El stock de saldo dudoso continúa con la tendencia decreciente iniciada en la última parte del año 2020, una caída progresiva que se ha consolidado en los últimos meses observados de 2021, según concluye el informe de tendencias de crédito elaborado por la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (Asnef) y Equifax.

Por el lado contrario, el recobro, con un 95%, ha tenido un repunte durante el año 2021, alcanzando el máximo registrado en los tres últimos ejercicios durante el mes de mayo.

Así, este indicador, que mide el flujo de recuperación del saldo vencido en gestión, se ha situado ya en los niveles anteriores a la pandemia, según el informe de Asnef y Equifax.

En cuanto a la demanda de crédito global, ha alcanzado un 102% a cierre de septiembre de 2021, incrementándose en casi 30 puntos respecto a abril de 2020.

Así, tras el «notable» empeoramiento registrado a raíz de la pandemia, y después de recuperarse de forma progresiva a finales del pasado ejercicio, la demanda de crédito global habría acentuado su actividad durante 2021.

El estudio también señala que el perfil de riesgo de la demanda de crédito (‘hit-rate’) ha acentuado su tendencia bajista, de forma que se sitúa, con un 85%, «claramente» por debajo de los niveles previos a la pandemia de Covid-19.

El perfil de riesgo de la demanda, que mide el porcentaje de deudores encontrados en el fichero de Asnef sobre el total de consultas de crédito, ha alcanzado su dato más bajo en los últimos tres años, después del empeoramiento sufrido a partir de marzo de 2020 a causa del confinamiento y de la pandemia.

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha señalado este jueves que ahora se abre en el Parlamento todo un proceso de negociación sobre el proyecto de Ley Audiovisual y ha asegurado que habrá un «diálogo intenso» respecto a todas las partes y todos los grupos políticos.

«El proyecto de ley audiovisual ahora comienza su andadura en el Parlamento, una andadura para la que la actitud del Gobierno seguirá siendo, como no puede ser de otra manera, de apertura al diálogo con todos los grupos para tener la mejor ley audiovisual posible», ha remarcado en rueda de prensa al término de su reunión con el ministro de Finanzas y la Recuperación, Bruno Le Maire.

La ministra ha respondido así tras ser preguntada sobre el comunicado de la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (UTECA) en el que la organización ha rechazado el proyecto de Ley General Audiovisual al considerar que se trata de «una norma discriminatoria que favorece a las multinacionales extranjeras y penaliza a los operadores nacionales».

Además, las palabras de la vicepresidenta se producen tras la amenaza de ERC de no apoyar la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 tras conocerse que el proyecto no incluye cuotas de producción en lenguas cooficiales a las grandes plataformas internacionales, como pidieron los republicanos a cambio de su apoyo a las cuentas públicas.

Ante esta situación, la titular de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha explicado que el proyecto normativo llegará ahora a las Cortes y se abrirá todo un proceso de negociación y de trabajo legislativo a través de un «diálogo intenso» respecto a todas las partes y todos los grupos políticos.

Aun así, la vicepresidenta ha defendido que el proyecto de ley ha sido fruto de un «intenso proceso» de consulta pública y que es un texto equilibrado que refleja los múltiples objetivos que se esperan lograr.

Paradores ha renovado la certificación del sello Safe Tourism Certified que otorga el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE), manteniendo su apuesta por el turismo seguro.

La cadena hotelera fue la primera gran cadena hotelera de España que se certificó con este sello que garantiza el cumplimiento de las máximas garantías higiénico-sanitarias en la prestación de sus servicios en sus 98 establecimientos.

El presidente de Paradores, Pedro Saura, ha destacado que Paradores es un «destino seguro» y que continúan trabajando para reforzar sus protocolos de higiene y limpieza para ofrecer «las máximas garantías de seguridad».

Por su parte, el presidente del ICTE, Miguel Mirones, ha agradecido a Paradores «su compromiso desde el comienzo en la elaboración de los protocolos, donde participó activamente, así como su posterior certificación mediante el sello Safe Tourism Certified y su actual renovación un año después».

Con la aparición de una nueva variante, Omicron, la hotelera ha resaltado que la seguridad ha vuelto a convertirse en el «elemento básico» para el sector turístico para garantizar la experiencia turística de las personas que ya han realizado o están a punto de realizar sus reservas.

SELLO DE GARANTÍA

‘Safe Tourism Certified’ es una marca de garantía y certificación que acredita el cumplimiento de la Especificación Técnica UNE 0066-02 que establece las directrices y recomendaciones para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2 en el sector turístico.

El sello se obtiene tras superar una auditoría realizada por empresas independientes. Esta Especificación Técnica, al igual que las otras 20 relativas al sector turístico, se creó a partir de los protocolos elaborados por el ICTE en coordinación con la Secretaría de Estado de Turismo, las patronales del sector, los sindicatos y asociaciones de prevención de riesgos laborales dictadas por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y validadas por el Ministerio de Sanidad.

La cadena pública ha asegurado que «aplica rigurosamente» todas las medidas establecidas en los protocolos oficiales elaborados por el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE) y, además, ha añadido algunas medidas propias que refuerzan la seguridad para quienes se alojan en sus establecimientos, consumen en sus restaurantes y cafeterías o trabajan en sus instalaciones.

La Comisión Europea ha anunciado este jueves la apertura de un expediente sancionador contra España por incumplir las normas europeas en materia de contratación pública y concesión de contratos, una nueva legislación común que los Estados miembro deberían haber trasladado a sus leyes nacionales a más tardar en abril de 2016.

Las autoridades españolas notificaron a Bruselas la transposición de las dos directivas implicadas en este marco, pero la evaluación realizada con posterioridad por los servicios comunitarios apunta que «hay dudas» de que la legislación nacional se haya adaptado correctamente.

