El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha llamado este martes a descentralizar las instituciones del Estado y «redibujar» el mapa de las infraestructuras para hacer realidad una «España policéntrica».

Así lo ha asegurado durante su intervención en la clausura del seminario ‘España Polifónica’, organizado por el Consorci de Museus de la Comunidad Valenciana y la Cátedra Prospect CV 2030 de la Universitat de Valencia, al que también ha asistido el vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Héctor Illueca, y el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, según ha precisado la administración valenciana en un comunicado.

El presidente valenciano ha señalado que las instituciones del Estado constituyen una palanca generadora de crecimiento en el territorio donde se ubican, por lo que ha reclamado su distribución más allá de la capital.

Asimismo, ha abogado por convertir España en un «sistema inteligente conectado en red por criterios económicos y sociales» que contribuya a la cohesión y prosperidad «de todos, no solo del centro».

En este sentido, ha reiterado la necesidad de acelerar el Corredor Mediterráneo o el Atlántico, como una cuestión de «justicia, de sentido común y de rigor en el gasto público».

Durante su intervención, Puig ha defendido la necesidad de redefinir el papel de las autonomías en la gobernabilidad del Estado y racionalizar el reparto de recursos para dar respuesta a los actuales desafíos territoriales a los que se enfrenta España. En este sentido ha expuesto los cuatro ejes de la ‘vía valenciana’ para abordar las reformas necesarias ante el «independentismo y el nacionalismo uniformizador»; el efecto capitalidad; la infrafinanciación y el «dumping» fiscal; así como la invisibilidad y la despoblación de algunos territorios.

En concreto, respecto de su apuesta por una España polifónica, Puig ha abogado por lograr que todas las voces que conviven en España sean escuchadas «en los grandes medios y en las instituciones», y ha reivindicado también que la voz de España sea construida a partir de todas las aportaciones.

El jefe del Consell ha destacado que el actual marco constitucional «da margen para más gobernanza compartida» y ha asegurado que es momento de profundizar en esa senda de «federalismo práctico», por lo que ha propuesto establecer la Conferencia de Presidentes como cauce estable de diálogo, reglamentar las Conferencias Sectoriales, y avanzar en la reforma del Senado.

Asimismo, ha reclamado una España armónica en la que se garantice los recursos justos y en igualdad de condiciones para afrontar la recuperación y superar las desigualdades, para lo cual ha reiterado la urgente necesidad de disponer de un nuevo sistema de financiación, así como de una política fiscal armonizada que acabe con la deslealtad y el dumping fiscal.

Por último, ha apostado por el diálogo y establecer alianzas, desde el respeto a las diferencias, y evitando «frentismos, partidismos y cortoplacismos», para lograr una España «más justa, más viable y mejor».

El PP ha dicho que derogará, durante el Pleno del Senado de este martes, la futura ley de universidades, la LOSU, también denominada ‘Ley Castells’, todavía sin haber recibido el visto bueno del Consejo de Ministros para iniciar su tramitación parlamentaria, mientras que el ministro de Universidades ha reclamado llegar a un Pacto de Estado por la universidad.

En una interpelación sobre las consecuencias de la aplicación de las medidas recogidas en el Anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), el senador ‘popular’ Juan María Vázquez Rojas, ha anunciado que el PP derogará esta norma, todavía anteproyecto.

Pero durante su intervención, el ministro Castells ha criticado al senador por realizar esta «amenaza» «antes de tenerla» y ha ironizado: «Si esperan a derogarla, primero tienen que ganar unas elecciones». «Hablemos, por favor, esto es una democracia», ha instado al senador, reclamando asimismo un Pacto de Estado por la universidad y un «último esfuerzo» para llegar a acuerdos.

Precisamente, el tema del consenso, el diálogo y los cambios introducidos en la LOSU han centrado el debate de este martes. El senador del PP ha afirmado que este anteproyecto no ha tenido un «proceso ordenado» sino que se ha ido trabajando en él «sobre la marcha». Y ha reprochado al ministro que sea «capaz de proponer lo uno y lo contrario», en referencia a las modificaciones introducidas en el anteproyecto en varias ocasiones.

El ministro se ha defendido a este respecto, alegando que para la redacción del anteproyecto se ha contado con todos los agentes que conforman la comunidad universitaria y ha destacado el hecho de que la LOSu sea todavía un «anteproyecto»: «antes de que llegue a ser ley tiene otro proceso de consulta y trámite hasta llegar a ustedes, quienes son los que últimamente podrán elegir».

«Esta ley tiene objetivos muy concretos, que están todavía en trámite de consulta y, por tanto, sujeto a cambios, no es un problema cambiar, los anteproyectos son para debatirlos, consultarlos y cambiarlos cuando es necesario hacerlo, cuando no hay suficiente consenso», ha explicado el ministro, que además ha rechazado que la Crue (los rectores) se hayan opuesto a la LOSU. A su juicio, «han planteado problemas y consultas que se han escuchado y que estamos en estos momentos recogiendo y volviendo a cambiar».

En este sentido, el senador ‘popular’ ha recordado al ministro que habló de que «habría ley con consenso o sin él», lo que esto significa, en su opinión, que la futura ley será derogada cuando haya un cambio de Gobierno. «Cuando deje de ser ministro y vaya a su universidad, verá en pretérito los resultados; si avanza en esta ley sin el consenso que necesita, la derogaremos esté usted donde esté», ha advertido.

