. Por tanto, solo conoce «rumores» y lo publicado en prensa sobre una posible remodelación.

No obstante y preguntado sobre si Unidas Podemos estaría dispuesto a abordar una reducción de ministerios en una hipotética crisis de Gobierno, el titular de Consumo ha respondido que no contemplan esa opción.

«No tenemos información fidedigna de que esto vaya a suceder y, si sucede, cuándo será; es una materia que compete al presidente del Gobierno. En el caso de que esa sea la trayectoria, hay que negociarlo, este es un Gobierno de coalición y nosotros no contemplamos en ningún momento que haya cambios en el número de ministerios», ha manifestado Garzón en referencia a la hipótesis de que hubiera cambios en la estructura del Ejecutivo que afectaran al espacio confederal.

Respecto a su caso concreto y si entra en sus planes ser futuro candidato en Andalucía, Garzón ha agradecido el «elogio» de que se piense en él como cabeza de lista de Unidas Podemos a esos comicios, dado que es un «elogio» y un «reconocimiento» a su labor cuando se le propone como esa opción. Pero ha dejado claro que ahora mismo está trabajado en el Ministerio, además de ser coordinador de IU, y cree que «en esas tareas aún queda mucho por desplegar».

La defensa del ex presidente catalán Carles Puigdemont ha presentado recurso contra la fianza reclamada por el Tribunal de Cuentas en concepto de responsabilidad contable por el presunto uso irregular de fondos de la Generalitat de Cataluña para las ‘embajadas catalanas’ y el Diplocat.

En un escrito de once folios, ha pedido que se anule la caución requerida al considerar que el líder independentista «tiene reconocida inmunidad como europarlamentario» que «alcanza a cualquier instancia y jurisdicción, incluido el Tribunal de Cuentas».

En este sentido, ha reprochado la actuación del órgano fiscalizador y ha asegurado que la afirmación realizada por la delegada instructora durante el acto de liquidación, sobre que dicha inmunidad se extiende únicamente a los procesos penales es «contraria a derecho».

La defensa de Puigdemont ha alegado que tanto para el inicio como para la continuación del procedimiento «era preceptiva la concesión previa del correspondiente suplicatorio que debió ser solicitado ante el Parlamento Europeo». «Cosa distinta es que la Sra. Delegada Instructora no quiera hacerlo por no ver su procedimiento sometido a ningún tipo de escrutinio», ha añadido.

AMPLIACIÓN DEL PLAZO

En el marco del recurso, ha reclamado que, en el caso de que no fuesen acogidas sus pretensiones, se amplíe el tiempo otorgado para el pago de la fianza y que «se aclare cómo se llega a dicha cantidad porque de las liquidaciones practicadas si hay algo que no queda claro es cómo se estructuran las cantidades y cómo se establece su derivación a mi representado».

Así, ha asegurado que «es de todo punto irrazonable requerir el pago de 2.085.507,80 euros a una persona en tan exiguo plazo».

Según el acta de liquidación provisional notificada la semana pasada, se les reclama a 34 ex cargos del Govern cantidades individuales por conceptos concretos que aprobaron cuando estaban en sus respectivos puestos de trabajo.

Aunque se les exige a cada uno cantidades individuales por conceptos concretos, todos ellos deberán responder al total de forma solidaria hasta los 5,4 millones del total.

PROCEDIMIENTO «INCONSTITUCIONAL»

En el escrito, la defensa del líder independentista ha insistido en que la actuación del Tribunal de Cuentas «equivale, de facto, a la derogación de las competencias en materia de acción exterior de la Generalitat de Cataluña», por lo que ha tachado el procedimiento de «inconstitucional».

Ha criticado que la instructora del órgano fiscalizador asegurara que «únicamente se han valorado los gastos que exceden a las materias propias de la acción exterior» de Cataluña, porque –a su juicio– ello «no encaja con la realidad de la liquidación llevada a cabo».

Según la defensa, la fianza reclamada por la delegada instructora «a simple vista refleja una criminalización de cuantas actividades se han llevado a cabo por los distintos gobiernos de la Generalitat asumiendo un objetivo independentista en todas ellas».

En el escrito ha reprochado también que la instructora respondiera a las alegaciones presentadas a lo largo de la liquidación con «remisiones genéricas a las respuestas dadas al conjunto de las personas señaladas como responsables».

«Nada se dice sobre las vulneraciones de derechos fundamentales más allá de una mera remisión al procedimiento recogido en la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas y que, como venimos sosteniendo, no puede constituir un marco legal superior a la protección constitucional de estos derechos», ha subrayado.

PLAZO PARA DEMANDAS

Las defensas tenían hasta este jueves para presentar recurso contra la fianza impuesta por el órgano fiscalizador. Según recoge la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, una vez que se hayan abonado las cauciones y resuelto los recursos se dará traslado de la pieza y demás actuaciones al representante de la entidad del sector público perjudicada -en este caso la Generalitat– y las demás acusaciones para que dentro del plazo común de 20 días presenten demanda.

Si no se llega a presentar, se conferirá traslado al Ministerio Fiscal –por el mismo plazo– para que la formule si así lo considera oportuno; en caso de que tampoco presentase escrito, el órgano de la jurisdicción contable a cargo del litigio ordenará de oficio el archivo de los autos.