En concreto, el Ejecutivo comunitario ve deficiencias en el alcance de la aplicación de las directivas, en especial a lo que se refiere a la modificación de contratos y al cálculo del valor estimado de los contratos en casos específicos.

La correcta aplicación de las normas de contratación pública «garantiza la mejor relación calidad-precio para las compras públicas, facilita y abarata las licitaciones para las pymes y ofrece más oportunidades», según defiende la Comisión en un comunicado.

El procedimiento de infracción arranca con el envío de una carta de emplazamiento en la que el Ejecutivo comunitario informa a las autoridades del Estado miembro de los problemas identificados y le da un plazo de dos meses para responder y ofrecer soluciones.

El expediente prevé otras dos fases posteriores si no se resuelve el asunto antes, primero con el envío de un dictamen motivado que da un nuevo plazo para el diálogo y, de no resolverse tampoco en esa etapa, elevando el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE.

El Pacto Mundial de Naciones Unidas España ha lanzado una plataforma online en abierto para avanzar hacia el trabajo digno en las cadenas de suministro, en el marco de conmemoración del Día Mundial de los Derechos Humanos, que se celebra cada año el 10 de diciembre.

Como señala el Pacto Mundial, los derechos humanos son una de las asignaturas pendientes de las compañías españolas, pues se estima que solo una cuarta parte del ecosistema empresarial cuenta con políticas en esta materia, por lo que garantizar los salarios dignos en la cadena de suministro de las empresas es una de las bases fundamentales para contribuir a la preservación de los derechos universales desde el sector privado.

Los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos establecen que las empresas deben cuidar de los derechos humanos con la debida diligencia para identificar, mitigar y dar cuenta de cómo hacen frente a los efectos adversos de su actividad sobre estos derechos. Como vía para abordar esta grave problemática, las compañías deben tomar la iniciativa para promover salarios dignos en sitios donde se han identificado como bajos, independientemente la debilidad de las legislaciones de algunos países.

Esta nueva plataforma, disponible tanto en inglés como en castellano, acerca al ecosistema empresarial a comprender en profundidad el concepto de salario digno como un aspecto esencial del trabajo decente y su importancia para reducir la pobreza laboral. De igual manera, destaca los beneficios ligados a garantizar un salario digno a todos los empleados, tanto los empresariales como los ligados a la consecución de la Agenda 2030.

Para poner en marcha estrategias salariales eficaces, la plataforma aporta a las empresas las herramientas, recursos, los pasos necesarios y las lecciones aprendidas de empresas homólogas para desarrollar un plan de implementación.

Garantizar salarios dignos en la cadena de suministro impacta plenamente con el Principio 2 del Pacto Mundial de Naciones Unidas, con el Principio 3 en lo referente a la negociación colectiva y sobre los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos. Pero, además, esta garantía actúa como un aceleradora para alcanzar determinados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como el Objetivo 1, fin de la pobreza; el Objetivo 5, igualdad de género; el Objetivo 8, trabajo decente y crecimiento económico, y el Objetivo 10, reducción de las desigualdades.

MEJORAR LA GESTIÓN DE DDHH, OBJETIVO DE LA RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL

La pobreza laboral continúa siendo una realidad en todo el mundo y se ha visto agravada por la crisis de la COVID-19. Un 8% de los trabajadores a nivel global están clasificados como trabajadores pobres y 327 millones de asalariados reciben sueldos por debajo del salario mínimo aplicable por hora, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Esta cifra representa el 19% de todos los asalariados e incluye a 152 millones de mujeres. Más de 630 millones de trabajadores en todo el mundo (el 19% de todos los empleados) no ganaron lo suficiente para salir ellos y sus familias de la pobreza extrema o moderada en 2019. Todo esto contribuye a que más de 700 millones de personas alrededor del mundo continúan viviendo en la pobreza.

La Declaración de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales resaltan el indisoluble vínculo entre empleo y un adecuado nivel de vida, y brindan a las empresas la oportunidad de actuar para respetar estos derechos a través del establecimiento de salarios dignos.

Las acciones destinadas a asegurar remuneraciones justas en las cadenas de suministro para las empresas compradoras pueden actuar como palanca para cumplir con los requisitos de afiliación a iniciativas o plataformas o para cumplir con los compromisos de sostenibilidad pública. Más allá de esto, existen motivaciones regulatorias, comerciales y de reputación significativas por parte de inversionistas, consumidores y organismos reguladores, como recuerda el Pacto Mundial.

Los beneficios para los compradores pueden ser directos (en términos de manejar una oferta de calidad, una efectiva gestión del riesgo y al mejorar su prestigio) e, indirectamente, al promover e implementar los procesos y cambios necesarios al sistema para mejorar los resultados de la empresa.

Los proveedores, por su parte, pueden desbloquear oportunidades fruto de las mejoras salariales a los trabajadores peor retribuidos, como una reducción en los costes de capacitación, una mayor motivación y compromiso, que redunda en mejoras de la productividad y calidad o una mejora en la reputación, entre otras.

Naturgy y Minsait, parte del grupo Indra, han recibido un premio de los Enertic Awards 2021 en la categoría de mantenimiento preventivo por ‘Fire Detection’ su solución para prevenir incendios forestales con visión artificial.

El sistema aplica la inteligencia artificial para llevar a cabo una vigilancia de 360 grados desde la altura de las torres eléctricas para detectar incendios de forma temprana en grandes masas forestales, según un comunicado.

La solución se alimenta con energía solar, lo que reduce las emisiones de dióxido de carbono (CO2), e incluye un software que minimiza su consumo después de cada operación.

