Inspección de Trabajo sanciona con 3,5 millones a la Xunta por las condiciones de los auxiliares de conversación

La Xunta recurrirá la multa al considerar contradictorias las inspecciones de Trabajo con el programa estatal. Galicia no retomará la iniciativa mientras no exista seguridad jurídica y prepara una alternativa propia.

La Inspección de Trabajo ha impuesto una multa de 3,5 millones de euros a la Xunta de Galicia por las condiciones laborales de sus auxiliares de conversación.

La comunicación llegó a la Administración autonómica hace unos días, según confirmó el conselleiro de Educación, Román Rodríguez. La Xunta recurrirá la sanción por todas las vías, tanto en el ámbito administrativo como en los tribunales, al considerar inadmisible que una comunidad sea castigada por aplicar un programa que impulsa el propio Ministerio de Educación.

Rodríguez defendió que el programa de auxiliares llevaba años funcionando bien y que la situación cambió cuando el Ministerio de Trabajo comenzó a inspeccionar si estos debían ser considerados trabajadores sujetos a la normativa laboral.

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El choque entre departamentos es el núcleo del caso. Trabajo sostiene que hay relación laboral; Educación, que no existe relación contractual de carácter laboral (es decir, un vínculo de trabajador por cuenta ajena con derechos y cotización).

La sanción no es un caso aislado. El conselleiro citó multas de 19 millones de euros en el País Valencià y de 5 millones en Andalucía por el mismo motivo, a las que ahora se suma la de 3,5 millones comunicada a Galicia, correspondiente a la provincia de A Coruña.

Mientras no se aclare esa contradicción, Galicia mantendrá su decisión de no incorporarse al programa estatal y ultima un programa alternativo para conservar su apuesta por el plurilingüismo.

La multa llega sin resolver de fondo la contradicción entre departamentos, mientras los auxiliares siguen en una zona gris.

Qué ha pasado exactamente

La Inspección de Trabajo comunica a la Xunta una multa de 3,5 millones de euros por la situación de los auxiliares de conversación en centros educativos de A Coruña. El expediente se enmarca en una campaña de inspecciones que arrancó hace un año en varias comunidades.

El gobierno gallego anuncia recurso administrativo y judicial. La posición de la Xunta no es negar los hechos, sino trasladar la responsabilidad al diseño estatal del programa. Para la Consellería de Educación, es contradictorio que un ministerio promueva la figura y otro sancione a quien la aplica.

Por qué la Xunta no repetirá el programa

La decisión tiene una consecuencia directa: Galicia no participará en la próxima edición si no hay garantías jurídicas. Rodríguez insiste en que no repetirá una experiencia que puede derivar en otra sanción millonaria.

El temor no es infundado. Las multas al País Valencià y a Andalucía demuestran que la interpretación de Trabajo se ha extendido y que la seguridad jurídica reclamada por la Xunta está lejos de llegar.

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Inspección Trabajo Xunta

La contradicción que deja a los auxiliares en el limbo

El caso gallego no va de presupuestos ni de competencias autonómicas, aunque se presente así. Va de un colectivo que lleva años sosteniendo la conversación en las aulas sin que las administraciones se pongan de acuerdo sobre si su trabajo es eso, trabajo, o algo menor. La Inspección de Trabajo dice una cosa y el Ministerio de Educación la contraria. Mientras tanto, la mayoría de los auxiliares no recibe un contrato con derechos laborales plenos ni tiene garantías claras de cotización.

Las sanciones de 19, 5 y ahora 3,5 millones confirman que la interpretación laboral va ganando terreno. Pero una multa no repara retroactivamente la situación de quienes pasaron por el programa. La Xunta recurre, como otras comunidades, y la decisión final puede tardar años. Es la paradoja: la Administración se defiende, los auxiliares esperan.

Ahora la pelota está en los tribunales y en los próximos movimientos de la Xunta. Si el recurso prospera, Trabajo tendrá que ajustar su criterio. Si no, el programa alternativo puede convertirse en la única vía, con condiciones que aún no se conocen. Lo único claro es que la seguridad jurídica que pide Galicia es la misma que necesitan los auxiliares para saber, de una vez, si tienen contrato o no.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)

  • 💸 ¿Qué ha cambiado? La Inspección de Trabajo multa a la Xunta con 3,5 millones por los auxiliares de conversación.
  • 👥 ¿A quién afecta exactamente? A los auxiliares de conversación de los centros educativos de A Coruña y al programa gallego.
  • ¿Qué puedes hacer al respecto? Si trabajas como auxiliar, guarda documentación y sigue el recurso de la Xunta.