El líder del PP, Pablo Casado, ha recordado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sus promesas sobre no pactar ni con Pablo Iglesias ni con Bildu, así como lo que decía sobre los indultos, la subida de la luz o no subir impuestos, para desmontar la afirmación que ha realizado en su visita a Estados Unidos de que es «un político que cumple».

Casado se hace eco de las declaraciones del jefe del Ejecutivo en su gira económica por Estados Unidos esta semana para buscar inversiones tras la crisis provocada por la pandemia, donde aseguró que él se define como un político que cumple.

«Lo dirá por sus promesas de no pactar con Bildu, Podemos e independentistas, bajar el precio de la luz, frenar desahucios o no subir impuestos a las clases medias y trabajadoras», le ha espetado el presidente del PP.

EL PP RECUERDA CUANDO DIJO QUE «NO DORMIRÍA» CON IGLESIAS EN MONCLOA

El jefe de la oposición ha tirado de hemeroteca y ha difundido un vídeo para desmontar esa afirmación de que es un político que cumple. «Miente con descaro, pero ya nadie le cree», ha recalcado en un mensaje en su cuenta de Twitter.

En la cinta, el PP recoge las declaraciones de Sánchez en las que ante de las generales de abril de 2019 dijo que no pactaría con Pablo Iglesias ni con Podemos porque sería un «presidente del Gobierno que no dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país, que tampoco se sentirían tranquilos».

También recuerda sus manifestaciones subrayando que con Bildu no iba a acordar «nada». «Con Bildu no vamos a pactar, con Bildu, lo repito, no vamos a pactar. Si quiere se lo repito otra vez», aseveró Sánchez entonces.

Además, el PP hace hincapié en las declaraciones de Pedro Sánchez recriminando a Podemos que defienda que «hay presos políticos». «Y no puedo aceptar eso. En España hay políticos presos por haber quebrado la legalidad», afirmó. En el vídeo, los ‘populares’ se hacen eco después de sus palabras cuando el Consejo de Ministros aprobó los indultos a los condenados por el ‘procés’.

También recuerda el PP en la cinta las promesas de Sánchez acerca de que no iba a subir los impuestos a la clase media trabajadora y que no habría desahucios con un Gobierno del PSOE, así como sus críticas a Mariano Rajoy en el congreso tras la subida de un 13% de la factura de la electricidad, en un momento en que el precio de la luz está en máximos históricos.

MONTESINOS: «¿CÓMO PUEDE TENER TANTA CARA?»

Desde Valencia, donde ha visitado un banco de alimentos, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, se ha preguntado cómo puede tener «tanta cara» el presidente del Gobierno al decir «sin ningún tipo de sonrojo» desde Estados Unidos que él es una persona que cumple la palabra. A su juicio, «los españoles se estarán llevando las manos a la cabeza».

«¿Cómo puede decir el presidente que ha llevado a su acción de gobierno la mentira sistemática que cumple la palabra?», se ha preguntado, para añadir que si está tan seguro de su acción de gobierno, que convoque elecciones «y entonces los españoles le darán su opinión sobre sus mentiras y sobre gestión ineficaz».

Sin embargo, Montesinos ha asegurado que Pedro Sánchez no acude a las urnas porque sabe que, si los españoles van a una votación en unas elecciones generales, «tiene un pie fuera de La Moncloa como recogen todos los sondeos».

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Pontevedra ha dictado la primera sentencia de Galicia en la que se revoca una multa por saltarse el confinamiento tras el reciente fallo del Tribunal Constitucional que declaró nulas las restricciones de circulación del primer estado de alarma.

El magistrado ha estimado el recurso interpuesto contra la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra por un vecino de Tui sancionado con 601 euros por salir a un parque infantil con su hija. La administración, por tanto, deberá devolverle 300,5 euros, que fue la cantidad que abonó al acogerse al descuento por pronto pago.

En su resolución, contra la que no cabe interponer recurso, el juez recuerda que la prohibición de circulación establecida en el Real Decreto por el que se impuso el estado de alarma «acaba de ser declarada nula por el Tribunal Constitucional». Además, subraya que en la sentencia se señala «con carácter expreso» que esa declaración de nulidad afecta, retroactivamente, a las sanciones administrativas impuestas por incumplir el confinamiento.

En este caso concreto, el recurrente, que se encontraba en un parque infantil del paseo de Tui (Pontevedra) a las 18,40 horas del 31 de marzo de 2020, acompañado por su hija, fue multado «única y exclusivamente por haber incumplido, sin causa justificada, la prohibición de circulación». El demandante explicó en el juicio que se vio obligado a bajar al parque porque la menor «entró en estado de ansiedad tras varios días de encierro».

EL ESTADO ALEGÓ DESCONOCER LA SENTENCIA DEL TC

El Estado, según la sentencia, solicitó «la suspensión del proceso por desconocer el contenido detallado de la sentencia del Tribunal Constitucional, a la espera de que se publique en el BOE». El magistrado, sin embargo, entiende que no es necesaria esa espera «por la sencilla razón de que en el recurso de inconstitucionalidad ha sido parte el Poder Ejecutivo, representado y defendido por el abogado del Estado, quien ha recibido ya la notificación del contenido íntegro de la sentencia, que se ha publicado completa hace ya unos días en la web oficial».

Además del fallo del Tribunal Constitucional, el juez advierte de que, en este caso, concurre otra causa adicional de anulación de la multa, «por infringir los principios de legalidad y tipicidad», pues el recurrente y su hija regresaron a su domicilio cuando se lo requirieron los agentes de la Guardia Civil y no desobedecieron a la autoridad.

Así, recuerda que todos los juzgados contencioso-administrativos de la provincia de Pontevedra han emitido «multitud de sentencias sobre casos análogos» en las que anularon las sanciones al no haber desobedecido los multados una orden directa dictada por un agente de la autoridad, sino los mandatos de una disposición de carácter general.

Al respecto, el magistrado censura la «manifiesta temeridad» que supone dictar la sanción cuando ya los juzgados de lo contencioso-administrativo de Pontevedra habían alcanzado «unánimemente esta misma conclusión en reiteradas sentencias notificadas a la Subdelegación del Gobierno». Así, impone a la Administración del Estado el pago de las costas del litigio, aunque limita su importe máximo, por honorarios de letrado, a 100 euros más IVA.

El joven británico detenido este pasado miércoles en el municipio malagueño de Estepona por el presunto hackeo a más de 130 cuentas de Twitter, incluidas las pertenecientes a personajes relevantes, está acusado además de cometer ‘swatting’; es decir, dar falsos avisos a la policía de la comisión de un delito grave en el domicilio de una víctima.

Según ha informado la Policía Nacional en un comunicado, se trata de dos delitos de orden público. El investigado se dedicaría en dos ocasiones a engañar a los servicios de emergencia, dando un falso aviso de que se está produciendo un incidente grave en el domicilio de las víctimas y requiriendo una rápida respuesta e intervención de las unidades de élite de la policía estadounidense (SWAT).