El sistema envía alertas que son procesadas a través de capacidades ‘edge computing’ de la plataforma, un modelo que acerca la computación de datos a la ubicación en la que se necesitan para mejorar los tiempos de respuesta y ahorrar ancho de banda.

Gracias a los algoritmos de Inteligencia Artificial, Fire Detection es capaz de analizar y extraer en tiempo realinformación de las imágenes obtenidas en las cámaras ubicadas en las torres de alta y media tensión e identificar indicios de fuego y humo.

Además, incorpora sensores IoT que ayudan a reducir los «falsos positivos» y a optimizar los recursos energéticos almacenados.

Fire Detection es un sistema fácilmente escalable y de sencillo despliegue, que permite obtener imágenes en amplias extensiones de entornos naturales con un alcance de unos dos kilómetros.

Asimismo, el sistema también permite albergar algoritmos para monitorizar el estado de las propias torres eléctricas, evaluar el comportamiento de las infraestructuras en condiciones meteorológicas extremas o detectar incursiones en zonas restringidas por seguridad.

La Navidad generará en España alrededor de 434.570 contrataciones en el sector del comercio, hostelería, logística y transporte, un 24,8% más que el año pasado, cuando se firmaron 348.210, pero aún inferior (-1,8%) a antes de la irrupción de la pandemia, cuando se rubricaron 442.540, según un comunicado emitido por Randstad.

Todos los sectores estudiados aumentarán su volumen de contratación con respecto al año pasado: el comercio crecerá en un 6,1%, mientras que la logística lo hará en un 7,3%. Pero el incremento realmente significativo se producirá en el sector de la hostelería, ya que las contrataciones pasarán de las 11.863 del año pasado a las 75.002 actuales, un volumen que se multiplicará por 6,3.

«Aunque el volumen de contratación todavía será inferior al de la irrupción de la crisis sanitaria, las cifras nos indican una tendencia bastante positiva. El hecho que todos los sectores crezcan es un hito, pero el indicador que más nos debe atraer es el de la hostelería. Cuando el sector se recupere completamente, así como el turismo y la confianza de los consumidores, el empleo regresará a los mismos niveles o incluso a superiores», afirma el director de Randstad Research, Valentín Bote.

POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Castilla la Mancha (+14,4%), la Comunidad Valenciana (+5,5%), Galicia (+1,8%) y Andalucía (+0,8%) serán las únicas autonomías en ver crecer la contratación, no solo con respecto al año pasado, sino también con 2019, antes de la irrupción de la pandemia. En el lado contrario, los mayores descensos se darán en La Rioja (-10%), Canarias (-19%) y Baleares (-21,2%).

Andalucía, Cataluña y Madrid sumarán la mitad de los contratos (47,4%), lo que equivaldrá en términos absolutos a que Andalucía firmará 84.990 contratos nuevos, Cataluña 62.280 y la Comunidad de Madrid 58.800.

Por provincias, los mayores incrementos tendrán lugar en Toledo (+29,8%), Guadalajara (+29,3%), Valencia (+12,6%) y Pontevedra (+10,3%), mientras que las caídas más pronunciadas se producirán en Las Palmas (-10,9%), Tenerife (-17,8%), Teruel (-13,9%) y León (-13,7%).

POR SECTORES

En cuanto a sectores, Randstand cree que el sector logístico será uno de los principales dinamizadores de la contratación durante la campaña navideña. De hecho, los perfiles que más demandarán las empresas logísticas para dar respuesta a aumento del consumo serán los de empaquetadores, carretilleros, mozos de almacén y transportistas, entre otros. Además, la compañía ha detectado un incremento de las necesidades profesionales destinadas a la atención al cliente, tanto para atención online como telefónica.

En cuanto al sector comercio, el perfil más demandado es el de dependiente, promotor, azafato/a y perfiles comerciales, entre los que se valora el trato cercano con el cliente, las dotes comunicativas y las competencias digitales. En hostelería, las empresas están interesadas en que los candidatos cuenten con experiencia en un puesto similar para responder al incremento de la demanda en un corto espacio de tiempo, por lo que una rápida adecuación al puesto de trabajo es un aspecto altamente valorado.

Comisiones Obreras (CCOO) ha presentado este jueves el estudio ‘Los costes económicos y sociales de la inestabilidad en el empleo y las reformas laborales del 2010 y 2012’, del que se desprende que los efectos de esas modificaciones perjudican a los trabajadores, incluso en épocas de crecimiento, y que han supuesto un recorte del salario medio real del 6,2% desde 2008.

El responsable del Gabinete Económico Confederal, Carlos Martín, se ha referido a la devaluación salarial provocada por esas dos reformas, que han provocado que 11 años después del estallido de la última crisis los trabajadores no hayan recuperado el poder de compra, a pesar de hacer el mismo trabajo.

«Los elementos introducidos por la reforma de 2010 y 2012 no solo presionan a la baja durante las crisis, sino también durante las etapas de crecimiento. No se consigue recuperar ese poder de compra», ha expresado durante la presentación.

El estudio de CCOO recurre a los datos del Índice de Precios del Trabajo (IPT), elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), para exponer que el salario real por realizar un trabajo estaba en 2019 un 6,2% por debajo del que se cobraba en 2008. Ante estas cifras, Martín ha insistido en que los empleados «cada vez participan menos del producto de su trabajo».

El mayor hundimiento salarial, indica el sindicato, se produce entre 2011 y 2012, cuando se introducen las reformas. La recuperación que se inició en 2014 casi no se traslada a los salarios, e incluso su poder de compra vuelve a caer en 2017 a su nivel más bajo registrado en 2013 (-9,5%).