Una vez finalizada esta instrucción, continuará el procedimiento en el Departamento Segundo de Enjuiciamiento, en manos de la juez Margarita Mariscal de Gante, a la que por turno le correspondió este asunto.

La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha defendido la necesidad de prorrogar las medidas antidesahucios si pasado el 9 de agosto, momento en el que deja de estar vigente el actual decreto, no está lista la nueva Ley de Vivienda.

Así lo ha trasladado en declaraciones a los medios de comunicación tras visitar este jueves tras visitar el centro de día para mayores Ferrusola, en Sevilla, y en referencia a que el Ejecutivo lance un nuevo decreto para mantener la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional.

La titular de Derechos Sociales ha detallado que en Unidas Podemos están «preocupados» por la situación de emergencia habitacional y que son conscientes de que el escudo social «tiene que permanecer vigentes mientras sea necesario», dado que la actual crisis económica así lo aconseja.

Por tanto y tras indicar que estas medidas se tendrían que prorrogar a partir del día 9 de agosto, ha enfatizado que los desahucios sin alternativa habitacional «no tendrían que producirse en una democracia avanzada».

De cara a ese futuro nuevo decreto, Unidas Podemos solicita aumentar los criterios de vulnerabilidad a la hora de aplicar nuevas medidas que frenen desahucios sin alternativa habitacional, de cara a proteger a más personas y pueda aplicarse a cualquier tipo de lanzamientos.

Así lo explicaron fuentes de la formación explicaron ante la opción de que el Ministerio de Transporte elabore un nuevo real decreto ley sobre medidas antidesahucios para mantener la protección habitacional a familias vulnerables, en caso de que expire la suspensión que está vigente hasta el 9 de agosto y aún no esté lista la nueva Ley de Vivienda, que persigue incorporar también esa prohibición de lanzamientos sin alternativa habitacional.

MEDIDAS IMPRESCINDIBLES PARA UNIDAS PODEMOS

De esta forma, el espacio confederal «vuelve a poner encima de la mesa» al menos tres medidas que considera «imprescindibles» para que se «cumpla el acuerdo de gobierno y sea realmente efectivo».

Concretamente, demandan la suspensión de desahucios para familias vulnerables mientras no haya una alternativa habitacional «real» que sea una vivienda. Por tanto, Unidas Podemos insiste en que se desechen los realojos en albergues.

También reiteran que se incluya, en caso de que se despliegue ese posible decreto, la condición de que el juzgado que aborde los procesos de desahucios tenga que solicitar «obligatoriamente» un informe a los servicios sociales que determine si el afectado es vulnerable.

En esta línea, Unidas Podemos demanda aumentar los criterios de vulnerabilidad para que «más personas puedan estar protegidas y que se aplique a cualquier tipo de desahucio».

MARCO ACTUAL

El pasado mayo el Consejo de Ministros aprobó la ampliación hasta el 9 de agosto de la posibilidad de solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta del alquiler de vivienda, cuando el alquiler sea un gran tenedor o entidad pública.

Asimismo, se prorrogó la suspensión de desahucios y lanzamientos de hogares vulnerables de su vivienda habitual, en los casos ya previstos por la actual normativa.

Además, el pasado 8 de junio se aprobó un real decreto que permite a las comunidades autónomas utilizar los recursos del Plan de Vivienda para pagar a los propietarios la compensación por la paralización en determinados supuestos de los desahucios y de los lanzamientos de inquilinos de vivienda en situación de vulnerabilidad sin alternativa habitacional durante la pandemia.

El mencionado decreto antidesahucios que paralizaba los lanzamientos por motivos sociales y sanitarios daba derecho a una compensación a los propietarios si los servicios sociales no habían podido encontrar una alternativa para las personas vulnerables y cuando se produjese una pérdida para el propietario porque el inmueble estuviera alquilado o puesto para la venta o el alquiler.

Los periodistas Fernando Jáuregui y Sergio Martín han coordinado el libro ‘Periodismo 2030. Recetas para la era de la comunicación digital’ (Editorial Almuzara), que analiza el futuro de la comunicación postpandemia abordando el fenómeno de las fake news, la tecnificación de la información y la cobertura de la pandemia, entre otras cuestiones.

Lo han presentado este jueves en el Col·legi de Periodistes de Catalunya junto a su decano, Joan Maria Morros, el periodista Pedro Vega y el director de la Fundación Axa, Josep Alfonso.

OBSERVATORIO AXA DE NUEVO PERIODISMO

Además la Fundación Axa y el Club Periodismo2030 han creado el ‘Observatorio Axa de Nuevo periodismo’ con el objetivo de «dar continuidad» y extender a los principales actores de la sociedad los diálogos abiertos, en palabras de Alfonso.

Según Jáuregui, «el libro es un pretexto de actuación futura» resultado de debates entre más de 200 profesionales de la información durante ocho meses, que se pueden recuperar en video mediante los códigos QR al final del libro.

Jáuregui ha reivindicado la presentación del libro como un acto para la libertad de expresión y ha puesto en valor el diálogo entre profesionales: «Si los periodistas en Madrid leyésemos más prensa catalana a lo mejor entenderíamos mejor algunas cosas».

El otro coordinador del libro, Sergio Martín, ha alertado de que el gran problema es que entre la ciudadanía hay «gente que cree que está siendo informada cuando está siendo entretenida» y ha reclamado honestidad.

