En el Día Mundial del Agua, la Asociación de Municipios Ribereños de los embalses de Entrepeñas y Buendía defienden su derecho al uso no privativo del agua en la cuenca cedente y la salud del río Tajo. "Agua para todos es agua en el Tajo, no en las carteras de los grandes empresarios de la agroindustria levantina".

En el Día Mundial del Agua, los Ribereños quieren recordar que, como indica la Directiva Marco Europea, el agua no es un bien comercial ni una materia prima, es un elemento indispensable para la vida humana y para el mantenimiento de los ecosistemas. "No podemos supeditar nuestras reservas a intereses comerciales privados, como pretende el señor López Miras".

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha agradecido hace días la "subvención" al agua desalada anunciada por el Gobierno central, aunque insistió en que la "solución definitiva" pasa por que "no se toque una sola gota" del trasvase Tajo-Segura.

"El agua no es un bien comercial como los demás, sino un patrimonio que hay que proteger, defender y tratar como tal", no lo dicen los Ribereños, lo dice la Unión Europea. A pesar de ello, no hay oportunidad que desperdicien desde la agroindustria o el Gobierno de la Región de Murcia de enfangar el debate, defendiendo sus intereses económicos", han lamentado en una nota de prensa.

El último "dislate", según señalan, "mezclar los intereses de los regantes del Trasvase con la guerra de Ucrania aprovechando que el Tajo pasa por Cartagena". "Son ganas de llamar la atención y de una manera muy indigna, usando el dolor de una guerra para enmascarar que no tienes argumentos para seguir defendiendo una infraestructura de principios del siglo XX con los criterios científicos del siglo XXI", condena Borja Castro, el vicepresidente de la Asociación de Municipios Ribereños.

"Defensa nacional es la que debería hacerse del Tajo y del Mar Menor, que son patrimonio de todos los españoles y españolas y menos populismo rastrero de aprovechar los miles de muertos de la pandemia y la guerra para defender una industria insostenible y perjudicial para todos"."Un argumento propio de un niño de diez años, enfadado porque ha perdido la razón y no quiere asumir la realidad", incide a su vez la presidenta, María de los Ángeles Sierra.

Los Ribereños remiten al último informe IPCC y "al futuro que nos espera si no cuidamos nuestros ríos y nuestras reservas de agua".

A su juicio, la industria agrícola de la Región de Murcia no alimenta al mercado nacional, "está sobredimensionada precisamente porque exporta y genera una cantidad considerable de dinero a manos privadas, no así al PIB de su región y mucho menos al de España".

"En la próxima sequía, beberemos lechugas", han ironizado los ribereños respecto una gran publicidad contratada por el SCRATS en la madrileña Puerta del Sol, "demostrando el poderío económico que luego esconden cuando exigen ayudas", señalando que "alrededor de 50.000 euros al día costaban campañas similares hace unos años".

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Pedro Sánchez, ha asegurado este martes que el candidato a la Presidencia del PP, Alberto Núñez Feijóo, está "desnortado", falta a la verdad y, sin ni siquiera haber sido elegido oficialmente como sucesor de Pablo Casado, ya ha batido el "récord" de "pifias" y "errores garrafales".

Por ello, en una rueda de prensa en el Congreso le ha pedido "sosiego" y que "deje a un lado la deriva de la confrontación extrema" que, a su juicio, ha desplegado con el uso de "calificativos" varios.

"Ya tenemos bastante con un autócrata --ha dicho en referencia al presidente ruso Vladimir Putin-- como para tener que lidiar también con líder de la oposición desnortado que falta a la verdad y al respeto".

Gómez ha censurado especialmente a Feijóo por haber utilizado la palabra "autista" para referirse al Gobierno y criticar su inacción ante las demandas que han planteado diferentes sectores que se han movilizado en los últimos días.

DEFENSA DE LOS AUTISTAS

Así, le ha pedido que "dignifique la política" y deje de obviar a las personas que padecen trastorno del espectro autista utilizando ese término de modo "peyorativo".

La diputada de Unidas Podemos y portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Aina Vidal, también ha reprochado a Feijóo sus palabras, dado que el autismo no es una enfermedad ni un insulto, sino un trastorno y una condición. En consecuencia, le ha exhortado a ser "moderado" y "sensible" con el colectivo autista.

También se ha referido al todavía presidente de la Xunta al diputado de Compromís, Joan Baldoví, en su caso para felicitarle por haber sido designado "a la búlgara", en referencia a la votación en urna organizada por el PP pese a que Feijóo no tenía rival. "Le deseo que siga muchos años como jefe de la oposición", ha agregado.

Cantabria entrará el jueves, 24 de marzo, en nivel de 'riesgo controlado' por coronavirus, lo que implica la desaparición de casi todas las restricciones, tras introducir la Consejería de Sanidad algunas modificaciones en el sistema de medición y evaluación del riesgo, tendiendo hacia una "relajación" de medidas, pero "avalada por datos técnicos".

Así lo han anunciado este martes, en rueda de prensa, el nuevo consejero de Sanidad, Raúl Pesquera, y el director general de Salud Pública, Reinhard Wallman, quienes han explicado que, tras dos años de pandemia, hay un "cambio de paradigma" en cuanto al Covid al que "hay que adaptarse".

Para ello, Sanidad ha decidido "cambiar el enfoque" e introducir algunos "ajustes importantes" a la hora de medir el nivel de riesgo y los parámetros con los que se calcula, tanto en lo que respecto a la transmisión comunitaria como a lo referido a la hospitalización.

Este "cambio de paradigma" viene motivado, según ha explicado Wallmann, por la "muy elevada" inmunidad que se ha alcanzado en la comunidad por la alta vacunación, a lo que hay que añadir la adquirida por aquellos que han pasad el Covid, al menos más de 82.000 en la última ola, lo que corresponde a un 14% de la población.

Además, a ello se suma que, ómicron, con sus "características peculiares" de trasmisibilidad y virulencia disminuida, ha hecho que el porcentaje de casos graves con respecto a los detectados se hayan reducido "drásticamente" y, con ello, también la letalidad.

INCIDENCIA EN MAYORES DE 60 AÑOS Y HOSPITALIZADOS "POR" COVID

Wallmann ha explicado que, por ejemplo, ya la transmisión comunitaria expresada en incidencia acumulada general de la población "cada vez pierde más su importancia", con lo que ahora la atención se centrará en la incidencia acumulada en mayores de 60 años, el grupo de edad "más vulnerable". "Estamos pasando de un enfoque poblacional hacia un enfoque centrado en la población de riesgo, tanto en el abordaje de la enfermedad como de las medidas", ha señalado.

Actualmente, la incidencia en este grupo de edad está en los 333 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días y en los 188 a 7, lo que supone un "ligera tendencia al alza", que habrá que esperar esta semana para ver si se confirma.

De esta forma, el bloque de la trasmisión comunitaria se va a evaluar y observar, sobre todo, con la incidencia acumulada entre mayores de 60 años.

Además, los umbrales que miden el riesgo según la transmisión comunitaria se están adaptando para ser "más generosos", lo que hará más complicado que se alcancen niveles altos de riesgo.

Y en cuanto a la hospitalización se distinguirá aquellos ingresados "por" Covid, esto es aquellos pacientes que tienen al virus y sus síntomas como diagnóstico principal, y aquellos "con" Covid, en los que éste no es el principal motivo del ingreso.

Así, en el algoritmo para determinar el nivel de riesgo para Cantabria se tendrá a partir de ahora en cuenta los hospitalizados por Covid.

