El Ministerio para la Transición Ecológica ha incluido en el real decreto de gestión del riesgo de inundaciones una modificación del Reglamento de Costas que amplía el dominio público marítimo-terrestre con un criterio polémico: bastará el alcance de una sola ola de temporal para fijar el límite. La medida, anunciada esta semana por la vicepresidenta Sara Aagesen como respuesta a la dana de 2024, podría afectar a miles de viviendas y negocios en el litoral español.
¿Qué cambia exactamente en el Reglamento de Costas?
Hasta ahora, el límite del dominio público se calculaba con el promedio del alcance de las olas de los cinco mayores temporales registrados en un año. La nueva redacción, según el borrador conocido, elimina ese promedio y toma como referencia el punto máximo que alcanzó una única ola durante cualquier temporal desde que existen registros. Además, la definición de playa se amplía para incluir también las dunas fósiles o fijadas que antes quedaban excluidas, salvo que estén aisladas tierra adentro y sin conexión con la costa.
¿A quién afecta la ampliación del deslinde?
La modificación afecta directamente a cualquier persona que tenga una vivienda, un negocio o un terreno en primera línea de costa o en zonas dunares cercanas. Aunque no existe un censo oficial, una investigación de 'Newtral' cifra en más de 86.000 las viviendas que ya se hallaban en un limbo jurídico por el avance de la erosión. Las asociaciones de afectados, como Somos Mediterrania, calculan que desde 1988 el dominio público marítimo-terrestre ha pasado de unas 14.000 hectáreas a cerca de 150.000, multiplicándose por más de diez. En lugares como el Cabo Huertas en Alicante o las casas situadas en acantilados canarios, la simple salpicadura del mar durante un temporal podría bastar para que el terreno pase a ser público, advierten.
Un criterio introducido sin debate parlamentario
La plataforma Somos Mediterrania denuncia que la modificación se ha colado 'por la puerta de atrás' dentro de un decreto sobre inundaciones, sin pasar por el Congreso. Manuel López, uno de sus fundadores, lamenta que 'la definición misma del dominio público debería estar en la ley y debatirse en las Cámaras'. Desde la Plataforma de Afectados por el Deslinde de Costa en Formentera, su presidenta, María José Mayans, recuerda que el Consejo de Estado ya advirtió en 2022 que bastaba el alcance de una sola ola para convertir el terreno en público. Aquel reglamento, impulsado por la exvicepresidenta Teresa Ribera, fue anulado por el Tribunal Supremo por defectos de procedimiento.
La vicepresidenta Aagesen, que presentó el decreto en Valencia, no mencionó en ningún momento esta modificación de costas, lo que ha levantado suspicacias entre los afectados.
Además, los afectados señalan una incongruencia: para los cauces de los ríos, el límite del dominio público hidráulico se fija con una media de más de diez años, no con la máxima crecida histórica. 'Incomprensiblemente, no se ha seguido el mismo criterio en la costa', critica Mayans.
El abogado Daniel Olabarría, especialista en costas, explica que 'amplía de manera relevante los criterios para determinar una zona marítimo-terrestre' y que la inclusión de cualquier duna es otro cambio sustancial. 'Antes se excluían, de manera general, las dunas relictas o fijadas; ahora también se incluyen', detalla.
Con el nuevo criterio, bastará que una sola ola de temporal alcance una propiedad para que el terreno pase a ser público, arrastrando el valor de las viviendas y dificultando las hipotecas.
Consecuencias para los propietarios y el argumento del clima
Para los propietarios, el cambio puede suponer un fuerte quebranto económico. Manuel López advierte de un posible 'colapso financiero' porque las viviendas afectadas perderían valor, serían difícilmente hipotecables y nadie querría comprarlas. 'Nadie te va a dar nada por estas casas', resume. Las asociaciones temen que la banca deniegue hipotecas y que muchos propietarios queden atrapados sin poder vender.
El Gobierno, por su parte, justifica el nuevo criterio en la necesidad de adaptarse a los efectos del cambio climático y al aumento de los temporales. Sin embargo, el ingeniero Íñigo Losada, director del Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria, ha recordado que la principal causa de la erosión costera es la falta de sedimentos por la regulación de los ríos y las presas, y que recuperar ese aporte reduciría el riesgo notablemente. A la erosión por la falta de sedimentos se suma el aumento del nivel del mar, pero los expertos insisten en que la solución pasa también por recuperar el aporte de arena a las playas.
📌 El foco social: las claves
- 🔎 Qué es lo importante: El Gobierno modifica el Reglamento de Costas para que el límite del dominio público lo marque la ola más alta de un temporal.
- 👥 Quiénes son los afectados: Propietarios de viviendas y negocios en primera línea de costa o zonas dunares.
- ➡️ Qué consecuencias puede traer: Devaluación de inmuebles, dificultades hipotecarias y litigios sobre deslindes.