Los debates entre 200 periodistas incluidos en el libro han mostrado que «los más jóvenes quieren ser parte de la acción, participar, opinar, estar ahí» y que se les escuche –en palabras de Martín– y sustituyen así el rol clásico de lectores, oyentes y espectadores.

Martín ha subrayado «el trabajo sensacional y heroico» hecho por los profesionales durante la emergencia sanitaria y Alfonso ha destacado que «la pandemia constató lo esencial de la profesión».

Según el decano Joan Maria Morros, los temas debatidos y recogidos en el libro «afectan a todos los que trabajan con la información».

Ponentes y asistentes al acto en Barcelona han discutido sobre el surgimiento de nuevos formatos alternativos y sus convergencias y diferencias con el periodismo.

MÁS CONSUMO DE INFORMACIÓN

La presentación también ha abordado los resultados del sondeo ‘El estado del periodismo en España. ¿Están los españoles satisfechos con el periodismo que consumen?’, elaborado con las opiniones de 4.300 españoles de 18 a 60 años.

El 78,6% de los encuestados afirma que ha aumentado su consumo de información durante el teletrabajo por la pandemia.

La radio es el medio que más confianza genera, seguida de la prensa escrita y los digitales, a pesar de que la televisión es el medio más utilizado.

TEMAS DE INTERÉS INFORMATIVO

La información local acapara el interés mayoritario de los españoles, casi como la información sanitaria, y seguida de la actualidad científica.

Una de las conclusiones del sondeo es que, ante la pandemia, los españoles se interesan más por estos asuntos que por la política e incluso los deportes.

El artista cubano Marco Castillo, el crítico Gerardo Mosquera y el comisario mexicano Cuauhtémoc Medina han pedido la libertad para el artista cubano Hamlet Lavastida, arrestado el pasado 21 de junio al regresar a Cuba desde Berlín (Alemania).

«Es muy peligrosa la situación de Hamlet. Puede ser una advertencia a los cubanos que viven fuera de Cuba para que no regresen. Es una amenaza», ha alertado este jueves 8 de julio Mosquera durante un encuentro celebrado en ARCO en Ifema Madrid, moderado por la comisaria de TBA21 Sofía Lemos.

El pasado 21 Hamlet Lavastida regresaba a Cuba tras una residencia en la Künstlerhaus Bethanien de Berlín. Al finalizar la obligada cuarentena preventiva por la Covid-19, el 26 de junio fue arrestado y trasladado a Villa Marista, sede del órgano de instrucción de la Seguridad del Estado, en La Habana, acusado del delito de incitación a delinquir.

Además de cubrir la exposición del artista fruto de la mencionada residencia en Berlín, los medios alemanes «han denunciado la violación de sus derechos civiles por parte de las autoridades cubanas». A esta denuncia se han sumado instituciones, artistas, periodistas y miembros de la sociedad civil.

Hamlet Lavastida es uno de los artistas más activos fuera de Cuba a la hora de denunciar la represión en su país y forma parte de la comunidad 27N, impulsada por intelectuales que solicitan cambios democráticos pacíficos y el respeto de los derechos humanos en Cuba.

«Es un castigo absolutamente injusto», ha asegurado Gerardo Mosquera, quien ha indicado que Hamlet Lavastido tenía derecho a una vista donde pudiera exponer sus argumentos de defensa, pero que «esta vista no se concedió».

El crítico cubano ha explicado que en el auto «se le acusaba por un delito de instigación a delinquir», por el que Hamlet «ha sido encausado»: «Hay una cantidad de irregularidades en la ley cubana vigente».

«Continua preso, cuando por el delito que se le imputa no es adecuado que siga preso a la espera de juicio y ante la imposibilidad de que pueda abandonar el país», ha señalado.

En su opinión, Hamlet Lavastida ha sido «acusado falsamente y las supuestas pruebas en su contra fueron obtenidas ilegalmente». «Se ve claramente que es algo hecho con propósitos represivos y no con propósitos legales. El caso de Hamlet no es una excepción», ha alertado.

«Hay una crecida en estos momentos de la represión según aumenta un despertar en la sociedad civil cubana, en que los artistas e intelectuales se encuentran en la avanzada, exigiendo libertades básicas de expresión, derecho a la libertad de palabra», ha apostillado.

Por su parte, el artista cubano Marco Castillo ha hecho referencia al «miedo» que tiene el Gobierno cubano ante la unión de los artistas y los intelectuales, «un fenómeno que se ha venido dando sobre todo desde el año 2018».

En este sentido, Castillo ha explicado que desde ese año «ha habido algo muy especial, todo el sistema de arte ha decidido dejar las diferencias atrás y conectarse bajo la misma voz, la defensa de los derechos y libertades de expresión».

«Desde que esta unión ha sucedido no ha parado el hostigamiento, la represión, encarcelamientos, que utiliza el Estado para intimidar y calmar a la gente. A algunas personas los han dejado encerrados en los coches de policías durante horas o días, algo que crea un clima de tortura psicológica bastante marcado», ha lamentado el artista.

En este punto, el artista ha afirmado que a Hamlet Lavastida «lo quieren encausar por sus ideas, por su trabajo de activismo con un arte magnífico»: «Que esto lo conduzca a la cárcel es un paso mayor y estamos aquí reunidos para darle frente y que otras personas no pasen lo que está pasando Hamlet en estos momentos».

