Ayer, viernes, la Comisión Europea publicó su informe anual sobre el Estado de Derecho en la UE y puso el foco en España. Bruselas reclama más medidas para combatir la corrupción de alto nivel y endurecer las normas sobre los conflictos de interés de los altos cargos. El documento ve avances “limitados” en las reformas en marcha y emite recomendaciones concretas para mejorar la investigación y la confianza institucional.
El capítulo dedicado a España constata “algunos avances” para reducir los largos plazos de los procesos por corrupción de alto nivel, como el aumento de plantillas y los cambios legislativos. Sin embargo, los servicios comunitarios insisten en que las reformas avanzan con lentitud y los desafíos persisten.
¿Qué recomienda Bruselas exactamente?
La primera recomendación es impulsar la reforma del Código Procesal Penal para fortalecer el marco de las investigaciones y los enjuiciamientos por casos de corrupción de alto nivel, con el objetivo de acortar las demoras. La Comisión considera necesario acelerar este proceso para que las herramientas legales sean más eficaces.
Además, el Ejecutivo comunitario ve avances “limitados” en las normas sobre conflictos de intereses y las declaraciones patrimoniales de los altos cargos. A pesar de iniciativas como el Plan Estatal de Anticorrupción, la “aplicación práctica de la normativa vigente no ha mejorado”, recoge el texto. Por eso, recomienda a España que refuerce esa normativa y “garantice la independencia y la eficacia” del organismo supervisor que detecta y sanciona irregularidades.
¿Qué otras alertas enciende el informe?
El informe también se hace eco de la “preocupación” expresada por jueces y profesionales del derecho ante las críticas públicas de políticos, incluido el Gobierno, a las decisiones judiciales. El Tribunal Supremo, el CGPJ y las asociaciones de jueces han señalado que esas declaraciones erosionan la confianza en el poder judicial. En este sentido Bruselas recomienda a España que impulse la reforma del sistema de elección del CGPJ —cuyo consenso aún no se ha alcanzado— para adaptar los nombramientos a los estándares europeos, en en particular las orientaciones de la Comisión de Venecia.
La Comisión Europea también reclama avances en la ley de transparencia para los grupos de interés. Considera “limitados” los progresos en el control de los lobbies y pide un registro público obligatorio de lobistas. Además, apunta que la reforma de la Ley de Secretos Oficiales debe completarse con la adopción de una ley de administración abierta, teniendo en cuenta las normas europeas de acceso a los documentos oficiales.
El organismo supervisor de las declaraciones de altos cargos necesita independencia y eficacia reales, según la Comisión Europea.
Sobre la libertad de medios, el informe recoge quejas sobre la independencia editorial de las emisoras públicas, tanto a nivel nacional como autonómico. En concreto, señala que “si bien el Gobierno destaca el funcionamiento normal” de RTVE desde la reforma, las partes interesadas alertan de riesgos de injerencia política.
Respecto al estatuto de la Fiscalía General, la Comisión reconoce “avances significativos” gracias al proyecto de ley que deja las investigaciones penales a fiscales y amplía a cinco años el mandato del fiscal general. No obstante, la reforma aún no ha sido aprobada, por lo que insta a continuar los esfuerzos para separar sus mandatos del ciclo político.
📌 El foco social: las claves
- 🔎 Qué es lo importante: Bruselas pide reformas contra la corrupción de alto nivel y conflictos de interés.
- 👥 Quiénes son los afectados: La ciudadanía, los altos cargos y el sistema judicial.
- ➡️ Qué consecuencias puede traer: Mayor control sobre los lobbies y refuerzo de la confianza institucional.