CCOO indica que la firma del IV Acuerdo por el Empleo y la mNegociación Colectiva a mediado de 2018 pareció abrir una vía de recuperación de los salarios, pero en 2019 estos volvieron a retroceder, a pesar del fuerte alza del SMI, del 22,3%, y del incremento del 2,2% en los salarios pactados.

El responsable del Gabinete Económico confederal también ha indicado que ambas reformas abrieron «una brecha mayor entre salarios y productividad», al tiempo que ofrece a las compañías «márgenes empresariales cada vez más altos». El estudio completa que el salario medio ha crecido desde 1982 por debajo de la productividad.

CCOO cita la prevalencia del convenio de empresa sobre el de sector, el límite a la ultractividad de los convenios colectivos, la facilitación de los descuelgues del convenio, la rebaja de las indemnizaciones por despido y la posibilidad de recortar el salario por el empresario de manera unilateral sin una negociación verdadera entre empresarios y representantes de los trabajadores, como los elementos más lesivos de la reforma de 2012.

TEMPORALIDAD Y VIDAS APLAZADAS

Para Martín, la reforma laboral del año 2012 supuso «otra vuelta de tuerca para la precarización» del mercado de trabajo. Su análisis es que esas medidas fomentaron el «dinamismo económico a través de precarizar las condiciones de empleo» y «devaluar los salarios».

La devaluación salarial nos conduce a una economía menos productiva, menos dinámica y menos sólida», ha advertido. También ha aludido al aumento de la precaridad y de la desigualdad, que suele afectar más a mujeres que a hombres, con el encadenamiento de contratos temporales.

Sobre la temporalidad, Martín ha comparado la tasa española del 26,3%, unos 4,4 millones de asalariados, con la media europea, donde la tasa es del 15%. Esta es «una de las anomalías» del mercado de trabajo español, que se acentúa en sectores como la agricultura, la construcción e, incluso, en el sector público.

En este sentido, el responsable del Gabinete Económico Confederal ha denunciado que se recurra a la contratación temporal para cubrir puestos estructurales o se incurra, directamente, en «fraude de ley». Por eso, ha abogado por «penalizar más el fraude», «restringir la causas de la contratación temporal» y «dotar a las empresas de un mecanismo alternativo para cuando cae la demanda».

Martín también se ha detenido en analizar las consecuencias de estas reformas para los trabajadores, que «han metabolizado» esas medidas «en vidas inestables y aplazadas». Además, a los problemas de temporalidad y precariedad se suma también la dificultad para acceder a la vivienda, lo que provoca una emancipación más tardía respecto a la media europea.

CCOO cifra en un 91% el seguimiento de la jornada de huelga llevada a cabo en Unicaja Banco este jueves, 2 de diciembre, a unas horas de que finalice el periodo formal de negociación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que supondrá la salida de 1.513 empleados.

El seguimiento en Andalucía ha sido del 97,5%, en Extremadura del 97%, en Castilla y León del 96,25%, en Castilla-La Mancha del 84% y en Cantabria del 80%.

«Esta masiva participación en la segunda jornada de huelga debe hacer recapacitar a Unicaja de que debe llegar a un principio de acuerdo en la jornada de hoy, último día del periodo de consultas», ha comunicado CCOO.

Coincidiendo con la jornada de huelga se están celebrando concentraciones en Málaga, Almería, Granada, Salamanca, León, Cáceres, Cuenca, Toledo, Ciudad Real, Albacete, Jaén, Santander, Valladolid y Madrid.

Esta es la segunda huelga en Unicaja tras la vivida el pasado 26 de noviembre, que implicó el cierre del 93% de las oficinas de la entidad, según informó CCOO.

Los sindicatos piden que el criterio de adscripción al ERE para las bajas y la movilidad geográfica sea exclusivamente la voluntariedad y que se incrementen los porcentajes de indemnización ofrecidos.

El banco y los representantes de los trabajadores permanecen negociando en la jornada de este jueves, sin haber conseguido todavía un principio de acuerdo.

El 67% de las 161 empresas españolas que utilizan de forma intensiva o suministran soluciones de Inteligencia Artificial (IA) se encuentra en la Comunidad de Madrid, lo que convierte a la región capitalina en líder en esta materia, según un estudio elaborado por Iberinform que se ha presentado este jueves en el AI Business Congress.

Otras regiones que también poseen industrias que desarrollan la inteligencia artificial son Cataluña, que concentra el 15% del total de empresas, Valencia (5%), Andalucía (4%) y País Vasco (2%).

«Hemos elaborado este estudio para afrontar la ola de transformación tecnológica actual como una oportunidad, en un contexto donde las nuevas tecnologías han alcanzado un grado de madurez que las hace accesibles a las empresas de menor tamaño», han declarado los autores del estudio.

Respecto a la tipología de empresas, este es un mercado en el que hay dos perfiles muy diferentes. Por un lado, firmas consolidadas de más de 25 años, que han incorporado esta tecnología a su catálogo de soluciones (el 76% de este segmento, donde la facturación media supera los 230 millones de euros, está formado por grandes empresas).

Y el otro perfil, mucho más atomizado, es el de las empresas nativas digitales (el 41% del total) que han nacido en la última década centradas en desarrollar y aportar estas soluciones IA al tejido productivo. Su facturación media, que no deja de crecer, superó en 2014 la barrera del millón de euros y ya están cerca de los cinco millones.

TRIUNFA EL USO DE REDES NEURONALES

Respecto a las aplicaciones de la IA más desarrolladas por las empresas, un 34% de las firmas trabaja para desarrollar redes neuronales que emulan el modo en que el cerebro humano procesa la información y un 24% están dedicadas al procesamiento del lenguaje natural, que investiga la manera de comunicar máquinas y personas mediante el uso de lenguas naturales.