Por último, el comisario mexicano Cuauhtémoc Medina ha hecho hincapié en la necesidad de «intervenir ante la flagrancia de las violaciones de este caso». «Estamos ante un giro muy peligroso en las relaciones del Estado cubano y las relaciones con los artistas e intelectuales», ha advertido el experto.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha acordado la imputación de Repsol y Caixabank como personas jurídicas en el marco de la pieza separada número 21 del caso ‘Tándem’ por su presunta participación en la contratación del comisario jubilado José Manuel Vilalrejo para investigar al que fuera presidente de Sacyr Luis del Rivero y su entorno.

En el auto del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, les imputa un delito de cohecho y un delito de revelación de secretos, y les requiere que designen un representante, así como abogado y procurador, para llevar a cabo la comparecencia en la que se informará a los representantes de las dos compañías de los hechos que se les atribuyen. Tras esa primera cita, el 26 de julio a las 10.00 de la mañana tomará declaración a ambos representantes de las compañías.

En esta pieza se investiga el ‘Proyecto Wine’, por el que ambas compañías recurrieron a Villarejo con la intención de «frustrar» un pacto de Del Rivero con la petrolera mexicana Pemex para hacerse con el control de Repsol YPF, compañía en la que Caixabank era accionista de referencia. Hasta el momento, además de los responsables de seguridad de ambas compañías, el magistrado acordó citar como investigados tanto al presidente de Repsol, Antonio Brufau, como al presidente de la Fundación La Caixa y de Criteria Caixa, Isidro Fainé.

Sobre Repsol, tras describir los hechos indiciariamente constitutivos de delito de responsables de la compañía, que incluye acceso a tráfico de llamadas telefónicas de los espiados, el magistrado apunta que esos hechos imputables a empleados y directivos de la entidad «constituirían el presupuesto de la responsabilidad penal de la persona jurídica (…) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 bis.1 del Código Penal».

Ese artículo concreto pone el foco en que el delito debe ser cometido en beneficio directo o indirecto de la entidad, y «en el presente caso se infiere indiciariamente que el encargo realizado por los directivos de Repsol al investigado José Manuel Villarejo Pérez cuando seencontraba en servicio activo en el Cuerpo Nacional de Policía para que procediera a investigar a Luis del Rivero y su entorno, se hizo en nombre o por cuenta de la mercantil Repsol y en beneficio de la propia compañía».

De hecho, recuerda que las facturas del comisario por esos trabajos fueron abonadas por Repsol «poniendo de manifiesto que la actuación de los investigados se llevó a cabo en todo momento en nombre y por cuenta de la propia compañía». Y avisa de que dado que la finalidad de recurrir al comisario era desbaratar los planes de Sacyr, la decisión se adoptó en beneficio de la propia compañía.

Sobre los motivos para imputar a Caixabank, el magistrado indica que hubo un «encargo directo» del director de Seguridad Miguel Fernández Rancaño a Villarejo, y que el encargo se hizo, al igual que en el caso de Repsol, en beneficio de la propia compañía y las facturas fueron abonadas por la entidad bancaria.

«GRAVE FALLO EN LA DILIGENCIA EXIGIBLE»

Tras esto, García-Castellón indica que dado que se requiere concretar si se da en ambas compañías «la existencia de una omisión de las cautelas a que vienen obligadas por su posición de garante» para evitar la comisión de delitos, apunta que de modo indiciario alberga «dudas sobre la diligencia empleada por las entidades en la contratación de los servicios de Villarejo al menos en dos extremos: la legalidad del servicio contratado y la condición de funcionario público».

En este sentido, indica que Repsol y Caixabank sostienen la legalidad de la contratación con Cenyt (empresa de Villarejo), apuntando que se enmarca en los límites de la legislación en materia de seguridad privada. «Las dos entidades justifican la legalidad del contrato en la convicción de que se trataba de servicios profesionales de seguridad privada amparados por la legislación vigente», dice.

Pero el juez matiza que en contra de lo que ambas sostienen «ninguna de las mercantiles del Grupo Cenyt estuvo nunca legalmente habilitada para ejercer actividades de seguridad privada», y apunta que así quedó reflejado gracias a las diligencias previas en el marco de otra de las piezas separadas, la número 29.

Por eso, considera necesario interrogar a los representantes de ambas compañías «respecto a este grave fallo en la diligencia exigible» en la contratación de un servicio que ambas justifican, precisamente, en la cobertura legal propia del ámbito de la Seguridad Privada. Y les dice que la comprobación la podrían haber efectuado «fácilmente» a través de la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía Nacional, o de cualquiera de sus Unidades Territoriales radicadas en todas las Provincias del territorio nacional.

ARAUJO, PARTICULARMENTE NEGLIGENTE

Además, indica que es llamativo que no se practicara esta comprobación por el que fuera responsable de Seguridad de Repsol, Rafael Araujo, toda vez que «fue Jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía Nacional durante los años 2002 y 2003, tal y como se puede comprobar en el BOE, a través de fuentes abiertas».