EXPEDICIÓN DE TÍTULOS EN NOMBRE DEL REY

Durante su intervención, el ‘popular’ se ha referido a la LOSU como una «regresión» para el sistema universitario, una «pobre modificación de la LOU de 2001», criticando algunas de las medidas incluidas en este anteproyecto, como es que los Grados tengan que ser ahora de 240 créditos o que no se especifique que los rectores expiden los títulos en nombre del Rey.

También ha aprovechado para criticar los criterios establecidos en el Real Decreto de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios, que son que las universidades deberán disponer de una oferta académica mínima de 10 títulos oficiales de Grado, 6 títulos oficiales de Máster y 2 programas oficiales de Doctorado, y deberán estar representadas en tres de las cinco grandes ramas del conocimiento. «Universidades distinguidas como la de Caltech (Estados Unidos), podría no ser reconocida en España con la normativa que ha aprobado, ¿le parece razonable?», ha cuestionado.

Por su parte, Castells ha desgranado algunas de las medidas que, de momento, incorpora el anteproyecto de ley, así como sus objetivos. Entre ellas, ha destacado que la LOSU persigue conseguir una universidad de calidad, para lo que se quiere facilitar la creación de nuevos títulos, el fomento de títulos interuniversitarios, creación de programas de movilidad y experiencia internacional y la creación de la figura de ‘Profesor Distinguido’ para atraer talento.

Con respecto a conseguir equidad en la universidad, se ha referido a la voluntad del Gobierno de limitar y reducir los precios públicos, la concesión de becas por criterios socioeconómicos o la reserva de un 5% de las plazas para personas con discapacidad en los Másters.

También se ha referido a otras medidas como la obligación de que las universidades destinen un 15% de su presupuesto a la investigación, o el incremento de la participación estudiantil. Respecto a la carrera académica, ha defendido que la LOSU pretende reducir la temporalidad, aumentar el porcentaje de funcionarios a un 55% y establecer medidas para reducir la precariedad del profesorado asociado.

Finalmente, ha respondido a la polémica de que el anteproyecto no recoja que el rector expide los títulos en nombre del Rey. «Siguen insistiendo en la historia de que el Rey no va a expedir los títulos, es una tontería, hay un Real Decreto en vigor de 2010 que establece el procedimiento de expedición de títulos que ya establece que el rector lo hace en nombre del Rey, pero por si acaso lo hemos vuelto a poner, para que no haya ambigüedad», ha aclarado.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha tirado del ‘caso Kitchen’ y el barco ‘Piolín’ usado para alojar a los policías durante el referéndum del 1-O para contrarrestar las críticas lanzadas por el PP en el Senado a cuenta de su «miserable gestión». «A usted le pita hasta la Guardia Civil en cualquier acto y tiene que hacer actos en el interior», le ha dicho el senador Fernando Martínez-Maíllo.

Grande-Marlaska ha ironizado con su función de «psicólogo» frente a las «hiperventilaciones» de PP y Vox. El ministro ha reconocido a los ‘populares’ que le «duele» que «sigan a Vox» al hablar de los abucheos del pasado fin de semana en los actos centrales de la Guardia Civil en Córdoba. «Se me puede abuchear y escrachear, solo faltaría; pero lo que hicieron fue destrozar un acto que es de la Guardia Civil», ha sostenido.

En un bronco debate durante una interpelación urgente en la Cámara Alta, el senador del PP ha relacionado la pitada en el acto de la Guardia Civil en Córdoba con las «purgas», citando el cese repleto de «mentiras» del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid cuando se estaba investigando la conexión –luego archivada– de la manifestación del 8M y el inicio de contagios de COVID.

MARLASKA, «UN ERROR EN POLÍTICA»

Martínez-Maíllo ha calificado a Grande-Marlaska de «error en política» por su «prepotencia y arrogancia». En este sentido, ha citado que «sacaron por primera vez en la historia» a la directora de la Guardia Civil para hacer campaña en los comicios madrileños, unas elecciones marcadas por las cartas con balas que «utilizaron políticamente» desde el Gobierno.

«Usted no da una, es un chollo como oposición, pero un desastre total como ministro. ¿No se cansa de hacer el trabajo sucio para Sánchez, de perder prestigio a borbotones?», le ha preguntado Martínez-Maíllo, augurando la «muerte civil» de Grande-Marlaska cuando salga del Ministerio del Interior dejando atrás una etapa en la que se ha dedicado a «generar odio».

Martínez-Maíllo ha repasado diferentes polémicas como el «apoyo» a la patada en la puerta de policías durante el confinamiento por la COVID –aunque matizando que les desea a los policías juzgados «el mejor de los éxitos»–, la falsa agresión homófoba de Malasaña o la entrada a España de Brahim Ghali, una cuestión sobre la que ha dicho que el titular del Interior «aparece en todos los papeles».

«USTEDES ME CONSOLIDAN COMO MINISTRO»

Grande-Marlaska ha reprochado al PP que justifique la pitada y abucheos en el acto institucional de la Guardia Civil por «seguir a Vox», restando importancia a las críticas de la oposición. «Ustedes me consolidan como ministro», ha apuntado.

También se ha referido a su etapa como juez tras acusarle Martínez-Maíllo de «predicar la fe del converso», recordando que fue elegido vocal del Consejo General del Poder Judicial. «Fui vocal a propuesta del PP, no escondo nada a diferencia de otros; yo en los únicos papeles que he salido son en los de ETA», ha argumentado antes de «exigir» a los ‘populares’ que renueven el Poder Judicial, con una alusión final a su paso por este órgano ya que fue «quizás la primera y única vez que acertaron en esa materia».

