El borrador del real decreto de centros de datos ya enfrenta más de 600 alegaciones en dos semanas. La batalla no es técnica: es por la luz y el agua que pagará el conjunto del sistema.
Qué propone el Gobierno y por qué el sector lo ve inviable
El Gobierno ha puesto sobre la mesa un texto elaborado por los ministerios de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Economía, Comercio y Empresa y Transformación Digital y Función Pública. Se tramitará por vía de urgencia y busca ordenar el despliegue de estas infraestructuras. El punto caliente es una obligación: los centros deberían usar al menos un 80% de energía renovable de nueva generación mientras el conjunto de renovables no supere el 90% del mix eléctrico (el reparto de tecnologías que producen la luz).
La patronal SpainDC no ha tardado en responder. Su presidente, flanqueado por Begoña Villacís —directora ejecutiva y exvicealcaldesa de Madrid por Ciudadanos— y la directora de Industria, Energía, Medio Ambiente y Clima de la CEOE, asegura que el diseño es inviable. SpainDC calcula que entre el 80% y el 90% del capital de futuras inversiones queda en riesgo. Más contexto sobre estas infraestructuras en Wikipedia.
El dato que explica la dimensión del negocio lo pone la propia SpainDC: 66.900 millones de euros de inversión directa e indirecta hasta 2030. En su lista de asociados figuran AWS-Amazon, Google, Microsoft, Iberdrola, Naturgy o Repsol, además de constructoras como Ferrovial y San José y del fondo Azora.
Agua, luz y territorio: las cifras de un pulso
Al otro lado, las organizaciones ecologistas valoran que el Ejecutivo avance, pero consideran el texto insuficiente. Cristina García, portavoz de No es sequía, es saqueo, explica que el borrador se queda en una 'exigencia hídrica' y no fija restricciones de agua en escenarios de sequía. Reclaman topes concretos al consumo de agua y de energía. En Aragón, donde se concentran una treintena de centros de datos, el 15 de septiembre los regantes del Gállego amanecieron con recortes, mientras el centro de datos de Villanueva de Gállego no se veía afectado por restricciones.
Y en lo que toca a la luz, las cinco grandes organizaciones ecologistas y una veintena de colectivos firman un comunicado que pide que la nueva demanda se cubra con generación 100% renovable. Quieren evitar que el despliegue de centros retrase la descarbonización del resto de la sociedad. Según un artículo de la Universidad de Zaragoza, abastecer todos los centros de Aragón exigiría cubrir el 39% del territorio con renovables.
El borrador da una primera señal de orden, pero el pulso entre inversión y recursos hídricos y eléctricos sigue abierto.
Entre tanto, el precedente que ya está encima de la mesa es el de Meta en Talavera. Su centro de inteligencia artificial tendrá 248 megavatios de potencia; según estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía, consumirá al año lo que 248.000 hogares. Los promotores calculan 504 millones de litros de agua, el 8% del consumo de una ciudad en una zona con poca agua.
El precedente que marca el siguiente paso
No es la primera vez que una regulación ambiental choca con los intereses de un sector industrial. Pasó con el impuesto al plástico y con los límites a los motores de combustión: las empresas avisaron de fuga de inversiones y las organizaciones sociales respondieron que el coste ambiental no se estaba contabilizando. Aquí el pulso se repite, con una capa extra: la soberanía digital que invoca el Gobierno, ¿la paga todo el sistema eléctrico o cada proyecto? Quienes defienden el borrador sostienen que el mínimo del 80% de nueva generación renovable es un primer filtro; quienes lo critican lo califican de bloqueo o de coladero. La tramitación por urgencia no cierra el debate: las alegaciones presentadas se revisarán y habrá que ver si el texto final endurece o suaviza el listón.
Las próximas semanas dirán qué alegaciones se incorporan. El dato a vigilar no es solo el texto final: es si los límites ambientales sobreviven, se diluyen o se refuerzan.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: El Gobierno ha lanzado el borrador del real decreto de centros de datos y ha recibido más de 600 alegaciones en dos semanas.
- Por qué te importa: La futura norma puede decidir cuánta luz y agua consumen estos centros y quién asume ese coste.
- A quién afecta: Al sector tecnológico, a los territorios con más proyectos (como Aragón) y al conjunto de los consumidores eléctricos.
- Hacia dónde vamos: El borrador se tramita por vía de urgencia; ahora toca revisar las alegaciones y publicar el texto final.