«Por lo que no solo debía conocer el modo de acceder a esta información, sino que se aprecia particularmente negligente que concertara un servicio de seguridad privada con una empresa sin averiguar si estaba habilitada para ejercer tal actividad», subraya. Asimismo, le llama la atención que Fernández Rancaño tampoco cayera en esa comprobación teniendo en cuenta que fue comisario provincial de Burgos y jefe superior de Policía en Cataluña y Galicia, «por lo que tuvo bajos su dependencia a varias unidades territoriales de Seguridad Privada».

«Resulta evidente que en el presente caso no se hizo comprobación alguna por parte de ninguna de las dos entidades para averiguar si Cenyt podía prestar servicios de seguridad privada», añade, para luego aseverar que se está ante una «negligencia estrechamente vinculada con el resultado delictivo investigado y exige, cuanto menos, que las entidades responsables expliquen en sede judicial por qué pudo producirse esta situación».

Por otro lado, el juez recuerda que tanto Rancaño como Araujo aunque no se encontraban en activo debían conocer el escalafón de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía para saber que José Manuel Villarejo ejercía como policía en activo cuando las dos compañías investigadas contrataron sus servicios.

El Ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha dicho que no esperaba la respuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha dicho que para él «un chuletón al punto, es imbatible», y ha asegurado que, en cualquier caso, no va a abandonar su empeño en que se reduzca el consumo de carne para «salvar miles de vidas».

«No la esperaba porque no sabía ni que la iba a responder, pero el lineamiento está planteado ya desde hace tiempo, es importante no generar ruido adicional, las posiciones están claras y solo con haber contribuido a que la ciudadanía sepa exactamente los riesgos para su salud, estaremos salvando miles de vidas y yo me siento satisfecho, pero queda mucho camino por hacer y es una línea de trabajo que no vamos a abandonar en ningun momento», ha subrayado Garzón en declaraciones en el programa Al Rojo Vivo de La Sexta.

Así se ha pronunciado Garzón tras escuchar en directo la respuesta del presidente del Gobierno durante una conferencia de prensa en Lituania, en el marco de su gira báltica, al ser preguntado por las discrepancias entre el ministro Garzón y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que considera que la recomendación de reducir el consumo de carne «es tan errónea como la del azúcar mata».

MEDIDA RECOGIDA EN EL PLAN ESPAÑA 2050

Sobre estas diferencias, Garzón ha precisado que «siempre existen discrepancias» dentro del Gobierno porque no se les presume «un pensamiento monolítico», pero ha explicado que la línea de trabajo en este sentido ya quedó marcada en el plan España 2050 presentado por Pedro Sánchez, en el que también se hacía referencia a la «necesidad de reducir el consumo de ciertas materias primas» como la carne.

En concreto, el documento recogía que «numerosos estudios señalan que el consumo de carne de la población española es entre dosy cinco veces superior al recomendable».

Por ello, Garzón ha insistido en que existe «un consenso absoluto» sobre la necesidad de reducir este consumo y, a su juicio, dentro de una década la sociedad verá este debate como ahora se ve el del tabaco.

Por ello, aunque ha lamentado las «caricaturas» e «insultos» que ha recibido en medio de esta polémica, ha afirmado que está ahí para «enfrentar» las reacciones, para decir «la verdad» a los ciudadanos y desplegar las medidas que sean oportunas.

En todo caso, ha precisado que tampoco está pidiendo a los españoles que no coman carne sino que moderen su consumo para reducir los riesgos de «enfermedades cardiovasculares y algunos cánceres», y «proteger el Planeta», y que «vuelvan a la dieta Mediterránea».

El líder del PP, Pablo Casado, ha instado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a tomar «las riendas del combate de la pandemia» y dejar de «esconderse» porque, a su juicio, está cometiendo en la «quinta ola los mismos errores» que en el pasado. Tras asegurar que hay que apoyar el turismo y salvar la campaña de verano, ha reclamado de nuevo la aprobación de una Ley de Pandemias que ofrezca «certidumbre» al sistema sanitario.

Casado ha realizado declaraciones a los periodistas al término de la clausura del curso de verano ‘España, Europa y Libertad’ organizado por la delegación española del Grupo del PPE en San Lorenzo de El Escorial (Madrid) junto al expresidente de Argentina, Mauricio Macri.

Al ser preguntado por la recomendación que ha lanzado Francia a sus ciudadanos de no viajar a España por el aumento de casos de coronavirus, Casado ha asegurado que tienen que «apostar por el turismo y salvar la campaña de verano».

«Como venimos diciendo en los últimos días, Sánchez ha de tener unos criterios claros y conocidos por todos a la hora de saber qué medidas se tienen que tomar para evitar la propagación del virus», ha declarado.

El líder del PP ha señalado que el Ejecutivo está cometiendo en esta «quinta ola» de la pandemia «los mismos errores de las otras cuatro». «Esto se resuelve con una Ley de Pandemias que permita a las CCAA saber cuándo se puede confinar, restringir los movimientos y cuando hay que localizar los contactos», ha manifestado.

El presidente del PP ha señalado que si se impulsa esa norma y se fijan criterios «claros», lanzarían «un mensaje a los países emisores de turismo» de que España es «un destino seguro y que se puede venir».

CRITICA EL «TRIUNFALISMO» DEL GOBIERNO CON QUITAR LAS MASCARILLAS

Según ha dicho, se trata de que el Ejecutivo «asuma las riendas del combate de la pandemia» y se «deje de esconder», «asumiendo su responsabilidad». A su juicio, actuar con responsabilidad no es el «triunfalismo» que ha visualizado diciendo que los españoles van a «quitarse la mascarilla este verano» o como cuándo hace un año animaba a la gente a «consumir en terrazas» presumiendo de «haber derrotado el virus».