Esta práctica, han añadido, se utiliza generalmente como venganza y ha causado numerosas víctimas mortales en Estados Unidos, ya que pone en peligro a víctimas, policías y a la comunidad en general, alejando a los servicios de emergencias de incidentes reales.

Al arrestado se le suman una presunta intrusión ilegítima en más de 130 cuentas de Twitter, delitos de ciberamenaza, ciberextorsión y ciberacoso; así como su implicación en un ataque informático a usuarios de las aplicaciones TikTok y Snapchat.

En un comunicado del Departamento de Justicia se recoge también el ciberacoso a una víctima juvenil y cargos por acceder sin autorización a numerosos ordenadores para obtener información protegida.

La detención se produjo en la tarde del pasado miércoles en el domicilio donde actuaba el hacker, sito en Estepona. La investigación en España se inició en abril de 2020 cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de un grupo de ciberdelincuentes dedicados a cometer estafas en la red. Han participado en la misma el Federal Bureau of Investigation (FBI) y numerosos equipos de como el Servicio Secreto de los Estados Unidos, autoridades del Reino Unido y el Cuerpo Nacional de la Policía.

Entre las cuentas afectadas, estarían las de personajes como el expresidente de EE.UU. Barak Obama, o el actual, Joe Bieden; además de magnates como Bill Gates o las empresas Apple y Uber. Desde estos perfiles ofrecía a los seguidores poder doblar el dinero que ingresaban en Bitcoins en una cuenta virtual, llevando acabo así una estafa.

Tras varias gestiones policiales, los agentes detectaron el domicilio del investigado, situado en una urbanización de Estepona. Por este motivo, pusieron en marcha un dispositivo –que contó con la participaron de dos agentes de la Oficina del FBI en San Francisco y uno de su Agregaduría en España– que permitió su detención.

En el registro del domicilio, la policía intervino dos ordenadores y un teléfono móvil para su posterior estudio, ya que el análisis en caliente no permitió obtener información relevante por haber reconfigurado los dispositivos recientemente.

Más Madrid ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra el nombramiento de José Antonio Sánchez como administrador provisional de Radio Televisión Madrid (RTVM) y ha pedido que se tomen medidas cautelares.

Según ha explicado la formación en un comunicado, la reforma de la Ley de Telemadrid, aprobada por la Asamblea hace dos semanas con el voto a favor del PP y la abstensión de Vox, establece que, tres meses antes de que el Director General cese, el Consejo Director de Telemadrid debe iniciar un proceso de búsqueda de candidato.

Establece además que, si ese proceso no concluye con un nuevo candidato, el Gobierno de la Comunidad de Madrid tendrá la potestad de nombrar a un nuevo administrador del ente.

«El pasado 8 de julio, el Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso reformó la ley y designó a José Antonio Sánchez como nuevo Director General del ente sin respetar los tres meses establecidos por la ley de reforma», explican desde Más Madrid.

En este sentido, su portavoz, Mónica García, ha calificado de «chapuza» este nombramiento porque el Ejecutivo regional «no cumple ni sus propias leyes» por la «prisa» por «asaltar Telemadrid».

Desde Más Madrid se ha pedido al juez que tome medidas cautelares debido a los efectos directos que ya está teniendo el nombramiento del actual administrador, como son el despido de toda la dirección de Telemadrid y Onda Madrid. «El verdugo nombrado por Ayuso va camino de revertir en menos de un mes el trabajo riguroso y profesional de los últimos tres años que ha logrado remontar la audiencia, la profesionalidad y la credibilidad de Telemadrid», ha añadido García.

La formación madrileña ya solicitó el pasado 6 de julio al Gobierno de España que interpusiera un recurso de inconstitucionalidad para frenar la designación de Sánchez al no «haber respetado los procedimientos establecidos».

«Desde Más Madrid estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para frenar los abusos del gobierno de Ayuso, esperemos que el gobierno de España haga lo mismo y no mire hacia otro lado», ha añadido García.

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha escenificado este jueves la unidad contra los delitos de odio y los ataques Lgtbifóbicos con su apoyo a una moción de PSOE en la que se apuesta por la diversidad y el fomento de la tolerancia, una propuesta que sólo ha contado con el rechazo de Vox al entender que es «sectaria».

La moción, con el apoyo de PSOE, PP, Cs, Adelante Sevilla y la concejal no adscrita Sandra Heredia, recoge la condena expresa del Pleno de Sevilla a los ataques homófobos y Lgtbifóbicos; respalda la labor del Ayuntamiento en materia de diversidad y fomento de la tolerancia, apoyando acciones que logren la erradicación de conductas Lgtifóbicas en la sociedad, educación o deporte; a la par que acuerda la adhesión del Ayuntamiento a la Declaración de Mérida relativa a los compromisos con los derechos humanos Lgtbi en el mundo ante «la deriva de gobiernos europeos como Hungría y los mensajes ofensivos y con graves consecuencias que está promoviendo la extrema derecha en España».

De su lado, Vox se ha ausentado del Pleno cuando se iba a producir la votación, lo que de acuerdo al reglamento supone que consta en acta como una abstención, ya que su portavoz, Cristina Peláez, asegura que su formación «condena la violencia» y considera que se les «acusa directamente» de estar detrás de estos delitos. Además, tras asegurar que se está utilizando lo ocurrido con el joven del Samuel, por cuyo asesinato hay detenidos tres españoles, Peláez asevera que «no será que las agresiones homófobas han aumentado a consecuencia de la inmigración ilegal de países islámicos radicales».

Ante este argumentario, la portavoz socialista, Adela Castaño, que recuerda que los delitos de odio por la orientación sexual o identidad de género se han incrementado más de un 60 por ciento entre 2016 y 2019, ha advertido a Peláez de que «no mide» lo que dice y ha exigido una explicación a las palabras dichas por Peláez al finalizar su intervención en un tono elevado con un «aténganse a las consecuencias», ante lo que la edil de Vox asegura que sólo se refería a «electoralmente». «Señalan directamente a cualquiera que piense diferente. Están pasando un umbral que puede provocar que la gente luego cometa delitos de odio», denuncia Castaño, que ha criticado a «la extrema derecha empeñada en destruir la democracia, la igualdad, la tolerancia y la convivencia intercultural, liquidando las conquistas alcanzadas en esta materia, donde el mayor de todos es el derecho a la vida».

En la misma línea, el portavoz adjunto del PP José Luis García ha mostrado su apoyo a la implementación de más medidas en la ciudad en línea con la igualdad y contra la Lgtbifobia. «Estamos coprometidos al cien por cien. «España es un país avanzando pero la realidad es que siguen existiendo ataques homófobos y ataques violentos. La violencia hay que condenarla sea de quien sea. Mientras en algún rincón de los barrios de la ciudad haya una persona que sufra violencia por su sexualidad o por su capacidad o discapacidad, lo condenaremos. La forma que tenemos los demócratas de este Pleno de defender que esto no vuelva a ocurrir es con una moción», apostilla, dejando claro que hay que usar la ley «implacablemente» contra ellos los agresores.

