El partido de Santiago Abascal quiere tumbar de un plumazo más de diez leyes. La reforma laboral, la ley de igualdad, la de vivienda y la de cambio climático, entre otras, desaparecerían si Vox tuviera capacidad para aplicar su plan de desregulación. El documento, hecho público ayer sábado, calcula que la maraña normativa actual cuesta 90.000 millones de euros al año a familias y empresas.
Indignómetro
Nivel de impacto social: 8/10. La derogación masiva afectaría a millones de trabajadores, inquilinos y empresas, y cambiaría las reglas del empleo, la vivienda y la igualdad si alguna vez llegara a aprobarse. Las principales afectadas serían las normativas que protegen derechos laborales y medioambientales.
Qué propone Vox exactamente
La formación ha publicado un documento con una batería de medidas bajo el lema de acabar con la “hiperregulacion” —así, sin tilde, en su lenguaje— y devolver competencias al Estado. La estrella es la derogación de la reforma laboral, el fin del registro horario obligatorio y la eliminación de los planes de igualdad en empresas. Abascal también quiere tumbar la ley de vivienda, la de cambio climático, la de movilidad sostenible y la de residuos, entre al menos una decena de normas.
En lo económico, Vox promete derogar tres normas por cada nueva que se apruebe y que ésta sea “lo menos restrictiva posible”. Además, propone eliminar las obligaciones lingüísticas en etiquetados, desregular las promociones comerciales y reducir los trámites urbanísticos para acelerar la construcción. A nivel europeo, exige revisar el Pacto Verde, las directivas de sostenibilidad y los acuerdos comerciales como el de Mercosur.
A quién afecta el plan de derogación
Si esta propuesta se hiciera realidad, los primeros en notar el cambio serían los trabajadores. La desaparición de la reforma laboral suprimiría los contratos fijos discontinuos y las limitaciones a la temporalidad, mientras que el fin del registro horario eliminaría el control de las horas extra. Así, la protección frente al despido y las horas extra quedarían en manos de la negociación empresa a empresa.
Las mujeres y los colectivos LGTBI también perderían herramientas: los planes obligatorios de igualdad en empresas de más de 50 empleados y los protocolos LGTBI desaparecerían. La ley de vivienda dejaría sin efecto el control de precios del alquiler en zonas tensionadas, una medida que afecta sobre todo a jóvenes y familias con menos recursos.
Las empresas, en cambio, se beneficiarían de una reducción de cargas burocráticas y costes. Vox calcula que la hiperregulación supone 90.000 millones anuales, una cifra que los críticos consideran inflada y que el partido utiliza para defender su politica.
Antecedentes: cuando los partidos prometen derribar leyes
No es la primera vez que una formación política pone sobre la mesa una derogación masiva. En 2018, Ciudadanos ya planteó eliminar parte de la reforma laboral de 2012 y en 2023 el PP prometió tumbar la ley de vivienda. Sin embargo, la mayoría de esas promesas se estrellaron contra la falta de mayorías parlamentarias o el ruido de la negociación.
En el caso de Vox, el plan va más allá y no se limita a una o dos leyes estrella: es un proyecto de desregulación transversal que requeriría una mayoría absoluta o un apoyo parlamentario que hoy no tiene. La propuesta también choca con muchas directivas europeas, lo que obligaría a renegociar en Bruselas. Los expertos señalan que una parte de las medidas no podría aplicarse por la primacía del derecho comunitario.
Mientras tanto, la formación de Abascal utilizará este documento como eje de su discurso para las próximas elecciones. De momento, el texto se queda en un catálogo de intenciones que retrata su modelo de país.
La batería de derogaciones toca desde el registro horario hasta la obligación de planes de igualdad en las empresas, pasando por la ley de vivienda.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: Vox ha presentado un documento con una propuesta de derogación de más de diez leyes, entre ellas la reforma laboral, la ley de igualdad y la de vivienda.
- Por qué te importa: Si se aplicara, cambiarían las reglas del empleo, la protección de los inquilinos y las obligaciones medioambientales de las empresas.
- A quién afecta: Trabajadores, jóvenes que alquilan, mujeres, autónomos y empresas de todos los tamaños.
- Hacia dónde vamos: La propuesta no tiene recorrido legislativo inmediato, pero marcará el debate político de los próximos meses y la estrategia electoral de Vox.
