El Tribunal Constitucional ha avalado la ley estatal de vivienda y ha desestimado el recurso que presentó la Xunta de Galicia. La Xunta, por su parte, sigue reteniendo los cinco millones de euros que correspondían a A Coruña y Santiago por estar declaradas zonas tensionadas.
El Constitucional avala la ley de vivienda de 2023
El recurso de inconstitucionalidad (una impugnación ante el Constitucional por una supuesta vulneración de la Carta Magna) de la Xunta contra la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda ha sido rechazado. El tribunal aún no ha hecho pública la sentencia completa, pero ha difundido un comunicado con las líneas principales del fallo.
Según ese comunicado, el Constitucional ha aplicado los mismos argumentos que ya empleó para rechazar los recursos de otras comunidades gobernadas por el PP. Era el octavo y último recurso contra la norma estatal.
Una de las alegaciones de Galicia se refería al procedimiento para suspender los desahucios de inquilinos vulnerables que viven en pisos de grandes propietarios. El Constitucional responde que el Estado podía introducirlo porque supone una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y dictar la legislación procesal es competencia estatal.
El tribunal también descarta que la norma vulnere la igualdad, la tutela judicial efectiva o la propiedad privada. Sostiene que la ley persigue fines constitucionalmente legítimos, como atender a las personas en situación de vulnerabilidad económica.
La sentencia cierra los ocho recursos del PP contra la ley y mantiene en pie las herramientas para limitar el alquiler en zonas tensionadas.
En la misma línea, el Constitucional recuerda que la Constitución permite al Estado limitar el derecho a la propiedad privada cuando media una causa justificada de utilidad pública o interés social. El estatus de gran tenedor justifica un régimen más riguroso, añade el fallo.
Qué pasa con los cinco millones de A Coruña y Santiago
El fallo llega en pleno pulso entre la Xunta y el Gobierno central por la aplicación de la ley. La Xunta decidió no entregar a los ayuntamientos de A Coruña y Santiago los cinco millones de euros procedentes del Ejecutivo por tener esas ciudades declaradas zonas tensionadas, y gestionarlos ella misma.
Las zonas tensionadas son áreas donde el precio del alquiler sube muy por encima de la media, lo que permite activar medidas como la limitación de precios. Esa figura es una de las que más críticas ha recibido por parte del PP. La ley de vivienda permite topar el alquiler en esos barrios.
Para un inquilino, el aval del Constitucional significa que esas herramientas de control de precios siguen vigentes. El fallo no obliga a la Xunta a cambiar su decisión sobre los fondos, pero refuerza la posición del Estado en el pulso.
Un aval con precedentes y con votos particulares
No es la primera vez que el Constitucional respalda la ley de vivienda. Los ocho recursos de comunidades del PP han seguido un camino parecido, y el de Galicia cierra la serie. La sentencia reitera que el Estado puede fijar las condiciones básicas del derecho a la vivienda.
El fallo no es unánime: cinco de los doce magistrados han anunciado votos particulares. Quienes defienden la ley subrayan que refuerza la protección de los inquilinos vulnerables; quienes la critican sostienen que invade competencias autonómicas.
Lo que conviene seguir ahora es si la Xunta mantiene su negativa a transferir los cinco millones y si la sentencia completa, aún pendiente de publicación, añade matices sobre el reparto de competencias entre el Estado y las autonomías.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: El Constitucional ha desestimado el recurso de la Xunta contra la ley estatal de vivienda de 2023, el último de los ocho presentados por comunidades del PP.
- Por qué te importa: El aval mantiene en pie las herramientas para limitar el alquiler en zonas tensionadas, donde los precios suben muy por encima de la media.
- A quién afecta: A los inquilinos de zonas tensionadas y a los ayuntamientos de A Coruña y Santiago, que esperan los cinco millones retenidos por la Xunta.
- Hacia dónde vamos: La sentencia completa aún no se ha publicado. Queda por ver si la Xunta entrega los fondos o mantiene su pulso con el Estado.