Asimismo, el portavoz adjunto de Adelante Sevilla, Daniel González Rojas, alerta de los «importantes retrocesos democráticos en el país» que se producen, con la «discriminación, e incluso asesinato, de personas Lgtbi». «En la moción no se dice que Vox sea culpable, pero sí lo es de señalar. Lo que la democracia les ha dado, que es la representación, la usan para señalar siempre a los más vulnerables, a los que peor lo pasan», recalca, apostando por poner desde su formación un «granito de arena para que se avance, pero falta para que esa igualdad legal se convierta en igualdad real». «Ante el negacionismo, los partidos demócratas de verdad tenemos que poner sobre la mesa que los delitos de odio están creciendo», sentencia.

La concejal de Cs Amelia Velázquez ha subrayado que «cada uno es consecuente con lo que habla y lo que hace». «Nadie de Cs ha dicho nada que discrimine o apoye cualquier tipo de violencia homófoba. Que cada uno ame a quien desee sin que coarten su libertad. Lo triste es que se tenga que traer una propuesta de este tipo porque no nos respetemos. Mantengamos la cordialidad», insiste, tras recordar la «agresión» a miembros de su formación en una celebración del Orgullo Gay, destacando que «Cs siempre ha defendido la libertad sexual de cada uno».

Por su parte, Sandra Heredia ha dejado claro que se seguirá condenando «cualquier ataque homófobo» y se seguirá velando por «el refuerzo de los derechos humanos y la lucha contra la discriminación a cualquier persona».

El Tribunal de Cuentas concluye su mandato este viernes y pasará así a engrosar la lista de órganos pendientes de renovación de la que ya forman parte el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Defensor del Pueblo.

Lo hace en las mismas condiciones que el resto de órganos constitucionales caducados, es decir, sin que existan a corto plazo perspectivas para elección de nuevos consejeros. Además, el fin de su mandato llega en plena polémica por la causa que ha abierto contra ex cargos de la Generalitat de Cataluña, lo que ha llevado tanto a los partidos independentistas como al propio Gobierno a cuestionar al fiscalizador.

La renovación del tribunal que preside María José de la Fuente requiere un consenso entre el Gobierno de coalición y el PP, como primer partido de la oposición, puesto que los candidatos necesitan el respaldo de 210 diputados.

Y ahora ese pacto antoja aún más complicado después de que el fiscalizador se haya situado en el ‘punto de mira’ del independentismo por sus actuaciones para reclamar cantidades millonarias a ex altos cargos de la Generalitat por el dinero público supuestamente desviado para promocionar el proceso secesionista.

COMO EN LOS AÑOS DE MAYORÍA DEL PP

Por su parte, el PP, Vox y Ciudadanos han rechazado los ataques al Tribunal de Cuentas, y ya han avisado de que, tras los indultos, es «muy complicado» pensar en un acuerdo para renovar los órganos constitucionales en lo que queda de legislatura. Además, como la composición actual de estas instituciones procede de los años de mayoría del PP, los ‘populares’ aún dominan buena parte de ellas.

La legislación establece que los 12 consejeros que conforman el tribunal deben ser elegidos por el Congreso y el Senado por una mayoría de tres quintos (210 diputados). Su mandato tiene una duración de nueve años y los elegidos designan a su vez al presidente a los responsables de las dos secciones.

La Presidencia del órgano fiscalizador se va renovando cada tres años entre los consejeros. Por eso, este mandato, que arrancó en 2012 comenzó con Ramón Álvarez de Miranda al frente de la institución –lo estuvo seis años– y desde 2018 lo ocupa María José de la Fuente y de la Calle.

Esta institución se une así al listado de órganos pendientes de acuerdo y cuyo mandato ya ha caducado: el CGPJ, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo o la Agencia Española de Protección de Datos.

EL DEFENSOR DEL PUEBLO, PENDIENTE DESDE 2017

El que lleva más tiempo pendiente de renovación es el Defensor del Pueblo, un puesto que el socialista Francisco Fernández Marugán ejerce en funciones desde julio de 2017 y para el que se necesita que la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Relaciones con el Defensor del Pueblo proponga un nombre y que tres quintas partes del Congreso le dé su apoyo. Ese resultado debe ratificarse en el Senado en un plazo máximo de 20 días.

Las negociaciones entre Gobierno y PP ya encallaron al renovar al CGPJ, cuyos integrantes deben contar con el apoyo de tres quintos del Congreso (210 diputados). El mandato del órgano de gobierno de los jueces, de cinco años, caducó en diciembre de 2018.

Entonces, el PP y el PSOE llegaron a pactar para su Presidencia al magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena, pero éste acabó renunciando a su candidatura después de que se filtrara un whatsapp del ‘popular’ Ignacio Cosidó presumiendo de que, con este juez al frente del CGPJ, se podría controlar la Sala Segunda del alto tribunal «desde detrás».

EL CGPJ, CADUCÓ EN 2018 Y EL TC EN 2019

El CGPJ lo componen 20 vocales, de los que doce son magistrados y jueces surgidos de un proceso de selección en la carrera judicial donde los precandidatos deben recabar avales de sus compañeros o de las asociaciones judiciales, aunque al final la última palabra la tienen los partidos. Los otros ocho son juristas de reconocida trayectoria promovidos por los grupos parlamentarios.

La mitad de los 20 vocales se vota en el Congreso y la otra mitad en el Senado, a razón de seis jueces y cuatro juristas en cada Cámara. Y después esos consejeros eligen al presidente, un magistrado que a la vez presidirá el Tribunal Supremo y que habitualmente ha sido pactado por los grandes partidos.

También está pendiente la renovación de un tercio del Tribunal Constitucional, los cuatro miembros que corresponde elegir al Congreso, cuyo mandato de nueve años concluyó en noviembre de 2019. El presidente del Alto Tribunal, Juan José González Rivas, ya comunicó a la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, que debía iniciar este procedimiento, que también exige un acuerdo amplio puesto que se necesita un apoyo de 210 diputados.

Y LA AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS

La Constitución establece que de los 12 miembros que integran el Alto Tribunal cuatro son nombrados a propuesta del Congreso, que son los que ahora deben actualizarse; cuatro, por parte del Senado; dos, del Gobierno; y otros dos del CGPJ. Todos ellos son designados por un periodo de nueve años.

Además, desde julio de 2019 está pendiente de renovar la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y su adjunto, que serán nombrados por el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, entre personas de reconocida competencia profesional, en particular en materia de protección de datos.

El mandato de ambos puestos es de cinco años y puede ser renovado para otro período de igual duración. La actual directora es Mar España Martí, elegida en tiempos del Gobierno Rajoy.

