El Departamento de Justicia vasco pagará 68.000 euros a una funcionaria que asumió el trabajo de tres compañeros y acabó con un trastorno ansioso-depresivo.
La Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Vitoria ha condenado al Departamento de Justicia del Gobierno vasco por incumplir sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales (la obligación de evaluar los riesgos del puesto y evitar que te dañen) y por no haber adoptado las medidas necesarias para impedir el daño. Lo recoge el Diario AS. Traducido: el problema no fue la mala suerte ni la fragilidad de una empleada. Fue una carga de trabajo que nadie frenó.
Los hechos son simples y por eso duelen. Una funcionaria de la Administración de Justicia se quedó cubriendo lo que correspondía a tres compañeros. El resultado fue un trastorno ansioso-depresivo y una condena de 68.000 euros contra la administración que la dejó en esa situación.
Aquí no hay una máquina sin protector ni una escalera rota. El riesgo era la montaña de expedientes y el silencio de quien debía repartirlos.
Qué dice exactamente la sentencia
El tribunal considera acreditado que la sobrecarga de trabajo provocó el trastorno y que la Administración no hizo lo que la ley le exige cuando un puesto empieza a quemar a quien lo ocupa: identificar el riesgo, corregirlo y, si no se puede, sacar a esa persona de la línea de fuego. La indemnización de 68.000 euros va a cargo del Departamento de Justicia vasco.
Conviene fijarse en el argumento jurídico y no solo en la cifra. La condena no castiga la mala intención, sino la falta de medidas. El fallo habla de obligaciones incumplidas en prevención: había señales y se podía haber actuado antes.
Cuando una persona hace el trabajo de tres compañeros además del suyo, el problema no es su resistencia: es que nadie frenó la carga.
En la vida real, eso se llama volver a casa con el estómago cerrado y no dormir del tirón. Nadie debería tener que llegar a un juzgado para que eso cuente.
Cuándo la sobrecarga se convierte en baja por ansiedad
Un trastorno ansioso-depresivo no es una rabieta ni un mal día. Es ansiedad y depresión diagnosticadas a la vez, y suele llegar por acumulación: meses de picos, compañeros que se van y no se sustituyen, tareas que se reparten de forma provisional y se quedan para siempre.
El cuerpo avisa antes que el informe médico. Insomnio que se instala, taquicardias que aparecen el domingo por la tarde, irritabilidad que no encaja con cómo eras. Si te suena, no estás exagerando.
La diferencia entre aguantar y romperse no es la fuerza de voluntad. Es la carga. Y la carga, en una empresa, se puede medir, repartir y reducir. La prevención de riesgos laborales no es un cartel en el pasillo.
Lo que esto cambia si tu jefe te carga el trabajo de tres
La sentencia no crea una fórmula mágica: no significa que cualquier ansiedad vaya a traducirse en 68.000 euros. Significa que una empresa que ignora la sobrecarga responde con dinero. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales obliga desde 1995 a evaluar los riesgos de cada puesto, también los psicosociales, y a actuar. Más de treinta años después, seguimos viendo condenas que llegan cuando el daño ya está hecho.
Ahí está el problema de fondo. La trabajadora cobra, sí. Pero para cobrar ha tenido que enfermar, pasar por un juzgado y esperar. La indemnización no devuelve los meses de insomnio. Solo pone precio a la dejadez.
Y ojo con el efecto real de estas resoluciones: no arreglan el sistema, pero sí mueven la aguja en departamentos que reaccionan más rápido a un fallo judicial que a diez correos internos. Si en tu empresa el plan de prevención no se abre desde 2019, ya sabes por dónde empezar a preguntar.
Qué puedes hacer tú, a efectos prácticos: dejar constancia escrita de las tareas que asumes de más, pedir por registro la evaluación del puesto, y acudir al delegado de prevención o a la Inspección de Trabajo si la carga sigue intacta. Guardar correos no es ser conflictivo: es tener pruebas.
El fallo de Vitoria deja una pregunta abierta que afecta a oficinas públicas y privadas: cuánto vale, en euros, que una plantilla se reduzca sin que nadie reparta la carga. La respuesta de este tribunal es esta cifra. La siguiente la pondrá otro juzgado.
En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)
- 💸 ¿Qué ha cambiado? Una condena reconoce que la sobrecarga de trabajo puede costarle 68.000 euros a la administración que la permite.
- 👥 ¿A quién afecta exactamente? A empleados públicos y privados que cubren más tareas de las que su puesto recoge, sobre todo con plantillas mermadas.
- ✅ ¿Qué puedes hacer al respecto? Documenta por escrito las tareas extra, pide la evaluación del puesto y acude al delegado de prevención.