En estos momentos, la ocupación hospitalaria de pacientes por Covid es del 1,3 por ciento, a diferencia con la hospitalización general de Covid, que es del 2,8%.

RELAJACIÓN DE MEDIDAS Y FIN DEL 'SEMÁFORO' POR MUNICIPIOS

Además de este cambio en los parámetros de cálculo del riesgo, se "ajustan" algunas medidas, de modo que en los niveles de riesgo 1 y 2 tendrán las mismas que en 'riesgo controlado', lo que supone una flexibilización.

De este modo, ya no habrá límites de aforos, que sí existían en los niveles 1 y 2. De este modo, las medidas se limitarán al mantenimiento de la mascarilla en interiores y también en aquellos espacios al aire libre en los que no se pueda mantener la distancia de seguridad; a todo lo referente a la necesidad de ventilación o la higiene de manos y a evitar el contacto con aquellas personas con sintomatología compatible con el Covid.

Otra de las principales novedades es que se pone fin a la medición del riesgo por municipios. De este modo, el 'semáforo Covid' seguirá por ahora publicándose a nivel semanal pero ya solo a nivel de comunidad autónoma.

Si la comunidad se mantiene mucho tiempo en 'nivel de riesgo controlado' ya no se publicará semanalmente el 'semáforo Covid', aunque internamente se seguirá observando.

Todos estos cambios se materializarán en una modificación de la resolución del 11 de mayo de medidas sanitarias para la prevención, contención y control de la pandemia del Covid y entrará en vigor el jueves, 24 de marzo, a las 00.00 horas, momento en el que la comunidad entrará oficialmente en riesgo controlado.

El consejero ha insistido en que la actitud de Cantabria es a "ir cambiando un poco el paradigma" en cuanto a la "relajación" de medidas, aunque --ha insistido-- "todo avalado por datos técnicos".

"Estamos un poco en la línea de lo que está pasando en el resto de Europa", ha dicho Pesquera, que ha explicado que con estos cambios se está empezando a "preparar el escenario" para lo que prevé que va a pasar próximamente, que el cambio en la monitorización del Covid como si fuera un gripe, en base a centros centinelas.

"La postura de la Consejería en su conjunto es ir bajando las restricciones e ir yendo más a una política más como se está haciendo en el resto de Europa", ha señalado.

Cuestionado por la posibilidad de poner fin a las cuarentenas en contagiados asintomáticos o no pertenecientes a población vulnerable, el consejero ha abogado por que las decisiones se adopten en España de forma "consensuada" y ha indicado que Cantabria "no va a ser diferente al resto".

SITUACIÓN COVID

Según han explicado respecto a la situación Covid de la comunidad, Cantabria está una situación "de valle", con 275 casos detectados en el día de ayer y una incidencia acumulada en la población general de 422 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días y de 211 a 7.

Con datos de esta mañana, Cantabria tenía a 49 hospitalizados, de los cuales 7 estaban en la UCI.

En cuanto a la detección de variantes, se está viendo que se está imponiendo el sublinaje BA.2 de ómicron, que la semana pasada ya representaba el 40% de todas las muestras analizadas.

Wallmann ha aclarado que este sublibaje de ómicron conserva "las mismas características en términos de virulencia y de hospitalizaciones", pero sí es un "poco más trasmisible" lo que podría explicar el "parón" en la bajada de casos e incluso puede haber un "ligero incremento" en las próximas semanas.

El secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, ha señalado este martes tras conocerse la resolución del Tribunal Supremo que anula el proceso de nombramiento de los cargos de la Presidencia y de la Adjuntía de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que desde el ministerio son "muy respetuosos" con las decisiones de los jueces y acatan la que ha adoptado el Alto Tribunal.

Rodríguez, en su intervención en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, se ha limitado a hacer ese comentario al ser preguntado por la decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo que calificó el proceso de viciado de raíz.

La respuesta llegaba después de que el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, le indicara si iban a hacer algo a raíz de esa suspensión, después de que calificara el acuerdo para los nombramientos entre PSOE y PP de "trapisondas y trapicheos" y dijera que las bases para la convocatoria eran "ilegales".

A su juicio, la AEPD debe ser dirigida por los mejores "y no por los amiguetes del PP y del PSOE", por lo que ha incidido en que debe anularse las bases del concurso y se haga una valoración de méritos. "No he visto un auto tan duro contra una decisión del Gobierno", ha añadido para lamentar además que el Ejecutivo ha sido condenado en costas.

Por su parte, el diputado de Vox Carlos Zambrano ha preguntado a Rodríguez si no le da vergüenza que el Ejecutivo use las instituciones de esa manera y ha señalado que el Gobierno "está deslegitimado en lo moral y político".

EL CONFLICTO CON LOS LAJS

Durante la intervención de los diferentes grupos ha salido a colación por parte de PP, Cs y Vox el conflicto que existe entre la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) y el ministerio a cuenta de las retribuciones y la capacidad de entrar a negociar de esta asociación.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Miguel Ángel Jerez, ha aseverado que al Gobierno le cuesta cumplir con la ley de Presupuestos Generales que reconoce el aumento salarial para ese cuerpo, y se ha preguntado si tanto cuesta reconocerles a los LAJS su capacidad negociadora.

Desde Cs le han echado en cara a Rodríguez también que no les reconozcan capacidad negociadora, y que desde Justicia se ofrezcan subidas de sueldo "míseras" en comparación con las competencias que asumen.

Por su parte, Zambrano ha preguntado si les consideran a los LAJS "fascistas que son manejados por la ultraderecha" por el hecho de que hagan huelga. Y ha indicado que desde su punto de vista la Justicia española está "politizada", es "lenta" y es en la que más gasto se invierte de Europa, por lo que "la ineficacia es absoluta".

Rodríguez, que ha calificado las intervenciones de "catastrofistas" y se ha vanagloriado de no tener nada que ver con Vox, ha explicado que tiene una consideración muy grande con las reivindicaciones de los sindicatos en el marco de la negociación y que trabajan para acordar con las asociaciones representativas de los LAJS las condiciones de la adecuación salarial.

Al hilo, ha advertido que este mismo miércoles, el ministerio volverá a reunirse con la UPSJ, responsable de los días de huelga que han tenido lugar en las últimas semanas. Pero ha añadido que los sindicatos son los que tienen la capacidad para negociar determinados aspectos y no las asociaciones, aunque ha apostillado que no faltará voluntad de diálogo.

VACANTES DEL CGPJ

Una vez más, otro de los asuntos que ha irrumpido en el órgano parlamentario ha sido el del bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Para Rodríguez, el PP es "el único obstáculo para renovar" el órgano de gobierno de los jueces, por lo que le ha pedido capacidad de consenso, al igual que para otros temas como las distintas leyes de eficiencia en Justicia.

Desde Cs le han pedido que atienda a las demandas del Supremo y del CGPJ y han lamentado que cometieran "la tropelía" de quitar la capacidad al órgano de hacer nombramientos porque las vacantes continúan en aumento. "Luego querrán celeridad sin magistrados, pero sin magistrados no hay justicia y sin letrados asesores tampoco hay justicia", ha explicado Bal.

Desde Vox han afeado al Gobierno que se empeñe en mantener el control del CGPJ con esa reforma legal para que no pudieran hacer nombramientos mientras estuviera en funciones, y han añadido que en cuanto vieron que el Constitucional anulaba el decreto del Estado de Alarma se apresuraron a pactar el nombramiento de nuevos magistrados del TC.

