Begoña Gómez pide la absolución y asegura que no se enriqueció ni se apropió del software de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). El argumento central de su escrito de defensa, al que ha tenido acceso Europa Press, es que su actuación como codirectora de la cátedra fue funcional y provisional, no un intento de obtener beneficio privado.
La defensa, encabezada por Jaime Campaner, sostiene que la cátedra no supuso ningún beneficio económico para Gómez. Según el texto, la mujer del presidente del Gobierno no fue remunerada por esa labor durante los cuatro años que la desempeñó y sus ingresos como docente nunca superaron los 15.000 euros brutos anuales.
Qué dice Begoña Gómez sobre el software y el dominio
La acusación popular, liderada por Hazte Oír, mantiene que la esposa del presidente se apropió del software de la UCM y lo destinó a usos privados. Su defensa responde que el dominio de la cátedra fue un instrumento técnico de acceso web creado con fondos personales y que la plataforma siempre se concibió como propiedad de la universidad.
El escrito detalla que el registro se hizo con pleno conocimiento de la UCM y con el objetivo de que el máster propio contara con un logo identificable. Gómez alega que la universidad no ofrecía un cauce operativo para registrar el dominio y que su actuación fue provisional para impedir que terceros se hicieran con él.
También rechaza haber ejercido presión sobre el rector Joaquín Goyache o sobre el exvicerrector Juan Carlos Doadrio. Explica que la reunión en el Palacio de la Moncloa se produjo porque la Escuela de Gobierno estaba cerrada por la COVID-19, no por un intento de aprovechar su vínculo matrimonial con Pedro Sánchez.
La defensa plantea que no hubo enriquecimiento, no hubo apropiación y no hubo presión institucional: tres negaciones que resumen su estrategia de absolución.
Las penas que pide la acusación y el papel de su asistente
Begoña Gómez se enfrenta a un juicio con jurado popular por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias. Hazte Oír reclama 13 años de prisión para la esposa del presidente del Gobierno y seis para su asistente, Cristina Álvarez, por presunta malversación.
Sobre Álvarez, la defensa sostiene que no desatendió sus funciones como asistente de la esposa del presidente por apoyarla en cuestiones de la cátedra. Gómez recuerda que, como todas las esposas de los presidentes de la democracia, realiza funciones institucionales de forma gratuita y con personal eventual de apoyo.
El juez Juan Carlos Peinado acordó sentar en el banquillo a ambas al terminar la investigación. La estrategia de la defensa ha girado en torno a desmontar los dos delitos: ni hubo apropiación ni hubo tráfico de influencias, según su versión.
El recorrido judicial y lo que toca seguir
El caso ha estado marcado por recursos sobre si debía continuar la investigación. La defensa insiste en que no hay pruebas de que Gómez utilizara su posición para obtener ventajas, mientras la acusación popular mantiene que existen indicios suficientes para ir a juicio.
En términos jurídicos, la clave estará en si el jurado considera probado que la gestión del dominio causó un perjuicio patrimonial a la UCM y si hubo un acto de influencia sobre autoridades académicas. La propia defensa recuerda que colaboraba con la universidad desde 2012, mucho antes de que Pedro Sánchez llegara a la Moncloa.
Quedan por delante la selección del jurado y la vista oral, aún sin fecha confirmada. Las conclusiones definitivas de ambas partes dejan el terreno preparado para un juicio que se seguirá con atención: no solo por el apellido de la acusada, sino porque toca la línea entre lo institucional y lo privado en la presidencia del Gobierno.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: Begoña Gómez ha pedido ser absuelta y ha negado haberse enriquecido o apropiado del software de la UCM.
- Por qué te importa: El caso afecta a la imagen institucional de la presidencia y a los límites entre el cargo público y la vida privada.
- A quién afecta: A Begoña Gómez, a su asistente Cristina Álvarez y al debate sobre el uso de medios públicos en funciones de representación.
- Hacia dónde vamos: Falta fijar la fecha del juicio con jurado popular, donde se decidirá si hay condena o absolución.