Otros campos de la Inteligencia Artificial desarrollados por estos proveedores estratégicos son los asistentes virtuales (20%), la investigación operativa para la reasignación de recursos (20%), la visión artificial (20%), los sistemas expertos (15%), los RPAs (12%) o los drones inteligentes (7%).

Por último, el estudio también señala a las 48 instituciones educativas que ofrecen formación en Inteligencia Artificial para paliar la escasez de especialistas en tecnologías de la información y mejorar las capacidades de los profesionales que demandan las empresas.

Más de la mitad, el 52%, se concentran en Madrid. De hecho, su distribución geográfica guarda enormes similitudes con el ecosistema empresarial de proveedores estratégicos. Cataluña cuenta con el 12% de las instituciones educativas, seguida de Valencia (10%), Andalucía (6%) y el País Vasco (4%). El 62% de estas instituciones cuenta con más de 25 años de antigüedad, pero un relevante 23% ha sido creado en la última década.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha advertido este jueves de que su sindicato no firmará en la mesa de reforma laboral ningún acuerdo sobre contratación que no sea útil a corto y medio plazo.

Durante su intervención en el Comité Confederal de UGT, Álvarez ha explicado que la negociación en esta mesa se centra ahora mismo en tres cuestiones: la negociación colectiva, los nuevos ERTE y la contratación.

En las dos primeras, ha dicho Álvarez, es donde se ha avanzado más. Así, en el caso de la negociación colectiva, se trata de derogar lo que estableció la reforma de 2012 para recuperar la ‘ultraactividad’ de los convenios y la prevalencia del convenio de sector sobre el de empresa.

En lo que respecta a los ERTE, el dirigente sindical ha explicado que se quiere crear un nuevo modelo más ligado a los cambios productivos y tecnológicos en las empresas. «En este capítulo debería haber un acuerdo razonable con la patronal», ha manifestado.

La parte más compleja de la negociación, según Álvarez, es la que tiene que ver con la contratación. «Para UGT hay un punto irrenunciable: este acuerdo debe ser útil y debe permitir cambiar, en el corto y medio plazo, el panorama que hay en nuestro país. Si no, no lo vamos a firmar», ha señalado.

«PONER LA DIRECTA» PARA QUE SUBAN LOS SALARIOS

Por otro lado, el líder de UGT ha resaltado la necesidad de que el sindicato «ponga la directa» para que aumenten los salarios en España.

En este sentido, ha recordado que UGT y CCOO han convocado movilizaciones el próximo 16 de diciembre frente a la sede de la CEOE en Madrid para que la patronal se siente a negociar un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, que facilite la negociación de los convenios colectivos.

Álvarez ha insistido en que los salarios no pueden obviar el aumento de los precios y el hecho de que «desde 2008 el salario medio no ha crecido por la reforma laboral de 2012».

Así, ha resaltado que la negociación colectiva es el elemento fundamental para redistribuir la riqueza y ha puesto en valor el trabajo sindical y la lucha de los trabajadores del metal en Cádiz, que «han demostrado que, si se quiere, se puede».

Una gran manifestación de ganaderos –más de 1.000 personas según los organizadores– con unos 200 tractores ha colapsado este jueves el centro de Oviedo para marcar «un punto de inflexión» en el sector y mostrar a las administraciones y a la sociedad en general «que nos vamos a defender».

Así lo ha indicado el secretario general de Asturias Ganadera –entidad convocante–, Xuan Valladares, minutos antes de dar comienzo a la manifestación, junto las instalaciones del Principado en Llamaquique y que ha recorrido el centro de Oviedo hasta finalizar entre el Palacio de Presidencia y la Junta General.

Valladares ha indicado que se trata de una jornada «agridulce» al «salir por fin a la calle masivamente», pero ha indicado que la movilización se convoca ante «el acoso de la gran distribución y por los malos políticos». «Cada dos o tres días desaparece una ganadería», ha indicado.

En ese sentido, a los «problemas de siempre», como los bajos precios o el lobo, se suman «los nuevos», como un turismo poco respetuoso con el entorno y con los habitantes de los pueblos. Por eso, ha situado esta convocatoria como «un punto de inflexión» donde el campo asturiano está visibilizando «que se va a defender».

Así, la manifestación marca el inicio de una serie de acciones reivindicativas para reclamar a la clase política a que legisle para regular por unos «precios justos» para el sector, sobre todo en el sector lácteo. «A partir de hoy espero que nos escuchen y nos tomen más enserio», ha proclamado.

La marcha, donde han participado cientos de ganaderos acompañados de sus animales, tractores o cencerros, ha finalizado con la lectura de un manifiesto donde han criticado la «traición y el abandono» de las administraciones públicas, tanto autonómicas como estatales, al medio rural.

Allí, han reclamado a la sociedad asturiana que consuma productos locales frente «a la competencia desleal y las importaciones innecesarias» y han exigido reforzar el sector primario frente a la «neocolonización» del campo promovida, a su juicio, por las administraciones y la «falta de servicios» que existe en estas zonas.

Por otro lado, han criticado que «la fauna salvaje está más protegida que las personas y el ganado». Además, han acusado al secretario de estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, de «traición» a Asturias. «La FSA debería reprobar públicamente a estos miembros de su partido», han indicado, para reclamar el ceso «inmediato» de la ministra Teresa Ribera por su «activismo en contra de los intereses regionales» y del consejero Alejandro Calvo, por su «incapacidad».

El Gobierno obligará a las operadoras de telecomunicaciones a pagar la tasa anual para la financiación de la Corporación RTVE un año más, es decir, hasta 2023, según lo establece el proyecto de Ley General Audiovisual, aprobado el martes por el Consejo de Ministros.