Desde el PP, Jerez no ha querido sumarse a las críticas por el fallo sobre la AEPD o sobre la no renovación del CGPJ y se ha centrado más en denunciar una falta de interlocución con el nuevo equipo del ministerio.

Sí que ha lamentado que las vacantes por cubrir sean "el talón de aquiles" de la Adiministración de Justicia y ha recalcado que afecta tanto a jueces como magistrados y fiscales. Al hilo, ha recordado que los datos son "demoledores" porque el ratio es de 15 jueces por cada 100.000 habitantes mientras que en Polonia es de 20. "Ya nos gustaría ser Polonia", ha espetado.

Ha puesto el foco también en la necesidad de que la Ley de Eficiencia Digital --sobre la que varios diputados han recordado las discrepancias del CGPJ-- cuente con suficientes en medios económicos y con una adecuada formación del personal, y ha criticado que esa norma no se fije en que se han de homogeneizar los sistemas de Justicia en España.

LAS LEYES DE EFICIENCIA

Por otro lado, en su intervención inicial --a petición propia--, Rodríguez ha anunciado que en menos de un mes el Consejo de Ministros remitirá al Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa y el Proyecto de Ley de Eficiencia Procesal.

Ha explicado que los principios que cimentan la acción del Ministerio de Justicia se basan en lograr mejores condiciones laborales y profesionales en el sector Justicia, que se vea la Administración de Justicia como un servicio público y contribuir a la transformación del país.

Tras anunciar que llevarán ambos proyectos al Congreso, ha apuntado que pondrán las piedras fundacionales de las oficinas de justicia porque quieren una Justicia "más accesible" para cohesionar el territorio y luchar contra la despoblación. También ha apuntado que apuestan por la creación de los tribunales de instancia.

Al hilo, ha desmentido --"es rotundamente falso"-- que se haya dejado de lado la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que entre otros cambios supone dejar en manos de los fiscales la instrucción procesal. Y ha avanzado que continúan con los trabajos relativos al Anteproyecto de Ley del Derecho a la Defensa.

EL COLAPSO EN EL REGISTRO

Durante la comisión, la diputada de Esquerra, Carolina Telechea, ha puesto el foco en los techos de cristal en la cúpula judicial, y ha celebrado que se trabaje en la eficiencia digital pero se ha preguntado si será suficiente dada la brecha digital existente y que hay personas que no tienen acceso a ese mundo.

Tras celebrar el sistema de becas impulsado por el Ejecutivo para el acceso a la carrera judicial, ha denunciado el bloqueo del Registro Civil para las juras de nacionalidad. Así, ha explicado que hay "colapso terrible", y Rodríguez se lo ha reconocido y le ha señalado que están trabajando en solucionarlo.

El diputado de Unidas Podemos, Roberto Uriarte, ha indicado que la Justicia debe buscar la igualdad no solo de oportunidades sino material, y ha señalado que ha de ser de proximidad.

Ha calificado de fundamental la trasposición aprobada en Consejo de Ministros de la Directiva de alertadores, y ha señalado que es fundamental eliminar las zonas de oscuridad, de no control, derivados de los secretos de Estado, así como dar pasos hacia la justicia universal.

El PSOE ha impedido que el Congreso citase este mismo miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante el Pleno para explicar el cambio de opinión del Ejecutivo sobre el Sáhara Occidental, una comparecencia que reclama toda la oposición y que previsiblemente tendrá lugar el 30 de marzo.

Según han informado fuentes parlamentarias, en la Junta de Portavoces de este martes, el PNV ha solicitado modificar el orden del día del Pleno de esta semana para incluir las explicaciones del presidente sobre su viraje respecto a la ex colonia española al avalar el plan de autonomía que plantea Marruecos.

El PP se ha sumado y ha ofrecido que se citase a Sánchez sobre la base de la petición de comparecencia que el Grupo Popular registró el pasado sábado, que ha sido calificada por la Mesa del Congreso esta misma mañana. Las registradas por el resto de formaciones no han pasado aún el filtro del órgano de gobierno de la Cámara y no podían debatirse todavía.

SE REQUERÍA UNANIMIDAD

Sin embargo, modificar el orden del día del Pleno de la semana en curso requiere unanimidad y el PSOE no ha accedido. Distintos miembros de la Junta de Portavoces sostienen que Unidas Podemos no ha intervenido en este debate.

Antes de la reunión de la junta, el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, había anunciado en rueda de prensa que, según le había comunicado su homólogo del PSOE, Héctor Gómez, la comparecencia de Sánchez tendría lugar el día 30 y que la previsión era que informara tanto sobre el giro relativo al Sáhara como del resultado del Consejo Europeo de esta semana en el que se debatirán medidas para atajar la subida del precio de la energía por la guerra de Ucrania.

Pero después, en su propia intervención ante los medios Gómez ha garantizado que Sánchez acudirá a la Cámara, pero ha informado de que la Junta ni siquiera había fijado fecha a la comparecencia sobre el Consejo Europeo.

El dirigente socialista ha señalado que Sánchez --que sí estará a primera hora de este miércoles en el Congreso para participar en la sesión de control--, está estos días inmerso en su ronda europea preparatoria de la cumbre que arranca el jueves y que ya se comunicaría más adelante en qué fecha puede acudir a la Cámara para dar cuenta de los temas que sean pertinentes.

MAÑANA, ALBARES

En este contexto, ha recordado que el Congreso ya tiene fijada para este miércoles a las cuatro de la tarde la comparecencia del ministro del ramo, José Manuel Albares, ante la comisión parlamentaria del ramo.

Gómez no ha descartado que pueda convocarse un Pleno monográfico sobre el Sáhara, como reclama la oposición, pero los demás grupos dan por hecho que al final se acabará convocando una comparecencia para el día 30 en la que hablará de varios temas.

De hecho, la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha garantizado que Sánchez dará cumplidas explicaciones en sede parlamentaria no sólo sobre la cita comunitaria de esta semana y el nuevo marco de relaciones con Marruecos, sino también sobre del plan nacional de respuesta a la crisis económica agravada por la guerra en Ucrania --que el Gobierno prevé aprobar el día 29-- y también de la próxima Cumbre de la OTAN.

"Como es habitual (tras un Consejo Europeo), el presidente comparecerá en el Congreso, máxime cuando les decimos que es un Consejo muy importante --ha señalado en la rueda de prensa en Moncloa--. Estamos ajustando las fechas y muy probablemente será el próximo miércoles".

El juzgado de lo penal 4 de Tarragona ha condenado a cinco años de inhabilitación para empleo o cargo público a un exconcejal de Calafell (Tarragona) por haber anulado más de 770 multas, y a indemnizar al Ayuntamiento de la localidad con 11.542,28 euros, por ser autor responsable de un delito de prevaricación continuado.

En la sentencia, recogida este martes, han explicado que el acusado fue concejal de Seguridad Ciudadana del consistorio de Calafell entre 2011 y 2015, y que su trabajo era instruir los expedientes sancionadores de tráfico y cancelar o no tales expedientes con su firma electrónica personal una vez habían sido tramitados.

Así pues, el magistrado ha declarado que "aprovechando el cargo que ostentaba y sin justificación legal para ello, el acusadoanuló numerosos expedientes sancionadores de tráfico --más de 770--entre los años 2011 y 2015 con el fin de que no fueran abonadas las pertinentes sanciones administrativas".

La mayoría de las sanciones estaban relacionadas con infracciones en la zona azul, y el acusado anuló sus propias multas, de sus familiares, de otros concejales del equipo de gobierno y de otras personas y empresas de su entorno.

