La vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán, ha denunciado este miércoles una «burda maniobra» del PSOE y Bildu en relación con el anuncio del colectivo de presos sobre el fin a los ‘ongi etorri’ en público y ha mostrado convencida de que verán a los presos de ETA en la calle.

En declaraciones, Beltrán ha afirmado que, una vez más, los socialistas vuelven a «blanquear» y «homologar» a Bildu, que es un partido que «sigue teniendo una obsesión: sacar a los presos a la calle». «Los vamos a ver en la calle», ha proclamado.

«Ayer presenciamos una burda maniobra del PSOE y Bildu que fue pedirles que dijeran que los ‘ongi etorris’ se iban a celebrar de forma privada. ¿Por qué hizo esto el PSOE? Para blanquearse ellos mismos también a la hora de votar la ley de Ciudadanos en contra de los ‘ongi etorris'», ha aseverado.

Beltrán ha criticado el «conchabeo» del PSOE con «el partido más deplorable del arco parlamentario». «Cada día vemos más daño a las instituciones del Estado y de nuestra democracia. ¿Dónde vamos a llegar?», se ha preguntado.

DICE QUE EL PP LOS PROHIBIRÁ CUANDO GOBIERNE

En este sentido, la también presidenta de los ‘populares’ en Navarra ha indicado que esos homenajes a etarras en privado son «a cambio de sacar a 200 presos de ETA a la calle».

«Desde el PP en absoluto nos conformamos con que sean homenajes privados. De nosotros no se van a reír y nada más llegar al Gobierno, esto se va a prohibir y esa ley de Cs que ayer no salió, por supuesto que saldrá adelante», ha enfatizado.

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha señalado este miércoles que sí que puso en contacto a Agustín de Diego –enlace del que fuera tesorero del PP Luis Bárcenas– con el abogado que trabajaba para el PP en el ‘caso Gurtel’ porque eran ambos conocidos suyos, pero ha aseverado que no medió ni intermedió entre ambos. «Me limité a poner en contacto a dos personas que conozco, con los que tenia confianza, en el ámbito privado y nada más», ha dicho.

Así lo ha explicado durante su intervención en la Comisión de Investigación que se sigue en el Congreso relativa a la ‘operación Kitchen’, a preguntas del diputado socialista Felipe Sicilia, quien ha repasado la carrera judicial de López para echarle en cara su estrecha relación con el PP.

Llegados al punto en el que su carrera transcurre en la Audiencia Nacional, Sicilia le ha preguntado por esa presentación a la que se refirió Bárcenas ante el juez instructor. López ha admitido que presentó a ambos porque así se lo pidió De Diego, pero que sólo les puso en contacto y en ningún momento «medió o intermedió» entre ambos ya que eso implicaría que se buscaba una posibilidad de acuerdo, cuando no fue así.

NO DA DETALLES DE CONVERSACIONES PRIVADAS

Por lo demás, ha evitado dar detalles de cómo se produjo esa presentación porque es parte de su «ámbito privado» y no tiene que dar cuenta por lo tanto a nadie. Sicilia en cambio le ha afeado que esa presentación siendo él entonces magistrado de la Audiencia Nacional sea poco ético y ha hecho el símil de que es como si la actual magistrada del Constitucional Concepción Espejel hubiera mediado entre el abogado de Dolores de Cospedal y alguien cercano al comisario José Manuel Villarejo.

Ya en febrero, la defensa del extesorero del PP Luis Bárcenas indicó que la única intervención que tuvo el consejero de Justicia –por entonces juez de la Audiencia Nacional– en los contactos mantenidos por el abogado de la formación política, Jesús Santos, y un enlace de Bárcenas habría sido la de «presentar» a estas dos personas.

Así lo manifestó en un comunicado, asegurando que el extesorero no se refirió expresamente a López con el término de «interlocutor». Según afirmaba el letrado, la función del consejero fue «meramente la de presentar, a través de un buen amigo (Don Agustín), a un letrado cercano al Partido Popular, independientemente del término que ‘quiera atribuírsele’ como ‘intermediario’ o ‘interlocutor'».

La secretaria de Estado de Defensa, Esperanza Casteleiro, ha calificado de «notable» la dotación para su Ministerio que contempla el proyecto de Prespuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 y ha explicado que el objetivo es alcanzar una estabilidad presupuestaria que permita a las Fuerzas Armadas planificar con antelación y «consolidar» el crecimiento presupuestario.

Casteleiro ha comparecido este miércoles en el Senado para dar cuenta de los Presupuestos para el Ministerio de Defensa para el próximo año, que suman 10.155,3 millones de euros, un 7,9 por ciento más que en 2021 (743,3 millones más).

La mayor parte de esta dotación, un 41 por ciento, corresponde al capítulo de personal, que señalado como «el activo más importante» de las Fuerzas Armadas. En este sentido, ha señalado los «esfuerzos» realizados para auemntar sus retribuciones y ha asegurado que se seguirá en esta línea como «prioridad».

También ha destacado el aumento en inversiones y ha subrayado las repercusiones de la industria de defensa para el impulso y «recuperación económica y social del país», sobre todo en áreas como la construcción naval, la aeronáutica o las tecnologías de la información y la comunicación, así como sus retornos que repercuten en el crecimiento del PIB y la creación de empleo.

En concreto, ha señalado los programas que están en marcha y que generan actividad económica en Andalucía, como la futura base loísitica del Ejército de Tierra en Córdoba, el vehículo 8×8, el buque Balmis o aeronaves como el A400M.

En cualquier caso, ha subrayado que la inversión estuvo «parada» desde el año 2008 y ahora se está intentando recuperar la perdida. «Hay que ponerse al día y lo hacemos en paralelo con el tema de las retribuciones», ha explicado.

La portavoz en la Comisión de Mujer de Más Madrid en la Asamblea, Loreto Arenillas, ha propuesto que la Comunidad lidere un Pacto Internacional sobre el trabajo sexual y una Mesa de trabajo donde participen las propias trabajadoras sexuales con el objetivo de impulsar propuestas dirigidas al reconocimiento de sus derechos laborales y sociales.

Desde Más Madrid se ha invitado a comparecer en la Comisión a una representante del sindicato Otras, una organización compuesta por trabajadoras sexuales, siendo la primera vez que comparecen en la Asamblea de Madrid, ha trasladado el partido en un comunicado.

