Interior y Plena Inclusión facilitarán el voto a unas 100.00 personas con dificultades de comprensión

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el presidente de la Confederación Plena Inclusión, Santiago López, han anunciado que van a trabajar para facilitar el acceso a voto a las personas con dificultades cognitivas, una medida que permitirá el acceso al sufragio a unas 100.000 personas que se incorporaron al censo electoral en 2019.

El acuerdo se ha materializado este jueves con la firma de un convenio que prevé la elaboración de información en formato de lectura fácil con el objetivo de promover el voto de personas con discapacidad intelectual y su participación como miembros de las mesas, según ha informado el departamento que dirige Marlaska en un comunicado.

El material elaborado estará disponible para su difusión a través de las páginas web y de las campañas de la Administración Pública sobre los procesos electorales. Interior y Plena Inclusión estudiarán, además, la posibilidad de implantar en los colegios electorales una cartelería de fácil comprensión.

El acto se ha celebrado en la sede del Ministerio del Interior durante un acto al que han asistido, entre otros, la subsecretaria del departamento, Isabel Goicoechea, y la directora general de Política Interior, Carmen López.

ELECCIONES MÁS ACCESIBLES

El acuerdo impulsará también la formación en materia de accesibilidad y de discapacidad intelectual a las personas que integran las mesas electorales y a los representantes de la Administración, así como la publicación de una versión del Manual de Mesa en lectura fácil.

Además, se constituirá una comisión de seguimiento, formada por técnicos de ambas partes, que evaluará la eficacia de las medidas implantadas y la mejora de los procedimientos durante los próximos años.

Esta medida tiene como objetivo la incorporación al sufragio de unas 100.000 personas que se incorporaron al censo electoral en 2019, después de que en 2018 se eliminara la privación del derecho de sufragio a las personas con discapacidad intelectual, en virtud de sentencia judicial firme, como contemplaba hasta entonces la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).