Un equipo de RTVE y varios periodistas de EFE fueron obligados el sábado 15 de agosto a salir de Castillejos, la localidad marroquí de Fnideq situada a pocos kilómetros de Ceuta, mientras cubrían la presión migratoria en la zona. La orden se comunicó de forma verbal, sin ninguna explicación formal, y ha bastado para que el Gobierno español salga a defender la libertad de prensa.

Una expulsión sin papeles ni motivos claros

RTVE manifestó su 'más enérgico rechazo' a la decisión de obligar a su equipo a abandonar Castillejos sin un documento ni un motivo formal. Según explicó la corporación pública, la orden fue verbal, se amparó en 'cumplir instrucciones' y se ejecutó sin ninguna explicación adicional.

El presidente de RTVE, José Pablo López, calificó lo ocurrido de 'obstáculo de enorme gravedad a la libertad de prensa' y exigió a las autoridades marroquíes 'plenas garantías y el máximo respeto' para que los periodistas puedan ejercer su oficio con libertad en el entorno fronterizo.

La respuesta del Gobierno español llegó horas después. Fuentes de Moncloa afirmaron que la Embajada de España en Rabat está en contacto permanente con los periodistas afectados y con las autoridades marroquíes y que se está buscando una salida al conflicto. El Ejecutivo defendió además que la libertad de prensa se protege 'en todo momento y en todas las partes del mundo'.

La expulsión ha ocurrido en un punto especialmente sensible. La frontera entre Ceuta y Marruecos concentra una de las mayores presiones migratorias del país, y Fnideq es el lugar donde suelen concentrarse personas que intentan entrar en la ciudad autónoma. La presencia de periodistas en esa zona resulta incómoda para las autoridades marroquíes, que controlan con firmeza el acceso a la franja fronteriza.

La orden no dejó ningún documento: solo una instrucción verbal para que los periodistas salieran de la zona, sin plazo ni cauce de recurso.

Por qué Ceuta convierte esta expulsión en un problema mayor

Ceuta no es un punto informativo más. La cobertura de los movimientos migratorios en la frontera sur es un asunto de derechos y de política exterior, dos terrenos en los que el Gobierno español no quiere ceder ante un socio tan estratégico como Marruecos. Sin embargo, la ausencia de una explicación formal por parte de Rabat deja la crisis en un limbo difícil de gestionar.

El hecho de que la orden se transmitiera sin un documento formal y se justificara con un 'cumplir instrucciones' es, para la parte española, el punto más preocupante. Sin un cauce administrativo, no hay recursos ni garantías de que el veto no se repita, y eso afecta a todos los medios que quieran trabajar en la zona. Las autoridades marroquíes no han emitido, por ahora, ningún comunicado público que aclare los motivos.

Al mismo tiempo, el lenguaje de Moncloa ha sido deliberadamente diplomático: no se habla de represalias ni de conflicto bilateral, sino de 'buscar una solución'. Es la forma que tiene el Ejecutivo de proteger a los periodistas sin romper el canal con Marruecos, imprescindible para la gestión migratoria y la cooperación antiterrorista.

Qué puede pasar a partir de ahora

No es la primera vez que la prensa sufre restricciones en la frontera de Ceuta. En los últimos años, los periodistas han trabajado con permisos limitados y controles constantes, sobre todo cuando se acercan operaciones de seguridad marroquíes. El precedente más repetido es el del control estricto de la zona sin motivos documentados, algo que RTVE ha pedido que se acabe de raíz.

De momento, la Embajada en Rabat tiene la tarea de lograr que Rabat dé una versión oficial y permita el regreso de los equipos. El seguimiento de las próximas horas será clave, pero sin una fecha concreta para una respuesta marroquí. Lo que sí queda claro es que la libertad de prensa en la frontera sur ya no es solo un debate interno: se ha convertido en un asunto de diplomacia pública entre dos gobiernos.

