Trabajar en una residencia de mayores puede ser agotador y, además, mal pagado. El sueldo base de una gerocultora está por debajo del salario mínimo interprofesional (SMI) en 2026, según los sindicatos mayoritarios.
Salarios que no llegan al SMI: el convenio nacional en números
El convenio colectivo estatal de la dependencia, firmado en 2023 y actualmente prorrogado tras caducar el 31 de diciembre de 2025, fija un salario base de 1.160,37 euros para una gerocultora. Esa cifra es inferior al SMI vigente desde principios de 2026, que asciende a 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas.
En la práctica, esto significa que muchos profesionales del sector terminan cobrando poco más del mínimo legal cuando se suman complementos como la nocturnidad o la antigüedad. Los sindicatos CCOO y UGT advierten de que la situación provoca una escasez alarmante de personal y una fuga continua de trabajadoras hacia otros sectores con mejores condiciones.
Solo algunas comunidades con convenio propio logran superar esa barrera. En Baleares, el sueldo base ronda los 1.500 euros mensuales; en Bizkaia, los 1.800 euros (según cifras de 2025); y en Gipuzkoa, los 1.798 euros (con datos de 2024). En el resto de autonomías con marco propio, las diferencias son mínimas: en Cataluña se sitúa en 1.229 euros (2025) y en la Comunidad Valenciana apenas alcanza los 1.174 euros.
Los salarios del sector no acompañan a la enorme responsabilidad de cuidar a personas dependientes, en un contexto de cuotas que superan de media los 2.100 euros al mes.
Precios disparados frente a salarios congelados: la paradoja del sector
Mientras los sueldos apenas despegan, las tarifas que pagan las familias siguen subiendo. Según el portal especializado Inforesidencias.com, el precio medio de una plaza privada en España en 2025 fue de 2.118 euros al mes. El País Vasco lideraba las tarifas con 2.548 euros, frente a los 1.677 de Extremadura, que se situaba en el otro extremo.
A esa cantidad hay que sumarle los extras —podología, fisioterapia o peluquería—, que suponen unos 110 euros adicionales de media, de acuerdo con una encuesta reciente de la OCU. Además, la inflación ha golpeado al sector: entre enero de 2014 y marzo de 2025 el coste de la vida subió un 25,6 %, mientras que las tarifas residenciales solo aumentaron un 15,7 % en el mismo periodo, según la misma fuente.
Consuelo Cuadra, responsable de Dependencia de la Federación de Sanidad de CCOO, denuncia que “no existe relación directa entre precio y mejora de ratio o condiciones laborales”. Añade que la alta rotación y la falta de personal se derivan de jornadas interminables y un escaso reconocimiento social, además de bases salariales que a menudo caen por debajo del mínimo legal.
Qué exigen CCOO y UGT para cambiar esta realidad
Ambos sindicatos plantean una batería de medidas. La más inmediata es aprovechar la negociación del IX Convenio Estatal de la Dependencia para fijar un marco que permita “atraer a nuevos profesionales y evitar que se vayan los actuales”, en palabras de Cuadra. También reclaman a las comunidades autónomas que revisen las ratios obligatorias de personal por residente.
Luis Batuecas, coordinador de UGT Servicios Públicos, insiste en la necesidad de una “dignificación salarial vía Convenio” que supere los sueldos bajos y pide una ley estatal que obligue a contar con un número mínimo de trabajadoras por plaza. “Menos carga de trabajo reduce el estrés laboral y mejora drásticamente la calidad asistencial del mayor”, argumenta.
Además, UGT propone reconocer como enfermedad profesional las lesiones musculoesqueléticas por movilización de pacientes y aplicar coeficientes reductores que permitan la jubilación anticipada en el sector. Para aliviar la presión económica de las familias, plantea incrementar las ayudas de la Prestación Económica Vinculada al Servicio (PEVS), aplicar deducciones fiscales en el IRPF y obligar por ley a las residencias 100 % privadas a reservar un porcentaje de plazas con precios tasados para emergencias de vulnerabilidad.
Ficha práctica: lo que necesitas saber si trabajas o te planteas trabajar en residencias
- ¿Quién está afectado? Todo el personal sociosanitario de residencias privadas no concertadas, especialmente gerocultoras y auxiliares.
- ¿Cuál es la situación actual? El salario base nacional de 1.160,37 € no alcanza el SMI (1.221 € en 2026). Hay diferencias por comunidades, pero la mayoría no superan el mínimo.
- ¿Qué se reclama? Subidas salariales por convenio, ratios obligatorias de personal, reconocimiento de enfermedades profesionales y jubilación anticipada.
- ¿Dónde informarse? En los portales sindicales de CCOO o UGT, y en las secciones laborales de las consejerías autonómicas de servicios sociales.
- Letra pequeña clave: El convenio estatal está caducado y en negociación; las mejoras dependen de que el nuevo texto recoja estas demandas.
El resumen rápido (TL;DR)
- 🎯 ¿Qué ha pasado? Los sueldos en residencias privadas no cubren ni el SMI en 2026.
- 💶 ¿A quién le interesa? A trabajadoras actuales, futuras profesionales del sector y a sus familias.
- ✅ ¿Qué tienes que hacer? Seguir la negociación del convenio y exigir mejoras en las ratios y salarios a través de los sindicatos.
