Este jueves, la ministra de Infancia, Sira Rego, presidirá una reunión clave para decidir cómo se distribuyen los menores migrantes llegados a Ceuta. La foto de familia estará rota: los ejecutivos autonómicos con Vox no aparecerán.
Indignómetro
Nivel de impacto social: 9/10. La decisión afecta a cientos de menores y a la política migratoria de todas las comunidades, mientras la tensión entre el Gobierno y la oposición vuelve a dispararse por un asunto que toca los recursos públicos y los derechos de la infancia.
Qué se decide en la reunión del jueves
El orden del día enviado por el Ministerio de Infancia incluye un punto de consenso: la aprobación de una dotación económica específica para Ceuta, que permita a la ciudad autónoma hacer frente a la emergencia migratoria tras la llegada masiva el pasado 31 de julio. Ese apoyo económico contará con el respaldo de todas las comunidades que asistan, incluidas las del PP.
Pero ahí se acaban los acuerdos. La cuestión central es el reparto obligatorio de los menores entre las diferentes autonomías. El Gobierno defiende un sistema de cuotas similar al aplicado hace dos años con los menores llegados a Canarias. Sin embargo, las comunidades del PP que sí van a la reunión —Galicia, Comunitat Valenciana, Madrid, Baleares, Cantabria, La Rioja y Murcia— rechazan esas cuotas y piden un control más exhaustivo. Consideran que la crisis es consecuencia de la mala gestión del Ejecutivo central y no quieren dar un cheque en blanco.
A esas siete regiones se suman, al menos sobre el papel, las gobernadas por el PP en coalición con Vox: Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía. Pero sus representantes no acudirán. La ruptura de los pactos autonómicos que Santiago Abascal impulsó tras la anterior crisis migratoria ha dejado a estos territorios sin voluntad de colaborar con el Gobierno. Su plantón agrava aún más la fractura institucional.
Por qué las autonomías del PP tampoco ceden
Los consejeros de las comunidades conservadoras que sí se sientan en la mesa llevan la consigna de no facilitar las cosas. Aunque asisten para no romper la mínima cortesía institucional, mantendrán un discurso duro. Insistirán en que la responsabilidad última recae en el Gobierno central, que tiene las competencias de frontera y extranjería. Además, reclamarán un proceso de filiación “extremadamente minucioso” para verificar la verdadera edad de los menores.
El motivo no es nuevo: según los populares, en la redistribución de Canarias, la mitad de los menores enviados a Madrid y Baleares eran en realidad mayores de 18 años. Ese dato, que el partido lleva semanas repitiendo, refuerza su exigencia de no admitir a nadie sin una comprobación rigurosa. Aceptar el reparto sin ese filtro, dicen, sería normalizar una gestión que consideran desastrosa.
Al mismo tiempo, los conservadores critican que el sistema de cuotas actual favorece a los socios del Gobierno, especialmente a los nacionalistas vascos y catalanes. Es una acusación que el PP ya lanzó en la crisis canaria y que ahora repite, en un contexto de máxima tensión política. Aunque, en última instancia, la ley les obliga a acoger a los menores, van a poner todas las trabas que puedan.
Las comunidades del PP acudirán, pero subrayan que no normalizarán el reparto sin un control riguroso de las edades, como ocurrió con la mitad de los menores de Canarias.
El fantasma de Canarias y el precedente que marcó a Vox
La situación actual recuerda inevitablemente a lo ocurrido en 2024, cuando la llegada masiva de menores a Canarias desató un conflicto similar. Entonces, el Gobierno de Pedro Sánchez pactó un reparto con las comunidades que, a ojos del PP, beneficiaba a los territorios con más peso nacionalista. La gestión acabó con la ruptura unilateral de Vox de todos sus acuerdos regionales con los populares, un terremoto político cuyas réplicas aún se sienten.
Ahora, el guion se repite. Solo que el escenario es más volátil: en 2027 hay elecciones municipales y autonómicas —y posiblemente generales—, y el PP, que gobierna en solitario en varias comunidades, no quiere aparecer como blando con la inmigración. Por eso, asistir al encuentro es un gesto calculado: no plantar al Gobierno, pero dejar claro que no habrá concesiones sin condiciones.
La ministra Sira Rego se enfrenta así a un doble frente: por un lado, la ausencia de las regiones con Vox, que debilita la imagen de corresponsabilidad; por otro, la resistencia activa de las que sí van. La reunión del jueves no resolverá el reparto, pero sí puede marcar el tono de un conflicto que seguirá coleando durante meses.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: El PP acudirá el jueves a la reunión sectorial de Infancia para el reparto de menores de Ceuta, pero las comunidades coaligadas con Vox no asistirán.
- Por qué te importa: La decisión afecta a los recursos públicos que cada región destinará a la acogida de menores y tensa aún más la política migratoria.
- A quién afecta: A los menores en situación de acogida y a las comunidades autónomas, que tendrán que asumir parte de la tutela, con impacto en sus presupuestos.
- Hacia dónde vamos: El Gobierno intentará imponer cuotas, pero el PP exigirá controles de edad y más financiación, prolongando el conflicto más allá de la reunión.