📌 En claves: lo que debes saber

• Qué ha pasado: Marruecos expulsó de Castillejos a un equipo de RTVE y a varios periodistas de EFE que cubrían la presión migratoria cerca de Ceuta.
• Por qué te importa: La libertad de prensa en la frontera sur y el acceso a información sobre una de las crisis migratorias más sensibles de España quedan en entredicho.
• A quién afecta: A los equipos de RTVE y EFE desplazados, a sus medios y a la ciudadanía que sigue lo que ocurre en Ceuta.
• Hacia dónde vamos: La Embajada en Rabat busca una solución y RTVE exige garantías para que la cobertura informativa pueda continuar.

La crisis migratoria de Ceuta se tensa: Marruecos interceptó a 294 personas y arrestó a 61 sospechosos de incitar por redes sociales. La tensión no se ha desactivado en la frontera sur y los hechos del sábado lo confirman.

Qué ha confirmado Rabat en las últimas horas

Las fuerzas de seguridad marroquíes situaron el operativo en una zona montañosa de las afueras de Ceuta, al suroeste de la ciudad. Según los datos facilitados a la agencia EFE, entre los 294 interceptados hay 248 migrantes subsaharianos y 46 de nacionalidad marroquí. El operativo incluyó cargas policiales, gases lacrimógenos y apoyo de helicópteros, después de que decenas de personas se ocultaran en las inmediaciones de Fnideq, la localidad que en español se conoce como Castillejos.

A esa cifra se suman otros 61 arrestos por un motivo distinto: Rabat los considera sospechosos de promover e incitar llamadas a la migración irregular a través de las redes sociales. Además, según constató EFE, periodistas de EFE y RTVE fueron expulsados de Castillejos tras tomar imágenes de las cargas, bajo amenaza de retirarles las acreditaciones y los equipos.

Qué se juega España en esta frontera

Para la parte española, lo relevante no es solo el número de interceptaciones: es que el intento se produce con la frontera de El Tarajal en calma y con un despliegue marroquí sin precedentes. Miles de efectivos controlan los accesos a Castillejos, la Marina Real mantiene seis embarcaciones semirrígidas en el mar y una barrera metálica de unos cuatro metros se ha instalado en la vía que conecta Fnideq con el paso de Ceuta.

El despliegue no se queda en la frontera: los controles se extienden hasta Castillejos, a dos kilómetros del perímetro marroquí, con un primer filtro de seguridad en las carreteras que vienen de Tetuán y Tánger. Una ceutí que viajó estos días a Marruecos resumió la escena: 'Castillejos está tomada por los militares y los gendarmes'.

En el lado español también se mantiene el refuerzo desde la noche del viernes: la Guardia Civil está en el mar y la Policía Nacional y los militares controlan tierra. El objetivo es evitar que se repita una entrada masiva como la de los días 30 y 31 de julio, que según la ministra de Defensa, Margarita Robles, alcanzó unas 80.000 personas y que las organizaciones humanitarias relacionan con al menos 141 fallecidos.

Los datos del sábado suman 294 interceptaciones y 61 arrestos por presunta incitación en redes, mientras la frontera sigue blindada en ambos lados.

Durante la madrugada del sábado, la frontera permaneció en calma y una niebla densa cubrió el entorno. Aun así, se reforzó la vigilancia en tierra y mar con lanchas rápidas de la Marina Real y drones, mientras la frontera de El Tarajal amanecía sin incidencias.

El precedente de finales de julio y qué cabe esperar

El episodio de Castillejos no puede leerse sin lo ocurrido el 30 y 31 de julio. Entonces, decenas de miles de personas cruzaron a pie o a nado y se registraron al menos 141 muertos, según organizaciones humanitarias. Aquella crisis empujó a Rabat a reforzar el perímetro con miles de efectivos y a instalar concertinas, y ahora convierte cada convocatoria en redes en una alerta de seguridad.

