El personal de las estaciones de servicio (gasolineras) está llamado a la huelga en toda España el 30 de abril y el 3 de mayo, dos fechas claves en la operación salida y retorno del puente de mayo. El paro será parcial el día 30, entre las 12:00 y las 16:00 horas, y se convertirá en una huelga de 24 horas el día 3, cuando buena parte de los conductores regresen a casa tras varios días festivos, según han anunciado los sindicatos convocantes, CCOO Industria y UGT FICA.
La convocatoria afecta al convenio colectivo estatal de estaciones de servicio, que cubre a más de 50.000 trabajadores repartidos por todo el país. La negociación de ese convenio, caducado desde finales de 2024, lleva más de un año encallada. La mesa se constituyó formalmente en marzo de 2025 y, pese a múltiples reuniones, no ha logrado un acuerdo, lo que ha disparado la tensión en un sector clave para la movilidad.
"Tras meses de negociación y avances parciales, la patronal ha dado un paso atrás inadmisible, retirando propuestas previamente planteadas y presentando un planteamiento económico regresivo que, a juicio de los sindicatos, supone un ataque directo a las plantillas", explican desde Comisiones Obrera.
En la práctica, el impacto para los ciudadanos dependerá del seguimiento real de la huelga y de los servicios mínimos que fije la autoridad laboral. En todo caso, el calendario no es casual, ya que se trata de dos jornadas con un fuerte volumen de desplazamientos por carretera y con los precios de los carburantes aún elevados por la inestabilidad internacional y el encarecimiento energético.
Yendo al meollo del asunto, los usuarios pueden encontrarse con cierres parciales, menos personal, colas en determinadas áreas de servicio y tiempos de espera más largos para repostar, especialmente en las grandes rutas de largo recorrido y en los accesos a las grandes ciudades. Aunque el suministro de combustible en situaciones de emergencia estará protegido por servicios mínimos, el funcionamiento ordinario de muchas estaciones podría verse resentido.
La experiencia de conflictos anteriores en el sector apunta a que los conductores adelantarán el repostaje por miedo al desabastecimiento y a que las estaciones agoten sus reservas en momentos puntuales, instalando una sensación de incertidumbre que seguramente acabe afectando más que la propia huelga.
La huelga de gasolineras, un conflicto enquistado
El núcleo del conflicto está en los salarios y en la pérdida de poder adquisitivo acumulada en los últimos años. CCOO Industria y UGT FICA exigen un incremento mínimo del 2 % anual y una cláusula de garantía que actualice las tablas como mínimo conforme al IPC real más un 0,5 %. Defienden que, con la inflación y los combustibles disparados, mantener congeladas o apenas revisadas las nóminas equivale a un recorte encubierto.
Los sindicatos denuncian que la patronal pretende topar el IPC sin asegurar que los sueldos no pierdan valor, e incluso retirar aumentos que se habían llegado a plantear en fases anteriores de la negociación. Hablan de una oferta económica claramente regresiva y de un ataque directo a las plantillas al "trasladar de nuevo el coste de la situación económica a las personas trabajadoras", en un contexto en el que las empresas del sector siguen beneficiándose de márgenes elevados gracias a los altos precios de la energía.
De hecho, desde la propia CCOO de Industria señalan directamente en redes a cadenas de gasolineras como Repsol, Moeve, BP y Shell, al menos en sus comunicaciones en redes sociales, donde incluso utilizan el hashtag #SeLoEstanLlevandoCrudo.
"Intentan justificar este atropello en un contexto de subida generalizada de precios, especialmente de los combustibles, que golpea de lleno a las economías familiares", afirman tajantemente desde CCOO Catalunya.
Aparte de las tablas salariales, las organizaciones sindicales reclaman avances en conciliación, reducción de jornada y mejora de pluses y complementos, así como un reconocimiento claro de las funciones reales que ya desempeñan muchos empleados. Rechazan que el nuevo convenio amplíe sus tareas a labores comerciales u hosteleras —por ejemplo, atender cafetería y tienda además del repostaje— sin una compensación específica ni una categoría profesional acorde.
El bloqueo se explica también por la posición de la patronal, representada por las organizaciones CEEES y AEVECAR. Los empresarios se resisten a vincular de forma automática los salarios al IPC real y recelan de asumir cláusulas de revisión que blinden el poder de compra, alegando incertidumbre económica y la necesidad de contener costes laborales. Las últimas propuestas, según la versión sindical, han supuesto incluso un paso atrás respecto a borradores anteriores, lo que ha sido interpretado como una ruptura de la negociación.
A este choque de fondo se suma que el marco general de la negociación colectiva en España atraviesa un momento delicado tras la caducidad de los acuerdos interconfederales que marcaban recomendaciones de incrementos y cláusulas de revisión para múltiples sectores. Sin ese paraguas, los conflictos se han multiplicado y el de las gasolineras se inscribe en una oleada más amplia de paros y tensiones en convenios bloqueados.
Desde el arranque de la negociación, CCOO y UGT han mantenido plataformas reivindicativas diferenciadas, lo que rompió la unidad de acción que históricamente habían exhibido en este convenio. Aunque coinciden en el diagnóstico de fondo —consideran que la patronal "no negocia de verdad"—, esta falta de frente común ha alargado los tiempos y ha dificultado la presión coordinada en la mesa.
Impacto desigual según el tipo de estación de servicio
Los efectos de la huelga no serán homogéneos en todo el territorio. Por ejemplo, en comunidades como Extremadura, las asociaciones empresariales del sector insisten en que el parón afectará sobre todo a las grandes compañías y a las estaciones situadas en autovías y grandes ejes de comunicación, mientras que el impacto será menor en las pequeñas gasolineras independientes gestionadas por autónomos y familias, que en muchos casos no se rigen por el mismo convenio estatal.
Pero el mapa de las estaciones de servicio en España combina grandes redes vinculadas a las principales operadoras con una constelación de negocios pequeños que funcionan con otras lógicas y márgenes. Las primeras concentran más empleo asalariado sujeto al convenio y tienen mayor capacidad para coordinar el seguimiento de la huelga; las segundas dependen mucho del trabajo directo del titular y su entorno, y suelen quedar al margen de este tipo de conflictos.
Para el ciudadano, la diferencia, como decimos, se notará sobre todo en la red de carreteras de alta capacidad y en las grandes entradas urbanas, donde el peso de las grandes operadoras es mayor y donde el seguimiento del paro se prevé más significativo. Los viajeros que crucen el país o entren y salgan de los grandes núcleos durante el puente encontrarán más probabilidades de colas o de estaciones operando con personal mínimo en estas áreas que en zonas rurales o en pequeños municipios.
La negociación del convenio, mientras tanto, sigue empantanada. Tras más de un año de reuniones sin avances decisivos, las posiciones se han endurecido. Los sindicatos han optado por un calendario de movilización que busca visibilizar el conflicto sin paralizar completamente un servicio esencial durante varios días seguidos, pero advierten de que la pelota está ahora en el tejado de la patronal. Si no hay movimientos claros en las próximas semanas, dan por hecho que la conflictividad se mantendrá, con nuevas jornadas de paro sobre la mesa.