Grande-Marlaska ha defendido su gestión en reposición de plazas policiales, la equiparación salarial, las inversiones en infraestructuras o en la gestión migratoria, así como los resultados del Gobierno para «reducir el número de denuncias por usurpación y ocupación de vivienda».

SU GRAN APOYO ES BILDU

Otro de los temas de confrontación ha sido la traición a las víctimas del terrorismo denunciada por Martínez-Maíllo. «Le apoya el presidente del Gobierno y Bildu; su gran apoyo se llama Bildu», le ha afeado, criticando la «concesión masiva de beneficios penitenciarios» a presos etarras que «no han pedido perdón ni esclarecido ninguno de los 379 asesinatos pendientes».

El ministro se ha defendido recordando los acuerdos con Bildu del portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, en su etapa como alcalde de Vitoria. Según Grande-Marlaska, la gestión del PP al frente del Ministerio del Interior se resume en el ‘caso Kitchen’ que investiga la Audiencia Nacional por el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas. «Recortar y, aquello que no suprimían, utilizarlo para informes a medida, policías patrióticas y tapar la corrupción», ha dicho.

Martínez-Maíllo ha respondido desde la tribuna con los escándalos del GAL. «El único gobierno condenado por crear una estructura parapolicial con fines de terrorismo de Estado es el PSOE», ha dicho, aludiendo al uso indebido de fondos reservados y de la condena a prisión de ministros socialistas.

También le ha afeado la falta de contundencia para pedir a ERC –la última vez este mismo martes– que condene la violencia de grupos independentistas que protestan frente a la jefatura de Vía Laietana de Barcelona, un edificio que Grande-Marlaska ha dicho que se «resignifica» por la labor diaria de los policías nacionales, en contraste con el pasado como centro de tortura usado por el franquismo.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha celebrado este martes el «acuerdo histórico» que han alcanzado el PSOE y Unidas Podemos en el seno del Gobierno de coalición para aprobar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022, y que incluye un pacto para impulsar la ley de vivienda.

«Es una reivindicación histórica de muchos movimientos sociales. Por fin se ha hecho realidad en un acuerdo histórico en el ámbito del Gobierno del Estado donde por fin se ha concretado la regulación de los alquileres», ha expresado en la inauguración de las jornadas ‘Superilla Barcelona-La ciudad después de la Covid’.

Ha insistido en que es una «noticia importantísima» y ha recalcado que Barcelona es la principal ciudad del Estado interesada en que avance el alquiler porque un 40% de la población de la capital catalana accede a la vivienda a través del alquiler, ha defendido.

Asimismo, ha celebrado que la regulación de los alquileres distinga entre pequeños y grandes propietarios que asegura que son los beneficiados de la ley de vivienda: «Beneficia a la mayoría social».

Por otro lado, ha destacado que las nuevas promociones de vivienda deban incluir un 30% de vivienda protegida y ha recordado que Barcelona fue pionera con una ordenación urbanística, por lo que ha celebrado que así lo recoja en un ámbito estatal.

CRÍTICAS AL BIPARTIDISMO

En un vídeo publicado en redes sociales, Colau ha advertido de que tras el acuerdo se escucharán «auténticas barbaridades» como que la regulación de los alquileres va contra la economía y la propiedad privada, que ha remarcado que es falso.

«Van a ser los grandes propietarios que han especulado tendrán que asumir sus responsabilidades y poner freno a esos precio abusivos del alquiler», ha añadido.

Ha incidido en que si se ha tardado en años en aprobar una ley de vivienda ha sido porque «ha habido un bipartidismo (entre PP y PSOE) que se alternaban el poder y que tenían una relación de excesiva proximidad con los poderes fácticos».

Lo ha ejemplificado con el exalcalde socialista de Barcelona Joan Clos, que actualmente es el presidente de la Asociación Inmobiliaria de España, «que está en contra de la regulación de los alquileres».

«Serviría de ejemplo muy ilustrativo de por qué con el bipartidismo ha costado tantísimo plantear la regulación y por qué es tan importante que por fin haya un primer Gobierno de coalición en España. Gracias a eso cosas que nos decían que eran imposibles hoy por fin se ha concretado», ha concluido.

La vicepresidenta de Asuntos Económicos del Gobierno, Nadia Calviño, ha firmado una declaración junto con ministros de Finanzas de Francia, Grecia, Rumanía y República Checa en la que reclaman una repuesta europea a la escalada de los precios de la energía a través de una reforma del mercado mayorista y compras coordinadas de gas, entre otras medidas.

El texto –que las cinco capitales han circulado pocos minutos antes de que comenzara la cena informal en Eslovenia en la que los líderes de la UE previsiblemente abordarán este asunto– señala que «es necesario un enfoque común a nivel europeo» y unas orientaciones para «coordinar las respuestas nacionales para reaccionar inmediatamente al drástico incremento de los precios».

Con respecto al mercado de gas, los cinco socios del bloque remarcan que «debe ser investigado para entender por qué los contratos actuales han sido insuficientes». Pero también añaden que la UE «debe elaborar directrices comunes para el almacenamiento de gas» y de esta forma «mitigar y suavizar el aumento de precios».

