La Comunidad de Madrid compró un ático de lujo en Chamberí por 9,05 millones con fondos públicos, sin los informes que marca la ley, y ahora el Tribunal de Cuentas investiga si hubo menoscabo del dinero de todos. El abogado Javier Flores ha presentado hoy, 3 de agosto, una denuncia por posible quebranto de caudales públicos, mientras el PSOE exige reunir la Asamblea de urgencia para pedir explicaciones al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
El porqué de la denuncia: una adquisición que no se llegó a usar
La operación de compraventa la ejecutó Planifica Madrid, una sociedad mercantil pública adscrita a la Consejería de Presidencia. El ático, ubicado en el paseo del General Martínez Campos, tiene casi 500 metros cuadrados y 200 de terraza. Se adquirió el 14 de abril de 2026 y, tres meses y medio después, el 30 de julio, el departamento dirigido por Miguel Ángel García Martín aprobó su venta sin que el inmueble hubiera tenido utilidad alguna.
El denunciante sostiene que la operación carece de la documentación que acreditaría una finalidad pública. La falta de memoria justificativa, de tasación previa y de estudios comparativos con otras opciones como el alquiler o el uso de patrimonio propio son el centro de la denuncia. El escrito, al que ha tenido acceso este periódico, habla de “alcance o menoscabo de caudales públicos”.
La denuncia no apunta a ninguna persona concreta, sino que pide al Tribunal de Cuentas que investigue “su cuantía y sus responsables”. Entre otros documentos, reclama la copia de la escritura de compraventa, el expediente completo y el acuerdo del consejo de administración que aprobó la compra.
Los seis interrogantes que el Tribunal de Cuentas debe resolver
El abogado pide a la institución fiscalizadora que esclarezca seis puntos críticos. El primero, si existió una memoria justificativa de la necesidad y un expediente de obras que explicara la compra. El segundo, si el órgano patrimonial encargó formalmente la adquisición a la sociedad pública. También exige saber cuál fue el precio exacto y si hubo una valoración técnica que confirmara que se ajustaba al mercado.
En cuarto lugar, se investigará con qué recursos se financió la compra. El quinto punto busca aclarar cuál era el destino real del inmueble y quién lo iba a ocupar, dado que se trata de una vivienda residencial que entonces estaba alquilada. Por último, la denuncia reclama que se calculen los costes irreversibles que ha soportado el erario público en esta operación de ida y vuelta.
La denuncia habla de “menoscabo de caudales públicos” en una compraventa sin utilidad ni controles.
Una operación con precedentes de control laxo en la administración autonómica
La controversia no es aislada. En los últimos años, el Tribunal de Cuentas ha fiscalizado varios casos de gasto público en inmuebles por parte de comunidades autónomas donde se detectaron irregularidades por falta de concurrencia competitiva o de informes preceptivos. En la Comunidad de Madrid, operaciones de Planifica Madrid ya han sido objeto de escrutinio por el sobrecoste en alquileres de edificios públicos, aunque sin derivar en responsabilidades contables graves hasta ahora.
La denuncia actual subraya que la ley patrimonial exige un análisis comparativo entre la compra, el arrendamiento y el uso de inmuebles propios antes de decidir una inversión millonaria. En este caso, la Comunidad de Madrid no publicó ese estudio. Además, la justificación inicial de la compra —el posible realojo de personal durante unas obras en la Puerta del Sol— queda en entredicho porque las únicas actuaciones licitadas en la Real Casa de Correos hasta la fecha son de menor envergadura, según ha publicado Somos Madrid.
El PSOE ha reclamado la convocatoria urgente de la Diputación Permanente de la Asamblea para que el Gobierno de Ayuso dé la cara. Más Madrid también ha anunciado que presentará su propia denuncia. La sospecha de que se eludieron controles previos es lo que ha llevado al abogado Javier Flores —que ya litigó contra irregularidades en hospitales públicos y cantones de limpieza— a activar la vía contable.
Si el Tribunal de Cuentas aprecia indicios de responsabilidad, podría iniciar un procedimiento que, en última instancia, obligaría a los gestores a reintegrar el dinero malgastado. El foco está ahora en si esos 9,05 millones se gastaron conforme a la legalidad y si existió un fin público real, o si, como apunta la denuncia, fue “una operación de ida y vuelta que no ha reportado utilidad alguna”.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: Un abogado ha denunciado ante el Tribunal de Cuentas la compra, por 9,05 millones, de un ático de lujo por parte de la Comunidad de Madrid a través de Planifica Madrid. El PSOE pide explicaciones urgentes.
- Por qué te importa: Se trata de dinero de todos los contribuyentes utilizado en una operación inmobiliaria que no tuvo ningún uso público y se revirtió en tres meses, sin los informes preceptivos.
- A quién afecta: A los responsables políticos y gestores de la Comunidad de Madrid que intervinieron en la compra; si se demuestra menoscabo, podrían verse obligados a devolver los fondos con sus bienes personales.
- Hacia dónde vamos: El Tribunal de Cuentas investigará los documentos y decidirá si abre un procedimiento de responsabilidad contable. La Asamblea de Madrid debatirá el caso en las próximas semanas.