El magistrado también ha explicado que antes del juicio, el acusado abonó 15.000 euros como responsabilidad civil y gastos derivados del procedimiento, es por eso que en la condena se tiene en cuenta el atenuante de reparación del daño.

Fundación Damm ha formalizado una donación de alimentos y bebidas a través de la ONG World Central Kitchen, del cocinero José Andrés, que se destinarán a satisfacer las necesidades básicas de los refugiados ucranianos que llegan al Centro de Recepción, Atención y Derivación de de Pozuelo de Alarcón (Madrid), tras huir de la guerra en su país.

En concreto, se ha donado más de 1.000 sándwiches Rodilla, cerca de 1.000 litros de zumos de frutas, más de 1.100 litros de leche Letona y 150 litros del batido de chocolate Cacaolat, así como 15.000 galletas que se repartirán entre las personas a las que atienden a diario, a quienes proporcionan la documentación necesaria para moverse, residir y trabajar en España.

La donación, según informa la fundación, ha sido posible por la implicación de la chef madrileña Pepa Muñoz y de Alicia Ruiz Yebra, coordinadora de World Central Kitchen en España.

Además, ha donado directamente 6.000 euros a la oenegé del chef José Andrés, que desde que comenzó la ofensiva militar de Rusia está apoyando a los restaurantes locales en la preparación de comida y su posterior distribución entre la ciudadanía ucraniana, gracias a la colaboración de miles de voluntarios.

La entidad también colabora con 'Tapas por la paz', iniciativa nacida en restaurantes de Barcelona y que ya se está extendiendo por todo el país. En cada comida, cada comensal podrá añadir 1 euro a la cuenta, el cual irá directamente a World Central Kitchen.

Asimismo, el pasado fin de semana los colaboradores de Damm participaron en la Magic Line SJD, la movilización solidaria en favor de las personas en situación vulnerable que organiza cada año la Obra Social de San Juan de Dios y que, en esta edición, parte de la recaudación obtenida se destinará a ayudas para atender a familias refugiadas procedentes de Ucrania.

Los equipos de Damm recorrieron más de 2.200 km, por los cuales la Fundación Damm donará 1 euro por cada quilómetro recorrido por los y las participantes de Damm.

En este contexto, la entidad declara que sigue de cerca en la evolución de las necesidades sociales que pueda generar este conflicto y prevé ampliar sus colaboraciones en los próximos días.

La coordinadora general del PP y portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha enmarcado en la agenda "normal" de una comunidad autónoma que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, viaje a Bruselas, donde mantendrá encuentros con diferentes líderes comunitarios. A su entender, no tiene por qué informar al PP nacional de ese tipo de actuaciones, que entran en el marco de su autonomía.

En concreto, la presidenta de la Comunidad de Madrid viajará los próximos 29 y 30 de marzo a Bruselas, donde mantendrá encuentros con diferentes líderes comunitarios con el objetivo de "abordar diferentes asuntos de interés para el Gobierno regional y estrechar lazos con las instituciones europeas", según han informado fuentes del Ejecutivo madrileño.

Al ser preguntada expresamente si Ayuso ha informado a Génova de ese viaje y si no debería ser Alberto Núñez Feijóo, que va a ser el nuevo líder del partido, el que lo hiciera, Gamarra ha señalado que Ayuso no tiene por qué informar al PP nacional "de lo que es la agenda de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid".

"Las CCAA forma parte de la política europea y el Comité de las Regiones si por algo se caracteriza es por la presencia de las CCAA y de los gobiernos locales", ha manifestado, para añadir que las autonomías son "unos agentes clave" en la política europea.

"LO HACEN HABITUALMENTE LOS PRESIDENTES AUTONÓMICOS"

A su entender, lo que demuestra Ayuso con este viaje es "lo que le está faltando al Gobierno de España". "Mientras los gobiernos autonómicos del PP sí que tienen una sensibilidad ante lo que está pasando y aprueban medidas concretas en este momento, el Gobierno de España no lo está haciendo", ha manifestado Gamarra, en una rueda de prensa tras la reunión de la Junta de Portavoces.

Al ser preguntada de nuevo si Ayuso ha informado o no a Génova de esas reuniones con comisarios europeos, ha recalcado que es "absolutamente habitual" que los presidentes autonómicos "se reúnan con los distintos comisarios para poder abordar distintas políticas que les afectan a sus territorios".

"Por tanto, forma parte de la normal agenda de un Gobierno autonómico y lo hacen habitualmente todos los presidentes autonómicos cuando consideran oportuno dentro del marco de su autonomía y de la dirección de un Gobierno autonómico que han asumido y tienen la responsabilidad de llevar a cabo, ha dicho Gamarra, que ha reiterado que las CC.AA "juegan un importante papel" en la política europea.

Activistas afganas bajo protección internacional en España han pedido en el Congreso de los Diputados que "no se olvide" a las mujeres y niñas de Afganistán que han quedado atrapadas tras la toma del país por los talibanes el pasado mes de agosto de 2021.

"Pido a la Unión Europea y a las Naciones Unidas que, por favor, no se olviden de las mujeres y las niñas de Afganistán. Estamos en una batalla difícil y espero que llegue el día en que todas las mujeres y niñas dejemos de sufrir privaciones y logremos nuestros objetivos", ha subrayado la activista afgana bajo protección en España Nigin Sana.

La jefa de proyecto de la Asociación European Network of Migrant Women (ENoMW) y miembro de la Comisión Europea de Expertos en Asilo e Integración, Frohar Poya, que ha intervenido activamente en la evacuación de cientos de mujeres afganas y de sus familias desde el mes de agosto, ha agradecido la acogida de muchas familias afganas en España pero ha pedido "no dejar atrás" a las que han quedado. Según se ha recordado durante el acto, 19 millones de mujeres siguen a día de hoy en Afganistán.

También se ha mostrado "feliz" por que Europa "abra sus puertas" a los refugiados ucranianos ante la invasión rusa del país, pero al mismo tiempo se ha mostrado "decepcionada de ver cómo se cierran para otros cientos de miles de migrantes, de mujeres y niños de África, Oriente Medio o Asia".

El presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, Pau Marí Klose, ha pedido que otros conflictos no "eclipsen" la situación que viven los afganos. "No olvidarlos cuando otras situaciones dramáticas, otros conflictos, amenazan con eclipsar la situación que todavía se vive en Afganistán", ha subrayado.

En todo caso, la directora de Políticas y Campañas de CEAR, Paloma Favieres, ha advertido de que no se puede introducir "en la misma ecuación" la situación de Ucrania y de Afganistán. Según ha recordado, Ucrania está en el continente europeo y hay "libertad de circulación" y se ha activado la directiva de protección temporal por un año, mientras que la vía de Afganistán "tiene que pasar por corredores humanitarios".

En este sentido, Favieres ha insistido en la necesidad de "vías legales y seguras" ante el riesgo de que las mujeres y niños afganos caigan en manos de traficantes de personas.

Asimismo, desde las ONG como CEAR o Provivienda han reclamado un "refuerzo" de las embajadas españoles en los países limítrofes con Afganistán para agilizar las solicitudes de protección, ante la gran cantidad de las mismas.

LA INTEGRACIÓN DE LOS REFUGIADOS

Por su parte, la abogada de la ONG Provivienda, Begoña Carrera también ha puesto de manifiesto las dificultades en el proceso de integración de las afganas que han llegado a España debido al "horror" que les transmiten cada noche sus familiares que no han podido huir del país y con los que siguen manteniendo el contacto.

