La irrupción de la inteligencia artificial generativa ha abierto un nuevo escenario para las universidades españolas. Lo que hace apenas unos años era un fenómeno incipiente se ha convertido en un desafío cotidiano para miles de docentes que deben evaluar trabajos, prácticas y exámenes en un contexto en el que herramientas capaces de redactar textos, resolver problemas o generar código informático están al alcance de cualquier estudiante en cuestión de segundos. La preocupación ahora se cierne sobre la capacidad real de las instituciones para garantizar que las calificaciones reflejan el conocimiento adquirido por el alumnado.
Ese es el principal mensaje que lanza la Conferencia de Directores de Escuelas con Grados en el Ámbito de la Telecomunicación (CODIGAT), que ha aprobado un manifiesto para reclamar al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades una reforma de la Ley Orgánica de Convivencia Universitaria (LOCU). El objetivo pasa por adaptar la normativa a un escenario completamente distinto al existente cuando fue aprobada, reforzando la capacidad de las universidades para actuar frente al fraude académico vinculado al uso de inteligencia artificial.
La petición de los responsables de estas escuelas llega en un momento en el que numerosas universidades españolas han comenzado a revisar sus sistemas de evaluación para hacer frente al impacto de la IA generativa. La popularización de plataformas como ChatGPT, Gemini, Claude o Copilot ha obligado a modificar pruebas, aumentar los exámenes presenciales, incorporar defensas orales de trabajos y reforzar los mecanismos de verificación de la autoría de los ejercicios.
Sin embargo, desde CODIGAT consideran que esos cambios metodológicos no son suficientes si la legislación continúa dificultando la respuesta ante los casos de fraude. Los directores sostienen que el problema ya no puede abordarse como una situación excepcional... más bien como un reto estructural que afecta a la credibilidad del sistema universitario y a la propia validez de los títulos académicos.
La evaluación universitaria entra en una nueva etapa marcada por la inteligencia artificial
El manifiesto aprobado por CODIGAT advierte de que la rápida evolución de la inteligencia artificial ha transformado profundamente la manera en la que puede producirse el fraude durante los procesos de evaluación. Si hasta hace pocos años las irregularidades estaban ligadas principalmente al plagio tradicional o a la copia durante un examen, las nuevas herramientas permiten generar respuestas originales, elaborar trabajos completos o resolver ejercicios complejos con un nivel de calidad que dificulta enormemente detectar si el estudiante domina realmente la materia.
Esta situación coloca a los profesores ante un problema inédito. La dificultad ya no reside únicamente en descubrir si un texto ha sido elaborado mediante inteligencia artificial, sino en comprobar que el alumno posee las competencias que acredita haber adquirido durante el curso.
Diversos estudios académicos publicados durante los dos últimos años coinciden en que los detectores automáticos de contenido generado por IA presentan importantes limitaciones y pueden producir tanto falsos positivos como falsos negativos. Por ese motivo, numerosas universidades internacionales y españolas han descartado confiar exclusivamente en estas herramientas y han optado por rediseñar sus sistemas de evaluación mediante pruebas presenciales, entrevistas individuales o ejercicios prácticos que permitan verificar el aprendizaje real.
En este contexto, CODIGAT considera que las universidades han realizado un importante esfuerzo incorporando nuevas metodologías docentes y herramientas tecnológicas para preservar la integridad académica. Sin embargo, entienden que la legislación vigente limita la eficacia de esas actuaciones debido a la complejidad de los procedimientos sancionadores previstos en la Ley Orgánica de Convivencia Universitaria.
La norma, aprobada en 2022 para sustituir al antiguo reglamento disciplinario universitario, establece el régimen de infracciones y sanciones en el ámbito universitario. Aunque contempla el fraude académico como una conducta sancionable, desde las escuelas de ingeniería consideran que la realidad tecnológica ha evolucionado a un ritmo muy superior al de la regulación.
Los profesores piden endurecer las sanciones para proteger el valor de los títulos
La principal reivindicación planteada por CODIGAT consiste en modificar la legislación para dotar a las universidades de instrumentos más ágiles y eficaces frente al fraude académico relacionado con la inteligencia artificial.
El manifiesto propone, en primer lugar, que los estudiantes que sean sorprendidos cometiendo fraude pierdan automáticamente el derecho a ser evaluados tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria de la asignatura correspondiente. Los responsables universitarios entienden que una medida de este tipo tendría un efecto claramente disuasorio y reforzaría la cultura de la honestidad académica.
Además, solicitan que las consecuencias aumenten de forma progresiva cuando exista reincidencia, de manera que quienes acumulen varios episodios de fraude afronten sanciones más severas. A ello añaden una tercera petición centrada en simplificar los procedimientos administrativos de instrucción para que las universidades puedan actuar con mayor rapidez, evitando procesos excesivamente largos que, en ocasiones, reducen la eficacia de las medidas disciplinarias.
Para los directores de las escuelas de telecomunicación, la integridad académica trasciende el ámbito estrictamente universitario. En el manifiesto recuerdan que garantizar que los títulos acreditan realmente las competencias adquiridas constituye una responsabilidad institucional hacia toda la sociedad.
La preocupación no se limita únicamente al prestigio de las universidades. También afecta a la confianza que depositan empresas, administraciones públicas, colegios profesionales y ciudadanos en los titulados que acceden posteriormente al mercado laboral. Si los sistemas de evaluación dejan de certificar adecuadamente los conocimientos de los graduados, advierten, podría ponerse en cuestión la credibilidad del conjunto del sistema universitario.
La inteligencia artificial tampoco es percibida únicamente como una amenaza. Buena parte de las universidades coinciden en señalar que estas herramientas ofrecen un enorme potencial para mejorar el aprendizaje, favorecer la personalización de la enseñanza y aumentar la productividad tanto de estudiantes como de investigadores. El debate, por tanto, no gira en torno a prohibir su utilización, sino a establecer reglas claras sobre cuándo puede emplearse y cuándo supone una vulneración de las normas de evaluación.
Precisamente por ello, cada vez más centros están incorporando políticas específicas sobre el uso responsable de la IA en trabajos académicos, obligando a declarar cuándo se ha utilizado este tipo de herramientas y delimitando qué usos son aceptables dentro de cada asignatura.