«Es importante visibilizar la realidad de las mujeres que ejercen la prostitución. Por eso hemos invitado a la sede parlamentaria a representantes del sindicato Otras, para que tengan voz. No puede ser que, porque una realidad no nos guste, hagamos oídos sordos y fomentemos que sigan siendo marginales e invisibles. Es nuestra responsabilidad hacernos cargo de esta realidad», ha expuesto la diputada, Loreto Arenillas.

A su juicio, las trabajadoras sexuales tienen derecho a sindicarse y ha defendido que Otras es un sindicato «no solo lícito sino legal», y desde Más Madrid entienden que es importante visibilizar su trabajo en la lucha por los derechos de las trabajadores sexuales».

La propuesta de Más Madrid contempla que la Comunidad de Madrid lidere un Pacto internacional con otros países donde ya se están generando legislaciones proderechos como en Nueva Zelanda, donde prima la despenalización sobre la regulación.

En este caso, las trabajadoras sexuales han tenido un papel protagonista, se les ha permitido trabajar y expresarse para hacer una ley que les salvaguarde como ciudadanas de plenos derechos. Otras ciudades, como Nueva York, dejarán de perseguir el trabajo sexual. Además, Vitoria, en Australia, está llevando a cabo una reforma integral de la regulación del trabajo sexual optando por un modelo de descriminalización.

La segunda propuesta de Más Madrid incluye una Mesa de trabajo que cuente con el sindicato Otras, con las mujeres que ejercen la prostitución callejera, con las asociaciones que defienden los derechos de las mujeres, asociaciones feministas, asociaciones de migrantes y de personas trans y con todos los partidos políticos para despenalizar y desestigmatizar la prostitución, con el objetivo de «dejar de mirar hacia otro lado» y dar soluciones viables en caso de necesidad, como ya ocurrió con la pandemia, en la que «muchísimas trabajadoras sexuales se vieron desprotegidas».

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita penas que suman ocho años de prisión para un hostelero avilesino acusado de aprovecharse de la situación de necesidad de tres de sus empleadas para imponerles condiciones de trabajo abusivas. Está acusado también de agredir sexualmente a una de ellas y de golpearla.

La vista oral está señalada para este jueves, 2 de diciembre de 2021, en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo, a las 10.00 horas.

El Ministerio Fiscal sostiene que el acusado, nacido en 1953, en su condición de administrador único de una sociedad titular de dos establecimientos en la Avenida San Agustín 20 y 16 de Avilés, respectivamente, contrató el día 11 de enero de 2019 a una mujer para trabajar en ambos locales. Ella nacida en Guinea Ecuatorial, se encontraba de manera irregular en España y tenía una situación económica muy precaria, ya que necesitaba dinero para mantener a sus tres hijos que se encontraban en su país, circunstancias que aprovechó el acusado para no hacerle contrato de trabajo ni darla de alta en la Seguridad Social.

Durante el mes que estuvo trabajando en ambos locales, el acusado le impuso un horario de las 21 horas a las 8 de la mañana, de lunes a domingo, siendo la jornada laboral más amplía el fin de semana. Descansó solo día en todo el mes.

El sueldo que habían pactado era de 900 euros más propinas, pudiendo llegar a 1.200 euros, aunque no recibió ningún salario. Durante todo este tiempo, el acusado procedió a decirle de manera continua expresiones tales como «estúpida, imbécil, inútil», a la vez que le hacía insinuaciones de tipo sexual y le decía comentarios improcedentes de la misma índole, siempre según el relato del fiscal.

En varias ocasiones llegó a tocarle sus partes íntimas, a veces incluso por dentro del pantalón, manifestando ella en todo momento que no quería que la tocase. La mujer aguantaba la situación porque necesitaba el dinero para mantener a sus hijos.

El día 9 de febrero de 2019, sobre las 10.00 horas, la mujer se encontraba trabajando en uno de los locales y el acusado acudió, dado que había un problema con las llaves del local. En un momento determinado, la agarró fuertemente del brazo, empujándola hacia el almacén. Una vez allí, comenzó a golpearla en la cara con el puño y también en el pecho. Como consecuencia de ello, la víctima sufrió contusión facial.

El día 24 de mayo de 2019, sobre las 4.30 horas, en el curso de una inspección en materia de trata de seres humanos, extranjería y trabajo efectuada por el Grupo de Investigación de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, Grupo I, con la colaboración de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Asturias, en los locales mencionados, se comprobó que en uno había dos personas trabajando como camareras, ambas nacidas en Rumania.

Una de ellas no estaba dada de alta en la Seguridad Social, trabajando en un horario de 21.00 a las 8 horas, llevaba dos semanas trabajando, sin descanso, con un sueldo al mes de 900 euros. La segunda llevaba trabajando unos cinco meses, estaba dada de alta en la Seguridad Social solo por cuatro horas, si bien su horario habitual era desde la una de la madrugada hasta el cierre, sobre las 9 ó 10 de la mañana, excediéndose claramente del tiempo por el que estaba dada de alta. Descansaba una vez a la semana y cobraba unos 1.000 euros.

En el otro local había una sola trabajadora, nacida en Rumania y que había empezado a trabajar el día 23 de mayo de 2019, la cual no estaba dada de alta en la Seguridad Social, trabajaba en horario de las 21.00 horas a las 8 de la mañana y cobraba unos 30 euros diarios.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito contra los derechos de los trabajadores, otro de agresión sexual y otro leve de lesiones, por lo que pide un total de ocho años de prisión. Concurre la agravante de reincidencia, ya que el acusado ya fue condenado en 2017 por un delito de imposición de condiciones ilegales de trabajo.

El cardenal arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Carlos Osoro, ha afirmado que le causa «vergüenza» la situación que viven «a pocos kilómetros de la Puerta del Sol» 4.000 vecinos de la Cañada Real Galiana, más de 1.800 de ellos niños y niñas, que llevan más de un año sin luz, y ha urgido a las administraciones a actuar como si se tratase de «una emergencia o una calamidad».

