Puedes criticar una sentencia, pero un cargo público no puede acusar al juez de actuar por motivos políticos. Isabel Perelló, presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha avisado este jueves de que esa acusación puede ser delito.
Qué ha dicho exactamente Isabel Perelló
En el discurso de apertura del año judicial, en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo, Perelló ha insistido en que los jueces deciden 'sin ceder a influencias, presiones ni injerencias de ningún tipo'. Esa independencia, ha dicho, es la mejor garantía que pueden ofrecer a la ciudadanía.
También ha reconocido que los jueces pueden cometer errores al aplicar el derecho, pero ha recordado que el sistema de recursos y la pertenencia de España al espacio jurídico europeo permiten corregirlos. Para la presidenta del CGPJ, la crítica fundada a una sentencia es bienvenida porque contribuye a mejorar la justicia. Ha garantizado, además, su compromiso con 'los más amplios consensos' y un papel 'imparcial y neutral'.
Por qué el aviso interpela a la política
La parte más contundente del discurso llega cuando Perelló se refiere a las acusaciones de lawfare que se han escuchado en los últimos tiempos. Ha lamentado que existan 'acusaciones expresas generalizadas de que jueces y tribunales adoptan determinadas decisiones por razones políticas y no por las razones jurídicas que expresan sus resoluciones'. Eso, según sus palabras, es una imputación de extraordinaria gravedad y puede llegar a comportar la atribución de una conducta delictiva.
El mensaje sube de intensidad si esas descalificaciones llegan desde cargos institucionales. Perelló sostiene que no es admisible que la descalificación pública de los jueces se convierta en un instrumento de presión sobre el ejercicio de la jurisdicción, y reclama lealtad institucional.
Un juez que siente que su imparcialidad queda bajo sospecha constante ve condicionada su tarea diaria; y el ciudadano pierde la referencia de que los conflictos se resuelven conforme a derecho.
La crítica fundada mejora la justicia, pero acusar a un juez de motivos políticos puede ser delito.
De Adamuz a Ceuta: la justicia en primera línea
Perelló ha querido agradecer la labor de los jueces en asuntos como el accidente ferroviario de Adamuz, en Córdoba, o los incendios forestales de este verano. También ha puesto el foco en la crisis migratoria de Ceuta, que exige una respuesta que preserve la integridad de las fronteras y el control ordenado de los accesos, sin renunciar a las garantías previstas en el ordenamiento.
No es un discurso abstracto. Si un juez resuelve un litigio bajo presión o bajo sospecha de parcialidad, el daño lo paga la credibilidad del sistema. Perelló ha citado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos: la justicia necesita la confianza de los ciudadanos para desempeñar bien su cometido.
Un aviso que no es nuevo: Bruselas ya lo puso sobre la mesa
El recordatorio de Perelló conecta con los informes anuales de la Comisión Europea sobre el Estado de derecho. La Comisión insiste en que los poderes ejecutivo y legislativo deben evitar críticas que menoscaben la independencia de los tribunales o la confianza pública en la justicia. No es una simple deferencia política: la presidenta del CGPJ la define como cooperación constitucional para mantener el equilibrio entre poderes.
Quienes la defienden ven en este discurso una defensa de la separación de poderes ante lo que consideran una escalada de descalificaciones. Quienes critican el tono recuerdan que las sentencias, por su impacto, están sometidas al debate público y que la libre crítica es parte de la democracia. La propia Perelló lo matiza: la crítica fundada siempre será bienvenida; lo que no cabe, a su juicio, es atribuir al juez propósitos ideológicos por la mera discrepancia con lo resuelto.
De cara al curso judicial, la pregunta es cómo se traduce este aviso. Las causas sensibles de los próximos meses serán el termómetro para comprobar si las instituciones rebajan el tono y si la crítica se canaliza por los recursos y no por la descalificación.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: Isabel Perelló, presidenta del Supremo y del CGPJ, ha reivindicado la independencia judicial en la apertura del año judicial.
- Por qué te importa: Defiende que puedas criticar sentencias, pero avisa de que acusar a los jueces de motivos políticos puede ser delito y mina la confianza en la justicia.
- A quién afecta: A cargos institucionales que descalifican a jueces, a los propios magistrados y a cualquier ciudadano que acuda a un tribunal.
- Hacia dónde vamos: El curso judicial será el termómetro de si el llamamiento a la lealtad institucional se traduce en menos descalificaciones.