Precisamente, la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, ha dicho que ahora se inicia el "gran reto" de la integración de las personas desplazadas en los países de acogida y ha señalado que este mes de marzo tuvo la oportunidad de recibir a una delegación de mujeres afganas y comprobó "su coraje, valor" y "su enorme talento".

"Ese espíritu y esa fortaleza no podemos dejarlos perder en las sociedades de acogida. No sobra el talento en ninguna sociedad, y hay que ponerlo en valor, aunque venga de fuera; o, si me lo permiten, especialmente porque viene de fuera y viene de las condiciones y vivencias que viene", ha remarcado Batet.

La situación que se vive en Afganistán, según ha indicado, apela al "compromiso" de España, al igual que ahora lo hace la "invasión ilegal e injustificada de Ucrania".

"Somos testigos de nuevo del drama humano que supone dejar atrás vidas construidas, lazos, el propio país, para huir de la violencia, de la guerra, de la negación del derecho más básico, el derecho a vivir en paz y seguridad. Se trata de una situación, como la de Afganistán, que apela a nuestro compromiso con la dignidad y la libertad para mantener nuestra solidaridad con las personas refugiadas y garantizar sus derechos", ha asegurado la presidenta del Congreso.

También ha manifestado la "firmeza" del Ejecutivo en su respuesta a la crisis afgana y "en la reivindicación de un espacio digno para las mujeres y niñas como mínima condición para el restablecimiento de relaciones diplomáticas normalizadas".

En el acto ha intervenido asimismo la vicepresidenta segunda de la Mesa del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, que ha abogado por seguir trabajando para facilitar la salida de las familias que han quedado en Afganistán y por impulsar que las 40.000 plazas de reasentamiento ofrecidas por los Estados "sean una realidad".

Los ponentes también han hecho suya una frase pronunciada por la joven activista afgana Nigin Sana, quien ha dicho que "la empatía es mejor que el lenguaje".

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) Aeroespacial, un instrumento de colaboración público-privada para impulsar la ciencia y la innovación en el ámbito aeroespacial con el objetivo de dar respuesta a los nuevos retos del sector como el cambio climático, la seguridad global y la transición digital.

El PERTE Aeroespacial, creado en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, prevé movilizar cerca de 4.533 millones de euros entre 2021 y 2025, con una contribución del sector público de alrededor de 2.193 millones de euros y una inversión privada de cerca de 2.340 millones.

"Hoy mirar al futuro pasa también por mirar al cielo", ha señalado la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, que destaca este espacio como "estratégico" para la transformación de España, así como "imprescindible" para servicios tan cotidianos como la telefonía móvil, el GPS, la información sobre meteorología o el suministro de alimentos, también siendo de "utilidad" para la prevención y detección de catástrofes.

De esta forma, el PERTE contribuirá a superar en los próximos años los principales desafíos a los que se enfrenta la industria aeroespacial, por una parte, en lo relativo a las consecuencias de la crisis económica con efectos globales y particulares en el sector y, por otra, en relación con los procesos de transformación económica, social, medioambiental y de política internacional que determinan en buena medida el futuro del sector.

Gracias a este proyecto estratégico, administraciones públicas, empresas y centros de I+D+I trabajarán en coordinación para reforzar las capacidades de la industria aeronáutica y la del espacio, impulsando el desarrollo y la implantación de tecnologías innovadoras, entre las que se incluyen tecnologías que apoyan el desarrollo del avión de cero emisiones.

AGENCIA ESPACIAL ESPAÑOLA

El PERTE Aeroespacial pretende asimismo reforzar la posición de España en el sector del espacio con iniciativas como la creación de la Agencia Espacial Española, que establecerá nuevos mecanismos para coordinar las actividades espaciales a nivel nacional y la participación española en programas internacionales.

La creación de la Agencia Espacial Española, que también está prevista en la reforma de la Ley de la Ciencia y en la Estrategia de Seguridad Nacional, responde a que España es "el único país europeo sin agencia espacial propia", según ha remarcado la ministra Morant.

Así pues, se trata de uno de los PERTEs con más marcado carácter internacional impulsado por el Gobierno de España. En concreto, el Proyecto plantea también la colaboración española con Portugal con iniciativas como el desarrollo de la Constelación Atlántica, un programa satelital de observación de la Tierra con el que España y Portugal monitorizarán fenómenos como el cambio climático.

Mediante esa colaboración con Portugal, este será el primer PERTE que incluya financiación del plan de recuperación de otro país. Por otra parte, el PERTE integra también la cuota española en la Agencia Espacial Europea ya que, además de los servicios prestados por dicha agencia a España, los retornos en territorio nacional asociados a esta contribución son una fuente de ingresos fundamental para la industria espacial española.

OBJETIVOS DEL PERTE AEROESPACIAL

Los objetivos específicos del PERTE se articulan en torno a tres pilares: el aeronáutico, el espacial y el transversal. Por un lado, los objetivos del pilar aeronáutico son capacitar a la industria en tecnologías y sistemas cero-emisiones para aeronáutica; desarrollar demostradores en el ámbito de las aeronaves multipropósito y vehículos aéreos no tripulados (UAV); así como avanzar en el desarrollo de infraestructuras aeronáuticas para cumplir los requisitos del reglamento del cielo único europeo.

Los objetivos específicos del pilar espacial son: mejorar las capacidades del sector del espacio en el diseño de cargas útiles relacionadas con el control medioambiental, las comunicaciones cuánticas y la seguridad en cooperación internacional; y posicionar al sector espacial en el mapa europeo del uso comercial del espacio.

Por último, el pilar transversal, que afecta a los dos subsectores, se marca como objetivos específicos: impulsar actuaciones de innovación, sostenibilidad y digitalización en centros fabriles; fomentar la capacitación y formación orientada al sector aeroespacial; cohesionar y conectar el ecosistema de innovación en el ámbito aeroespacial; y habilitar fondos público-privados para reforzar a las empresas del sector.

Este PERTE contempla la participación no solo de las grandes empresas multinacionales que dominan el sector, sino también de empresas emergentes especializadas en tecnologías aeroespaciales, que según el Ministerio de Ciencia e Innovación, están experimentando una evolución "muy prometedora en años recientes" en España.

GOBERNANZA DEL PERTE

Para la coordinación del PERTE Aeroespacial se establece un grupo de trabajo interministerial, presidido por la ministra de Ciencia e Innovación, que contará con representación de hasta diez Ministerios: el de Hacienda y Función Pública; Educación y FP; Trabajo y Economía Social; Defensa; Asuntos Económicos y para la Transformación Digital; Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; Transición Ecológica y para el Reto Demográfico; Industria, Comercio y Turismo; Agricultura, Pesca y Alimentación; y Universidades.

Además, para contar con todos los actores relevantes y garantizar un diálogo permanente, integrando la colaboración público-privada, se crea una Alianza por el PERTE Aeroespacial, que estará presidida por la ministra de Ciencia e Innovación.

Esta alianza integrará a los miembros del órgano interministerial, a las comunidades autónomas, a Organismos Públicos de Investigación (OPI), así como a asociaciones empresariales, organizaciones sindicales con relevancia en el sector, plataformas tecnológicas y comunidades de usuarios. Asimismo, el modelo de gobernanza del PERTE podría incluir a agentes internacionales con competencias en el ámbito aeroespacial.

Vox enmarca el acuerdo del Gobierno con Marruecos sobre el Sáhara Occidental en una decisión "a título individual" del presidente, Pedro Sánchez, que no asume como política de Estado y por tanto "no compromete a nadie".