La disposición transitoria sexta dice que «en tanto no entren en vigor las nuevas previsiones relativas a la financiación de RTVE contenidas en la disposición final tercera conforme a lo establecido en la disposición final octava, continuarán vigentes las obligaciones relativas a la financiación de RTVE establecidas en la Ley 8/2009, de 28 de agosto, para los operadores de telecomunicaciones de ámbito geográfico estatal o superior al de una comunidad autónoma y para los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo de ámbito geográfico estatal o superior al de una comunidad autónoma».

La Disposición final tercera regula la nueva financiación de RTVE y la disposición final octava establece que esta nuevo mecanismo de financiación entrará en vigor en 2023.

La actual Ley de Financiación de RTVE, que entró en vigor en 2009, establece una tasa a los canales de televisión privados en abierto del 3% de sus ingresos brutos; a los de pago, del 1,5%, y a las empresas de telecomunicación, del 0,9%.

El texto del nuevo proyecto de Ley General Audiovisual, elimina la tasa para empresas como Movistar, Vodafone u Orange y obliga a que los prestadores del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma o los prestadores del servicio de comunicación audiovisual a demanda contribuyan a financiar el ente público con el 1,5% de sus ingresos en España. Las plataformas estadounidenses como Netflix o HBO quedarán eximidas de abonar la tasa.

El anterior anteproyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual sí contemplaba que las plataformas de contenidos audiovisuales ‘online’ o servicio de video bajo demanda por retransmisión en directo y de intercambio de video como Netflix, HBO, Amazon Prime, Disney+ o YouTube dedicaran el 1,5% de sus ingresos en España a tal fin.

DigitalEs, la patronal de los operadores de telecomunicaciones, ha acusado al Gobierno de «no cumplir con los compromisos» después de que el proyecto de la ley de comunicación audiovisual remitido al Congreso incluya que los operadores deban seguir pagando en 2022 el 0,9% de sus ingresos para financiar a RTVE.

El coste anual para las empresas será de 130 millones de euros y los pagos aportados a la Corporación ascienden a más de 1.500 millones de euros en total, mientras que las contribuciones de los operadores suponen más del 65% de las aportaciones realizadas a RTVE, según han trasladado en fuentes del sector.

Las empresas no financieras incrementaron un 16,8% sus ingresos en los nueve primeros meses del año, frente al desplome del 21,5% que registraron en el mismo periodo del año pasado, gracias a la recuperación económica tras el paso de lo peor de la pandemia.

No obstante, según datos publicados este jueves por el Banco de España, el valor añadido bruto (VAB) de estas empresas todavía se sitúa un 13,8% por debajo de los niveles observados durante el mismo período de 2019, antes del Covid-19, pese a crecer este año un 10,9%.

Esto es así porque en 2020 el VAB se desplomó un 22,2% por el impacto de la crisis sanitaria, al mismo tiempo que se hundió la facturación y la rentabilidad y se deterioró la posición patrimonial de muchas compañías.

El crecimiento del valor bruto en 2021 es resultado de una evolución aún ligeramente negativa en el primer trimestre del año, cuando cayó un 1,1%, de un aumento del 25,2% en el segundo trimestre y de un incremento algo más moderado, del 11,1%, en el tercer trimestre, en comparación con los mismos períodos de 2020.

En cualquier caso, la Central de Balances Trimestral (CBT) constata que en 2021 sí se ha comenzado a registrar una mejora gradual de la situación económica y financiera de las empresas, que habría revertido parcialmente el deterioro del año anterior, en línea con la recuperación económica.

CRECE UN 2,3% EL EMPLEO

En este sentido, el empleo efectivo creció en los tres primeros trimestres de 2021 un 2,3%, en términos de la media del período, frente a la caída del 6,2% que había experimentado un año antes. El empleo creció en casi todos los sectores, salvo en el de la energía, en el que se redujo un 1,3%, siendo el aumento más acentuado el de la industria y las ramas del comercio y hostelería.

Una vez más, a pesar de este incremento, las plantillas medias siguen estando un 3,8% por debajo del nivel existente en el mismo período de 2019, oscilando esta cifra entre un 1,9% (en la rama industrial) y un 5,5% (en el resto de las actividades).

De su lado, los gastos de personal crecieron un 1,7% hasta septiembre de 2021, evolución que se explica fundamentalmente por el aumento de las plantillas medias efectivas, en un contexto en el que las remuneraciones medias experimentaron un ligero descenso.

MENOR COSTE DE FINANCIACIÓN

Los ingresos financieros descendieron en 2021 un 4,1%, condicionados por los menores dividendos recibidos, que cayeron un 9,8%, en tanto que los intereses cobrados aumentaron un 12,4%. Por su parte, los gastos financieros disminuyeron un 8,2%, debido a los menores costes medios de financiación soportados por las empresas, que compensaron el efecto en la dirección contraria asociado al aumento de la deuda media del período.

Todo ello, junto con la disminución de las amortizaciones y provisiones de explotación permitió que el resultado ordinario neto (RON) aumentara un 94,9% hasta septiembre, tras el fuerte descenso del 71,1% registrado un año antes. No obstante, el indicador de beneficios es todavía un 40,3% inferior al de 2019.

La rentabilidad ordinaria del activo creció siete décimas, hasta el 2,8%, si bien se encuentra aún lejos de los niveles previos a la crisis del Covid-19, ya que en los tres primeros trimestres de 2019 este indicador se situaba en un 4,5%. Por otra parte, la rentabilidad sobre recursos propios aumentó casi un punto y medio, y se situó en el 3,8%.

Por último, en el tercer trimestre de 2021 la deuda del conjunto de las empresas se situaba un 5% por encima del nivel de finales de 2020, evolución que, no obstante, se ha visto influida por algunas operaciones de grandes compañías con un elevado peso en esta muestra, como refleja el crecimiento mediano negativo del 1,7% de la deuda de las empresas entre esas dos fechas.