«Su responsabilidad tiene que ser decir qué incidencia tenemos, qué medidas se tienen que tomar y en base a qué marco legal. Y es una Ley de Pandemias», ha manifestado a los periodistas el presidente de los ‘populares’.

En este punto, ha indicado que es «indignante» que se esté hablando de una reforma de la Ley de Seguridad Nacional para «expropiar bienes y obligar a los españoles a hacer algo al margen de la ley actual y del Parlamento» y, sin embargo, el Ejecutivo «no sea capaz de dar certidumbre al sistema sanitario con una ley que haga frente al Covid».

Los Reyes Felipe VI y Letizia han visitado este jueves 8 de julio durante alrededor de una hora la 40 edición de ARCO, la feria de arte contemporáneo que se está celebrando en Ifema Madrid y que permanecerá abierta hasta este domingo.

La visita de los Reyes en esta edición de la feria es especial porque se trata de la primera vez que ARCO se celebra de forma presencial en Ifema Madrid desde el comienzo de la pandemia en España, motivo por el cual se celebra en unas fechas excepcionales.

Por esta razón, varios de los galeristas que han estado presentes en las últimas ediciones de ARCO se han mostrado dubitativos respecto al éxito de esta feria excepcional en julio.

Durante su asistencia a la feria de arte contemporáneo, los Reyes han contemplado las obras de cerca de una decena de galerías. La feria se está celebrando en los pabellones 7 y 9 de Ifema Madrid, en un espacio con un aforo reducido al 50 por ciento por las medidas contra la Covid-19.

Los Reyes han comenzado su visita en torno a las 12.00 horas en el pabellón 7 de Ifema Madrid. Su primera parada ha sido en el stand de El País, donde se han detenido unos minutos.

INTERÉS POR LA SITUACIÓN EN FRANCIA

Posteriormente, Felipe y Letizia, vestida completamente de blanco, han continuado la marcha por el pasillo 7B, donde se han parado unos momentos a observar las obras de la galería francesa Thaddaeus Ropac y se han interesado por la situación en el país vecino.

«Ha sido un año difícil, los Reyes se han interesado por cómo estaba la situación en París y en Francia, que es donde estamos nosotros», ha señalado en declaraciones a José Castañal, de la galería Thaddaeus Ropac.

En esta galería, los Reyes han conocido las obras del artista Antony Gormley. «Les hemos comentado un poco nuestra participación en la feria en este año tan importante y nuestra presencia con un stand individual de Antony Gormley, quisimos participar de una manera más especial este año», ha explicado Castañal.

«Les hemos explicado un poco el trabajo del artistas y un par de comentarios sobre cómo estaba la situación en Francia que es donde tenemos la galería», ha apuntado el experto.

En esta zona del recinto ferial, sus Majestades también han visitado Leandro Navarro, una de las principales galerías de arte de vanguardia y moderno»; la galería Helga de Alvear; o la galería sevillana Rafael Ortiz, que participa en ARCO desde sus inicios.

Tras cerca de media hora en el pabellón 7, la comitiva ha proseguido su camino por el pabellón 9 de Ifema Madrid, en el que los Reyes han visitado las galerías Pedro Cera de Lisboa (Portugal); Nordenhake, galería fundada en Suecia; o Senda, galería catalana.

CURIOSIDAD POR UNA OBRA QUE REPRESENTA UNA ESCENA DE ‘LA ILÍADA’

En la galería portuguesa Pedro Cera, los Reyes se han detenido varios minutos a observar la escultura del artista austriaco Oliver Laric ‘Ram with Human’, basada en un escaneado 3D de una escultura de mármol original del siglo II.

«El Rey conocía la historia de la obra, que representa a Ulises y sus hombres huyendo de la cueva del cíclope, de Polifemo, y hemos hablado sobre ello», ha explicado a el director y fundador de la galería, Pedro Cera, destacando que Felipe VI «encontró curioso» que estuviera representada esa escena de ‘La Ilíada’.

El fundador de Pedro Cera se ha mostrado «muy contento» por que los Reyes demuestren «su apoyo al arte»: «Me parece que es importante, es una larga tradición histórica el apoyo de la Casa Real.

«Me parece muy importante que se siga con ese camino, es importante que los Reyes demuestren su apoyo a ARCO todos los años», ha celebrado Pedro Cera, quien ha asegurado que, aunque ellos no han hablado con los Reyes sobre la situación por la Covid-19, «había otras autoridades portuguesas que es probable que hayan hablado sobre el tema con ellos».

La visita de los Reyes ha terminado en el espacio ‘Opening’, donde han saludado a los comisarios de la sección Övül Durmosoglu y Julia Morandeira. Tras algo menos de una hora de visita, Felipe y Letizia han abandonado el pabellón 9 de Ifema Madrid

Los Reyes han estado acompañados por el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes; la ministra de Cultura de Portugal, Graça Fonseca; el embajador de Portugal en España, Joao Mira-Gomes; el presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA MADRID, José Vicente de los Mozos; la consejera de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la Cruz; y la delegada del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy.