«Además, debemos coordinar mejor nuestras compras de gas para ganar mayor poder de negociación», pide la declaración firmada, además de Calviño, por el francés Le Maire, el griego Christos Staikouras, el rumano Dan Vilceany y la checa Alena Schillerová.

Los responsables económicos de estos cinco países subrayan además que la UE «necesita reformar el mercado mayorista de la electricidad», que a pesar de contar con «muchas ventajas», debe garantizar una mejor relación entre el precio pagado por los consumidores y el coste medio de producción en cada sistema nacional.

España, Francia, Grecia, Rumanía y República Checa también creen que el bloque debería centrarse en lograr su independencia energética «invirtiendo en la diversificación del suministro energético» y «reduciendo la dependencia de los países exportadores de gas lo antes posible».

El quinto y último punto del documento recomienda que el sistema europeo de comercio de emisiones de CO2 (ETS, por sus siglas en inglés) asegure un precio del carbón «más predecible» y con menos volatilidad a fin de que los actores del mercado «tengan oportunidad de planificar por adelantado y desplazar sus inversiones a actividades bajas en carbón».

Los responsables de Economía y Finanzas de estos cinco Estados miembros han pactado la declaración conjunta en el marco de las reuniones del Eurogrupo y el Ecofin que han tenido lugar este lunes y martes en Luxemburgo, en las que los Veintisiete han debatido sobre el aumento de los precios energéticos y sus consecuencias.

El Gobierno ha decidido darse un plazo máximo de 18 meses, desde la entrada en vigor de la futura ley de vivienda, para trabajar con las comunidades autónomas y las administraciones implicadas los índices de precios de los alquileres que servirán de referencia a los territorios para aplicar las limitaciones e incentivos que se contemplen en esa norma, según informan fuentes gubernamentales.

En todo caso, antes debe llegar la norma al Consejo de Ministros, y desarrollarse la posterior tramitación correspondiente. La intención del Gobierno, según las fuentes consultadas, es tener listo el texto de la nueva ley en las «próximas semanas».

Tras el acuerdo alcanzado este martes entre PSOE y Unidas Podemos para aprobar esta ley próximamente, con la regulación de los alquileres incluida, el Ejecutivo sigue terminando de cerrar los detalles técnicos de una norma en la que los socios de la coalición de PSOE y Unidas Podemos llevan un año negociando.

Uno de los puntos clave de esa ley es precisamente la posibilidad que ofrecerá a las comunidades y ayuntamientos de declarar zonas tensionadas del mercado del alquiler, para poder aplicar los mecanismos tanto de incentivos fiscales como de congelación o la limitación de los precios.

DEBE SER UN INSTRUMENTO «MUY PRECISO» Y «TRABAJADO»

Por ello, el Ejecutivo defiende que el sistema de índice de precios en el que se basen esas medidas debe ser un instrumento «muy útil» y «muy preciso» y, en este sentido, debe estar muy «trabajado». De ahí que la norma vaya establecer ese plazo de hasta 18 meses para que los Ministerios y Administraciones implicadas trabajen en esta cuestión, después de que la norma haya entrado en vigor.

En junio del año pasado el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, entonces en manos de José Luis Ábalos, ya presentó el denominado Sistema estatal de índices de referencia del precio de alquiler de vivienda. No obstante, esta herramienta se basa actualmente en datos del año 2018, según consta en la página web del Ministerio.

LIMITACIÓN PARA GRANDES PROPIETARIOS Y BONIFICACIONES PARA PEQUEÑOS

Aunque por ahora solo se conoce el acuerdo alcanzado por los socios, y el Gobierno no ha hecho público ningún documento con las medidas que se impulsarán, el Ejecutivo ha avanzado que, entre otras cosas, se va a obligar a los grandes tenedores que sean personas jurídicas a limitar los precios de los alquileres en las zonas tensionadas, en función de esos índices de referencia.

Eso sí, serán las comunidades autónomas y los Ayuntamientos las administraciones encargadas de decidir si quieren declarar una zona tensionada –donde se cumplan los requisitos para ello–; es decir, estará en su mano permitir que se puedan o no aplicar en su territorio los mecanismo para limitar los precios.

Asimismo, PSOE y Unidas Podemos han pactado que los pequeños propietarios tendrán una fórmula de «congelación de precios e incentivos fiscales», de cara a poder también reducir el precio del arrendamiento.

A este respecto, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños ha explicado este martes tras el Consejo de Ministros que las bonificaciones fiscales que se pondrán a disposición de los propietarios que sean personas físicas podrán llegar hasta el 90% de las rentas que obtengan si bajan los precios.

Por otra parte, se establecerá un recargo de hasta el 150% en el IBI para casos de viviendas vacías, que podrán aplicar los ayuntamientos y la futura normativa también apuesta por el parque publico de alquiler, con una reserva del 30% de todas las promociones para vivienda protegida (de este 30%, la mitad para alquiler social).

El obispo auxiliar de Madrid Juan Antonio Martínez Camino ha propuesto que los santos sean «eje» de la historia de la Iglesia católica y no meros «ejemplos».

«Habría que escribir la historia de la Iglesia atendiendo a los santos, que han marcado épocas. La historia de la Iglesia habría que escribirla en esta perspectiva axial, como eje, no como ejemplos. Está muy bien escribir la historia de la Iglesia de acuerdo con la secuencia de los Papas pero antes que apostólica, la Iglesia es santa. Una historia al hilo de los santos sería una historia esencial de la iglesia», ha asegurado Martínez Camino.