La lectura política tiene dos planos. Quienes defienden el refuerzo en origen lo presentan como la vía para evitar muertes en el intento y contener una frontera exterior de la UE. Quienes critican las cargas y la expulsión de periodistas ven un riesgo de opacidad y un posible endurecimiento de las devoluciones. Ambas posturas conviven con un hecho objetivo: la movilidad migratoria no se ha desactivado y el control depende, en gran medida, de la cooperación marroquí.

Las próximas semanas servirán para comprobar si el dispositivo marroquí se mantiene, si las detenciones por incitación prosperan y si la Unión Europea liga ayudas o exigencias a Marruecos. Conviene seguir, sobre todo, cualquier cambio en los controles de El Tarajal y en las cifras oficiales de entradas.

📌 En claves: lo que debes saber

• Qué ha pasado: Marruecos interceptó a 294 personas en Castillejos y arrestó a 61 sospechosas de incitar por redes sociales.
• Por qué te importa: La presión migratoria sobre Ceuta activa un dispositivo de seguridad en una frontera exterior de España y de la UE.
• A quién afecta: A migrantes, a los cuerpos de seguridad marroquíes y españoles, y a periodistas que fueron expulsados.
• Hacia dónde vamos: Habrá que seguir si el despliegue se mantiene y si la cooperación con Rabat condiciona la gestión migratoria.

En Ferraz ya no habla solo de agosto complicado. El miedo de fondo, reconocido en privado por dirigentes socialistas, es que después del verano llegue la imputación del PSOE como persona jurídica por el caso Leire.

La crisis migratoria de Ceuta y los incendios forestales mantienen al Gobierno en pleno desgaste. Pero en la cúpula socialista miran ya al otoño, convencidas de que el frente judicial puede recrudecer.

Qué es el caso Leire y por qué ahora preocupa más

Fuentes de la dirección socialista consultadas por EL PERIÓDICO admiten una posibilidad muy real de que el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, termine imputando al PSOE como entidad jurídica. No haría falta que la causa apuntara a financiación ilegal: bastaría con que se acredite que las maniobras se hicieron con apoyo o bajo la dirección de Santos Cerdán, entonces número dos real del partido.

El caso Leire pone el foco en las gestiones de la periodista Leire Díez, conocida como la fontanera del PSOE. Su supuesto objetivo, según la investigación, era torpedear investigaciones o procesos judiciales que afectaban al presidente Pedro Sánchez o al partido. De confirmarse, el daño no se quedaría en una sola persona: tocaría de lleno a la estructura orgánica de Ferraz.

De qué tiene miedo Ferraz y a quién salpica

En Ferraz lo resumen en voz baja con una frase que ya circula entre cargos: 'Si nos imputan, aunque no sea por financiación ilegal, nos dejará muy tocados; sería el peor escenario posible, y en época preelectoral'. La actual dirección, con Rebeca Torró al frente de Organización, defiende la plena colaboración con la justicia y recuerda que el partido ha reforzado auditorías y controles internos.

El matiz que más inquieta es jurídico. El artículo 31 bis 2 del Código Penal solo exime a una organización si adoptó medidas de vigilancia antes del delito. Si los protocolos llegaron después, explican juristas, la persona jurídica queda expuesta pese a las auditorías recientes.

La imputación del partido no sería solo una derrota política: pondría la marca electoral del PSOE en el centro del sumario.

Las fuentes consultadas no aciertan a anticipar cuál debería ser la respuesta política. La actual dirección ha alegado plena colaboración con la justicia y recuerda la doble firma en las contrataciones o el control patrimonial de los miembros de la Ejecutiva. Pero el debate está abierto.

La estrategia de encapsular el caso en Santos Cerdán puede funcionar políticamente, admiten fuentes socialistas. Pero si el sumario arrastra a otros nombres relevantes, la defensa se desmorona. La causa ya salpica a varios cargos con peso orgánico e institucional.