Tres artículos publicados en la revista ‘The Lancet’ con motivo de los Juegos Olímpicos de Tokio (Japón) reclaman que se actúe «de forma inmediata y urgente» para dar prioridad a la investigación y a las medidas de salud pública para mejorar la actividad física en todo el mundo, así como garantizar que la actividad física se incorpore a la vida cotidiana.

«No se ha avanzado lo suficiente en la lucha contra la inactividad física en todo el mundo, y los adolescentes y las personas con discapacidad se encuentran entre los grupos de población con menos probabilidades de contar con el apoyo necesario para cumplir las directrices de actividad física de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los esfuerzos mundiales para mejorar la actividad física se han estancado, y el número total de muertes causadas por la actividad física sigue siendo de más de 5 millones de personas al año», señalan los autores del trabajo.

La inactividad física está vinculada a un mayor riesgo de enfermedades no transmisibles (ENT), como las cardiopatías, la diabetes y algunos tipos de cáncer, y supone un coste de al menos 54.000 millones de dólares al año en gastos sanitarios directos, de los cuales 31.000 millones los paga el sector público.

A pesar del creciente número de jóvenes a los que se les diagnostican enfermedades no transmisibles (ENT), incluidos los trastornos cardio-metabólicos y de salud mental, los autores señalan que la investigación sobre la actividad física de los adolescentes es limitada.

Un análisis global muestra que el 80 por ciento de los adolescentes escolarizados no cumple con las directrices recomendadas por la OMS de 60 minutos de actividad física al día, y que apenas se ha avanzado desde 2012. Además, el 40 por ciento de los adolescentes nunca va andando a la escuela y el 25 por ciento permanece sentado durante más de 3 horas al día, además de sentarse en la escuela y para hacer los deberes.

Los investigadores también examinaron el tiempo delante de pantallas en adolescentes de 38 países europeos y descubrieron que el 60 por ciento de los chicos y el 56 por ciento de las chicas pasaban dos horas o más al día viendo la televisión. Además, el 51 por ciento de los chicos y el 33 por ciento de las chicas pasaban dos horas o más al día jugando a los videojuegos. Sin embargo, se sabe poco sobre cómo afecta esto a su salud cardiovascular y mental.

«Necesitamos desesperadamente explorar las consecuencias a corto y largo plazo que tiene la inactividad física en los adolescentes, e identificar formas eficaces de promover el aumento de la actividad física, especialmente a la luz de la pandemia de COVID-19″. La escolarización virtual y el distanciamiento social han reducido drásticamente la actividad física y han aumentado el uso de las pantallas, y las consecuencias de estos cambios podrían durar toda la vida», explica la autora principal del trabajo, la doctor Esther van Sluijs, de la Universidad de Cambridge (Reino Unido).

La actividad física puede aportar una serie de beneficios para la salud física y mental de los 1.500 millones de personas de todo el mundo que viven con una discapacidad física, mental, sensorial o intelectual. Sin embargo, los investigadores descubrieron que las personas con discapacidad tienen entre un 16 y un 62 por ciento menos de probabilidades de cumplir las directrices de actividad física y corren un mayor riesgo de sufrir graves problemas de salud relacionados con la inactividad, como enfermedades cardiovasculares, diabetes y obesidad.

La proporción de adultos con discapacidades que viven en países de ingresos altos que cumplen las directrices de actividad física oscila entre el 21 por ciento y el 60 por ciento, en contraste con las estimaciones que van del 54 por ciento al 91 por ciento para los adultos sin discapacidades. La magnitud de las disparidades en la actividad física de las personas con discapacidad varía según el tipo de discapacidad y es mayor en el caso de las personas con múltiples deficiencias.

Además, los investigadores evidenciaron que cualquier cantidad de actividad física, aunque sea inferior a los 150 minutos semanales recomendados por la OMS, es beneficiosa para las personas con discapacidad. Entre los beneficios se encuentran la mejora de la salud cardiovascular, la fuerza muscular, las habilidades funcionales y la salud mental.

Los autores del estudio hacen un llamamiento para que los planes de acción de actividad física en todo el mundo «cuenten con los recursos adecuados, se supervisen y se pongan en práctica para promover realmente los derechos fundamentales de las personas con discapacidad a participar plenamente en la actividad física».

El interés por el deporte para discapacitados sigue creciendo y podría ser un motor clave para promover una mayor capacitación, participación e inclusión de las personas con discapacidad. Pero también necesitamos más investigación centrada en las personas con discapacidad, así como políticas y directrices cohesivas y específicas para garantizar que se respeten sus derechos y permitir su participación plena y efectiva en la actividad física», afirma la doctora Kathleen Martin Ginis, de la Universidad de Columbia Británica (Canadá), y autora principal del artículo.

Los autores destacan que el 80 por ciento de las personas con discapacidad viven en países de ingresos bajos y medios. Sin embargo, en esta revisión, prácticamente todos los datos poblacionales disponibles sobre la actividad física en las personas que viven con una discapacidad proceden de países de renta alta de Norteamérica y el noroeste de Europa, lo que indica la necesidad urgente de investigar más sobre la actividad física de estas personas a escala mundial.

LA IMPORTANCIA DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS

Según los autores, los eventos deportivos masivos, incluidos los Juegos Olímpicos, ofrecen una oportunidad para promover la actividad física en las poblaciones mundiales, incluidos los adolescentes y las personas con discapacidad. Sin embargo, descubrieron que los Juegos Olímpicos tuvieron un impacto mínimo en la actividad física en las ciudades anfitrionas y son una oportunidad perdida para mejorar la salud a nivel de la población.

Los investigadores observaron que no se ha producido ningún cambio apreciable en la participación en los deportes ni inmediatamente antes ni después de los Juegos Olímpicos. Esto fue así incluso después de que los Juegos Olímpicos iniciaran el proyecto de impacto global en 2001, que sugería que las ciudades recopilaran datos de indicadores antes y después de los Juegos Olímpicos que incluyeran específicamente información de legado sobre la participación deportiva de base.

«Los Juegos Olímpicos y otros eventos deportivos masivos son una oportunidad perdida para cambiar la salud y la actividad física a nivel de la población, no sólo en la ciudad o país anfitrión, sino en todo el mundo. Los Juegos Olímpicos ofrecen un escenario mundial para que la gente se interese y se entusiasme con la actividad física. El reto es cómo traducir ese entusiasmo en programas sostenidos de salud pública que sean realizables y agradables para el público en general», afirma el autor principal del artículo, el profesor Adrian Bauman, de la Universidad de Sydney (Australia).

Los autores piden que se planifique antes y después del evento y que se establezcan asociaciones entre los gobiernos locales y nacionales y el Comité Olímpico Internacional (COI), así como un marco de evaluación exhaustivo de las ciudades y países anfitriones de la actividad física para construir un legado que conduzca a una mayor actividad física y mejore la salud pública.

La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, ha criticado que, mientras que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «no cumple ni con los autónomos ni con las pymes que, día a día, intentan salir adelante y seguir creando empleo, sí que cumple con la compañía aérea Plus Ultra».