Así lo ha indicado este martes durante la lección inaugural del Curso ‘Las Causas de los Santos. Perspectiva teológica, histórico-hagiográfica y jurídica’, que ha tenido lugar en la Universidad eclesiástica San Dámaso, en Madrid.

Tras indicar que es un curso que «se augura fructífero», Martínez Camino ha comenzado su lección precisando que todos los cristianos «ya son santos’ y, al mismo tiempo, están «llamados a serlo a fondo».

Si bien, ha indicado que es una tarea «ardua» porque «los afectos y deseos están desordenados por el pecado» y por «los ídolos de este mundo» que «impiden buscar el amor perfecto».

Por ello, ha invitado a tener muy en cuenta «los testimonios de los santos» y ha pedido no caer en la «tentación» de reducir la santidad a «un puro adjetivo ético» porque no es «equivalente a ser bueno o solidario».

«Hay una tentación de reducir la santidad a un puro adjetivo ético de la condición humana, santidad como equivalente a ser buenos, a ser solidarios, a fraternidad humana, pero no lo es aunque tiene muchas conexiones», ha explicado.

Durante la inauguración del curso, también ha participado el Nuncio del Papa en España, Bernardito Aúza, quien ha celebrado que se lleve a cabo este curso y ha enfatizado que «la santidad es la exigencia más profunda de todo bautizado».

APÓSTOLES DE LA SANTIDAD

Asimismo, Aúza se ha mostrado convencido de que, además de capacitar técnicamente a los sacerdotes, consagrados y laicos, este curso «los hará también apóstoles de la santidad».

Por su parte, la directora de la oficina para las causas de los santos de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Lourdes Grosso, ha destacado que la santidad «es lo primero que se debe programar» porque es «el eje de la vida».

Grosso ha subrayado que preguntar a un catecúmeno si quiere ser bautizado es lo mismo que preguntarle: «¿Quieres ser santo?»; y ha indicado que los expertos que trabajan en la Iglesia no son «funcionarios de lo sagrado» sino que deben «profesar con su oficio lo que se proclama en el Credo».

Desde Roma, ha intervenido el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos del Vaticano, el cardenal Marcello Semeraro, que ha celebrado la iniciativa de este curso que permitirá «perfeccionar» las competencias para hacer más «eficaces» los procesos de beatificación y canonización ya que, según ha dicho, el éxito de estos procesos depende en gran medida de la «competencia» de las personas implicadas.

En este sentido, el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, director del curso, ha asegurado que «el curso responde a una demanda de la sociedad y de la Iglesia, que necesita capacitarse lo mejor posible para intervenir en el proceso de las causas de los santos».

El prelado espera que este curso, al que ya se han inscrito un total de 75 alumnos, «dé sus frutos» y propicie un «conocimiento mejor de la santidad».

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha avisado este martes a las comunidades autónomas que «lo lógico» es que se acojan a la limitación de precios del alquiler que va a poner a su disposición el Gobierno en la futura ley de vivienda que han pactado PSOE y Unidas Podemos y ha recordado que se trata de un problema «transversal» que afecta a «jóvenes que votan a partidos de derechas e izquierdas».

Así se ha pronunciado el ministro después de que el Ejecutivo explicara que serán las comunidades y los ayuntamientos las encargadas de decidir si quieren aplicar en su territorio los mecanismos para limitar los precios. En concreto, Madrid ya ha anunciado que defenderá a los propietarios y les «blindará» frente al proyecto de Ley de Vivienda nacional que considera «intervencionista».

«Hacemos los acuerdos dentro del entramado jurídico que tiene delimitado la Constitución en España. Son las comunidades autónomas las que tienen la capacidad de intervenir sobre estas competencias. Lo lógico es que se acojan a estas posibilidades porque el problema del alquiler sobre todo ocurre en las grandes ciudades y donde hay una densidad de población más importante», ha explicado Garzón en una entrevista en Cuatro.

En este contexto, ha señalado que la vivienda tiene una «afectación clave en términos de país», especialmente en «personas jóvenes, con salarios precarios» que le hacen «imposible acceder a una vivienda» o formar «una familia o un proyecto de vida».

Según Garzón, se trata de un problema «transversal» que afecta a «jóvenes que votan» a formaciones «de derechas o izquierdas». «Hay partidos que con tal de ir contra el Gobierno puedan intentar estar en contra de estas posiciones», ha dicho el titular de Consumo, que ha insistido en «ofrecer soluciones» desde la administración pública «para bajar los precios de un bien que es un derecho que aparece en la Constitución.

Así, el ministro ha señalado que otro de los problemas «arrastrados» en España es el de la «cultura de la propiedad» que se ha instalado «desde hace muchos años. «El Estado no ha ayudado a la emancipación de los jóvenes con viviendas asequibles a los salarios para emanciparse en un sentido completo», ha afirmado Garzón, al tiempo que ha enfatizado en que es «algo que hay que corregir» poniendo «vivienda pública y de función social» para aquellas personas que en «el mercado libre no van a poder acceder por los precios elevadísimos».

Sobre el precio de la luz, el también coordinador federal de IU ha defendido las medidas del Gobierno para bajar «peajes e impuestos» e intervenir en determinados precios, como el gas. «Nuestras medidas han sido contundentes para que esa elevación de los precios de energía no se traduzca en una subida de la factura de la luz», ha aclarado Garzón.