«Lo que pasa en la Cañada Real me duele, me conmueve y me indigna. ¡No puede ser! ¡No hay derecho! No podemos normalizar ni validar la falta de electricidad y de una vida digna para quienes viven allí. Hay que decir con toda firmeza que esto no es tolerable y menos para cualquier creyente, que si reza en serio el padrenuestro, verá que allí hay hijos de Dios y hermanos», ha expresado el cardenal Carlos Osoro este miércoles en una entrevista.

El arzobispo ha asegurado que le «entristece» que «a pocos kilómetros de la Puerta del Sol» existan «estas situaciones que generan tantísimo dolor y sufrimiento en quienes ya de por sí tienen una situación de muchísima precariedad». «Me da vergüenza que haya niños y ancianos en esa situación», ha declarado.

El cardenal, que el pasado 9 de junio visitó la Cañada Real para encontrarse con la gente que vive allí y conocer de primera mano el trabajo de Cáritas diocesana de Madrid, afirma que pudo «comprobar sobre el terreno su calidad humana y cristiana» y la «labor impresionante» que realiza Cáritas.

«Además de intervenir directamente acompañando a los niños y a las familias, sin distinción de razas ni de religión, han formulado quejas al Defensor del Pueblo, han pedido la intervención de la Fiscalía para proteger a los niños y reclamar el cumplimiento de los derechos humanos. También Justicia y Paz ha hecho un informe denunciando la violación de los derechos de unos niños a los que estamos hipotecando el futuro», ha detallado Osoro.

MIENTRAS, BASTANTES DORMIMOS CALIENTES EN LA CAMA

Si bien, junto a todo esto, el cardenal ha añadido que son precisas también «medidas paliativas» ante «tanta vulnerabilidad». «Sobre todo de cara a un invierno en el que bastantes dormimos calientes en la cama», ha precisado.

Tal y como recuerda el arzobispo de Madrid, «la falta de energía eléctrica supone que no hay calefacción, que no hay para calentar el agua, que no hay lavadoras, que los frigoríficos no funcionan, que no se pueden cargar los móviles, que no hay conectividad, que los chavales pierden clases».

Por ello, además de las dimensiones «estructurales» del problema, ha pedido «no olvidar la puesta en marcha de medidas paliativas que deben establecerse con urgencia».

En este sentido, el cardenal reclama «a todas las administraciones un mayor nivel de compromiso y, desde luego, mucha más agilidad». «Se trata de hacer, pero de hacerlo bien y con rapidez porque la situación es terrible y a cualquiera le causa vergüenza», ha enfatizado.

Así, insta a «la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento y el Gobierno» a «considerar que se trata de actuar como si de una emergencia o una calamidad se tratase». «Los habitantes de la Cañada necesitan exactamente lo mismo que necesitamos los demás. Es deber de todos lograr que lo tengan», ha apostillado.

El arzobispo también ha recordado las palabras del Papa Francisco en la encíclica ‘Fratelli Tutti’ cuando dice que no se puede permitir que nadie quede «a un costado de la vida». «Nos debe indignar, hasta hacernos bajar de nuestra serenidad para alterarnos por el sufrimiento humano», dice el Pontífice en el documento.

La defensa en España del italiano Francesco Arcuri, el padre de los hijos de Juana Rivas, ha trasladado al Juzgado de lo Penal 1 de Granada que no se opone a que se suspenda la pena de prisión a esta madre de Maracena (Granada) tras obtener el indulto parcial, aunque ha lamentado que a través de esta medida de gracia se le haya restituido la patria potestad sobre sus dos hijos, asunto este último que le ha llevado a recurrir el indulto ante el Tribunal Supremo.

En el escrito presentado ante el juzgado, el letrado de Arcuri en España, Enrique Zambrano, se pronuncia así sobre la solicitud que los abogados de Juana Rivas han hecho al juez para que suspenda la ejecución de los diez meses de prisión que le restan de condena tras el indulto, pues ya ha cumplido cinco en el CIS Matilde Cantos de Granada, donde continúa por el momento con un régimen que le permite disponer de dos días de permiso para salidas laborales durante la semana.

La defensa de Francesco Arcuri entiende concretamente que se puede conceder la suspensión de la pena de prisión, pero sometida a condiciones, principalmente la vinculada a «un plan de parentalidad positiva que no sea impartido por el Centro de la Mujer de Maracena».

En su escrito lamenta que Juana Rivas «insiste en arrogarse una posición de víctima, cuando las verdaderas víctimas, pero de ella, son sus propios hijos y el señor Arcuri» y se remite a este respecto a «las sucesivas resoluciones de todas las actuaciones de las que proviene la ejecutoria que pretende suspender» y «a las que en Italia se han tramitado y se están tramitando».

«Si tan segura estaba de su inocencia, no entendemos cómo no ha llevado hasta las últimas instancias judiciales, Constitucional y Tribunal Europeo de Derechos Humanos su asunto, y sin embargo, ha tenido que recurrir al indulto parcial que le concede por motivos exclusivamente adscritos a la política, que rompiendo los esquemas jurídicos de cualquier persona letrada, la rehabilita en el derecho a decidir sobre sus víctimas (hijos)», agrega el escrito.

Junto a ello, la defensa de Arcuri solicita al juzgado aclaración sobre la rehabilitación de la patria potestad en la medida en que el indulto conmuta la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad por la pena de 180 días de trabajos en beneficio de la comunidad, a condición de que no cometa el mismo delito por el que fue condenada en el plazo de cuatro años desde la publicación del real decreto.

La Fiscalía de Ceuta ha citado a declarar el 13 de diciembre como investigada por un presunto delito de prevaricación administrativa a la delegada del Gobierno en la ciudad, Salvadora Mateos, por la devolución en agosto de 55 menores marroquíes migrantes solos que habían accedido a la ciudad autónoma durante la crisis migratoria de mayo y permanecían acogidos por el Servicio de Protección a la Infancia autonómico.

El Ministerio Público también ha llamado a testificar, en su caso en calidad de testigos, al secretario general de la Delegación, Ismael Kasrou, y a la consejera de Presidencia del Ejecutivo autonómico, Mabel Deu, competente en materia de Menores.

Las diligencias incoadas son el resultado de la denuncia presentada ante la Fiscalía de Menores de Granada por ‘L’Escola A.C Asociación Internacional para el desarrollo integral de las personas’.