Entre ellos aparecen la gerente del partido, Ana María Fuentes, imputada; el diputado Juanfran Serrano, actual secretario de Política Municipal; Juanma Serrano, exjefe de Gabinete de Sánchez; Ion Antolín, exdirector de Comunicación; y Antonio Hernando, que trabajaba en Moncloa cuando supuestamente asistió a reuniones con Díez en Ferraz.

El precedente que complica la defensa y lo que viene en otoño

No es un debate abstracto. La aplicación del artículo 31 bis ya ha obligado a otras organizaciones a demostrar que tenían controles previos al delito. María de la Torre, cofundadora de Governance & Compliance Abogados, lo explicó así: 'Nunca puedes evitar que una persona cometa un delito en una organización, pero sí debes evitar un descontrol de tal tamaño que permita cometer esos delitos'. El simple cambio de protocolos no desactiva el riesgo penal.

El otoño llega cargado. En los próximos meses se fijará fecha para el juicio con jurado a Begoña Gómez, la mujer del presidente. Una parte del PSOE lo ve como lawfare o acoso judicial, pero otro sector cree que puede movilizar al votante progresista. La lectura no es unánime.

A eso se suma la cuenta pendiente del caso que afecta al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, sobre el que en la Ejecutiva socialista siguen pidiendo explicaciones. Dirigentes territoriales reconocen que la acumulación de frentes complica el relato del partido y sitúa a Sánchez en una posición ambivalente.

Lo que conviene seguir en las próximas semanas es la decisión del juez Pedraz. Si la imputación llega, el PSOE tendrá que decidir entre defenderse en sede judicial o trasladar la batalla a la arena electoral. Y ahí, admiten en Ferraz, el margen de error es mínimo.

📌 En claves: lo que debes saber

• Qué ha pasado: Dirigentes del PSOE reconocen en privado el temor a que el juez Santiago Pedraz impute al partido como persona jurídica en el caso Leire tras el verano.
• Por qué te importa: La posible imputación toca la marca electoral de una de las principales fuerzas políticas y condiciona el clima preelectoral.
• A quién afecta: Al PSOE como organización, a varios cargos de su estructura y, en términos de opinión pública, al Gobierno de Pedro Sánchez.
• Hacia dónde vamos: Habrá que seguir en las próximas semanas la decisión del juez de la Audiencia Nacional y la evolución del resto de causas abiertas.

La entrada a nado a Ceuta ya no es la de julio: una barrera flotante la convierte en rechazo en frontera. Según detalla El Mundo, el Gobierno ha blindado la vía marítima con una doble barrera para disuadir nuevos cruces tras el intento del 15 de agosto.

La doble barrera que blinda la entrada por mar

El despliegue tiene dos patas: una barrera física y otra jurídica. La primera es el obstáculo flotante que la Guardia Civil instaló a primeros de agosto; la segunda es la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería, un régimen especial para Ceuta y Melilla que permite rechazar a quienes intenten superar elementos de contención fronteriza.

El detalle que casi nadie cuenta es que la barrera flotante no solo disuade: activa legalmente el rechazo en frontera. Quien nada o bucea para llegar a Ceuta se topa con un obstáculo material. Si lo supera, pasa a ser considerado migrante susceptible de devolución en caliente, sin mayores trámites administrativos.

La ley ya permitía rechazar a quienes fueran detectados en la línea fronteriza mientras intentaban superar elementos de contención. La duda era si drones y cámaras no son contención física. La sentencia del Tribunal Supremo del pasado 8 de julio dijo que no.

Qué dice la sentencia del Supremo que precipitó la medida

El alto tribunal no solo tumbó la versión anterior: dejó escrita una salida. Aclaró que la disposición adicional décima se refiere a elementos de contención, pero no exclusivamente a las vallas terrestres. Si se instalan elementos de contención en el mar, la normativa también podría aplicarse a quienes pretendan cruzar superando esos obstáculos.