Gamarra ha hecho estas declaraciones durante la conferencia que ha ofrecido este jueves en La Manga bajo el título ‘Gobierno socialista y ayuntamientos: la historia se repite’ en el marco de los cursos de Verano del PPRM.

Gamarra ha agradecido la invitación a participar en esta escuela de verano, y ha felicitado a los organizadores «de una iniciativa de estas características, que permite que el PP esté constantemente en actividad y, sobre todo, fortaleciendo este gran proyecto político que este miércoles cumplía tres años con la elección de Pablo Casado». «Con escuelas como esta, se puede ver claramente que hay un liderazgo, un grandísimo equipo que conformamos desde los concejales hasta el presidente, porque todos somos importantes», ha subrayado.

Ha considerado que «estamos en un momento en el que Pedro Sánchez está fuera de España, en Estados Unidos», si bien es cierto que «no va a ser recibido por el presidente de este país, Joe Biden. Nuevamente, vuelve a quedar de manifiesto que, con Pedro Sánchez y en política internacional, España está perdiendo absolutamente todo su peso», ha criticado.

Ha señalado que se han podido conocer algunas de las declaraciones que Pedro Sánchez ha hecho en Estados Unidos y que «nunca se habría atrevido a hacerlas en España» porque, «evidentemente, si algo sabemos los españoles, es que se caracteriza por ser un presidente que ha hecho de la mentida la manera de gobernar».

«Ha dicho que le gusta cumplir, pero parece ser que con los únicos que le gusta es con Plus Ultra», según Gamarra, quien lamenta que «estamos en un momento en el que «cientos de miles de pequeñas empresas y de autónomos no reciben ni una sola ayuda directa de aquellas que necesitan y, para las cuales, se aprobó un fondo de 7.000 millones de euros en marzo».

Se trata, añade, de un fondo en el que «no hay capacidad de que acceda nuestra pequeña y mediana empresa ni nuestros autónomos». Así, ha instado al Gobierno de España a que «lo active y lo agilice para que, realmente, puedan llegar las ayudas donde se necesitan».

Ha recordado que «estaba previsto que el 28 de julio se entregaran 38 millones de euros a esa compañía Plus Ultra, de la que es dudosa que la propiedad sea española, de la que está más que contrastada su insolvencia y de la que, además, ha quedado claro que no es una empresa estratégica a los efectos de recibir fondos de los presupuestos de los españoles y, por tanto, no podría acogerse a ese fondo de 10.000 millones que tampoco llegan a las empresas que lo necesitan».

Ha justificado que «no es estratégica» porque «hablamos de una compañía aérea que tiene un avión y que solo supone el 0,03 por ciento del tráfico aéreo». En cambio, ha destacado que «sí son estratégicas todas aquellas empresas que todavía están esperando que se resuelvan sus expedientes y les lleguen los fondos que necesitan».

«PAGAR FAVORES DE SOCIALISTAS Y COMUNISTAS»

Para lograrlo, el PP ha instado distintas iniciativas judiciales con el fin de «fiscalizar la entrega de 53 millones de euros a Plus Ultra». Además, destaca que el Juzgado ha paralizado, de momento, la entrega de 38 millones de euros. «Y lo paraliza, evidentemente, porque no está absolutamente nada claro que sea estratégica ni que realmente ese dinero vaya a dirigirse a algo que sea importante».

«Nuestro compromiso con el dinero público de los españoles es nuestra seña de identidad, y este varapalo que recibe hoy Pedro Sánchez significa que el dinero no es suyo y que tiene la obligación de gestionarlo bien», según Gamarra, quien cree que Plus Ultra «representa la manera que tiene Pedro Sánchez y su gobierno de gestionar el dinero de los españoles: entregárselo rápidamente a sus amigos pero negárselo a todos los miles de autónomos y pymes que están esperando el dinero que necesitan».

Ha considerado «curioso» que Plus Ultra ya haya recibido 19 millones de euros y que, sin embargo, «miles y miles de pymes y autónomos todavía no hayan recibido ni un solo euro, viendo agotada su capacidad de subsistencia». A su juicio, es «hora de que Pedro Sánchez dé explicaciones y desista de esta manera de gestionar el dinero público».

«Los amigos que tengan en Venezuela o en cualquier otro sitio no tienen que ser los receptores del dinero público, que tiene que ir a la pequeña y mediana empresa de españoles que se sacrifican y esfuerzan todos los días para salir adelante», según Gamarra.

A su parecer, «Plus Ultra es la demostración de cómo quieren utilizar el dinero público y los fondos europeos». Por eso, cree que es «tan importante» esa autoridad independiente que «garantice la transparencia en la gestión del dinero público, de las ayudas públicas y de que se destine a lo que es verdaderamente estratégico para el país».

«Lo que no es estratégico para España es pagar favores por parte de socialistas y comunistas a aquellos que son sus amigos», ha reprochado. Así, ha señalado que este jueves «se demuestra que la oposición del PP en los tribunales funciona» al conseguir paralizar la entrega que estaba prevista el 28 de julio a Plus Ultra.

NUEVO PLAN DE PAGO A PROVEEDORES

Gamarra ha hecho también referencia a las iniciativas necesarias para que los ayuntamientos «puedan hacer frente a la situación que están viviendo». Ha criticado que la situación «Se repite» porque «ya ocurrió con José Luis Rodríguez Zapatero».

«Creíamos que no podría haber otro presidente que pudiera superar lo mal que lo hizo Zapatero y, sin embargo, vemos como Sánchez lo está superando», según Gamarra. Ha recordado que el Gobierno liderado por Mariano Rajoy «introdujo medidas innovadoras que permitieron que los ayuntamientos fueran solventes y superaran un momento muy complicado, siendo capaces de bajar impuestos con políticas ‘populares’ y de agilizar la actividad económica».

Frente a un PP que, cuando gobierna, pone en marcha iniciativas como el plan de pago a proveedores, los aplazamientos de las deudas que tenían los ayuntamientos con el Gobierno de España, o pagar «puntualmente» a todos los consistorios, «vemos el abandono de Pedro Sánchez, que se ha convertido en el principal moroso de los ayuntamientos».

En este sentido, ha reclamado a Sánchez «que empiece a activar medidas efectivas para que los ayuntamientos tengan solvencia y liquidez» para que «puedan pagar a todos sus acreedores». Por eso, ha vuelto a reivindicar la necesidad de poner en marcha un nuevo plan de pago a proveedores «que garantizarán que los consistorios puedan pagar a esos pequeños autónomos o pequeñas empresas de sus municipios que trabajan con ellos diariamente».

Asimismo, ha reivindicado el fondo de 4.000 millones de euros que los ayuntamientos españoles «están esperando del Gobierno de España» porque «son muchos los fondos municipales que se han destinado a la lucha contra la pandemia y han recibido cero euros del Gobierno central».

