La expulsión de migrantes en situación irregular detenidos por delitos en Ceuta se va a pedir por la vía rápida. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha ordenado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que soliciten de inmediato la autorización judicial para expulsar a quienes sean arrestados por cometer actos delictivos en la ciudad autónoma. La instrucción llega tras la entrada masiva registrada los días 30 y 31 de julio.
Qué ha cambiado con la orden de Interior
El ministro enmarca la medida en el artículo 57.7 de la Ley de Extranjería, el texto que regula la expulsión con control judicial en determinados supuestos penales. En la práctica, la Policía y la Guardia Civil ya no se limitan a detener: deben pedir al juez que autorice la salida inmediata del país para cada migrante irregular implicado en un delito.
Marlaska ha reconocido que estos incidentes no se están produciendo de forma masiva, pero ha confirmado que ya se ha puesto a disposición judicial a un número considerable de arrestados para tramitar su expulsión. La orden llega en una semana en la que Ceuta ha vuelto a concentrar la agenda migratoria.
El detalle que casi nadie cuenta: la expulsión no es automática. En cada caso tiene que autorizarla un juez, y el ministro lo subraya al hablar de salida previa autorización judicial. Interior insiste en que se aplicará la normativa de extranjería para retornar a quienes entraron ilegalmente, salvo que exista un impedimento legal, como la falta de autorización de la Fiscalía.
Menores y solicitantes de asilo: el otro frente abierto
Donde la instrucción se complica es en los menores. El ministro ha cifrado en más de 400 los expedientes de jóvenes que han solicitado protección internacional y ha asegurado que su devolución se canalizará mediante la Ley de Extranjería. Se retornará a los menores que deban ser retornados, pero la Fiscalía podrá frenar cada salida si no hay autorizaciones.
Con el asilo, el mensaje también es directo: la Oficina de Asilo y Refugio y la Policía trabajan sobre el terreno en Ceuta. Si se concede, la persona tendrá derecho al asilo; si se deniega, Marlaska lo resume en que la estancia pasa a ser irregular y se abre la vía de la expulsión.
La orden no cambia la ley, pero cambia el ritmo: la expulsión se pide desde la detención y queda siempre filtrada por un juez.
Por qué la medida llega ahora y qué conviene vigilar
No es la primera vez que Ceuta se convierte en el punto caliente del control migratorio español. En crisis anteriores, la Fiscalía y los juzgados ya marcaron los límites de las devoluciones, sobre todo con menores, y ahora vuelven a ser la pieza que puede acelerar o frenar la orden de Interior. El artículo 57.7 no es nuevo, pero su aplicación inmediata como protocolo policial supone un cambio de ritmo, no de norma.
Quienes defienden la medida ponen el foco en la rapidez y en el mensaje disuasorio en un contexto de fuerte presión migratoria. Las voces críticas suelen recordar, sin embargo, que cada devolución debe respetar las garantías judiciales y los derechos de asilo, especialmente en el caso de menores y de personas que piden protección internacional. A partir de aquí, las próximas semanas servirán para comprobar cuántas expulsiones autoriza la judicatura y cómo se resuelven los expedientes abiertos.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: Marlaska ha ordenado a Policía y Guardia Civil pedir autorización judicial para expulsar de inmediato a migrantes irregulares detenidos por delitos en Ceuta.
- Por qué te importa: La medida cambia el ritmo de las expulsiones y traslada al juez la decisión, con efectos directos en política migratoria y derechos.
- A quién afecta: A migrantes irregulares arrestados por delitos, con especial atención en menores y solicitantes de asilo en la ciudad autónoma.
- Hacia dónde vamos: Habrá que seguir cuántas expulsiones autorizan los juzgados y cómo se tramitan los más de 400 expedientes de protección internacional.