Una vez oídos a los tres, el Ministerio Público deberá decidir si denuncia a Mateos para abrir un procedimiento penal o archiva las diligencias.

La Secretaría de Estado de Seguridad «rogó» el 10 de agosto en un correo electrónico dirigido a Kasrou que se iniciase cuanto antes la repatriación de menores marroquíes no acompañados acogidos en Ceuta en base al Acuerdo sobre Cooperación en el Ámbito de la Prevención de la Emigración Ilegal de Menores No Acompañados, su Protección y su retorno concertado de 2007 y sin ceñirse a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Extranjería.

Dicha norma establece que la delegada es la competente en Ceuta para «llevar a cabo los trámites relativos a la repatriación de un menor extranjero no acompañado» previa solicitud de informes tanto a la entidad que tenga atribuida su guarda, custodia o tutela como al país de origen, requisitos que no se cumplieron durante las expulsiones ejecutadas entre el 13 y el 16 de agosto, cuando la Justicia ordenó su paralización.

La titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ceuta concluyó que «ni se ha incoado expediente administrativo, ni se ha dictado resolución alguna en relación a la repatriación de los menores», a pesar de que el propio pacto bilateral entre Estados estipula que las autoridades españolas debían obrar «con observancia estricta de la legislación española, las normas y principios del derecho internacional y de lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño».

«Ni se ha tramitado cumpliendo con los referidos trámites de obligado cumplimiento el procedimiento administrativo ni consta resolución expresa sobre dicha cuestión respecto a cada uno de los menores exigible en nuestra legislación», razonó la magistrada para paralizar el procedimiento.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha pedido este miércoles una «discusión» en el seno de la Unión Europea sobre la conveniencia de hacer obligatoria la vacunación contra el coronavirus para contrarrestar la resistencia de parte de la población a inocularse.

«Creo que es entendible y apropiado tener esta discusión ahora: Cómo podemos alentar (la vacunación) y potencialmente pensar en la vacunación obligatoria dentro de la UE. Es necesario discutirlo y tener un enfoque común», ha indicado Von der Leyen en una rueda de prensa en Bruselas.

La jefa del Ejecutivo comunitario ha querido precisar que se trata de su opinión «personal» porque no tiene poderes para hacer «ningún tipo de recomendación» sobre este asunto a los Estados miembro, que son quienes tienen las competencias exclusiva en materia sanitaria.

No obstante, la exministra alemana y médica de formación ha lamentado que existan «vacunas que salvan vidas» en un contexto «horrible» de pandemia y, sin embargo, «no están siendo usadas de manera adecuada en todas partes».

Según los datos ofrecidos este mismo miércoles por Bruselas, el 76% de la población adulta en la Unión Europea ha sido ya inoculada con la pauta completa de protección contra la Covid-19.

Esto supone en términos generales que el 66% de la población total europea está plenamente vacunada, pero que hay también un tercio, esto es 150 millones de ciudadanos de la UE, que no lo está, a pesar de que «una gran mayoría podría».

Por eso, el Ejecutivo comunitario llama a continuar con las campañas de vacunación y agilizar la inoculación de la dosis de refuerzo a toda la población vacunada, algo que Von der Leyen ha dicho que está asegurado con los 360 millones de dosis de vacunas de ARN mensajero de que dispondrá la UE de aquí a finales del primer trimestre de 2022.

Los últimos contratos de compra negociados por Bruselas con Pfizer-BioNTech y Moderna prevén contar con vacunas suficientes para reforzar la protección de los europeos, adaptar la fórmula a las nuevas variantes como omicron y producir suero también para inmunizar a los menores.

En este sentido, la Comisión ha adelantado que tiene el compromiso de Pfizer de que su vacuna recientemente aprobada para menores de entre cinco y once años estará ya disponible en la UE el próximo 13 de diciembre.

Von der Leyen ha comparecido ante la prensa para llamar a reforzar las campañas de vacunación frente al repunte de los contagios en la Unión Europea y la aparición de nuevas variantes, cuando no dejan de aumentar los números de ingresos hospitalarios y defunciones a pocas semanas de las vacaciones navideñas.

«La vacunación completa y las dosis de refuerzo proporcionan la protección más fuerte contra la Covid que tenemos ahora mismo», ha alertado Von der Leyen, quien también ha pedido no relajar las medidas de prevención como son el uso de la mascarilla, la higiene de manos y la distancia física.

La presidenta de la Comisión, junto a la comisaria de Salud, Stella Kyriakides, han advertido de que la variante omicron preocupa seriamente a la UE por su alto número de mutaciones, pese a no tener aún toda la información de los expertos respecto a su capacidad de propagación y virulencia.

Von der Leyen ha estimado que serán necesarias entre dos o tres semanas para tener datos más claros y ha recalcado la necesidad de actuar rápido para evitar que la UE se convierta en un «foco» de la variante, en especial reforzando el rastreo para aislar los casos y trabajando en la secuenciación.

Sudáfrica fue el primer país que dio la voz de alarma sobre la variante de la que notificó los primeros casos el pasado 24 noviembre, llevando a la UE a cerrar su frontera exterior a los vuelos de siete países del sur de África.

Sin embargo, Países Bajos informó este martes de que hubo al menos dos casos en su territorio días antes, el pasado 19 de noviembre, y el Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades (ECDC) cuenta al menos 44 pacientes con esta variante en la UE y países asociados.

La Fiscalía Anticorrupción ha negado tajantemente este miércoles que el ahora comisario jubilado José Manuel Villarejo sea víctima de una «investigación prospectiva», tal y como ha esgrimido su defensa, defendiendo la legalidad de las entradas y registros que permitieron encontrar los audios y las agendas, que constituyen buena parte del acervo probatorio de ‘Tándem’. La Policía «no va a pescar», ha dicho.

El fiscal Miguel Serrano ha contestado así a las cuestiones previas planteadas por Villarejo en el marco del juicio que se celebra en la Audiencia Nacional por ‘Iron’, ‘Land’ y ‘Pintor’, las tres piezas separadas de la macrocausa ‘Tándem’ donde se ventilan los encargos que el entonces comisario habría recibido de diversos clientes para espiar a otros particulares o despachos de abogados por distintas disputas que incluyen un conflicto en torno a la herencia del fundador de la urbanización de lujo ‘La Finca’ (Madrid).

