Si creías que criticar a un rey o hacer una sátira religiosa podía costarte una condena penal, presta atención. El Congreso reactiva esta misma semana una reforma que cambiará lo que puedes decir y publicar sobre la Corona, las creencias religiosas o los símbolos nacionales.
Indignómetro
Nivel de impacto social: 9/10. La reforma toca de lleno el debate sobre los límites del humor, la crítica política y la expresión en redes, y afecta a cualquier ciudadano que se manifieste públicamente.
¿Qué artículos desaparecerían del Código Penal?
La proposición de ley, impulsada inicialmente por Sumar a instancias de Izquierda Unida, elimina de un plumazo hasta seis preceptos penales. Los artículos 490, 491 y 496 dejarían de castigar las calumnias e injurias contra la Corona, las Cortes Generales o los parlamentos autonómicos. También se suprimiría el polémico artículo 525, que hasta ahora tipifica el delito de escarnio contra los sentimientos religiosos, y el 543, sobre las ofensas a los símbolos de España.
Además, la reforma modifica el artículo 504 para eliminar las penas por injurias al Gobierno, al Consejo General del Poder Judicial o al Tribunal Supremo. Eso sí, la exaltación del terrorismo queda fuera: Sumar renunció a incluir esa despenalización en el texto final, según confirmó el coportavoz Enrique Santiago.
¿Qué cambia para la libertad de expresión?
El objetivo declarado es alinear la legislación española con los estándares internacionales de derechos humanos. Los miembros de la Familia Real mantendrán protección frente a injurias y calumnias, pero en las mismas condiciones que cualquier ciudadano, no con un tipo penal agravado. Lo mismo ocurre con las instituciones: la crítica o incluso el escarnio dejarían de ser delito y pasarían a dirimirse por la vía civil, si procede.
Para el PSOE y Sumar, la medida fortalece la democracia. “Esta reforma es una urgencia democrática”, ha defendido Santiago. El portavoz socialista en la comisión Constitucional, Artemi Rallo, insiste en que se refuerza “la protección del derecho a la libertad de expresión”. Sin embargo, la oposición conservadora ya ha anticipado un fuerte rechazo al considerar que se desprotegen símbolos nacionales y sentimientos religiosos.
La reforma elimina los delitos de ofensas religiosas y a la Corona, pero mantiene la protección por la vía civil y no toca la exaltación del terrorismo.
El PP y Vox ya han calificado la iniciativa de “irresponsable” y han anunciado enmiendas a la totalidad, mientras que juristas y plataformas de derechos civiles aplauden el paso, aunque reclaman que se extienda la protección a todas las formas de expresión artística.
El precedente de 2023: un bloqueo que ahora promete desatascarse
La misma norma se debatió por primera vez en diciembre de 2023, apenas unos meses después de arrancar la legislatura. Desde entonces, la tramitación se congeló. Ahora, en un contexto político revuelto por los presuntos casos de corrupción que acosan al Ejecutivo, el Gobierno busca recuperar la iniciativa legislativa y reunir al bloque de la investidura.
El texto se enmarca en la estrategia de acelerar las 'leyes estrella' antes de que la legislatura se agote. Junto a esta reforma, el Ejecutivo quiere aprobar el techo de gasto y otras normas que considera prioritarias. La intención de PSOE y Sumar es aprobarla antes de que termine julio o, a más tardar, en septiembre.
El principal escollo es Junts. Los posconvergentes avalaron la admisión a trámite en 2023, por lo que fuentes parlamentarias creen que sería contradictorio que ahora la tumbaran. Aun así, la relación con Carles Puigdemont está tensa, y la incógnita se resolverá en breve. En otras reformas polémicas, Junts ha oscilado entre el apoyo y la abstención, condicionando su voto a otros acuerdos.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: PSOE y Sumar han desbloqueado la tramitación de una ley que suprime del Código Penal los delitos de ofensas a la Corona, los sentimientos religiosos y otras instituciones.
- Por qué te importa: Tus comentarios, publicaciones o críticas sobre estos temas dejarían de tener consecuencias penales, aunque podrían acarrear demandas civiles.
- A quién afecta: A cualquier persona que se exprese en público, en redes sociales o en medios sobre la monarquía, las religiones o los símbolos del Estado.
- Hacia dónde vamos: Los impulsores esperan que el Congreso apruebe la reforma antes del verano o en septiembre, aunque necesitan sumar a Junts.
