Si pensabas que con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de la semana pasada la ley de amnistía quedaba definitivamente encarrilada, Carles Puigdemont te demuestra lo contrario. El expresident de la Generalitat y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig han presentado una denuncia ante la Comisión Europea contra España por no aplicar esa norma tras el dictamen europeo.
La iniciativa, adelantada por Vilaweb y confirmada por EL MUNDO, llega apenas unos días después de que el TJUE se pronunciara sobre el encaje de la amnistía en el derecho comunitario. El abogado Gonzalo Boye firma el escrito, que acusa al Tribunal de Cuentas español de incumplir de manera deliberada la sentencia europea al reabrir un plazo de alegaciones en la causa por el presunto desvío de fondos del referéndum ilegal del 1-O.
La denuncia: por qué el Tribunal de Cuentas está en el punto de mira
Para entender el enfado de los independentistas hay que seguir un hilo muy concreto. La semana pasada, el TJUE dejó claro que los jueces nacionales deben aplicar la amnistía si consideran que se dan los requisitos legales, sin que otros órganos puedan bloquearlo arbitrariamente. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas —que investiga a los líderes del procés por la financiación del 1-O— decidió abrir un nuevo trámite de alegaciones de diez días justo después de conocerse el fallo.
Para Boye, esa maniobra equivale a una «suspensión de facto» de la sentencia europea. Según la denuncia, mantener vivas unas cautelares que gravan a los acusados en más de 9,5 millones de euros después de la resolución del TJUE «no es ejercer la competencia del juez nacional para apreciar los hechos: es eludir la interpretación declarada». El escrito pide a Bruselas que intervenga ante lo que considera un incumplimiento objetivo y deliberado del derecho de la Unión.
El movimiento del Tribunal de Cuentas que ha encendido a los independentistas
La denuncia de Puigdemont, Comín y Puig también subraya que el Tribunal de Cuentas no solo habría dilatado el proceso, sino que además habría «tergiversado» públicamente el contenido del fallo del TJUE mediante una nota de prensa oficial. Ese gesto, a juicio de los denunciantes, «afecta al valor del Estado de Derecho» sobre el que se fundamenta la Unión, y abre la puerta a una eventual responsabilidad patrimonial del Estado español por violaciones del derecho comunitario.
Desde la Comisión Europea todavía no hay una respuesta oficial, aunque fuentes comunitarias señalan que este miércoles 23 de julio podría emitir una primera reacción. El comisario de Justicia, el irlandés Michael McGrath, solo ha dicho por ahora que la Comisión «toma buena nota» de las sentencias del TJUE y que las examinará de cerca. La prudencia de Bruselas es habitual en este tipo de denuncias, sobre todo cuando chocan con la autonomía procesal de los Estados miembros.
El precedente: ¿puede Bruselas obligar a España a cambiar una decisión judicial?
La pregunta de fondo es si la Comisión Europea tiene herramientas reales para forzar a un tribunal nacional a aplicar una ley en un sentido concreto. Los precedentes no son alentadores para los denunciantes. Aunque Bruselas puede abrir un procedimiento de infracción contra un país que incumpla el derecho de la UE, hacerlo por una discrepancia interpretativa de una resolución judicial interna es muy poco frecuente. La mayoría de los litigios entre la Comisión y los Estados miembros se resuelven por la vía del diálogo o, a lo sumo, con una carta de emplazamiento que rara vez escala.
En paralelo, el propio TJUE mantiene abiertas otras cuestiones prejudiciales relacionadas con la amnistía, lo que añade más incertidumbre al tablero. Lo que pase en las próximas semanas en el Tribunal de Cuentas —y la eventual reacción de la Comisión— será clave para saber si el procés entra en una nueva fase judicial o si el pulso independentista se queda en un gesto político sin consecuencias inmediatas.
El escrito pide a la Comisión Europea que actúe contra España por un supuesto incumplimiento deliberado de la sentencia del TJUE sobre la amnistía.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig han denunciado a España ante la Comisión Europea por no aplicar la ley de amnistía tras el fallo del TJUE.
- Por qué te importa: El conflicto retrasa la aplicación de una norma que afecta al futuro judicial de líderes independentistas y mantiene abierta la tensión política en Cataluña.
- A quién afecta: Directamente a los encausados por el procés con responsabilidades contables pendientes y, en un plano más amplio, a la relación entre la justicia española y las instituciones europeas.
- Hacia dónde vamos: Se espera una primera reacción de Bruselas este mismo miércoles, aunque los expertos ven difícil que la denuncia prospere de forma inmediata.