La tesis de Villarejo es que las denuncias sobre las presuntas irregularidades en el CNI que había venido haciendo durante años le granjearon la «animadversión» de esta agencia y, por ello, en connivencia con policías que también estarían enfrentados a él por la llamada ‘guerra de comisarios’, habría fabricado una causa en su contra basada en una «denuncia anónima» que habría dado lugar a registros en los que la Policía habría buscado pruebas que excederían los límites marcados por el denunciante.

«Las investigaciones no han estado teledirigidas por nadie», ha aseverado Serrano. «Las brujas no existen. Como dicen los gallegos, haberlas haylas, pero búsquenlas fuera de este procedimiento», ha espetado.

Para refutar cualquier «tacha», el representante del Ministerio Público ha explicado que las pesquisas parten, efectivamente, de «una aparente denuncia anónima» que va acompañada de una serie de documentos –el ‘Proyecto King’, sobre el que gira la pieza principal de ‘Tándem’, y los movimientos de dinero–. A partir de ahí, ha aclarado, la Fiscalía indaga para «depurar» el origen de dicha denuncia hasta dar con el empresario Francisco Menéndez, que ratificó todos estos papeles en una declaración posterior.

Es entonces, ha relatado Serrano, cuando se suceden una serie de diligencias para seguir tirando del hilo de los trabajos contratados a Villarejo por clientes privados hasta llegar a los registros que se llevaron a cabo en noviembre de 2017, donde se encontraron los diarios personales del comisario y las grabaciones que hacía de las conversaciones que mantenía con terceras personas.

El fiscal ha asegurado que, pese a lo denunciado por las defensas, las entradas se hicieron conforme a un «auto habilitante» que buscaba hallar pruebas de lo que los investigadores conocían hasta ese momento sobre los servicios prestados por Villarejo a título privado. «La unidad policial no va a pescar, va a buscar todos los documentos que acrediten las múltiples contrataciones», ha subrayado.

De hecho, ha querido enfatizar que la mayoría de los documentos que finalmente forman parte de ‘Tándem’ –integrada por más de una treintena de piezas separadas– no se incautaron «esa noche» del 2 al 3 de noviembre, sino que fruto de las pesquisas posteriores se fueron efectuando nuevos registros donde se intervinieron más audios y agendas, entre ellos los que nutren ‘Iron’, ‘Land’ y ‘Pintor’.

En esa primera inspección, la Policía «se llevó solo el 1% del papel que había en el domicilio porque no se buscaba todo, se buscaba lo que se buscaba», ha recalcado. Serrano ha hecho hincapié en que en la casa de Villarejo se encontró una mochila con documentos debajo de la cama y los agentes no la cogieron entera, sino que los miró y se adueñó únicamente de los relacionados con «lo que se estaba pescando».

UN «DVD MAESTRO»

Ha rebatido asimismo el argumento de Villarejo de que esas charlas no pueden ser usadas como prueba de cargo debido a su doble condición de policía y abogado. Serrano se ha negado a concederle el «disfraz» de agente de la ley cuando, presuntamente, estaba abusando de este estatus, al tiempo que ha rechazado que puedan estar protegidas por el secreto profesional entre letrado y cliente, dado que las personas que acudían al comisario no lo hacían para contratar servicios jurídicos. Son «absolutamente lícitas», ha dicho.

Igualmente, ha desechado las dudas arrojadas por las defensas acerca de la posibilidad de que esos audios estén manipulados porque, según dicen, no se respetó el protocolo fijado por el juez para proceder a dichos registros y a la incautación, preservación y volcado de los dispositivos electrónicos que se pudieran encontrar en el mismo. A este respecto, ha garantizado que «no hay ruptura de la cadena de custodia» y, por tanto, no se puede cuestionar la veracidad de su contenido.

Por otro lado, ha desestimado las peticiones generalizadas de nulidad planteadas por las defensas por falta de acceso a las actuaciones. Todas ellas, ha manifestado, se encuentran recogidas en un «DVD maestro» con la relación de todo el material incautado.

En este punto, el fiscal ha contestado específicamente a las quejas de Villarejo por el hecho de que aún no se le han devuelto sus cuadernillos manuscritos y que solo ha tenido acceso a ellos físicamente en el Juzgado Central de Instrucción Número 6 o a través del resumen que la Policía ha hecho de sus numerosas anotaciones a lo largo de los años para reflejar solo las relevantes para la causa.

«Las agendas son piezas de convicción», ha declarado Serrano, si bien ha recordado que contienen «cuestiones íntimas que no deben difundirse», por lo que se ha opuesto a que sean incorporadas en su totalidad a la causa, coincidiendo con el juez instructor en que solo deben figurar en la medida que indican los oficios policiales.

Serrano lo ha explicado indicando que las agendas de Villarejo «estaban trufadas de minas» y que los investigadores han tenido que bajar a la mina del material probatorio para «picar piedra» en busca de indicios mientras intentaban evitar que les explotara alguna de las «minas» anotadas por el comisario.

A su juicio, la intención de los acusados de que se les permita tener pleno acceso a las agendas para rastrear en ellas apuntes que puedan exculparlos «sí que es ir a pescar, pero sin caña sin anzuelo y sin cebo».

VILLAREJO, EL «ESPÍA»

Serrano ya había avanzado al inicio de su intervención que la Fiscalía se iba a oponer a todas las cuestiones de nulidad que han aducido las defensas porque «no se dan ninguna de las disfunciones que pudieran conducir a que este juicio no sea un juicio justo para los acusados».

No obstante, ha querido centrar el tiro respondiendo a las hipótesis conspiradoras apuntadas por el comisario. «No negamos que Villarejo sea espía», ha admitido, para rematar: «Lo que nos interesa es si aprovecha esa función autorizada para lucrarse. Eso es lo que es absolutamente intolerable y reprochable».

De esta forma, ha concedido que el grupo empresarial de Villarejo, CENYT, pudiera ser una estructura autorizada para que desarrollara sus «funciones específicas de Inteligencia», si bien desde el momento en que el comisario empezó a llenarse los bolsillos con ello, ha expuesto, habría comenzado a operar como una «organización criminal».

