Si una mujer necesita interrumpir su embarazo en Madrid, el final del recorrido casi siempre es una clínica privada. El 99,5% de las interrupciones voluntarias del embarazo de 2024 se practicó en clínicas privadas, según los registros oficiales del Ministerio de Sanidad.
Qué admite por escrito el Sermas
El Servicio Madrileño de Salud (Sermas) acaba de reconocerlo en un documento oficial. En la memoria de un contrato tramitado por el Hospital Universitario El Escorial admite que, en algunos hospitales públicos de la Comunidad de Madrid, 'no se puede asegurar' la realización de interrupciones voluntarias del embarazo. El motivo principal que cita es la objeción de conciencia del personal sanitario.
La consecuencia es directa: la Administración recurre a clínicas privadas concertadas 'en modalidad subsidiaria'. Eso obliga a derivar la prestación fuera de la red pública, según el propio texto de la licitación.
Los datos de 2024 completan la foto. Según los registros del Ministerio de Sanidad, en la Comunidad de Madrid se realizaron 18.149 interrupciones voluntarias del embarazo. De ellas, el 99,53% se practicó en clínicas privadas y dejó a los hospitales públicos un papel residual.
El expediente de El Escorial, publicado el 13 de agosto de 2026, tiene el plazo de presentación de ofertas abierto hasta el 15 de septiembre. Cubre tanto los abortos a petición de la mujer en las primeras 14 semanas como los derivados de causas médicas. No es un movimiento aislado: el 23 de julio, el Hospital Universitario Infanta Cristina publicó una licitación similar, pero fue desistida y anulada el 31 de julio.
La Consejería de Sanidad defiende que 'en cualquier hospital público de la Comunidad de Madrid puede darse esta prestación' y que el Sermas 'garantiza la prestación'. También reivindica la libertad del médico para acogerse a la objeción. La Administración intenta sostener que el servicio está garantizado y, al mismo tiempo, que la red pública no siempre puede asegurarlo.
La sanidad pública madrileña firma contratos para que el aborto se practique fuera de sus hospitales, mientras sostiene oficialmente que el servicio está garantizado.
Objeción de conciencia y dinero público
La discusión no es solo sanitaria. La objeción de conciencia es el eje de un choque político entre el Gobierno central y el Ejecutivo autonómico. El registro de médicos objetores sigue bloqueado y recurrido en los tribunales. El Ministerio de Sanidad, con Mónica García al frente, sostiene que ese registro es imprescindible para planificar plantillas y asegurar el acceso al aborto.
La Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, lo rechaza y niega que vaya a elaborar lo que la dirigente ha calificado como 'listas negras'. Mientras tanto, la oposición en la Asamblea de Madrid aprieta. Lorena Morales, portavoz del PSOE, ha denunciado que la postura autonómica está convirtiendo el derecho al aborto en 'un mercado persa'. Marta Carmona, portavoz de Sanidad de Más Madrid, va más allá: acusa al Gobierno regional de usar la objeción de conciencia como coartada para privatizar de facto el servicio.
Por qué esta pelea no se queda en Madrid
Más allá del caso concreto, hay un precedente que ayuda a leer lo ocurrido. La objeción de conciencia es el viejo punto de fricción entre la garantía legal del aborto y la capacidad real de la red pública para prestarlo. La última reforma estatal de la interrupción voluntaria del embarazo puso el foco en la planificación de plantillas, y el registro de objetores se convirtió en el instrumento clave. Sin ese mapa de profesionales, la Administración no consigue prever cuántos médicos podrán participar en la prestación.
Quienes defienden la concertación con clínicas privadas recuerdan que permite atender a las pacientes con plazos cortos y seguridad clínica. Quienes la critican contraponen que un derecho recogido en la ley acaba dependiendo de la disponibilidad de centros privados y del dinero público que la Administración quiera pagarles. Las dos lecturas están sobre la mesa desde hace años, pero el dato de 2024 deja poco margen interpretativo: solo una mínima parte de los abortos de la región pasó por hospitales públicos.
Lo que toca seguir de cerca ahora tiene dos frentes. Por un lado, si el acuerdo marco de El Escorial se adjudica tras el 15 de septiembre y a cuántas pacientes deriva. Por otro, si la resolución judicial del recurso autonómico obliga a la Comunidad de Madrid a desplegar el registro de objetores. De ambos dependerá el acceso real al aborto en la red pública madrileña.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: El Sermas reconoce por escrito que en algunos hospitales públicos no se puede asegurar la práctica del aborto, principalmente por la objeción de conciencia del personal sanitario.
- Por qué te importa: Determina dónde se accede a una prestación sanitaria recogida por ley; en 2024, el 99,53% de los abortos en Madrid se practicó en clínicas privadas.
- A quién afecta: A las mujeres que solicitan una interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública madrileña.
- Hacia dónde vamos: La licitación de El Escorial cierra ofertas el 15 de septiembre; el choque por el registro de objetores sigue en los tribunales.