Al finalizar la visita de los Reyes, el ministro de Cultura y Deporte ha destacado en declaraciones recogidas por la «importancia» que tiene ARCO este año, por lo que ha felicitado a los organizadores. «No hemos perdido ningún año. El año pasado la pudimos celebrar antes de la pandemia y ahora se ha organizado muy bien para que este año también podamos tener esta maravillosa feria fundamental para el arte contemporáneo», ha indicado.

En esta edición participan más de 1.500 artistas y un total de 130 galerías de 26 países, de las cuales 105 integran el ‘Programa General’, sumándose a ellas la sección comisariada ‘Opening’, con diez galerías, y ‘Remitente. Arte Latinoamericano’, con representación de quince galerías.

Durante la presentación de ARCO, el director general de Ifema Madrid, Eduardo López-Puertas, resaltó que la presencia de los Reyes en el recinto ferial «representa el firme apoyo de la Casa Real al arte contemporáneo».

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo ha dictado un auto de apertura de juicio oral contra el ex secretario general de Foro Asturias, Francisco Álvarez-Cascos, por presunta apropiación indebida.

Según han confirmado fuentes jurídicas, la decisión de la jueza se basa en el auto de procedimiento abreviado que en mayo ya solicitó que continuase la tramitación de la causa, por si los hechos investigados fuesen constitutivos de un presunto delito continuado de apropiación indebida de fondos del partido Foro Asturias.

Según ese auto, Álvarez-Cascos ostentaba, presuntamente, «un absoluto control de la actividad y de las decisiones del partido y valiéndose de su cargo orgánico dentro del partido para disponer de los fondos y recursos económicos titularidad de Foro para fines ajenos a la actividad política, tratándose de gastos de carácter personal».

Sostiene que, presuntamente, Álvarez-Cascos «entre el periodo comprendido entre el 15 de mayo de 2011 y el 16 de octubre de 2017 y sirviéndose de su condición de presidente y posteriormente de secretario general y, de la inexistencia de un insuficiente sistema de control de gastos en el partido Foro Asturias, pasó a cargar a las cuentas del partido gastos de naturaleza personal no relacionados con su actividad política y por ende desvinculados de la actividad y del interés del partido».

Tales gastos vienen constituidos, según el Auto, por los siguientes: «Gastos de Procurador por asunto político previo relacionado con otro partido político y Procurador por un asunto personal; psicotécnico; zapatos; cuatro desplazamientos a la localidad de A Coruña y gastos de hotel y alimentación; hotel de su suegro; pedidos de comida a domicilio particular y a nombre de familiares; juegos de videoconsola; cuatro billetes de tren AVE de sus hijos; cinco entrada para la ‘Copa Davis’, dos entradas para el Museo Thyssen y dos entradas para el Museo del Prado; cama completa, compuesta por colchón, patas y canapé y gastos de restaurante en localidades de veraneo, además de otros establecimientos de comida rápida».

Estos gastos ascienden en su totalidad a la suma de 5.550,51 euros, «habiéndose practicado cuantas diligencias se estimaron necesarias para determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos, de las personas que en ellos tuvieron participación, así como del órgano competente para el enjuiciamiento».

Los términos de la ‘oferta/propuesta profesional’ recibida, previa a la creación del partido, implicaba además de un alineamiento al proyecto político, el mantenimiento tanto de su situación económica previa como de su lugar de residencia en Madrid, a cambio de una dedicación exclusiva por parte del aquí investigado al proyecto político; otorgándole con ello facilidades para el mantenimiento de su vida personal y familiar, lo que implicaba desplazamientos a Madrid (con o sin conductor), gastos inherentes al mismo así como alojamientos en Asturias, además de capacidad decisoria en cuanto a la forma de ejercer la actividad política y libertad para ejecutar gastos económicos inherentes al partido que el mismo considerare (si bien sujeto a un control posterior), señala el Auto.

Tal régimen económico estipulado se cumplió inicialmente, si bien a raíz de la disminución de la capacidad económica del partido Foro en el año 2015, se disminuyen los ingresos que se percibían en concepto de sueldo tanto del investigado como del resto de personal del partido.

La magistrada señala que respecto al sistema de generación de gastos que regía en ese periodo, en lo que se refería a los traslados del Álvarez-Cascos, se optó por un régimen de abono particular, de tal manera que no se le abonaban los kilómetros de desplazamiento en vehículo propio a precio fijo, sino los gastos que supongan los mismos (tales como gasolina, peajes, mantenimiento de vehículos privados); disponiendo el investigado de una tarjeta ‘Solred’ para gasolina que era empleada también para el pago del carburante de los vehículos del partido; sin que se abonarán dietas, sino que se abonaban los gastos en que incurriera en concepto de alimentación, comidas, incluyendo los suyos personales o el abono de invitaciones por gastos de representación.

«Por lo que al no existir dietas ni pago por kilómetros y que se estimaba que no se cumplía el acuerdo económico inicialmente acordado, no se supervisaba exhaustivamente los gastos que se generaban y si los mismos eran ajenos al partido y a la actividad política», explica la jueza.

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha instado al Gobierno a parar el fondo público creado por la Generalitat para avalar las fianzas que el Tribunal de Cuentas exige a ex altos cargos del Govern, y a tal fin ha insistido en su propuesta controlar las cuentas de Cataluña desde Madrid, como ya hizo el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

«Es indecente que, después de darles privilegios como indultos, encima tengamos que pagarles la fiesta a los separatistas», ha asegurado en declaraciones efectuadas tras reunirse con directivos de la Liga de Fútbol Profesional.