El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha logrado congregar a cerca de 1.000 sanitarios de toda España para denunciar frente al Congreso de los Diputados la situación de la sanidad pública que está «rota», «desarticulada», «empobrecida» e «infrafinanciada», por lo que han pedido a las instituciones políticas «que se activen» porque están cansados de «palabras huecas».

Así lo ha expresado ante los medios de comunicación el presidente de la organización, Manuel Cascos, quien ha defendido la concentración y no ha descartado realizar una huelga «en el caso de no solucionar la situación», debido a que «la sanidad está debilitada» y ha insistido en que los profesionales están «agotados» y ha denunciado que, lejos de recompensar su labor durante los últimos dos años, «se les despide», como ha ocurrido en Andalucía, con el despido de más de 8.000 sanitarios.

«Los pacientes están sufriendo, llevamos dos años de una crisis tremendamente grave y preocupante, con profesionales agotados a los que se les despide mientras que hay listas de espera de más de 700.000 personas», ha enfatizado.

En este sentido, Manuel Cascos ha recalcado que «no hay voluntad política para resolver los problemas de la sanidad», a pesar de que ha reconocido que hace tres semanas se mantuvo una reunión con el ministerio de Sanidad, quien mostró compromiso ante sus peticiones. Así pues, el presidente ha subrayado que necesitan que las instituciones «se activen de verdad» y han insistido en que están «cansados de palabras huecas» y ha pedido «hechos concretos».

«Pedimos a los políticos que se activen y legislen para proteger nuestra sanidad. No vamos a permanecer pasivos y ver cómo la sanidad se devalúa. No es lógico que el rendimiento quirúrgico de los quirófanos estén en torno al 65 por ciento y no funcionen por las tardes, igual que las consultas externas. Aprovechemos todos los recursos que tenemos», ha sostenido.

En relación con la financiación, Cascos ha lamentado que la sanidad se mantenga con el seis por ciento del PIB mientras que otros países, que ha ejemplificado, como Noruega están en el nueve por ciento o Francia en el ocho por ciento. Sin dinero, sin economía y sin gasto público en materia sanitaria, no podemos salir adelante», ha lamentado.

Por ello, no ha descartado una huelga general de la profesión porque ha mantenido que SATSE «no será cómplice del sufrimiento diario» que padecen los profesionales y, en caso de llegar a esta situación, ha asegurado que pedirán el apoyo de asociaciones de pacientes y de la sociedad en general para que se entienda «que es una situación de alarma». «No podemos mirar para otro lado, es nuestra sanidad pública que nos ha costado muchos años construir», ha concluido.

Durante la concentración, los profesionales congregados han llamado la atención de los viandantes por sus megáfonos y altavoces con los que se han escuchado cánticos como ‘Que bote Enfermería’, ‘Nuestra sanidad necesita paridad’, ‘ A su señoría, basta ya de tonterías’ y ‘Hay que aprobar la ley del paciente’, entre otros.

PODEMOS CRITICA EL MODELO DE ANDALUCÍA Y DE MADRID

Asimismo, la portavoz de sanidad en el Congreso de Unidas Podemos, Rosa Medel, ha estado presente en la concentración para mostrar su apoyo a los sanitarios y ha afirmado que están «completamente» de acuerdo en que la ley del paciente siga su andadura y finalmente se tramite.

«Hay que reforzar la sanidad pública y para ello es necesario esta ley, que refuerza los radios de enfermería, algo que es indispensable. Hay que garantizar la calidad de atención al paciente», ha aseverado.

La portavoz de Unidas Podemos ha reconocido que existe un «gran deterioro» en la Atención Primaria(AP) y ha defendido que desde su formación se ha intentado llevar a cabo varias medidas, como un pacto de estado por la AP. «Es algo indispensable porque sino la sanidad no tendrá calidad», ha explicado.

Por su parte, su compañero de partido y diputado por Cádiz, Juan Antonio Delgado, ha lamentado que a los sanitarios en los últimos meses se les consideraba «héroes» y ahora no se les escucha cuando piden recursos y, a su vez, ha criticado a aquellas comunidades autónomas que, en su opinión, «se dedican a desmantelar la sanidad pública» señalando como principales responsables a Andalucía y a la Comunidad de Madrid.

«Es importante legislar para que no se ponga en marcha el modelo de Juan Manuel Moreno en Andalucía o el de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. Hay que hacer mejor las cosas», ha comentado.

LEY DEL PACIENTE

Por otro lado, el vicesecretario de SATSE Murcia, Pablo Fernández, en declaraciones, ha recordado que la ley del paciente reunió más de 700.000 firmas, con la que se proclamaba la falta de homogeneidad en las distintas autonomías y donde pedían unos ratios mínimos de profesionales sanitarios por número de pacientes «para garantizar la calidad de todos los usuarios».

«Los políticos nos han defraudado porque todos nos dieron el visto bueno pero hasta el momento solo hemos visto cómo han prorrogado la tramitación de la ley», ha manifestado.

En concreto, el pasado 15 de diciembre de 2020, el Pleno respaldó mayoritariamente la norma (312 votos a favor y diez en contra) pero actualmente lleva acumuladas cerca de 30 prórrogas al plazo de presentación de enmiendas parciales.

«Hemos pasado mucho miedo y sufrimiento con la pandemia. Uno ve que la sociedad aplaude su trabajo pero luego la administración no atiende nuestras necesidades, lo que lleva al desánimo», ha asegurado.

El Gobierno se ha encontrado en las últimas horas con un importante escollo en las negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 en el Senado, después de que ERC haya amenazado con consecuencias en esta tramitación en la Cámara Alta si el PSOE finalmente no cumple su acuerdo sobre las cuotas de las lenguas cooficiales en la Ley Audiovisual.

En el caso de que los republicanos catalanes finalmente ejecuten su amenaza y no apoyen las cuentas públicas en el Senado, el Ejecutivo se vería obligado a sondear a formaciones minoritarias de la Cámara Alta para formar una mayoría alternativa sin uno de sus principales socios parlamentarios.

Se presupone el rechazo de PP, Ciudadanos y Vox a estas cuentas públicas para 2022 también en el Senado, como ya hicieron en el Congreso, y en las últimas horas Junts ha adelantado que presentaría una enmienda a la totalidad, por lo que también es posible que acaben rechazando estos Presupuestos. En el caso de que ERC acabe alineándose con el voto negativo, las cuentas públicas para 2022 en el Senado tendrían al menos 120 ‘noes’.