En rueda de prensa en el Congreso, el portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha censurado que no se conozcan los detalles del acuerdo alcanzado con Marruecos, que el PSOE no consultara a su socio de Gobierno ni apoyos parlamentarios y que ni siquiera lo consultara con diplomáticos o la Casa Real.

Por tanto, ha insistido en limitarlo al actual jefe del Ejecutivo y ya ha adelantado que, si Vox tiene responsabilidades de gobierno, reevaluará todas las políticas de relación con Marruecos, con Argelia y también con Mauritania.

"No nos sentimos vinculados a decisiones erróneas, carentes de responsabilidad y de sentido común", ha insistido sobre un cambio de postura que ve "superficial" y "dañino para los intereses" de los españoles.

En este sentido, no ha detallado la postura de Vox respecto al Sáhara Occidental, limitándose a explicar que el partido se atiene a la legalidad internacional. Con Vox en el Gobierno, la posición de España sería "lógica, sensata, prudente y teniendo en cuenta los intereses de España", ha incidido.

La incidencia acumulada a 14 días en la Comunidad de Madrid ha subido 3,91 puntos desde el pasado viernes para situarse en 226,45 casos por cada 100.000 habitantes, según los datos del departamento dirigido por Carolina Darias publicados este martes.

En concreto, la incidencia a 14 días ha pasado de 222,54 casos por cada 100.000 habitantes del viernes a los 226,45 de hoy, tras sumar 15.288 casos en las dos últimas semanas, 8.024 de ellos en los últimos 7 días.

Tras asistir a la inauguración de Infarma Madrid 2022, el consejero de Sanidad de la Comunidad, Enrique Ruiz Escudero, ha destacado que a día de hoy la incidencia acumulada a 14 días está sobre los 230 casos por cada 100.000 habitantes y de 120 a 7 días, por lo que continúa la fase de "estabilidad". "La buena noticia es que a nivel asistencial continúa el descenso leve, con unas 90 camas en UCI y unas 500 de hospitalización", ha destacado.

En esta línea, ha recordado además que un 40% de los hospitalizados en planta y un 57% de los ingresados en UCI son por Covid, es decir, que su ingreso está relacionado directamente con el contagio de SARs-CoV-2. "Estamos en cifras muy bajas y eso es lo que nos tiene que condicionar la toma de medidas", ha explicado para defender que Madrid volverá a llevar a la Comisión de Salud Pública la eliminación del uso obligatorio de mascarilla en interiores, salvo en hospitales, residencias de mayores y vulnerables y transportes públicos.

Según los datos del departamento de Carolina Darias, la región continúa por debajo de la media nacional en incidencia acumulada, fijada en 436,54 casos por cada 100.000 habitantes, que sube 6,44 puntos. En cualquier caso, Madrid está en segunda posición entre las regiones con menores niveles en este indicador, únicamente por detrás de Melilla (200,55).

De esta forma, en cuanto a la incidencia acumulada a 7 días, la que fija el comportamiento del virus a más corto plazo, la región sube 17,99 puntos y se sitúa en 118,85 casos por cada 100.000 habitantes. En este indicador, la Comunidad también está por debajo de la media nacional, con 209,89 casos por cada 100.000 habitantes en el conjunto del país (sube 6,24 puntos).

En cuanto a los fallecidos, desde el pasado 11 de mayo, en la región se han contabilizado 17.803 muertos en la región, 7 de ellos con fecha de defunción en los últimos 7 días. De esta forma, la letalidad global de la pandemia en la Comunidad se sitúa en 1,1%, frente al 0,9% a nivel nacional.

SITUACIÓN ASISTENCIAL

Respecto a la situación asistencial, la tasa de ocupación hospitalaria cae 1,41 puntos, pasando de 9,53 del viernes a 8,53 de este martes, por debajo de la media nacional de 9,88, con un porcentaje de ocupación de camas Covid de 3,86% (-0,38), frente al 3,78% general.

En el caso de las UCI, la tasa baja a 1,33, por encima del 1,16 registrado en el conjunto de España, y el porcentaje de camas ocupadas baja a 8,23% (-1,47%), frente al 6,06% en el total nacional.

Mientras, la tasa de positividad se sitúa en el 11,59%, frente al 17,94% a nivel nacional. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que este dato se encuentre por debajo del 5% para considerar como 'controlada' la propagación del virus.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, se han notificado 54.147 nuevos casos de COVID-19. Estas cifras son superiores a las del mismo día de la semana pasada, cuando se notificaron 36.066 positivos.

La cifra total de contagios en España se eleva ya a 11.378.784 desde el inicio de la pandemia, según las estadísticas oficiales. La incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 436,54, frente a 445,80 el viernes pasado. En las pasadas dos semanas se ha registrado un total de 206.856 positivos.

En el informe de este martes se han añadido 350 nuevos fallecimientos, en comparación con 281 el martes pasado. Hasta 102.053 personas con prueba diagnóstica positiva han fallecido desde que el virus llegó a España, de acuerdo con los datos recogidos por el Ministerio. En la última semana han fallecido 177 personas con positivo confirmado en España.

Actualmente, hay 4.686 pacientes ingresados y positivos en Covid-19 en toda España (4.580 el viernes) y 552 en UCI (597 el viernes). En las últimas 24 horas, se han producido 491 ingresos (508 el viernes) y 269 altas (577 el viernes). La tasa de ocupación de camas ocupadas por coronavirus se sitúa en el 3,78% (3,69% el viernes) y en las UCI en el 6,06% (6,55% el viernes).

Entre el 13 y el 18 de marzo, las comunidades autónomas han realizado 624.567 pruebas diagnósticas, de las cuales 288.001 han sido PCR y 336.566 test de antígenos, con una tasa global por 100.000 habitantes de 1.318,07. Mientras tanto, la tasa de positividad se sitúa en el 17,94%, frente al 17,50% del viernes.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, coincidiendo con la efeméride del Día Mundial del Agua, el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Digitalización del Ciclo del Agua que prevé movilizar más de 3.000 millones de fondos públicos y privados este año y el próximo y que estima una creación de empleo de unos 3.500 puestos de trabajo.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha indicado que este PERTE será una herramienta para transformar y modernizar los sistemas de gestión del agua en España, tanto en el ciclo urbano, como en el regadío y en la industria para lo que el proyecto incluye ayudas para impulsar esta digitalización.

"Agua y energía son elementos determinantes de nuestro bienestar, con alto contenido económico para el conjunto de actividades, industrias, servicios, bienestar y con contenido económico del conjunto de actividades, industrias, servicios, bienestar de las ciudades y los hogares", ha valorado Ribera, que ha recordado que la gestión del ciclo integral del agua es "tan determinante" que incide en un tercio del PIB.

En ese sentido, considera necesario completar la modernización del ciclo del agua con herramientas "fundamentales" como la digitalización, la innovación y la formación de los profesionales y ha recordado que España es una de las potencias más importantes en materia de industria y servicios del agua.

La vicepresidenta confía en que con este PERTE se logrará mejorar el conocimiento del recurso, facilitar una gestión más transparente, ayudar a cumplir los objetivos ambientales para las distintas masas de agua y generar empleo de alta cualificación técnica propiciando oportunidades de negocio dentro y fuera de España.

Además, ha explicado que con el objetivo de aumentar la gobernanza y la transparencia, el proyecto estratégico incluye la puesta en marcha de un Observatorio de la Gestión del Agua en España.

Otra de las novedades que incorpora es la creación de un sello de calidad que se otorgará a los usuarios con mejores prácticas en el manejo del recurso hídrico.