Igualmente, ha pedido un aplazamiento en dos años de la devolución de la liquidación del año 2020 y un posterior fraccionamiento en un plazo de diez años, tal y como se hizo en 2012 para las liquidaciones de 2007 y 2008. «Lo justo es que se condone esa deuda, porque viene a compensar lo que todas las administraciones locales han estado haciendo para que cada vecino pudiera superar la pandemia». «Donde no llegaba el Gobierno de España, sí llegaban los ayuntamientos y el Ejecutivo de la Región», ha señalado.

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha censurado este jueves que el presidente de la Generalitat valenciana y secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, «apunta a Madrid» cuando «tiene problemas» en la Comunitat Valenciana y le ha instado a bajar impuestos antes de dar lecciones.

«Creo que el presidente de la Comunitat Valenciana cada vez que tiene un lío apunta a Madrid», ha señalado Montesinos, que ha lamentado que Puig, «cada vez que tiene problemas en su comunidad autónoma lo que hace es atacar a Isabel Díaz Ayuso», presidenta de la comunidad madrileña. Así, ha criticado que «la estrategia de Puig» sea, «en vez de solucionar los problemas, apuntar a la Comunidad de Madrid».

El responsable ‘popular’ se ha pronunciado de este modo, en declaraciones a los medios de comunicación, tras visitar en Valencia el reparto del Banco de Alimentos en el campo de fútbol de Mestalla junto al presidente del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Carlos Mazón.

Pablo Montesinos ha hecho estas afirmaciones preguntado por lo apuntado este miércoles por Ximo Puig en un desayuno informativo durante el cual consideró que «podría ser una opción» el planteamiento de establecer un impuesto específico para las rentas altas de Madrid ante el «‘procés’ invisible» y la «competencia desleal» que, a su juicio, ejerce esta región respecto a otros territorios. Señaló que «atrae bases imponibles de otros lugares».

El vicesecretario de Comunicación del PP ha manifestado que «lo que no sabe o no quiere saber el presidente de la Comunitat Valenciana es que los valencianos son plenamente conscientes de que hay otra forma de hacer las cosas».

En esta línea, ha expuesto que «si él no quiere bajar impuestos lo va a hacer el PP cuando gobierne» y ha agregado que «si no quiere reducir la carga impositiva en este infierno fiscal que se está viviendo en la Comunitat Valenciana», cuando Carlos Mazón llegue a la Generalitat bajará los tributos en esta autonomía.

«Menos atacar a la Comunidad de Madrid, más colaboración entre las instituciones y más bajar los impuestos», ha planteado Pablo Montesinos, que ha afirmado que «no hace falta subir los impuestos en Madrid» sino «bajarlos en la Comunitat Valenciana». «Los valencianos necesitan un gobierno que baje impuestos. Ese gobierno va a llegar, más pronto que tarde, con la nueva dirección del PP» valenciano, ha insistido.

Preguntado por si Madrid está monopolizando las periferias, el responsable del PP ha respondido que «lo que merecen los ciudadanos son gobernantes que trabajen en defensa de su interés» y ha defendido la labor de los presidentes autonómicos del PP en Madrid, Murcia o Andalucía «bajando impuestos» y trabajando «en defensa del interés general» de los ciudadanos.

«ATACAR A OTRAS COMUNIDADES»

Tras ello, Montesinos ha reiterado que «el problema para la Generalitat valenciana es que los valencianos se están dando cuenta de que hay otra forma de hacer las cosas, otra forma de ejercer la política». Ha pedido a Puig que «se dedique a solucionar los problemas de los valencianos, que baje impuestos y que no se dedique a atacar a otras comunidades autónomas».

A su vez, ha señalado que el PP descarta llevar a cabo ese ataque y ha afirmado que «aboga por la lealtad institucional y la colaboración entre comunidades autónomas». «El presidente de la Generalitat valenciana que baje primero los impuestos y luego, si quiere, que dé lecciones», ha concluido Pablo Montesinos.

Un total 29.301 conductores han sido denunciados por los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, durante los siete días de campaña de vigilancia y control de velocidad puesta en marcha por la Dirección General de Tráfico (DGT) entre el 12 y 18 de julio, según ha informado el departamento.

Durante la operación, la DGT ha establecido un total de 1.923 puntos de control de velocidad y ha controlado a 555.221 vehículos durante los siete días de campaña de vigilancia.

En este sentido, la DGT ha detallado que el 5,7% de los vehículos controlados en carreteras convencionales han sido denunciados por exceso de velocidad y el 4,7% de los controlados en vías de alta capacidad, es decir, autovía y autopista.

Asimismo, ocho de los conductores denunciados incurrieron en un delito contra la seguridad vial y fueron puestos a disposición judicial por exceder en más de 80 kilómetros la velocidad permitida en la vía, según se recoge en el Código Penal.

Ante el alto porcentaje de accidentes que se producen en las carreteras convencionales (las que disponen de un solo carril en cada sentido), Tráfico ha reforzado los controles en este tipo de vía tanto con radares estáticos como dinámicos. El 60,2% de las infracciones se han detectado en vías convencionales y travesías, según ha concretado la DGT.

Además en estas vías, cuando los controles se han realizado con el radar embarcado en el vehículo y circulando, la velocidad media a la que circulaban los conductores denunciados fue de 121 km/h, lo que supone 31 km por encima del límite genérico permitido en las vías convencionales.

A estos resultados hay que sumar los controles que las distintas policías autonómicas y locales han realizado en su ámbito de competencia, colaboración muy importante de modo que se unifica el mensaje de respeto de los límites de velocidad establecidos, independientemente de la vía por la que se circule.

NORMATIVA

La Ley de Seguridad Vial y el Reglamento General de la Circulación fijan la normativa aplicable a los límites genéricos y específicos de velocidad, velocidad en adelantamiento y distancias entre vehículos. El incumplimiento de estas normas está tipificado como infracción grave o muy grave, sancionadas con multas de 100 a 600 euros y la retirada de entre 2 y 6 puntos.

Además, el artículo 379 del Código Penal estipula que «el que condujere un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en sesenta kilómetros por hora en vía urbana o en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o a la de multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, a la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años».

Finalmente, el sistema de Permiso por Puntos contempla la pérdida entre 2 y 6 puntos por este tipo de infracción dependiendo del exceso de velocidad cometido.

El presidente de Ceuta, Juan Vivas (PP), ha ordenado este jueves por primera vez haciendo uso de las facultades que le otorga el Reglamento de la Asamblea autonómica que no consten en las actas parlamentarias las acusaciones de «promarroquíes» que el portavoz de Vox, Carlos Verdejo, ha vuelto a dirigir a otros diputados y partidos de la Cámara regional como los localistas del MDyC y Caballas, pero que también ha hecho extensivas a al menos parte de populares y socialistas.

