La justicia ha puesto contra las cuerdas a un ayuntamiento de Segovia: debe cuidar sus colonias felinas. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha estimado parcialmente el recurso de una asociación y obliga al Ayuntamiento de Navalmanzano a asumir la atención veterinaria urgente y la alimentación controlada de sus gatos comunitarios.
La decisión, recogida por Animals Health, sienta un precedente relevante: aplica la Ley 7/2023 de protección animal y aterriza sus artículos 38 y 39 en un caso concreto. Esos preceptos atribuyen a los ayuntamientos la gestión de las colonias felinas y el desarrollo de programas de control.
¿Qué ha fallado el TSJ de Castilla y León?
La Sala de lo Contencioso-Administrativo, con sede en Burgos, concluye que resultaba evidente la inacción del Ayuntamiento. La documentación aportada mostró actuaciones parciales o aisladas, con gatos sin esterilizar y sin un control sanitario adecuado.
Al resolver la apelación, el tribunal revoca el auto que había denegado las medidas cautelares y deja sin efecto la condena en costas para la asociación. La sentencia puede ser recurrida en casación, pero la orientación es clara.
Qué medidas urgentes debe cumplir el consistorio
El tribunal no concede todo lo que pedía la asociación. No obliga, por ahora, a capturar y esterilizar a todos los gatos sin marcar mediante el método CER (captura, esterilización y retorno). Esa cuestión queda pendiente del procedimiento principal.
Lo que sí impone es un mínimo de protección que ya no admite excusas. El Ayuntamiento debe garantizar y pagar la atención veterinaria urgente de los gatos con lesiones, enfermedades o sufrimiento evidente.
Las colonias felinas no son un adorno municipal: son una obligación legal que, como demuestra esta sentencia, puede exigirse en los tribunales.
Además, prohíbe trasladar, confinar o sacrificar a estos animales salvo por razones veterinarias debidamente justificadas. Y obliga a organizar la alimentación en puntos definidos, con criterios de higiene, salubridad y supervisión.
Por qué este fallo sienta precedente con la Ley 7/2023
El caso importa más allá de Navalmanzano. Confirma que la protección de los gatos comunitarios no depende de la buena voluntad de cada consistorio. Hay una obligación legal concreta, actual y exigible, como defendía la asociación.
La Ley 7/2023 ya lo decía, pero entre el BOE y la realidad hay un trecho. Esta sentencia demuestra que los tribunales pueden intervenir cuando la administración local no cumple. Y que la espera no es neutra: la asociación llegó a mencionar el fallecimiento de un gato tras solicitar la intervención municipal.
La lección para cualquier municipio es nítida. La gestión de las colonias felinas es una competencia municipal, no un gesto voluntario. Si no se actúa, el coste puede llegar por la vía judicial y con medidas cautelares encima de la mesa.
Para los vecinos que conviven con estas colonias, la sentencia también habla de salud pública: una colonia bien gestionada genera menos problemas de salubridad y menos cría descontrolada. La alimentación controlada y la supervisión veterinaria cuidan a los gatos y al municipio.
🐾 Huella animal
- ❤️ Por qué es importante para un amante de los animales: Un tribunal garantiza protección real para gatos que viven en la calle.
- 📌 De qué no tienes que olvidarte: Las colonias felinas están amparadas por la ley y los ayuntamientos deben gestionarlas.
- ⚠️ Cosas a tener en cuenta para el futuro: La esterilización masiva sigue pendiente; toca vigilar el procedimiento principal.