Para poner en marcha el PERTE se modificará la Ley de Aguas, para incluir los avances en digitalización y se actualizará el Reglamento de Dominio Público Hidráulico para apostar por la teledetección en el control de los usos del agua y marcar las condiciones tecnológicas para los nuevos aprovechamientos.

Así, el PERTE impulsará el uso de las nuevas tecnologías de la información en el ciclo integral del agua, para mejorar su gobernanza y transparencia, aumentar su eficiencia, reducir las pérdidas en las redes de suministro y avanzar en el cumplimiento de los objetivos ambientales marcados por la planificación hidrológica y las normativas internacionales.

Según ha destacado Ribera, este es el tercer PERTE impulsado por su departamento después de los dirigidos a Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento (ERHA) y el de Economía Circular.

El nuevo PERTE prevé una movilización de 3.060 millones de euros en inversiones públicas y privadas, 1.940 millones de los fondos europeos y prevé otros 1.000 millones de financiación privada y activará la creación de cerca de 3.500 empleos de calidad, abriendo nuevos nichos profesionales en la gestión del agua.

Ribera ha recordado que España es uno de los países de la Unión Europea con mayor estrés hídrico y que en los próximos años se esperan disminuciones de hasta el 25 por ciento del recurso en todo el país y del 40 por ciento en el sureste peninsular para finales de siglo.

De ese modo, la vicepresidenta considera que el uso de nuevas tecnologías para conseguir una información precisa y actualizada en sectores como el ciclo urbano del agua, el regadío y la industria "permitirán tener una mejor capacidad de control y gestión del recurso".

En concreto, ha explicado que el PERTE desarrollará programas de ayudas para impulsar la digitalización de los distintos usuarios del agua y avanzar en la protección del medio ambiente, la mejora de la gestión de los recursos hídricos y la lucha contra el cambio climático y el reto demográfico.

CONVOCATORIAS DE AYUDAS

Así, ha dicho que a lo largo de 2022 y 2023 se lanzarán varias convocatorias de ayudas para administraciones y entidades competentes en el ciclo urbano del agua, la industria y para comunidades de regantes y de usuarios de aguas subterráneas.

Esta línea de actuación cuenta con una inversión directa de 1.700 millones de euros, que arrastrará una movilización adicional de 1.120 millones de colaboración público-privada.

En torno al 80,5 por ciento del agua en España se destina al regadío y usos agrarios, seguido del 15,5 por ciento del abastecimiento del ciclo urbano.

En concreto, estima que la facturación media del sector es de 7.600 millones de euros anuales, pero el 23 por ciento del agua potable ya tratada se pierde por las redes de distribución. Precisamente, Ribera ha destacado que el PERTE contribuirá a los planteamientos de la Agenda 2030 es reducir estas pérdidas un 10 por ciento y aumentar la facturación unos 700 millones de euros adicionales al año.

El PERTE incluye dos convocatorias de ayudas con 1.200 millones de euros de inversión, para que municipios de más de 20.000 habitantes implanten contadores inteligentes, sistemas de comunicación y plataformas de big data para analizar toda la información recogida. El proyecto incluye avances en sensorización, monitorización y telemando de las infraestructuras de saneamiento, que mejorarán la depuración de las aguas y permitirán una mayor reutilización del recurso.

Por su parte, el sector industrial contará con una subvención de 100 millones de euros para financiar programas de digitalización con el doble objetivo de reducir insumos y mejorar la gestión de los vertidos.

REGADÍO CON CONTADORES INTELIGENTES

En cuanto a la digitalización de regadíos, el PERTE valora su potencial productivo --la superficie regada es un 22,6% de la superficie cultivada y contribuye en un 65% a la producción vegetal-- pero destaca que como contrapartida supone el uso de un "importante" volumen de agua.

Las ayudas para regadío se destinarán a implantar contadores en las tomas de agua y parcelas, mejorar los sistemas de control de la humedad y conductividad del suelo, aumentar la medición de los aportes de fertilizantes o automatizar los sistemas de riego. Las subvenciones alcanzarán 200 millones de euros.

El Gobierno considera que este proyecto estratégico complementa al PERTE Agroalimentario ya aprobado para mejorar la competitividad y la sostenibilidad del sector agrario ante los retos del cambio climático y la conservación ambiental.

Por otro lado, este PERTE invertirá 225 millones en modernizar e impulsar la digitalización en los organismos de cuenca y los Sistemas Automáticos de Información Hidrológica. En ese sentido, se acelerará la implantación de herramientas digitales como el Registro de Aguas electrónico y la Base Central del Agua, al tiempo que plantea elaborar un Libro digital del Agua y un Registro Digital de Seguridad de Presas, Embalses y Balsas.

En este sentido, el PERTE incluye la elaboración de guías técnicas, recomendaciones y materiales divulgativos sobre el proceso de digitalización, programas de innovación y de formación para el personal implicado la gestión del agua y la puesta en marcha de proyectos concretos de I+D+i.

Para el MITECO la digitalización será clave para hacer frente al futuro hídrico de España, aportará resiliencia al sector y favorecerá nuevos nichos de empleo.

César Román, conocido como el 'Rey del Cachopo', se ha opuesto en un escrito a la entrega de los restos mortales de Heidy Paz a su familia para darle sepultura al considerar que son "útiles" para su defensa y para "un procedimiento justo" ante los insistentes intentos de que se anule la sentencia que le condenó a 15 años de cárcel por el homicidio de la joven hondureña.

El escrito de la letrada Ana Isabel Peña se presenta después de que la familia de la fallecida solicitara al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la entrega del cuerpo tras la sentencia que confirmó la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Madrid.

El torso de la joven, que se halló en agosto de 2018 en una maleta localizada en una de las naves del condenado, lleva desde entonces primero en el Instituto Anatómico Forense y ahora en el Instituto de Medicina Legal de Valdebebas.

El torso se considera una prueba clave dado que en su interior se localizó una anilla de seguridad que pertenecía a uno de los botes de sosa cáustica que habría empleado César para eliminar sin éxito el rastro de la chica asesinada días antes, según la sentencia el 5 de agosto de 2018.

La familia manifestó, a través del abogado Alexis Socias, que procedía la entrega de los restos por "no quedar cuestión alguna que resolver". Apuntó, además, que bastaría con unas muestras esenciales, respecto de esos restos, que determinen las coincidencias de ADN, con el suficiente control judicial en relación a ellos", dado que el informe de ADN es una de las cuestiones impugnadas por la defensa en su recurso ante el Tribunal Supremo.

Ahora, la abogada de César Román se niega a la entrega del cuerpo al considerar que se deben de mantener los restos cadavéricos "bajo la misma custodia en la que permanecen ahora, toda vez que pueden ser útiles para la defensa efectiva, así como un procedimiento justo".

La letrada ha solicitado al TSJM una aclaración de la sentencia respecto a todos los aspectos que impugnó, entre ellos el informe de ADN que determinó que el torso hallado en la nave de César era el de su pareja.

El Secretario de Estado de Justicia, Antonio Rodríguez, ha respondido este martes a las críticas de Vox al indulto parcial que el Gobierno concedió a Juana Rivas, asegurando que a los de Abascal les "importa un higo" tanto ella "como sus hijos" y lo rechazan como un ataque a un Gobierno que "consideran ilegítimo".

Durante su comparecencia en la Comisión del ramo del Congreso, el Secretario de Estado ha avanzado algunas de las líneas de actuación de su departamento y también ha respondido a varias preguntas orales formuladas por Vox, una de ellas referentes al indulto de Rivas.