Tras otra Sesión Plenaria de Control al Gobierno de máxima tensión, el presidente de la Ciudad se ha negado a suspender el debate o a ordenar el desalojo de Verdejo por parte de la Policía «porque Ceuta no se merece proyectar esa imagen». «Lo que quieren con su populismo retrógrado es que este Pleno no se celebre, que los saquen los agentes, pero no lo voy a consentir porque antes me voy yo», ha advertido Vivas, que ha instado al resto de grupos parlamentarios a «no caer en las provocaciones» de Vox.

Verdejo ha aprovechado la exposición de sus interpelaciones para atacar personalmente a distintos diputados y partidos como el socialista Juan Gutiérrez, a quien ha vuelto a vincular con actividades delictivas, o los consejeros de Sanidad, Alberto Gaitán; Medio Ambiente, Yamal Dris; y Presidencia, Mabel Deu, a la que ha tachado de «gallina para buen caldo» después de que esta le retratase como «gallito mañanero demagogo, mentiroso y populista».

Los enfrentamientos verbales más agrios, se han generado, al hilo de sus invectivas, con Gutiérrez, que a gritos ha tachado de Verdejo de «payaso, mierda y sinvergüenza», comportamiento por el que después ha pedido disculpas, y con Dris, que tras ser señalado como promotor de una «mafia borreguil» alrededor de la celebración de la Pascua islámica del Sacrificio ha llegado a abandonar el Salón de Plenos retando al portavoz de Vox y ha retornado al borde de las lágrimas.

Desde que el PP prescindió del respaldo de Vox para que el Gobierno local en minoría tenga estabilidad y decidió volver a apoyarse en el PSOE, a finales del año pasado, los de Santiago Abascal han ido elevando el tono de su discurso contra todos los demás miembros de la Asamblea. Tras la crisis fronteriza de mayo sus líderes han dado un salto cualitativo para pasar a referirse de forma continua al resto de partidos y a parte de la sociedad ceutí en evidente alusión implícita a la comunidad musulmana como «promarroquí» y «quintacolumnista» del anexionismo del país vecino.

Vivas suspendió en junio la actividad del Parlamento autonómico, que se ha retomado este jueves, con la vocación de intentar alcanzar un acuerdo de mínimos sobre la necesidad de «no caer en las provocaciones de Vox», que desde su punto de vista «hace el discurso a Marruecos» cuando afirma que entre los representantes institucionales de los ceutíes hay contrarios a la soberanía española de la ciudad.

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha considerado este jueves, tras la decisión judicial de suspender las ayudas a la aerolínea Plus Ultra, que «urge» crear «una comisión de investigación en las Cortes Generales» para conocer el destino del dinero, «el objetivo del Gobierno» y que este «dé todas las explicaciones».

Asimismo, el responsable ‘popular’ ha reclamado la existencia de una autoridad independiente que «gestione sin filtros políticos» el dinero procedente de los fondos europeos para que esa función no quede «exclusivamente en manos» del Ejecutivo central.

Montesinos se ha pronunciado de este modo, en declaraciones a los medios de comunicación, tras visitar en Valencia el reparto del Banco de Alimentos en el campo de fútbol de Mestalla junto al presidente del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Carlos Mazón.

Durante su comparecencia, Pablo Montesinos ha aludido a la decisión del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid de suspender la entrega a Plus Ultra de 34 millones de euros que forman parte del rescate a esta aerolínea para que la empresa acredite que realmente necesita ese préstamo para pagar a acreedores.

«Gracias al PP, los tribunales han parado las ayudas a la aerolínea chavista Plus Ultra. Gracias a la acción del PP, firme y responsable, esas ayudas se han paralizado. Las han paralizado los tribunales», ha expuesto.

Montesinos ha considerado que esa decisión judicial «lleva a dos reflexiones», la primera que «urge una comisión de investigación en las Cortes Generales para saber a dónde iba a ir ese dinero, cuál era el objetivo del Gobierno y cuál era el pacto oculto del Gobierno con el régimen chavista», como ha expuesto. «Urge esa comisión de investigación donde el Gobierno de España dé todas las explicaciones», ha agregado.

Asimismo, el responsable ‘popular’ ha indicado que en segundo lugar se manifiesta, «hoy más que nunca», que «hace falta una autoridad independiente que gestione los fondos europeos». Ha señalado que esta es una propuesta que el presidente del PP, Pablo Casado, está planteando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «durante los últimos meses».

«EL EJEMPLO»

«No podemos tener una gestión de los fondos europeos exclusivamente en manos del Gobierno. Tiene que haber una autoridad independiente, como la hay en muchos países de nuestro entorno», ha subrayado a este respecto. Pablo Montesinos ha agregado que «el escándalo Plus Ultra es el ejemplo de que esa autoridad independiente tiene que existir».

Tras ello, ha apuntado la conveniencia de que «ahora que habla de acuerdos» y «de consensos», el Gobierno apoye «la propuesta hecha por Pablo Casado en el Congreso de los Diputados y también La Moncloa a Pedro Sánchez» para crear esa «autoridad independiente que gestione sin filtros políticos, el dinero que va a venir por parte de la Unión Europea».

El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular ha asegurado que «eso sería bueno para todos los españoles» y «también, muy bueno para el prestigio de España.

Un total 29 de los 34 dirigentes independentistas a los que el Tribunal de Cuentas reclama una fianza de 5,4 millones de euros por la acción exterior de la Generalitat realizada entre los años 2011 y 2017 han presentado este jueves «anuncio» de que se acogerán al aval del Instituto Catalán de Finanzas (ICE), mientras que el órgano contable les ha otorgado 48 horas para que acompañen la documentación hasta ahora aportada por los avales en sí. Pasado este plazo improrrogable la instructora advierte que, de no formalizar los depósitos, serán embargados.

Por el momento, la delegada instructora ha estado viendo la documentación recibida, que se refiere a cuatro investigados que han presentado avales e inmuebles desvinculados del fondo de la Generalitat y también a otros que se acogerían al aval del ICF. Respecto a estos últimos, fuentes del Tribunal de Cuentas han señalado en un comunicado que los documentos aportados «constituyen un anuncio» pero que no han sido acompañados de los avales según lo que establece el artículo 517 de la Ley 1/2000 de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Por ello, ha dictado una providencia comunicando a los representantes legales de los ex altos cargos afectados por este expediente que se concede un plazo improrrogable de dos días para la presentación de los mismos.

Se añade la advertencia de que si no se han recibido en dicha fecha se procederá, conforme al artículo 47.1 g) de la Ley de Funcionamiento de este Tribunal de Cuentas, al embargo de los bienes de los presuntos responsables.

«Los avales ya se han formalizado ante notario y los abogados de los encausados se los hacen llegar al Tribunal de Cuentas», han explicado por su parte fuentes de la Consejería de Economía de la Generalitat, cuyo titular, Jaume Giró, decidió el miércoles que el aval correría a cuenta del ICF con el contraaval de un fondo de la Generalitat dotado con 10 millones de euros –una decisión que había descartado el martes–.