La firma australiana de fraccionamiento de compras Afterpay ha retrasado la convocatoria de la junta general de accionistas convocada para la semana que viene con el objetivo de aprobar la oferta de compra por parte de Square por 29.000 millones de dólares (25.600 millones de euros), aludiendo a que todavía está esperando que el Banco de España dé su visto bueno a la operación.

Desde que se anunció el acuerdo el pasado mes de agosto, la operación ha recibido la aprobación de los reguladores de inversión extranjera de Australia, Nueva Zelanda y España. La única institución que queda por aprobar la operación es el Banco de España.

La fecha límite para que el banco central apruebe la adquisición es el 21 de febrero. Pese a ello, Afterpay estima que recibirá ‘luz verde’ a mediados de enero.

La junta de accionistas para aprobar la operación estaba prevista para el 6 de diciembre, pero la empresa la retrasará hasta una fecha posterior en este mes de diciembre pese a que «no es probable» que se reciba la autorización del Banco de España para esa fecha. En todo caso, Square y Afterpay no descartan convocar la junta para 2022.

La oferta de compra de Square, que ha decidido cambiar su nombre a Block, se realizará íntegramente en acciones. La firma ofreció una ecuación de canje de 0,375 acciones de Square por cada título de Afterpay. No obstante, la firma cofundada por Dorsey puede optar por abonar el 1% de la transacción en metálico.

Según el precio de 247,26 dólares por acción marcado por Square al cierre de la sesión del pasado 30 de julio, la transacción implica una valoración de 126,21 dólares australianos para cada acción de Afterpay, lo que representa una prima del 30,6% sobre el precio de cierre de la última sesión antes de anunciarse el acuerdo.

La segunda fase del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de CaixaBank se ha completado con un excedente de 75 empleados de los 6.452 puestos previstos, sin que se haya producido ninguna salida forzosa, según informaron fuentes de la entidad.

Durante la tercera reunión de la comisión de seguimiento del ERE, celebrada el miércoles, se revisó la aplicación de medidas organizativas, pactadas e incluidas en el acuerdo.

Del total de 6.452 puestos a amortizar, en cinco meses se ha conseguido que el excedente de servicios corporativos haya quedado resuelto y solo queden pendientes de resolver un total de 75 puestos de la red de oficinas: 20 en Las Palmas, 20 en Jaén, 10 en Almería, 9 en Asturias, 7 en Badajoz, 3 en Córdoba, 2 en Palencia, 1 en Cáceres, 1 en Melilla, 1 en Orense y 1 en Segovia.

En el primer periodo de adhesión, la entidad recibió un total de 8.208 solicitudes, de las que siguen vigentes 8.142, al anularse 75 solicitudes por renuncias, 28 por bajas y 5 por exclusiones no relacionadas con la aplicación de la prelación y los cupos.

La aplicación de las medidas organizativas previstas está permitiendo ajustar la aceptación de salidas en voluntarias en centros y territorios con exceso de solicitudes y resolver el excedente pendiente en otras áreas y provincias.

Los sindicatos han celebrado que gracias a la aplicación de las medidas acordadas en la comisión de seguimiento del 17 de septiembre y a la «repesca» por anulación de peticiones de adhesión, se han aceptado otras 133 solicitudes, de las que ya se informó a los afectados el 11 de octubre.

Asimismo, se han aceptado 49 solicitudes de traslados voluntarios de provincias excedentarias a deficitarias que han posibilitado más aceptaciones de solicitudes de adhesión.

En cuanto a la redistribución de vacantes InTouch y las vacantes del Centro de Soporte de Banca Digital de Almería, se ha reducido el excedente en 280 puestos y se ha permitido aceptar 265 salidas adicionales.

Por otro lado, se han cubierto, de momento, 99 de las 138 recolocaciones indirectas que contempla el acuerdo. En cuanto a la recolocación directa, se habían identificado 570 personas para incorporarse en empresas filiales, pero 147 no se ejecutarán, de manera que serán recolocados 423 empleados.

SE ABRE LA TERCERA FASE DE ADHESIÓN

Entre los días 10 y 17 de diciembre se abrirá un nuevo plazo de adhesión voluntaria, previsto en la tercera fase del ERE, al que podrán apuntarse los empleados que presten servicio en una de las provincias en las que sigue habiendo excedente.

Fuentes sindicales informaron de que han solicitado que en la tercera fase se atiendan medidas como el incremento de vacantes InTouch y la posibilidad de vacantes en teletrabajo de InTouch, el centro de soporte de banca digital, recolocaciones y la salida de los colectivos A que han quedado pendientes únicamente en Burgos y Girona.

La crisis de la cadena de suministro plantea riesgos para la recuperación global de la industria de la moda en 2022, según la nueva edición del informe ‘El estado del negocio de la moda 2022’ publicado por The Business of Fashion (BoF) y McKinsey & Company, que estima, no obstante, que la industria global de la moda se recuperará en 2022 con las ventas superando entre el 3% y 8% los niveles del 2019, una tasa de recuperación más rápida de lo previsto incluso hace seis meses.

Asimismo, los escenarios de moda de McKinsey muestran que la velocidad de recuperación de la industria variará según la geografía, con un crecimiento encabezado por China y Estados Unidos, y con Europa a la cola de ambas regiones.

En China, todos los segmentos de la industria de la moda se encuentran de nuevo en los niveles prepandemia, con el sector de lujo, en particular, apuntando a una previsión de crecimiento un 70-90% por encima del nivel de ventas de 2019 para finales de 2021.

Por su parte, en Estados Unidos el pulso del consumo sigue una trayectoria positiva, con un 43% de los consumidores estadounidenses afirmando la intención de aumentar el gasto en moda en 2021, según la encuesta Covid-19 de McKinsey & Company.