El Gobierno optó por esa vía. Era la más rápida y, sobre todo, evitaba una reforma de ley orgánica que habría exigido negociar una mayoría absoluta en el Congreso. En lugar de abrir ese melón, instaló la barrera flotante.

La sentencia no permitía devolver en caliente por mar; solo abría la puerta si existía una barrera física que el nadador tuviera que superar.

El precedente que explica la tensión en la frontera sur

El bloqueo marítimo no es un gesto aislado. El intento masivo de finales de julio y el episodio del 15 de agosto evidenciaron que la ruta de Ceuta seguía activa, pese al despliegue de Marruecos con concertinas y cañones de agua. La barrera flotante es la respuesta del lado español para retomar el control físico inmediato.

Quienes defienden la medida insisten en que da seguridad jurídica a la Guardia Civil y evita devoluciones improvisadas. Quienes la critican avisan de que convierte la orilla en una zona de rechazo sin garantías. El matiz clave es que el Supremo no ha avalado cualquier devolución en caliente: ha condicionado su legalidad a que exista un elemento de contención real.

La comparación más cercana es la valla de Melilla. Allí el rechazo en frontera lleva años aplicándose siempre que el migrante intente saltar el perímetro físico. Ahora el Ejecutivo intenta extender el mismo esquema al agua, con una barrera flotante que sirve de equivalente marítimo a la verja.

Habrá que seguir la letra pequeña del despliegue: los recursos ante tribunales y la reacción de Rabat. La medida ya está operativa, pero su encaje con la protección internacional no está cerrado.

La rapidez del movimiento no cierra el debate jurídico. Si se recurre un rechazo concreto, la próxima batalla se librará en los tribunales, porque la barrera física se ha activado sin pasar por una reforma legal pactada en el Congreso.

📌 En claves: lo que debes saber

• Qué ha pasado: El Gobierno ha instalado una barrera flotante en Ceuta para aplicar la devolución en caliente también por mar, tras la sentencia del Supremo del 8 de julio.
• Por qué te importa: Cambia el control de la frontera sur y fija un nuevo marco para las entradas irregulares, con efectos migratorios y de seguridad.
• A quién afecta: A las personas que intentan llegar a nado a Ceuta y Melilla, a la Guardia Civil y a las relaciones con Marruecos.
• Hacia dónde vamos: La medida ya está operativa, pero pueden llegar recursos judiciales y decisiones europeas que marquen su alcance.

Diez años de leyes de vivienda en Catalunya no han logrado bajar los precios ni mejorar el acceso de los jóvenes. El Govern ha desplegado una batería de normas pioneras en España, pero los alquileres siguen altos y la oferta de pisos se ha hundido.

La última ley contra la compra especulativa no ha pasado el examen del Consell de Garanties Estatutàries este verano, y el Govern ya ha anunciado que la modificará. Las patronales inmobiliarias piden construir más y agilizar trámites; el Sindicat de Llogateres denuncia la falta de sanciones.

En una década, Catalunya ha probado el tope al alquiler, la reserva del 30% de vivienda protegida en Barcelona, la VPO permanente y nuevas reglas para grandes tenedores. Los precios siguen altos y el acceso de los jóvenes no mejora.

Diez años de leyes y un precio del alquiler que no cede

El control de rentas es la medida con más recorrido y más debate. En 2020, la Generalitat aprobó su propia ley para limitar los alquileres mediante un índice de precios. El Tribunal Constitucional anuló dos años después los artículos clave, al considerar que se invadían competencias estatales.

La norma volvió a aplicarse con la ley estatal de 2023, restablecida en 2024. Catalunya fue la primera comunidad en aplicarla y declaró 271 municipios tensionados, una cifra que hoy llega a 302. En esos municipios, un nuevo contrato no puede superar la última renta vigente, y si el propietario es gran tenedor, tampoco puede superar el índice.