SI LO VEN BIEN, QUE LO PAGUEN ELLOS

Arrimadas sostiene que, si el Gobierno de coalición considera que debe emplearse dinero público para compensar lo desviado al proceso independentista, debería salir «del bolsillo privado» de los ministros, pero no de los catalanes, ni del conjunto de los españoles.

Por ello, ha insistido en exigir al Gobierno que pare ese fondo que acaba de aprobar el Govern catalán y que incluso se intervengan las cuentas de la Generalitat desde el Ministerio de Hacienda, como ha propuesto Ciudadanos.

También ha llamado al Gobierno a no sumarse a los ataques contra el Tribunal de Cuentas lanzados desde las filas independentistas y a defender la labor de la institución porque «lo justo es que los que han malversado» paguen el coste.

Además de estas declaraciones, Arrimadas ha registrado una pregunta en el Congreso para que el Gobierno explique que medidas va a adoptar ante la «burda artimaña» de los independentistas par eludir las fianzas que exige el Tribunal de Cuentas.

«El Govern emplea una argucia legal, con cargo al presupuesto público y al dinero de todos los contribuyentes, en flagrante fraude de ley, toda vez que el perjudicado, la comunidad autónoma de Cataluña, pasa a avalar el posible impago de las cantidades a ella misma adeudadas por quienes hicieron un uso indebido de ese mismo dinero público», figura en la pregunta registrada.

NO HAY UNA RESPUESTA FIRME DEL GOBIERNO

A su juicio, el Gobierno «no ha manifestado aún una opinión firme y contundente contra este proceder», y es «el único actor con capacidad para conseguir la inmediata suspensión del decreto ley de creación de este fondo, mediante su impugnación ante el Tribunal Constitucional».

En ese sentido, pide saber qué opina de ese fondo para finanzas, si piensa recurrirlo en el TC para conseguir su automática e inmediata suspensión, y si se ha planteado intervenir las cuentas de la Generalitat de Cataluña con el fin de «evitar el uso de dinero público para cubrir intereses partidistas y personalistas de los dirigentes y exdirigentes del Govern».

Y, por último, Arrimadas aprovecha también para preguntar al Gobierno «qué quiso decir el ministro José Luis Ábalos cuando tildó de ‘piedras en el camino’ las actuaciones llevadas a cabo por el Tribunal de Cuentas en el marco de su fiscalización sobre las cuentas públicas de la Generalitat correspondiente a los gastos del proceso separatista».

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias (TSJA) ha condenado a un hombre a 11 años de prisión por abusar sexualmente de una menor, hija de su mujer. El TSJA ratifica íntegramente en los mismos términos la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Oviedo.

El fallo sostiene que el acusado nacido el 24 de julio de 1998, en fecha no determinada de 2009, cuando la víctima, hija de su mujer, tenía once años de edad y convivían en el domicilio de la provincia de León, entró, en torno a las seis de la mañana, en el dormitorio que la menor compartía con uno de sus hermanos, se deslizó en la litera en la que descansaba y, tras tocarle levemente en el hombro, y en la creencia de que estaba dormida, le tocó, con ánimo libidinoso, los pechos y los glúteos.

A partir de esa fecha se reiteraron este tipo de comportamientos, de forma que, en un número indeterminado de ocasiones, el entraba a primera hora de la mañana en su habitación y, sin consentimiento de la menor, le efectuaba tocamientos, por encima y por debajo de la ropa, en los pechos y los genitales.

La menor que se quedaba bloqueada, fingía en todas las ocasiones que seguía dormida, aunque intentaba taparse las zonas íntimas con los brazos o con la almohada, se giraba hacia la pared para dificultar que el procesado pudiera efectuar los tocamientos y se movía para que este creyera que estaba despertándose y cesara en su comportamiento.

Estos hechos cesaron cuando el hombre dejó de convivir con su mujer y sus hijos en el referido domicilio. A partir de enero de 2014, cuando la víctima tenía quince años y se había reanudado la convivencia, ahora en el domicilio de un concejo asturiano, el procesado reprodujo el comportamiento que se ha descrito, entrando a primera hora de la mañana en la habitación de la menor, que para entonces dormía sola tocándole los pechos, el pubis y la zona vaginal sin su consentimiento.

Este comportamiento fue, de nuevo, reiterado en el tiempo, se reprodujo en un número indeterminado de ocasiones, y cesó el 22 de enero de 2016, día en el que menor relató ser víctima de estos hechos en el Instituto en el que cursaba estudios, a la Jefa de Estudios, la Orientadora y la Directora.

Como consecuencia de estos hechos la niña presentó sensaciones de angustia, dificultades en la alimentación y el sueño, empezó a beber ocasionalmente y consumir drogas, sufría ataques de ira y episodios autolíticos y rehuía el contacto físico. Recibió asistencia psicológica en la asociación Cavasym, que se materializó en cuatro sesiones entre el 31 de julio y el 18 de septiembre de 2017, y nollegó a terminar el tratamiento por dificultades para desplazarse a Gijón, tras trasladar su domicilio a León. En la actualidad sigue tratamiento psicológico y psiquiátrico para la ansiedad y la depresión.