El ministro de Universidades, Manuel Castells, ha limitado a solo una opción, la de sufragio universal, la elección de los rectores de las universidades españolas.

Si en el borrador de la futura Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) aprobado en primera lectura en Consejo de Ministros el 31 de agosto, el ministro incorporó dos formas de elección, un nuevo borrador limita a una la forma de elegir al máximo representante de una universidad, por sufragio universal, como establece la ley actual de universidades (LOU).

El borrador de agosto establecía dos sistemas de elección de un rector. El primero de ellos es la elección directa por sufragio universal ponderado por todos los miembros de la comunidad universitaria (en la forma en que se establezca en los Estatutos de la universidad), como ya establecía la LOU.

El segundo sistema era la elección mediante un órgano específico (que podrá determinar la universidad a través de sus Estatutos), órgano que estaría formado por entre 20 y 30 miembros de los cuales el 50% corresponderá al personal docente e investigador de la universidad, el 10% a los estudiantes, otro 10% al personal técnico, de gestión y de administración y servicios, y el 30% restante a personas externas a la universidad de reconocido prestigio. Con la nueva propuesta, se elimina esta opción.

«Se confirma el modelo actual basado en el sufragio ponderado de toda la comunidad universitaria como modo de elección del rector/a. Se elimina cualquier otra opción de elección del rector/a», recoge la nueva propuesta.

En cambio, el Ministerio sí mantiene una de las medidas más polémicas y criticadas: que no hará falta el requisito de ser funcionario en activo del Cuerpo de Catedráticos de Universidad para acceder al cargo de rector, sino simplemente ser funcionario y reunir tres requisitos, como son el tener reconocidos tres sexenios de investigación, tres quinquenios de docencia y cuatro años de experiencia de gestión universitaria en algún cargo unipersonal.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reiterado este martes a ERC que la Policía Nacional seguirá en la Jefatura de Vía Laietana al entender que «no hay mejor resignificación a un lugar que fue de tortura» durante el franquismo que la labor diaria que realizan los agentes, en colaboración con Mossos d’Esquadra y el resto de fuerzas de seguridad.

«Habla usted de un lugar de represión y tortura en el pasado, y estoy de acuerdo, lo fue», ha señalado Grande-Marlaska en respuesta a la senadora Adelina Escandell, para acto seguido continuar el ministro con la parte en la que no coinciden: «No hay mejor resignificación de un lugar que fue de tortura que la labor que realizan hoy en día la Policía Nacional, luchando contra la violencia, la dominación y el odio».

La senadora de ERC ha recordado que ya en abril preguntó por la salida de la Policía de Vía Laietana, una «maldita» instalación del centro de Barcelona que quieren convertir en museo de la represión franquista, pero que también se ha cargado de simbolismo por ser recurrentemente objetivo de las protestas de grupos independentistas, sobre todo tras la sentencia del 1-O. Marlaska ya descartó entonces abandonar la jefatura, alegando «motivos operativos».

DECLARACIONES DEL NÚMERO DOS DE INTERIOR

Este martes, Escandell ha reiterado su petición a raíz de las palabras del secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, en las que aludió a Vía Laietana por su simbolismo para diferentes generaciones de policías y que «ha fortalecido la democracia». La senadora ha pedido que le enseñen Historia al ‘número dos’ de Interior o que se disculpe.

Grande-Marlaska, que ha evitado hablar expresamente de las recientes declaraciones de su ‘número dos’ durante el acto por el Día de la Policía en Cataluña, ha lanzado un guiño a ERC al sostener que comparte con el PSOE «valores» en lo referente al «compromiso absoluto en la recuperación de la memoria», citando la legislación sobre la materia o la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos.

«Cualquier conmemoración de la represión, la tortura y el autoritarismo es incompatible con la democracia», ha continuado Grande-Marlaska, destacando que la Policía es una de las instituciones mejor valoradas por los ciudadanos ya que, junto a Guardia Civil y Mossos, «luchan contra la violencia, la exclusión, la intolerancia, el odio».

«Es decir, luchando contra todo aquello del pasado; las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado resignifican todos los edificios y cada día se visten con los valores constitucionales», ha terciado el ministro.

El PP ha decidido retomar su renovación regional tras la Convención Nacional celebrada la pasada semana y ya trabaja en un calendario provisional de fechas al que se debe dar luz verde, si bien la idea es dedicar los próximos meses a los cónclaves pluriprovinciales y empezar a partir de marzo de 2022 con los uniprovinciales, entre los que figuraría el de Madrid, según han informado fuentes del partido.

Una vez terminados los congresos provinciales, el PP se volcará ahora en sus congresos autonómicos. Por lo pronto, ya tiene fecha el de Andalucía, que tendrá lugar entre los días 19 y 21 de noviembre en la ciudad de Granada.

El XVI congreso del PP-A reelegirá de nuevo presidente a Juanma Moreno, que afronta su tercer mandato al frente del PP andaluz pero en esta ocasión lo afronta desde la experiencia de gobierno tras «dos años y nueve meses» presidiendo la Junta. Su objetivo, según ha indicado, es impulsar un proyecto político «más permeable y abierto».

LOS ESTATUTOS FIJAN UN PLAZO DE 45 DÍAS DESDE SU CONVOCATORIA

Aunque en los próximos días se convocarán más congresos regionales, ninguno de ellos tendrá lugar antes de noviembre dado que los Estatutos marcan un tiempo de 45 días entre su convocatoria y su celebración con el objetivo de cumplir con los trámites establecidos.

