Unos 189.678 hijos de españoles nacionalizados por la 'ley de nietos' podrán votar el 29-N. Lo decidió el Tribunal Supremo este lunes, a 20 días de las elecciones generales, tras rechazar las peticiones de Vox y de Iustitia Europa para extender la suspensión que ya pesa sobre otros 162.454 descendientes.
Vamos por partes, porque aquí conviven dos decisiones distintas. El Supremo mantiene bloqueado el voto de 162.454 personas —las que no acreditaron un exilio por razones políticas— y, a la vez, deja votar a los hijos de quienes sí obtuvieron la nacionalidad por esa vía. La diferencia no es de fondo: es de reloj.
Qué ha decidido el Supremo y por qué manda el calendario
La Sala de lo Contencioso-Administrativo rechazó las cautelares de Vox y de Iustitia Europa, que querían extender a los hijos la suspensión ya acordada. La Abogacía del Estado, en nombre del Gobierno, se opuso a esa ampliación. El argumento central del auto no es político: es temporal.
El calendario lo explica casi todo. La suspensión del voto a los nacionalizados se adoptó el 10 de septiembre, antes de que se convocaran los comicios, el 5 de octubre, y se reafirmó el 12 de octubre, aún en tiempo hábil. La petición de Vox e Iustitia Europa llega, en cambio, con el periodo electoral ya por la mitad: a una semana del arranque de la campaña y a dos semanas del voto en los consulados.
Con ese reloj en contra, el tribunal duda de la 'posibilidad material' de revisar el censo antes de que se abran las urnas y antepone la seguridad jurídica y la estabilidad electoral. Traducido: no hay margen para tocar el censo sin romper el proceso.
Quién podrá votar el 29-N y quién se queda fuera
Las cifras ordenan el asunto. El colectivo que el Supremo deja votar, 189.678 personas, es más grande que el que sigue suspendido, 162.454. La decisión que desbloquea el sufragio alcanza, por tanto, a más gente que la que lo mantiene bloqueado.
El Supremo no avala el voto de los hijos por convicción jurídica, sino porque el calendario electoral ya no permite marcha atrás.
El censo en juego es el CERA, el Censo Electoral de Residentes Ausentes: españoles que viven fuera y votan por vía consular. Ya en septiembre, la Sala advirtió de 'un riesgo cierto' de alteración del censo por un incremento excepcional de inscritos.
De ahí sale el primer voto particular. El magistrado Antonio Jesús Fonseca-Herrero se desmarca de la mayoría: si la cautelar era necesaria para los nacionalizados, sostiene, también lo es para los hijos, y avisa de que la sentencia de fondo tendrá que afrontar esa cuestión.
La segunda discrepancia llega desde el lado contrario. La magistrada María Alicia Millán cuestiona que se mantenga la suspensión sobre los nacionalizados y recuerda que son el 0,42% de los 38.728.356 electores del censo. El impacto de esos sufragios no basta por sí solo, concluye, para sostener la medida.
El precedente de la ley de nietos y lo que queda por decidir
El Supremo ya se había pronunciado sobre este censo. La vía nace de la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022 para reparar a los descendientes del exilio, y desde el principio convivió con la sospecha de inscripciones irregulares. El 12 de octubre la Sala reafirmó la suspensión tras ver la lista nominal de afectados.
Quienes respaldan la cautelar hablan de pureza del censo y de regularidad del proceso. Quienes la critican sostienen que no se puede retirar el sufragio por una sospecha y que el peso de ese colectivo en el total es mínimo: una irregularidad administrativa no equivale, dicen, a un fraude dirigido a alterar el cuerpo electoral.
El Gobierno se queda con la parte que le conviene: celebra el aval a la participación de los hijos y lo presenta, según fuentes de Moncloa, como un freno a la estrategia de la ultraderecha, que, dicen, también ha hecho suya el PP. A la vez, esas mismas fuentes critican que el razonamiento no se aplicara a quienes obtuvieron la nacionalidad por la Ley de Memoria Democrática.
Queda el fondo. El Supremo deberá decidir si la suspensión se convierte en definitiva. Para el 29-N el escenario está fijado: el voto consular arranca en dos semanas y cualquier cambio llegaría con las urnas ya en marcha.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: El Tribunal Supremo rechaza suspender el voto de los 189.678 hijos de nacionalizados por la 'ley de nietos' y mantiene suspendidos a 162.454 descendientes sin exilio acreditado.
- Por qué te importa: Casi 190.000 personas con derecho a voto podrán ejercerlo el 29-N, mientras otras 162.000 seguirán sin poder hacerlo por una decisión judicial.
- A quién afecta: A los descendientes de españoles nacionalizados por la Ley de Memoria Democrática inscritos en el CERA y a los partidos que pidieron ampliar la suspensión.
- Hacia dónde vamos: El Supremo debe resolver el fondo del asunto; para el 29-N el escenario está cerrado, con el voto consular a punto de empezar.
