La Fiscalía de Barcelona ha pedido que el fundador de Glovo pase por el banquillo. El Ministerio Público considera que hay indicios suficientes para juzgar a Oscar Pierre, cofundador de la plataforma de reparto, por un presunto delito contra los derechos de sus repartidores. La decisión final está en manos del juez.
Qué pide exactamente la Fiscalía
La Fiscalía Provincial de Barcelona ha solicitado al juzgado el auto de procedimiento abreviado, el trámite que cierra la instrucción y abre la puerta al juicio oral. En su escrito, el ministerio público asegura que existen indicios suficientes de delito contra los trabajadores. Sin embargo, la última palabra la tiene el juez instructor, que puede aceptar la petición, rechazarla o archivar la causa. Fuentes de la defensa confirman que aún no han recibido la notificación formal.
El delito contra los derechos de los trabajadores castiga en el Código Penal a quienes imponen condiciones ilegales o falsos autónomos de forma reiterada, una conducta que supera la simple infracción administrativa. La condena puede incluir penas de prisión y multa. Es el salto que ahora reclama la acusación pública para el fundador.
La investigación arrancó en 2024 en el juzgado de instrucción número 31 de Barcelona, tras una denuncia de la propia Fiscalía. Pierre declaró en diciembre de ese año, junto a altos ejecutivos y repartidores de la plataforma. Un día antes de su comparecencia, Glovo anunció que pasaría a contratar a sus riders como asalariados y abandonaba el modelo de autónomos que había mantenido durante años.
Qué dice la defensa y quién más acusa
La defensa de Oscar Pierre, encabezada por el abogado Cristóbal Martell, pidió en julio el sobreseimiento de la causa. El fundador de Glovo defendió que su modelo contractual era legal y acusó a la Inspección de Trabajo de actuar con 'sesgo y afán recaudatorio'. Según fuentes de la defensa, la solicitud de la Fiscalía aún no les ha sido notificada formalmente.
En la causa ejerce la acusación popular el sindicato CGT. El sindicato se opone al archivo y sostiene que la empresa impuso 'condiciones ilegales' a sus empleados de forma continuada durante años, algo que consta en el procedimiento. La acusación popular ha pedido también que se abra el juicio oral.
La petición de la Fiscalía deja el caso a un paso del juicio oral, pero la última palabra la tiene el juez y aún no hay fecha.
Por qué este proceso puede marcar el rumbo del reparto
El caso llega después de que la regulación del reparto en plataformas empujara a la contratación laboral de los repartidores. La propia Glovo anunció en 2024 que pasaría a contratar a sus riders como asalariados, un giro que se interpretó como el fin del modelo de autónomos. Quienes defienden la actuación de la Fiscalía señalan que el modelo de falsos autónomos deja sin derechos a miles de trabajadores y altera la competencia entre plataformas. La defensa, en cambio, considera que su modelo contractual era legal en el momento de los hechos y que se está llevando a un empresario a juicio por una decisión organizativa.
Ahora, la pelota está en el tejado del juzgado. Si el juez dicta el auto de procedimiento abreviado, se cerrará la instrucción y se abrirá el juicio oral contra Pierre. Si la Fiscalía y la CGT presentan escritos de acusación, la causa seguirá su curso penal. La defensa aún puede oponerse y pedir de nuevo el archivo. Las próximas semanas serán clave para saber si el fundador de Glovo se enfrenta a un tribunal o si el caso se queda en el camino.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: La Fiscalía de Barcelona ha pedido enviar a juicio a Oscar Pierre, fundador de Glovo, por un presunto delito contra los derechos de sus repartidores.
- Por qué te importa: El caso puede sentar precedente sobre la responsabilidad penal de los directivos de plataformas digitales con miles de repartidores en España.
- A quién afecta: A Oscar Pierre, a los repartidores de Glovo y al conjunto de plataformas de empleo que operan con autónomos en España.
- Hacia dónde vamos: El juez instructor decidirá si abre juicio oral o archiva la causa; la defensa aún no ha recibido la petición formal.