Esto obligaría al Gobierno a encontrar los apoyos más allá de ERC para lograr la mayoría de 133 senadores que hace falta para superar el trámite parlamentario en la Cámara Alta. El PSOE tiene 114 parlamentarios y Unidas Podemos no tiene representación en el Senado.

NECESITAN 133 APOYOS

Contando con las formaciones que dieron su apoyo a los PGE en el Congreso –con la exclusión de ERC– el Gobierno no tendría garantizado el apoyo a las cuentas públicas en el Senado, puesto que sumando al PNV, Bildu, Más País, Compromís, Teruel Existe y PRC, se quedan en 131 ‘síes’, por lo que tendría que negociar con las formaciones con una representación menor, como puede ser el caso del PAR, Més per Mallorca, Adelante Andalucía, Agrupación Socialista Gomera o Geroa Bai.

Eso teniendo en cuenta que los grupos nacionalistas e independentistas que ya pactaron con el PSOE en el Congreso el proyecto de cuentas públicas finalmente apuesten por alinearse con el Gobierno y no decidan seguir la amenaza de ERC.

Si PNV –10 senadores–, Bildu –dos senadores– y Compromis –un senador– secundaran a ERC, el proyecto de Presupuestos estaría sentenciado en el Senado y volvería al Congreso, donde el PSOE y Podemos tendrían que reunir mayoría absoluta para levantar el veto, un intento que les volvería a poner en manos de las formaciones nacionalistas e independentistas.

En todo caso, tanto el Gobierno como el PSOE confían en que este proyecto de Presupuestos supere el trámite del Senado, e incluso su idea es que ni siquiera sea modificado para que no tenga que volver al Congreso y quede aprobado de manera definitiva en el Pleno de la Cámara Alta del 21 de diciembre.

No obstante, estas cuentas públicas tendrán su primera piedra de toque en el Senado en el Pleno de los días 9 y 10 de diciembre, en el que se debatirán y votarán los vetos generales –las enmiendas a la totalidad–, donde se irán perfilando los posibles apoyos y rechazos a estos Presupuestos para el año 2022.

ERC TIENE 14 SENADORES

La amenaza de ERC a los Presupuestos en el Senado surge después de que el Gobierno aprobara en el Consejo de Ministros el texto de la Ley Audiovisual, en la que exime a plataformas internacionales como Netflix o HBO Max de cumplir con la cuota reservada a lenguas cooficiales, lo que para los de Gabriel Rufián supone un incumplimiento del acuerdo que alcanzaron con el PSOE en medio de la negociación presupuestaria.

De hecho, ERC, que es la tercera fuerza en el Senado, con 14 senadores, fue una de las once formaciones que dieron su apoyo a las cuentas públicas del Gobierno en el Congreso, aunque ahora amenaza con lo distinto en la Cámara Alta.

El portavoz de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común en la Comisión de Educación y Formación Profesional del Congreso, Joan Mena, ha llamado este miércoles a «todas las fuerzas políticas del catalanismo» a secundar la manifestación de este 18 de diciembre en Barcelona por la «unidad del catalanismo en defensa de la lengua».

Así lo ha expresado en declaraciones a los medios en el Congreso tras la reciente providencia del Tribunal Supremo (TS) que confirma la sentencia del TSJC que obliga a implantar un 25% de las clases en castellano en los centros educativos catalanes.

Tras este escrito del TS, la plataforma Som Escola, que agrupa a decenas de entidades a favor de la inmersión lingüística en Cataluña, anunció una convocatoria para el próximo 18 de diciembre en defensa del modelo actual de enseñanza en esta región.

«Desde ‘En Comú Podem’ participaremos de esas movilizaciones que hay el 18 de diciembre organizadas en Barcelona y desde aquí, desde el Congreso de los Diputados, nuestro grupo parlamentario mantiene su compromiso de seguir trabajando por blindar el catalán como una de las lenguas oficiales en el Estado», ha señalado Mena, que ha mencionado en su llamamiento «desde el PSOE a JxCat».

«Hoy es el momento necesario para mostrar esa unidad del catalanismo en defensa de la lengua, en defensa de la convivencia, en defensa de la cohesión social y de la igualdad de oportunidades», ha añadido.

Mena ha exigido el cumplimiento de la ley, en concreto, de la nueva Ley de Educación (la LOMLOE) que, a su juicio, es «muy clara» en su contenido al recoger que «es el marco jurídico catalán la normativa aplicable en Cataluña», es decir, que la Ley de Educación de Cataluña es la que «tiene que garantizar que se cumpla el régimen lingüístico en el sistema educativo catalán», según el diputado ‘morado’. Tal y como ha defendido, dicha ley educativa autonómica, que «blinda el modelo de inmersión lingüística en Cataluña», ya pasó el «filtro constitucional» en su momento.

«La inmersión lingüística y el modelo educativo de Cataluña se ha demostrado como la mejor garantía para trabajar en términos de cohesión social y de igualdad de oportunidades», ha defendido.

El portavoz también se ha pronunciado sobre la providencia del TS. En su opinión, es «una mala noticia» que este «vuelva a querer abrir un conflicto de competencias entre el poder legislativo y el poder Ejecutivo», por la cuestión de quién tiene que garantizar el cumplimiento de las sentencias.

También ha solicitado a «las tres derechas», al PP, Cs y Vox, que «dejen de utilizar la confrontación lingüística como arma política«, pues es el «peor favor» que le pueden hacer a la convivencia.

Los e-books de títulos de Almudena Grandes en las bibliotecas públicas madrileñas no pueden reservarse hasta enero o febrero por su alta demanda.

Con una visita a la web de eBiblio (https://madrid.ebiblio.es), el servicio gratuito de préstamo de libros electrónicos en línea ofrecido a través de las bibliotecas públicas españolas, se puede comprobar que acumulan lista de espera los libros de la escritora madrileña, fallecida este sábado a los 61 años.

Es el caso de ‘La madre de Frankenstein’, la penúltima novela publicada de la colección ‘Episodios de una guerra interminable’, para la que «en este momento no hay reservas libres». La web, coordinada por el Ministerio de Cultura y la Consejería madrileña, invita a intentar la búsqueda «más adelante. Lo mismo sucede con ‘Malena es un nombre de tango’ o ‘El corazón helado’.

