Una jueza de Madrid ha frenado hasta ocho desahucios de la EMVS y lo ha hecho citando el caso Maricarmen. La razón se entiende rápido: antes de echar a una familia vulnerable de una vivienda pública, la empresa municipal debe demostrar qué alternativa real le ofrece.
Las resoluciones, adelantadas por elDiario.es, salen del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 29 de Madrid. La magistrada Raquel Catalá ha paralizado ocho desalojos de familias vulnerables, algunas con menores a cargo.
Qué ha decidido la jueza y por qué cambia el desalojo
El eje del argumento es lo que la jueza llama un 'hecho notorio'. Traducido: da por probado que la EMVS se movió rápido para resolver el caso de Maricarmen. Y se pregunta por qué no hace lo mismo con el resto de expedientes. Exige, además, que detalle las medidas precautorias —las que se adoptan antes de resolver un asunto— previstas para esas familias.
Por qué no le vale el Samur Social
Aquí está el punto que más incomoda al Ayuntamiento. La jueza rechaza que la alternativa sea la asistencia en la calle del Samur Social, el servicio municipal de urgencias sociales. Según las fuentes citadas por elDiario.es, es la vía habitual del consistorio para acreditar que ya ha ofrecido algo.
Para sostenerlo, la resolución mira a los recursos que el propio Ayuntamiento dice tener. La web del Ayuntamiento de Madrid recoge un patrimonio de más de 10.000 viviendas de alquiler asequible. A eso se suma el SIA, el Servicio de Intermediación del Alquiler, el programa que se usó con Maricarmen.
La jueza no discute el desalojo en abstracto: exige saber qué pasa con esas familias antes de firmarlo.
Y un tercer pilar: el derecho de la Unión Europea y la doctrina del Tribunal de Justicia de la UE, que obligan a proteger a las personas vulnerables frente a los desahucios forzosos.
Maricarmen, el espejo en el que se mira la jueza
El origen tiene nombre y edad. Maricarmen, de 87 años, fue expulsada de la casa en la que había vivido 70 años en Madrid. Su caso se convirtió en símbolo de la crisis de la vivienda y acabó con una salida: la mujer podrá regresar a su hogar.
José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, defendió la mediación municipal en ese caso como un modelo propio frente al Gobierno central: 'Hay una forma distinta de encarar el problema de la vivienda', dijo, según elDiario.es. En paralelo, el Congreso tumbó los reales decretos contra estos desahucios, con los votos de la derecha, incluido el PP.
El Ejecutivo había ofrecido alternativas para Maricarmen a través de la entidad pública Casa 47, pero la empresa municipal las ignoró, según la información publicada. Al final, la mujer vuelve a casa con una condición: el alquiler no podrá superar el 30% de sus ingresos netos y durará unos ocho años.
Diez pisos para toda la capital
Aquí aparece la letra pequeña. El programa con el que se ha resuelto el caso de Maricarmen oferta solo diez viviendas en toda la capital. La más barata está en el distrito de San Blas, por 857 euros al mes; la más cara, en Arganzuela, por 1.460 euros.
Los inquilinos del SIA acceden a esos pisos pagando hasta el 40% de sus ingresos netos. La EMVS ofrece seguros de hogar e impagos durante todo el contrato.
El precedente que anticipa el choque
Lo que ha hecho esta jueza no es habitual, pero no nace de la nada. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya dictaminó que una ejecución hipotecaria no podía sostenerse sobre cláusulas abusivas y sin garantías para el deudor. Aquello obligó a España a reformar su normativa.
En este caso, las posturas están claras. El Ayuntamiento defiende que tiene una vía propia y que ha funcionado con Maricarmen. Los colectivos de vivienda y la oposición municipal sostienen que diez pisos en toda la ciudad no son solución para miles de familias.
Lo que pase a partir de ahora marca el paso. La EMVS tendrá que responder a las providencias y detallar, expediente por expediente, qué alternativa da a cada familia. Si sus respuestas no convencen al juzgado, los ocho desalojos seguirán paralizados.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: Una jueza de Madrid ha paralizado ocho desalojos de la EMVS y exige alternativas antes de autorizarlos.
- Por qué te importa: La vivienda pública no puede desahuciar sin ofrecer antes una salida real a las familias vulnerables.
- A quién afecta: Ocho familias vulnerables, algunas con menores, y cualquier inquilino de la EMVS en riesgo de desalojo.
- Hacia dónde vamos: La EMVS deberá responder a las providencias; si no convence al juzgado, los desalojos seguirán parados.