Aparte del Andalucía, están pendientes más de una decena de congresos regionales: Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Asturias, Cantabria, La Rioja, Navarra, Aragón, Canarias, Madrid y Murcia, así como en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Tras los nuevos liderazgos en la Comunidad Valenciana y en Baleares, con Carlos Mazón y Marga Prohens, respectivamente, el partido no descarta más cambios en otros feudos con el objetivo de lanzar su alternativa ante las autonómicas y municipales de 2023, que quiere que sean trampolín de una victoria de Pablo Casado en las generales que se celebrarán unos meses después.

POSIBLES CAMBIOS EN EXTREMADURA, CANTABRIA Y CANARIAS

Extremadura figura entre las comunidades pluriprovinciales en las que podría haber recambio aunque aún no hay decisión tomada. En las quinielas aparece el nombre del alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, como posible sustituto del expresidenta autonómico y actual senador, José Antonio Monago.

También está por ver si en Canarias continúa Australia Navarro –que tomó las riendas en 2019 tras la salida de Asier Antona– o se opta por el cambio con perfiles como el de Manuel Domínguez, presidente del PP de Tenerife.

En el caso de los congresos uniprovinciales, sí que habrá cambio en el PP de La Rioja, dado que su actual presidente, José Ignacio Ceniceros, ya adelantó hace unos meses que no optaría a la reelección. Es posible que la dirección nacional del PP también opte por la renovación en Cantabria, donde el partido está en manos de María José Sáenz de Buruaga.

EL CONGRESO DEL PP DE MADRID, A PARTIR DE MARZO

Aunque ‘Génova’ aún trabaja con un calendario provisional, los congresos uniprovinciales no se prevén hasta ya entrado 2022. En el caso de Madrid, la fecha que se maneja es «entre marzo y junio», según han informado fuentes del partido.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reclamado estas dos últimas semanas un adelanto de ese cónclave a 2021 para centrarse en la preparación de las elecciones autonómicas y municipales de 2023, pero ‘Génova’ ha dejado claro que la Junta Directiva Nacional del PP fijo los congresos uniprovinciales para el primer semestre de 2022.

El colofón a la renovación del partido lo pondrá el Congreso Nacional, que incluso podría tener lugar a la vuelta del verano del año próximo, si bien la dirección del PP aún no tiene una decisión tomada, según las fuentes consultadas.

Pablo Casado llegó a la Presidencia del PP el 21 de julio de 2018 y este verano se cumplieron tres años de su victoria en el congreso extraordinario en el que se impuso en la recta final a la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) se ha mostrado satisfecho del examen comparativo de sus encuestas que ha realizado una empresa privada, Sigma Dos, que con sus mismos cuestionarios ha recabado entre los encuestados unos resultados prácticamente idénticos en la gran mayoría de las preguntas.

A raíz de la pandemia del coronavirus, que puso fin a su tradicional método de trabajo de entrevistas personales, el CIS implantó en junio de 2020 el sistema CATI (Computer Assited Telephone Interview) de entrevistas telefónicas, un sistema muy frecuente en España para la investigación de la opinión pública, esencialmente por razones de rapidez y fiabilidad en la recolección de datos.

Y este año, como otros centros de investigación, decidió encargar lo que se llaman «encuestas espejo» para controlar los resultados de su trabajo. Se trata de un estudio paralelo que realiza una empresa ajena con la misma muestra de ciudadanos, el mismo cuestionario y la misma metodología para ver si hay algún sesgo en función de quién formule las preguntas.

Según relata en un comunicado, el CIS sacó a concurso público la realización de cuatro estudios paralelos a los barómetros y los Índices de Confianza del Consumidor (ICC) de junio y de julio, que fueron adjudicados a Sigma Dos.

La conclusión es que los resultados de los barómetros e ICC de junio y julio elaborados por el CIS y los realizados por Sigma Dos «muestran datos prácticamente idénticos en la gran mayoría de las preguntas en las encuestas que se han comparado».

EN LÍNEA CON LOS ESTÁNDARES

El organismo que dirige el sociólogo socialista José Félix Tezanos concluye que este examen «valida los procedimientos y la calidad y representatividad de sus encuestas»: «El sistema CATI del CIS está alineado con los estándares de las empresas demoscópicas privadas que trabajan con este mismo sistema», destaca.

A su juicio, superar este examen es «el resultado de realizar estudios con máximo rigor y con altos estándares de calidad en todo el proceso, desde el diseño del cuestionario a la selección aleatoria de las personas entrevistadas y la obtención de datos».

La Confederación de Empresarios de Melilla (CEME-CEOE) ha reclamado una reforma legislativa para evitar el acceso a la nacionalidad española de extranjeros por el mero de haber nacido en Melilla o llevar diez años de forma legal en la ciudad.

Lo hacen, ha explicado, «para evitar el crecimiento de la población marroquí» en la ciudad, «pues de sobra es conocido las irregularidades que se dan en estos casos» por lo que ha llamado «ansias anexionistas» de Marruecos sobre Ceuta y Melilla.

En sus propuestas al Plan Estratégico de Melilla, cuyo trámite se presentará este miércoles por el Gobierno de la Ciudad Autónoma para que partidos y organizaciones sociales y económicas den sus ideas, la patronal melillense también ha solicitado que se incluya en ese plan «incrementar la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para localizar y expulsar de la Ciudad a los extranjeros que residen en ella de forma irregular».

