El Gobierno quiere blindar para siempre el escudo antiopas de España: pedirá permiso previo para construir centros de datos y plantas energéticas. Economía prepara la reforma de dos leyes para que el control a los inversores extranjeros deje de ser temporal.
El escudo antiopas deja de tener fecha de caducidad
Desde 2020, cualquier compra significativa de una empresa española por un inversor de fuera pasa por la ventanilla del Gobierno si el sector es estratégico. Ese filtro sirvió para vetar la opa del grupo húngaro Magyar Vagon sobre Talgo o para condicionar la entrada de Saudi Telecom en Telefónica. En 2025 pasaron por ese escrutinio 144 operaciones.
La novedad no es el filtro, sino su duración. El control a los inversores de la Unión Europea vence en diciembre de 2026 y Economía planea prorrogarlo un año más, hasta finales de 2027, mientras tramita la reforma legal para que no tenga caducidad. El blindaje a los compradores europeos pasaría a ser permanente.
Dentro de la Unión rige la libre circulación de capitales, pero los blindajes nacionales se han multiplicado. España impidió al grupo francés Vivendi comprar el 29,9% de Prisa y ahora mira con recelo la compra de la aceitera Deoleo por un competidor italiano. La libertad de capitales convive con barreras nacionales.
Centros de datos y energía entran en la lista de sectores protegidos
El segundo cambio es la ampliación de la lista. Los centros de datos se incorporan a los sectores estratégicos y el escrutinio deja de mirar solo la compra de participaciones en empresas que ya funcionan: también alcanzará las inversiones greenfield, los proyectos para levantar infraestructuras desde cero, tecnológicas o energéticas.
Traducido: los planes multimillonarios para instalar centros de datos tendrán que pasar por el Gobierno antes de arrancar. Sobre ese sector, el Ejecutivo prepara además un decreto con exigencias duras en sostenibilidad. Construir un centro de datos ya no será solo una decisión empresarial.
La reforma no cambia solo quién puede comprar: los proyectos de nueva planta, de un centro de datos a una instalación energética, también pasarán por el filtro del Ejecutivo.
La tercera pata es el procedimiento. Economía quiere un sistema de dos fases: los casos más delicados pasarán por una investigación en profundidad antes de que la Junta de Inversiones Exteriores (JINVEX) eleve su propuesta al Consejo de Ministros. También detallará cómo prorrogar una autorización que, sobre el papel, no debería tardar más de tres meses, aunque se alarga.
Para todo ello, el departamento que dirige Carlos Cuerpo plantea modificar dos normas: la Ley 19/2003, que regula los movimientos de capitales y las transacciones con el exterior, y el Real Decreto 571/2023, sobre inversiones exteriores. Ninguna ha cambiado todavía.
Un mecanismo que nació como excepción y ya funciona como norma
El escudo actual nació en 2020 como respuesta temporal a la crisis y se ha renovado cada año hasta convertirse en una pieza fija del control económico. Varios socios europeos han desplegado mecanismos parecidos, aunque la UE defiende la libre circulación de capitales.
Quien defiende el sistema sostiene que protege activos estratégicos en telecomunicaciones, energía, defensa o tecnología. Quien lo critica avisa de que puede disuadir a los inversores que estudian operaciones sobre grandes empresas españolas. La inversión extranjera bruta cayó un 20% en 2025, hasta 34.016 millones, con el encarecimiento de la financiación como otro factor.
Los cambios acaban de salir a consulta pública. Cuando Economía lea las alegaciones, elaborará los proyectos de reforma y los llevará a tramitación legislativa, así que el calendario dependerá del Parlamento. La mayoría de las operaciones que pasan por la ventanilla se acaba aprobando: el debate está en los plazos.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: Economía prepara la reforma de la Ley 19/2003 y del Real Decreto 571/2023 para hacer permanente el escudo antiopas y ampliarlo.
- Por qué te importa: Marca qué proyectos extranjeros pueden ejecutarse en España, de los centros de datos a las instalaciones energéticas.
- A quién afecta: A inversores europeos y del resto del mundo, a las tecnológicas con planes de centros de datos y al sector energético.
- Hacia dónde vamos: La consulta pública está abierta; después llegarán los proyectos de reforma y la tramitación parlamentaria, sin fecha cerrada.