En concreto, el diputado Eduardo Ruiz ha cuestionado al secretario de Estado por esta decisión que, a su juicio, ha seguido "criterios políticos" y "nunca debió" producirse.

En su intervención, Ruiz ha acusado al Ejecutivo de "revictimizar" al marido de Rivas y ha explicado su "sufrimiento" por no poder ejercer sus derechos paterno-filiales. Además, criticado que no se haya tenido en cuenta una declaración de uno de los menores asegurando haber sido víctima de abuso cuando estaba bajo la custodia de su madre.

HOMBRES, "SUJETOS DE SEGUNDA"

A su juicio, al Gobierno se le "llena la boca" hablando de Igualdad pero, en su opinión, esta es "más falsa que una moneda de chocolate" y le ha reprochado tratar a los hombres como sujetos "de segunda" bajo "la bota" de leyes como la de violencia de género.

Tras estas declaraciones, Rodríguez ha ve "claro" que esta actitud no tiene que ver con "los problemas de misoginia" que, a su juicio, tiene el partido, sino que Vox "no acepta al Gobierno". Según ha explicado, "no lo creen legítimo" y por eso "les molesta" y "no toleran" que "haga uso de las facultades que la Constitución les da". "Les importa un higo Juana Rivas y sus hijos", ha declarado.

Así ha indicado que la formación que dirige Abascal se basa en una "mezcla" de "machismo patológico" y de "no asumir al Gobierno". "Tienen una inquina insana al que piensa diferente", ha señalado el secretario de Estado.

Aún así, ha recordado que el indulto concedido a Rivas no dice que esta no sea culpable. De hecho, ha explicado Rodríguez, ella ha asumido que es culpable y este es uno de los requisitos por los que puede ser indultada "una parte de la pena que le quedaba por cumplir".

JUSTICIA PATRIARCAL

En la misma sesión, Vox ha cuestionado también a Rodríguez por las declaraciones hechas en junio del año pasado por la ministra de Igualdad, Irene Montero, asegurando que en España existe una Justicia patriarcal.

La portavoz de la formación, en este caso, la diputada Patricia de las Heras, ha denunciado que la igualdad que se recoge en la Constitución se "quiebra" con la Ley de Violencia de Género que "aumenta las penas" cuando el agresor es hombre y, por tanto "distingue entre sexos".

UNA POLÍTICA TRANSVERSAL

"La Igualdad es una política trasversal del Gobierno", ha respondido Rodríguez, quien ha indicado que Vox tiene "una idea errónea del feminismo". "Piensa que es poner a la mujer en un plano de superioridad y no es así", ha declarado, antes de indicar que "no es ni más ni menos, que poner en igualdad al hombre y a la mujer".

En este sentido, ha indicado que, desde Justicia, se "removerán los obstáculos" necesario para lograr la "igualdad de trato y oportunidades" de los hombres y las mujeres y ha hablado de eliminar conceptos "arcaicos" o de "reforzar la formación" en esta materia en toda la administración.

Rodríguez ha hablado, en este sentido, de un "cambio de cultura" poniendo al servicio de la ciudadanía un "servicio público digno" de "una sociedad democrática avanzada.

Además, se ha referido, durante su análisis de las líneas de trabajo de su departamento, a "mejorar las condiciones de trabajo y términos de conciliación". Así, ha recordado que en la propuesta legislativa en la que trabaja el Congreso sobre eficiencia procesal, se introducen medidas en esta materia y se habla de la regulación de los permisos de paternidad y maternidad como causa de suspensión de procedimientos.

El Gobierno Vasco impulsará seis actuaciones para "mantener vivos el recuerdo y la memoria" de los ertzainas víctimas del terrorismo, entre ellas, la colocación en Euskadi de una escultura en homenaje a los agentes asesinados y la divulgación de testimonios en las aulas de la academia de Arkaute.

Así lo ha confirmado el presidente de la asociación de ertzainas Mila Esker, Julio Rivero, tras reunirse, junto a otros miembros del colectivo, con el Lehendakari, Iñigo Urkullu, que ha estado acompañado del vicelehendakari primero y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, y de la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, a las 11.00 horas en Lehendakaritza.

Concluida la reunión, Rivero ha explicado que, con este encuentro, Mila Esker pretendía "trasladar el sentir del colectivo" de la Ertzaintza y de las familias de los agentes víctimas del terrorismo. Para ello, esta asociación estaba avalada por los sindicatos y otras organizaciones asociativas de la Policía vasca, a los que han dado "voz".

De esta forma, han propuesto a los representantes del Gobierno Vasco seis medidas para contribuir "a mantener vivo el recuerdo y la memoria" de los ertzainas fallecidos por el terrorismo. "Veníamos con mucho optimismo a esta reunión, entendemos que se ha producido al más alto nivel y, de alguna manera, se ha demostraba una especial sensibilidad y compromiso en este caso por parte de las instituciones y del Gobierno Vasco", ha apuntado.

El encuentro, según ha destacado, "ha fluido de una manera satisfactoria para los intereses del colectivo de la Ertzaintza, y ha habido un compromiso y un acuerdo" para poner en marcha todas las medidas planteadas.

MEDIDAS INMEDIATAS

En todo caso, ha explicado que hay algunas que se desarrollarán "de inmediato", como la colocación de placas en las comisarías, el señalamiento de las fechas conmemorativas en el calendario, el minuto de silencio en los aniversarios y que, "de alguna manera, haya actos de recuerdo en cada aniversario" de la muerte de cada agente en las ertzainetxeas.

Otra serie de medidas, de mayor calado, necesitarán de más tiempo y se tendrán que materializar con la participación y colaboración de otras instituciones y organismos. Es el caso de la instalación en Euskadi de una escultura en recuerdo de todos los ertzainas y policías del País Vasco que fueron víctimas de la violencia terrorista, la festividad de la Ertzaintza o a divulgación de testimonios en las aulas de la academia de la Ertzaintza en Arkaute.

Julio Rivero ha afirmado que, en principio, "hay un compromiso de llevarlas a cabo, y se irá articulando y coordinando el trabajo de todos para hacerlo de una manera consensuada y organizada". Por ello, ha realizado un balance positivo de la reunión.

La diputada del PP en el Parlament Lorena Roldán ha considerado que la presidenta de la Cámara, Laura Borràs, debería dejar su cargo si se le abre juicio oral por presuntas irregularidades cuando presidía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), e insta a la "aplicación inmediata del Reglamento" del Parlament que en el artículo 25.4 prevé la suspensión de escaño en estos casos.

En rueda de prensa en la Cámara catalana este martes también se ha pronunciado sobre la consulta a cerca de los Juegos Olímpicos de Invierno, y se ha mostrado contraria porque cree que "pone en riesgo otra oportunidad para Cataluña", por lo que ha pedido al Govern que actúe con responsabilidad.

Sobre las presuntas relaciones entre el independentismo y Rusia, Roldán ha exigido más transparencia, "saber la verdad sobre la trama rusa del separatismo y depurar responsabilidades", así como profundizar en la investigación de las presuntas conexiones que existían.

La diputada popular ha querido apoyar a la huelga indefinida del transporte de mercancías frente a un "Gobierno de Sánchez que va tarde, mientras que otros países ya están tomando medidas", y ha pedido que se rebajen los impuestos y que, concretamente, se elimine el impuesto de emisiones de carbono.

Por último, ha vuelto a exigir la dimisión del conseller de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, ya que cree que con la huelga educativa ha "quedado clara su incompetencia para sentarse a dialogar y buscar consensos" con la comunidad educativa.