El catedrático de Economía de la Universitat Pompeu Fabra José García Montalvo cree que la ley catalana de 2020 fue “nociva” y “terrible”. Su lectura es que, con la norma estatal, los propietarios se han vuelto más “selectivos”: alquilan a familias con más recursos y expulsan a las rentas bajas hacia el alquiler informal o de habitaciones. También desconfía de las fianzas del Incasòl como fuente estadística: “Solo aparece quien ha podido alquilar”.

El tope al alquiler se reactivó en 2024: se aplica ya en 302 municipios tensionados y el desencuentro no se ha cerrado.

Guifré Homedes, vicepresidente segundo del Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària, lamenta que la oferta “se ha hundido” y que muchos propietarios prefieren vender o ceder pisos a familiares antes que ponerlos en alquiler tradicional.

La reserva del 30% y las nuevas reglas para grandes tenedores

En 2018, el Ayuntamiento de Barcelona impulsó la reserva del 30% de VPO en las nuevas promociones y grandes rehabilitaciones. Ocho años después, el consistorio reconoce que esa fórmula solo ha incorporado 34 viviendas sociales asequibles terminadas. En 2019, las VPO pasaron a ser permanentes, siguiendo el modelo de Euskadi.

El presidente de la Associació de Promotors de Catalunya (APCE), Xavier Vilajoana, cree que la medida ha reducido “drásticamente” la producción y ha frenado las rehabilitaciones. “Seremos La Habana de Catalunya”, lamenta. La portavoz del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, responde que el incumplimiento es “absolutamente flagrante” porque los inversores esquivan la norma rehabilitando piso por piso.

Otra pata es la definición de gran tenedor. La normativa estatal fija el umbral en más de 10 inmuebles residenciales, pero en 2024 la Generalitat permitió bajarlo a cinco o más pisos en las zonas tensionadas. En 2025, el Govern amplió los derechos de tanteo y retracto para comprar pisos antes o después de una venta. También se amplió al 20% el impuesto de transmisiones patrimoniales para compras de gran tenedor.

Para Montalvo, la “ideología” ha pesado en esa definición. Vilajoana añade que el mercado está muy atomizado y “la verdadera gran tenedora es la administración pública”. En el alquiler de temporada, desde enero hay límites de precio, pero Arcarazo denuncia que los portales siguen llenos de anuncios que superan el índice; Homedes dice que esos pisos no han vuelto al alquiler de larga estancia porque la demanda de temporada no ha bajado.

El precedente de 2020 y los próximos pasos

La secuencia ya se ha repetido: la ley catalana de alquileres de 2020 fue anulada por el Tribunal Constitucional y, cuatro años después, el control de rentas volvió con la norma estatal. Ese patrón —legislar, tumbar y volver a legislar— alimenta, según el sector, la inseguridad jurídica que contrae la oferta.

Los promotores y las inmobiliarias piden menos regulación y más suelo finalista, además de trámites más rápidos para construir vivienda protegida. El Sindicat de Llogateres, por su parte, exige inspecciones y sanciones reales para que el índice se cumpla. La ley contra la compra especulativa queda pendiente de modificación tras el dictamen del Consell de Garanties, así que el próximo pulso será comprobar cómo cambia ese texto y si las sanciones llegan a aplicarse.

📌 En claves: lo que debes saber

• Qué ha pasado: Catalunya acumula una década de normas de vivienda y los precios siguen altos; la última ley contra la compra especulativa no pasó el dictamen del Consell de Garanties.
• Por qué te importa: El tope al alquiler y las reglas para grandes tenedores tocan el precio de los contratos y la oferta disponible en las zonas tensionadas.
• A quién afecta: Inquilinos jóvenes, pequeños propietarios, grandes tenedores y promotores, con Barcelona y 302 municipios tensionados en el foco.
• Hacia dónde vamos: El Govern modificará la ley de compra especulativa y el debate queda abierto entre construir más o reforzar sanciones.