Para ‘Los pacientes del doctor García’, esta sí última novela en vida de la autora de la colección de los Episodios, el próximo ejemplar estará disponible el 19 de enero. Un poco antes, para el 20 de diciembre, estará el e-book de ‘Las tres bodas de Manolita’, igual que ‘Los besos en el pan’.

‘Las edades de Lulú’, la novela con la que Almudena Grandes se dio a conocer, parece ser la más demandada porque el siguiente ejemplar que quede disponible para la reserva no lo hará hasta el 22 de febrero. Muy cerca está ‘Inés y la alegría’, la novela con la que la madrileña iniciaba la colección de ‘Episodios de una guerra interminable’, hasta el 19 de febrero.

‘El lector de Julio Verne’ tiene como fecha para tener el primer ejemplar disponible el 11 de enero, ‘Los aires difíciles’ el 17 de enero, ‘Altas de geografía humana’ el 29 de enero y ‘Te llamaré Viernes’ el 31 de enero, igual que ‘Modelos de Mujer’.

Almudena Grandes tendrá una calle en su honor en Madrid, aún por concretar la ubicación, después de las mociones de urgencia presentadas ayer en el Pleno de Cibeles por la izquierda, secundadas en este caso por PP y Cs.

Sin embargo, los votos de PP, Cs y Vox impidieron que Madrid dedique una biblioteca a la escritora madrileña, como tampoco permitieron que vaya a ser nombrada Hija Predilecta de Madrid a título póstumo.

El cantante Yotuel Romero representará al cuerpo de voluntariado del Ayuntamiento de la capital, Voluntarios por Madrid, como nuevo padrino en el año 2022, ha informado el Consistorio en un comunicado.

Romero, que ha sido elegido «por su vinculación con la ciudad desde el inicio de su carrera», tomará el relevo de la actriz y presentadora Paz Padilla en el acto institucional del Ayuntamiento que se celebrará este viernes en ocasión del Día Internacional del Voluntariado.

Nacido en 1976 en La Habana (Cuba), Yotuel Romero es líder de la banda Orishas, con la que ha publicado los álbumes ‘A lo cubano'(1999), ‘Emigrante'(2002) y ‘Gourmet'(2018), entre otros, trabajos que le han valido el reconocimiento de precursor del movimiento urbano latino por la revista Time.

Posee entre sus reconocimientos musicales un Grammy americano y seis Grammy latinos y ha compartido escenario con artistas como Metallica, Lenny Kravitz, Manu Chao o Calle 13 en festivales internacionales como Coachella o Rock in Rio Brasil.

Actualmente se encuentra en la promoción mundial de su documental, ‘Patria y vida’, tema que le ha llevado hasta el Congreso de los Diputados, el Parlamento Europeo y la Casa Blanca de los Estados Unidos para hablar del poder de la música y de la situación actual en Cuba.

Voluntarios por Madrid desarrolla más de 600 actividades solidarias con personas mayores, personas sin hogar o personas con deterioro cognitivo y apoya la organización de importantes eventos culturales y deportivos. Uno de ellos fue la Cumbre del Clima (COP-25) de 2019, en la que participó activamente en la coordinación del voluntariado y reunió a más de 2.000 voluntarios en un tiempo récord.

El presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Fernando Mora, ha hecho alusión a la nueva visita del presidente nacional del PP, Pablo Casado, a Toledo y ha denunciado que es «incapaz de asomarse al Tajo y ver su estado», mientras que «cuando va a Murcia no tiene ningún reparo en asomarse al trasvase a ver cómo van las aguas limpias que allí llegan».

Ha argumentado que «aquí nos llegan las aguas sucias del río Jarama, pero el señor Casado no tiene ni siquiera la deferencia de asomarse al río y decir que está dispuesto a defender los intereses de los castellanomanchegos», ha informado el PSOE en nota de prensa.

«Parece que le importamos poco, ya le podía decir el señor Núñez, Pablo, asómate al río, pero no, a Núñez tampoco le interesa el río, está bien claro que es algo que les da repelús», ha sostenido.

Del mismo modo, ha recordado que «el PP recortó hasta 12.000 plazas de policías y guardias civiles durante sus cuatro años de mandato» y, al contrario, «el PSOE en el poco tiempo que lleva en el Gobierno de España ha recuperado 10.000», lo que ha destacado que es un «balance positivo».

Asimismo, ha apuntado que se «han recuperado en buena medida también los salarios de policías y de guardia civiles, algo que fue incapaz de recuperar el PP» y, además, se han realizado «aportaciones importantes para el desarrollo de infraestructuras que garanticen mejor la prestación de servicio tanto de la Policía como de la Guardia Civil».

CASO KITCHEN

De otro lado, ha lamentado que, «un día más», un alto cargo del Gobierno de María Dolores de Cospedal vuelve a ser «noticia» por el caso Kitchen, en referencia a la comparecencia este miércoles de su exjefe de Gabinete, José Luis Ortiz, en el Congreso de los Diputados.

Mora se ha referido así a la comparecencia de Ortiz en la comisión de investigación relativa a la utilización «ilegal» de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior con la finalidad de favorecer intereses políticos del PP y de anular pruebas inculpatorias para este partido en casos de corrupción, según ha informado el PSOE en nota de prensa.

«Es un personaje importante en la vida de María Dolores de Cospedal vinculado muy estrechamente a la agenda de Villarejo, nos sigue preocupando que altos cargos que lo han sido en Castilla-La Mancha sigan pasando o bien por los juzgados o por las comisiones de investigación en el Congreso de los Diputados», ha afirmado.

El presidente del Grupo Socialista ha reflexionado que «eso quiere decir que algo no se hizo bien por parte del PP cuando gobernaba en Castilla-La Mancha» y ha subrayado que la región «no puede aparecer en los periódicos por los casos en los que se ha visto involucrada Cospedal».

«Hay que lamentar la comparecencia de un alto cargo del Gobierno de Cospedal como también en su día, y en este caso con imputación, lo hizo Gómez Gordo, que fue director general con Cospedal y uno de los artífices de esa novela negra en la que Cospedal no deja de ser protagonista», ha señalado.