Con respecto a Europa, a pesar de un retorno más lento a los niveles de ventas pre-Covid, el 67% de los ejecutivos de este mercado espera mejores condiciones comerciales en 2022 que el año anterior.

Después de los devastadores efectos de la pandemia y mientras las empresas afrontan todavía sus desafíos, el año 2022 será crucial para la industria de la moda, marcado por la recuperación y crecimiento.

De acuerdo con el Índice Global de la Moda de McKinsey (MGFI), en 2020 la industria registró un beneficio económico negativo por primera vez en al menos una década.

Un 69% de las compañías de moda se enfrentaron a una pérdida de valor sin precedentes en el año 2021, un hecho que acarreó beneficio económico negativo y una reducción del rendimiento económico general de la industria.

Sin embargo, el MGFI señala un posible retorno al beneficio positivo en 2022, teniendo en cuenta el desempeño registrado en la primera mitad de 2021 cuyos datos apuntan a una evolución del sector en forma de V.

Si bien se espera que 2022 sea un año de crecimiento, muchos de los potenciales beneficios se verán contrarrestados por los desafíos relacionados con la pandemia y la economía global.

IMPACTO NEGATIVO SOBRE LOS MARGENES

Los problemas entorno a la cadena de suministro son la principal causa de preocupación para la industria, con el 87% de los ejecutivos de la industria de la moda esperando que las disrupciones en la cadena de suministro tengan un impacto negativo sobre los márgenes el próximo año.

Una combinación de escasez de materiales, cuellos de botella en el transporte y mayores costes logísticos tendrán impacto en la cadena de valor, tensando aún más el desequilibrio entre la oferta y demanda.

AUMENTO DE PRECIOS PARA LOS CONSUMIDORES

Como resultado, las empresas se verán forzadas a aumentar los precios para los consumidores.

De hecho, el 67% de los ejecutivos de la industria de la moda espera aumentar los precios al por menor en 2022, con un aumento medio del 3%, mientras que el 15% de los ejecutivos incluso espera aumentar los precios en un 10% o más.

Este incremento de los precios puede suponer un problema a largo plazo para la industria.

«Después de casi dos años de disrupción, la industria global de la moda está lista para recuperarse. Aunque esta perspectiva debería proporcionar cierto confort y alivio a la industria, las empresas deben lidiar con cuestiones importantes dentro de la cadena de suministro, donde el aumento de los costes y los cuellos de botella logísticos implicarán presiones para el consumidor en forma de aumentos de precios y demoras. Las empresas deben analizar sus modelos de cadena de suministro y enfocarse en hacerlos lo más flexibles y resilientes posibles», señala el fundador y CEO de The Business of Fashion, Imran Amed.

Por su parte, Ignacio Marcos, socio senior de McKinsey & Company, ha señalado que la industria de la moda se enfrenta este año a una transformación sin precedentes, por lo que las compañías necesitan repensar sus estrategias de aprovisionamiento, innovando su gestión de la cadena de suministro y flexibilizando el sistema para asegurar que cumplen con la demanda de consumo.

«Hay tres factores estructurales que están detrás de esta disrupción, y que se suman al impacto de la pandemia. Se trata en primer lugar de los retos operacionales, causados en parte por la creciente demanda de consumo, en segundo lugar, por la dinámica del sector del transporte y logística y, por último, de una nueva ola de acuerdos comerciales y regulación», ha explicado.

En opinión de Antonio Gonzalo, socio de McKinsey & Company, uno de los temas clave será el aprovisionamiento y las marcas necesitarán trabajar con sus proveedores para escalar la producción en proximidad y la reubicación de sus hubs de producción para asegurar la capacidad de producción y salvaguardar el acceso a las materias primas.

«En 2022 más del 70% de compañías tiene previsto acercar sus centros de producción y un 25% tiene la intención de reubicar el sourcing hacia los países de sus sedes centrales», ha señalado.

El 46% de los directores financieros europeos se siente más optimista sobre las perspectivas financieras de sus empresas que hace seis meses, según la edición de otoño de la Encuesta a la Dirección Financiera en Europa elaborada por Deloitte.

El informe se ha elaborado a partir de las respuestas de 1.330 directores financieros de 17 países europeos para abordar nuevos retos del sector, como la escasez de profesionales cualificados, el aumento de la regulación y los elevados precios de las materias primas.

«La edición de otoño revela que la confianza empresarial sigue siendo alta, aunque se ha suavizado un poco desde la primavera. Sin embargo, existen grandes diferencias entre las distintas regiones y sectores», ha destacado el socio responsable del CFO Program de Deloitte en España, José Manuel Domínguez.

Los directores financieros europeos también tienen expectativas positivas con vistas a los próximos 12 meses: el 80% de los encuestados espera que los ingresos de sus empresas aumenten en los próximos 12 meses y el 45% espera que sus márgenes operativos aumenten en los próximos 12 meses. Por otra parte, el 25% espera que disminuyan.

«La situación actual y el aprendizaje tras la crisis ha hecho que los directores financieros se muestren más cautelosos de cara a las decisiones que tomen en sus empresas. En este sentido, el 63% considera que no es un buen momento para asumir más riesgos en su balance, mientras que el 37% sí lo considera oportuno», ha asegurado la responsable del informe en España, Nuria Fernández.

Las perspectivas de empleo siguen mostrando signos de mejora y el porcentaje de directores financieros encuestados que espera que el número de empleados de su empresa aumente en los próximos 12 meses pasa del 43% al 54%.

Un 12%, sin embargo, espera que disminuya esta cifra, si bien el porcentaje llegaba al 19% en la edición anterior.