Para la organización que representa a los empresarios melillenses, «la Unión Europea –y España, obviamente– tienen a Marruecos como país «amigo» por muchas razones y mantienen un trato muy favorable en las relaciones económicas entre ambas partes, «y a ambas partes nos interesa que Marruecos se desarrolle económicamente, pues es mejor tener un vecino estable –social, económica y políticamente– que un polvorín que pueda estallar como otros países de influencia islámica».

En este sentido, ha apuntado que «las inversiones y ayudas que recibe Marruecos desde los distintos gobiernos europeos, la propia Comisión Europea y inversiones de las empresas europeas se cuantifican en miles de millones de euros, y a cambio se le pide respeto a los derechos humanos, el control de los flujos migratorios hacia Europa, seguridad jurídica y el cumplimiento de los acuerdos suscritos».

Por ello, CEME-CEOE ha expuesto que «a la vista de los acontecimientos –no solo de los recientes acaecidos en Ceuta en mayo de 2021 con la entrada irregular en la ciudad española de más de 10.000 marroquíes–, Europa se ha dado cuenta que hay que exigirle a Marruecos que cumpla sus compromisos y se olvide de sus ansias anexionistas sobre las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y le invita a crear una zona de prosperidad compartida».

Por último, ha señalado que «entendemos que nuestras propuestas no sean compartidas por algunos, pero es nuestra obligación plantear la relación de medidas concretas», al tiempo que ha pedido «altura de miras a todas las fuerzas políticas y que trabajen conjuntamente por nuestra Ciudad» porque opina que, «sin consenso, nada será posible».

El director de la Oficina del Español, Toni Cantó, comparecerá este miércoles en la Comisión de Cultura de la Asamblea de Madrid, a petición del PSOE, con el objetivo de explicar las líneas estratégicas yobjetivos de la Oficina del Español que dirige.

El Gobierno regional quiere con esta Oficina promocionar el idioma, tanto dentro como fuera de España, reforzar su prestigio y velar por su futuro en el mundo digital del siglo XXI.

Para ello, el departamento dirigido por Toni Cantó ha desarrollado cuatro estrategias basadas en el diálogo con instituciones para impulsar las oportunidades económicas del español, la colaboración activa con las entidades que trabajan por el español en la Comunidad, sinergias con entidades culturales internacionales y la gestión de estudios y encuentros con expertos del sector y líderes de opinión.

Entre los primeros pasos, fruto de las gestiones durante los dos primeros meses, destaca la puesta en marcha de un festival de cultura latina, ‘Hispanidad’, coincidiendo con la Festividad del 12 de Octubre; la firma de varios convenios con instituciones de distinta índole (como la RAE o el COAM); así como la creación de una línea de financiación para atraer proyectos culturales de Hispanoamérica.

La primera acción de este departamento es ‘Hispanidad’, el festival de cultura hispana que nace con carácter anual y que, en esta ocasión, se desarrollará hasta el 12 de octubre con un programa de cerca de 80 actividades, con 17 conciertos, conferencias, exposiciones y la participación de más de 250 artistas.

En estos momentos la Oficina del Español está trabajando en tres convenios, que serán rubricados próximamente. Uno con la Real Academia Española, con el objetivo de seguir difundiendo el español y mejorar la formación tanto de los alumnos que llegan a la Comunidad para aprender el idioma, como de los profesores de español.

La Oficina del Español creará líneas de financiación de proyectos culturales de Hispanoamérica. Se trata de que creadores y productores de todo el continente encuentren en la Comunidad de Madrid «la financiación necesaria para llevar adelante sus proyectos y radicar aquí parte de su negocio».

Madrid busca consolidarse como «puerta de entrada» en Europa de la creación cultural de América Latina, con el idioma como nexo económico y cultural, al tiempo que quiere aumentar su papel como centro de producción audiovisual para estos profesionales.

LA OPOSICIÓN CRITICA EL «CHIRINGUITO» DE CANTÓ

El Grupo Parlamentario de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) para que se suprima la Oficina del Español dirigida por Toni Cantó y se destinen los recursos empleados en ella a políticas sociales. Para la formación morada, se trata de «un chiringuito creado ad hoc para garantizar un puesto al señor Toni Cantó al quedarse fuera de la lista electoral».

PSOE también han criticado que la Comunidad se dedique a crear «chiringuitos para amiguetes» y Más Madrid ha ironizado con que se puede llamar «la oficina de la jeta» que deja ver la «cara B del PP una vez que ganan las elecciones». «A Ayuso se le está poniendo cara de Esperanza Aguirre y a Toni Cantó de Santiago Abascal», ha declarado.

La portavoz de Vox, Rocío Monasterio, ha avanzado que en la comisión de este miércoles querrán conocer cuál ha sido el trabajo de Cantó durante estos meses y saber cuáles son las políticas que está llevando a cabo su Gobierno en esta materia. Después de ello, harán una valoración de si está justificado su nuevo puesto o se trata de «un chiringuito».

Por último, el portavoz del PP, Alfonso Serrano, ha defendido que quizá la izquierda quiera que se nombre a alguien «sectario» y no alguien con «la mayor de las cualificaciones para este puesto».

Ya Toni Cantó se defendió ante las criticas de los grupos de la oposición, diciendo que esta oficina no es «un chiringuito» como acusa con «virulencia la izquierda», de quien señaló que no le sorprendían sus ataques al no gustarles nada «lo que tiene que ver con el español».