El Constitucional ya tiene una ponencia que corrige al Supremo y abre la puerta a amnistiar la malversación del procés. La decisión sobre la amnistía se debatirá en el Pleno del próximo 6 de octubre.
Qué dice la ponencia que se vota el 6 de octubre
La firma el magistrado José María Macías y responde al recurso de amparo de Jordi Turull, exconsejero de la Generalitat y hoy secretario general de Junts. El borrador concluye que al dirigente independentista se le han vulnerado sus derechos fundamentales, en concreto la tutela judicial efectiva, la representación y participación política y la legalidad penal.
Traducido a la práctica: el Supremo le impuso una pena de inhabilitación absoluta por malversación, el uso de dinero público para fines distintos de los previstos, y le negó la amnistía y mantuvo esa condena. La ponencia considera que esa decisión no encaja con lo que manda la ley y propone anularla y dictar resoluciones nuevas.
El argumento de fondo es que la interpretación del Supremo se apartó de la finalidad de la norma. Así lo recoge la propuesta, que aún necesita el respaldo de la mayoría del Pleno.
Y aquí viene el detalle que casi nadie cuenta. La primera ponencia de Macías decía justo lo contrario: pedía desestimar el recurso porque las resoluciones del Supremo no eran arbitrarias ni caprichosas. El magistrado, del sector conservador del tribunal, comprobó en el Pleno de esta semana que su criterio no tenía mayoría entre sus compañeros y preparó un texto nuevo, alineado con el bloque progresista.
Mientras el Pleno no lo avale, la ponencia es solo un borrador; si sale adelante el 6 de octubre, el Supremo tendrá que revisar sus resoluciones.
De Turull a Puigdemont: a quién alcanza la decisión
La respuesta al caso de Turull marcará el resto. Sobre la mesa hay recursos de amparo muy parecidos: el del expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, el del exvicepresidente Oriol Junqueras y los de los exconsejeros Raül Romeva, Dolors Bassa, Toni Comín y Lluís Puig.
Pero el Constitucional no aplica la amnistía por sí mismo. Es el Supremo quien tendrá que ejecutar el fallo: si el borrador sale adelante, deberá dejar sin efecto las resoluciones que negaron el perdón a estos dirigentes y dictar otras nuevas.
Lo que está en juego no es la cárcel, sino la inhabilitación. La malversación es el delito que arrastra esa pena, de modo que amnistiarla devuelve a los afectados sus derechos de participación política y la posibilidad de volver a ser candidatos.
El precedente de Luxemburgo y la última palabra del Pleno
El precedente más reciente está en Luxemburgo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea respaldó la medida de gracia y descartó una de las premisas que el Supremo esgrimió para negar el perdón definitivo: que la amnistía perjudicaba a los intereses financieros de la UE por el referéndum ilegal. El TJUE, eso sí, no se pronunció sobre la otra razón del alto tribunal, el supuesto beneficio personal de los dirigentes.
Esa falta de pronunciamiento dejó el debate en Madrid. El texto que se vota en octubre no discute la existencia del delito: sostiene que el Supremo leyó la ley de amnistía de una forma que desvirtúa su finalidad. Y ahí está el nudo, porque esa lectura decide entre seguir inhabilitado o recuperar la elegibilidad. Para Junts, la aplicación de la norma es además una de sus condiciones para sostener al Gobierno en el Congreso.
Los siguientes pasos son claros. El Pleno del tribunal de garantías debatirá y votará la ponencia el 6 de octubre. Si sale adelante, el Supremo tendrá que aplicar el criterio a Turull y, previsiblemente, al resto de recursos pendientes. Si no, el tribunal seguiría dividido y el pulso con el alto tribunal se prolongaría unas semanas más.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: Una ponencia del Constitucional concluye que el Supremo se apartó de la ley de amnistía al negar el perdón de la malversación a Jordi Turull.
- Por qué te importa: El fallo decide si dirigentes inhabilitados vuelven a la política y condiciona el apoyo de Junts al Gobierno en el Congreso.
- A quién afecta: A Turull, Puigdemont, Junqueras, Romeva, Bassa, Comín y Puig, cuyos recursos de amparo siguen pendientes.
- Hacia dónde vamos: El Pleno vota el 6 de octubre; si avala el texto, el Supremo deberá dictar nuevas resoluciones.