No se ha iniciado por el momento ninguna providencia de embargo, según ha informado este órgano mediante un comunicado, a pesar de que a las 00.00 horas de este jueves concluyó plazo inicial dado a los 34 afectados por este expediente para depositar entre todos la citada cantidad.

Respecto al hecho de la admisión o no de aval del Fondo de la Generalitat, el Tribunal de Cuentas simplemente señala en su nota que «se dirimirá cuando proceda».

AVALES INDIVIDUALIZADOS

Para los 29 encausados que se han acogido al aval del ICF se ha formalizado un aval individual para cada uno de ellos, concretan las mismas fuentes, que remarcan que sus abogados han dado cuenta de ello ante el tribunal. Además, concretan que los avales individualizados se han presentado ante el tribunal a través de una plataforma telemática.

Como cuatro de los encausados habían presentado avales por su cuenta –dos de ellos habían depositado fianzas y otros dos habían presentado bienes inmuebles– la cantidad por la que avala el ICF no alcanza los 5,4 millones de euros que reclama el tribunal pero se acerca, ya que lo presentado por esos cuatro que no se han acogido al aval del ICF es una cantidad menor.

Igualmente, el Tribunal de Cuentas ha aclarado que cuando el delegado instructor dicta una providencia de embargo, ello no significa que, de producirse después del plazo estipulado para el afianzamiento, no admita fianza o depósitos. Esto quiere decir que, tras estudiarlos, puede aceptarlos y no ejecutar finalmente el embargo a los afectados por el expediente.

Añade que tanto las fianzas como los embargos son medidas cautelares hasta que haya sentencia firme, es decir, no implican que el afectado pierda los bienes de manera inmediata. Su objetivo es el garantizar que una futura sentencia condenatoria los perjuicios que se han producido en los fondos públicos sean reintegrados.

Tal y como establece la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, si las defensas no abonan la caución correspondiente, se procederá al embargo de bienes de los implicados hasta cubrir las cantidades que se les reclaman cautelarmente.

CANTIDADES INDIVIDUALES

Según el acta de liquidación provisional, el Tribunal de Cuentas reclama a 34 ex cargos cantidades individuales por conceptos concretos que aprobaron cuando estaban en sus respectivos puestos en el Govern.

La mayor suma se le atribuye al ex secretario del Diplocat Albert Royo, a quien se le responsabiliza de 3,6 millones; le siguen la ex interventora de la Generalitat Mireia Vidal, por 3,1 millones; el ex conseller de Presidencia Francesc Homs, por 2,9 millones; el ex presidente Artur Mas por 2,8 millones; y el ex conseller de Economía Andreu Mas-Colell por 2,7 millones.

En el caso de Raül Romeva, uno de los nueve indultados por el Gobierno, la cifra alcanza los 2,1 millones de euros; Junqueras –también beneficiado por la medida de gracia– figura con una responsabilidad contable de 1,9 millones, al igual que Puigdemont. Aunque se les reclama a cada uno cantidades individuales, todos ellos deben responder al total de 5,4 millones de forma solidaria.

El bróker Javier Biosca, acusado de perpetrar una estafa con criptomonedas que habría dejado cientos de afectados y unos 100 millones de euros estafados, ha asegurado este jueves en su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal que su intención no era engañar a los inversores, reivindicando que realmente el negocio que les proponía era muy rentable.

Según fuentes jurídicas, incluso ha manifestado que está dispuesto a colaborar con la justicia aportando las claves de las cuentas bancarias y otras que sean necesarias para ir pagando a los inversores, si bien ha añadido que, dado que no recuerda muchas, para ello tendría que ser puesto en libertad. De ser así, en tres o cuatro semanas quedaría resuelto, ha sostenido.

El anterior responsable del Juzgado Central de Instrucción Número 1, Santiago Pedraz, ordenó su ingreso en prisión preventiva el pasado 8 de julio, para evitar que pudiera fugarse, destruyera pruebas o contactara con los perjudicados y, desde entonces, está recluido en la cárcel de Alhaurin de la Torre (Málaga).

Este jueves se ha abordado también la situación de libertad de la mujer, Paloma Gallardo, y el hijo de la pareja, Sergio Biosca Gallardo, que están acusados de los mismos delitos que el bróker, una larga lista que va desde estafa a blanqueo de dinero pasando por apropiación indebida.

Abascal ha ordenado retirar el pasaporte a ambos pero que continúen libres. La Fiscalía había reclamado algún tipo de medida cautelar, aunque dejando en manos del instructor decidir cuál, mientras que las otras defensas pedían el ingreso de los dos en prisión preventiva.

BLOQUEO BANCARIO

Durante el interrogatorio, en el que solo ha contestado al juez y a su abogado, Biosca ha explicado que no sabía nada de criptomonedas hasta 2019, cuando se empezó a interesar por este tipo de inversión y, al observar que daba importantes beneficios, decidió encargar a una persona de su confianza que buscara inversores.

Lo hizo a través de Algoritmhmics Group, una empresa suya que, de acuerdo con la querella presentada por la Asociación de Afectados por las Inversiones en Bitcoins –representada por el bufete de Emilia Zaballos–, carecía de las autorizaciones necesarias.

Los querellantes precisan que Biosca garantizaba una rentabilidad del 20 o 25% semanal y que, como los primeros inversores recibieron beneficios, se corrió la voz pasando rápidamente de 30 a 500 inversores.

Sin embargo, conforme al relato de los querellantes, con la llegada de la pandemia de coronavirus y el confinamiento se produjeron los primeros incumplimientos. Biosca dejó de pagar a casi todos los inversores hasta que a finales de octubre de 2020 Algoritmhmics Group dejó de hacer abono de cantidad alguna.

En su comparecencia judicial, Biosca ha culpado de estos impagos a los bancos. Según su versión, le bloquearon la conversión de ‘cripto’ a monedas porque movía grandes cantidades de dinero y eso le impidió seguir cumpliendo con los inversores.

La situación llegó a tal punto, ha contado, que en septiembre de 2020 viajó a Guinea para explorar la posibilidad de comprar un banco con el que hacer el canje, pero no lo consiguió, lo que propició el colapso del producto financiero. La citada asociación calcula que dejó 300 afectados y 100 millones de euros estafados.

EXCULPA A SU FAMILIA

Preguntado sobre el rol que habrían jugado en todo esto su mujer e hijo, señalados como presuntos captadores, Biosca ha aseverado al juez que no tienen conocimiento alguno sobre criptomonedas, negando de esta forma cualquier implicación de ellos dos en los hechos investigados.

En la misma línea se expresaron ambos en su declaración de la semana pasada, cuando afirmaron al instructor que desconocían a qué se dedicaba Biosca y que nunca participaron en sus negocios.

Biosca fue detenido el 6 de junio en la provincia de Málaga en relación con otro asunto y dos días después compareció por videoconferencia ante Pedraz. Debía haber declarado la semana pasada ante Abascal, pero tuvo que aplazarse a este jueves por circunstancias de la defensa.