Si tienes cuatro hijos, un alquiler de 1.180 euros al mes y un informe que te declara vulnerable, la lógica dice que no te pueden echar. Pero ayer, en Carabanchel, la lógica se fue de vacaciones. El tercer deshaucio en menos de dos años de una familia con cuatro menores a cargo se ejecutó pese a un dictamen de vulnerabilidad favorable y con un despliegue policial que dejó a los vecinos sin poder salir de sus casas. La historia se repite en un barrio donde los desalojos de viviendas públicas son ya un goteo constante.
Indignómetro
Nivel de impacto social: 9/10. Porque hablamos de una familia con menores a la que un juzgado y la administración autonómica dejan en la calle ignorando sus propios informes sociales. Es el tercer lanzamiento en menos de dos años, y esta vez la excusa de la caducidad de un decreto ha sido la llave para abrir la puerta a la policía.
Tercer intento en dos años, con seis furgonetas y un cordón policial
Diego y Melani, la pareja, llevaban meses resistiendo. La vivienda de la calle Recesvinto 73, en la Colonia Tercio y Terol, era su hogar y el de sus cuatro hijos. Pero la Agencia de Vivienda Social (AVS), el antiguo IVIMA, les había subido la renta hasta los 1.180 euros al mes, una cantidad que según su abogado está muy por encima de los módulos que fija la propia Comunidad de Madrid. La subida dejaba el alquiler en niveles imposibles para una familia que ya arrastraba problemas económicos.
El primer intento de desalojo, el 25 de mayo, se paralizó por la presión vecinal. El segundo, cuando se presentó un informe de vulnerabilidad social que reconocía que la familia estaba en situación de riesgo. Ese documento caducó al expirar el decreto antidesahucios en febrero, y entonces la maquinaria judicial se puso en marcha. Ni el juzgado ni la AVS atendieron a los intereses de los menores, aunque el abogado lo pidió por escrito.
Ayer por la mañana, seis furgonetas de las Unidades de Intervención Policial (UIP) de la Policía Municipal tomaron la calle. Cerraron el acceso a Recesvinto y a la colindante Alférez Juan Usera. «Parecía que hubiesen mandado un escuadrón del Ejército», comentó un vecino. Los residentes tuvieron que pedir permiso para salir a llevar a los niños al cole o pasear al perro. La concentración de apoyo, con unas 30 personas, no logró detener el lanzamiento, que se ejecutó de forma pacífica pero con la tensión habitual de estos operativos.
La administración te declara vulnerable, pero cuando caduca el decreto te echa sin mirar a los niños. Así funciona el sistema.
Un alquiler de 1.180 euros que no encaja con las normas de la propia Comunidad
El letrado de la familia denuncia que la renta es desproporcionada. Los estándares de la Comunidad de Madrid para vivienda protegida establecen módulos muy inferiores. Además, fuentes del Sindicato de Vivienda de Carabanchel (SVC) señalan que la AVS exige acreditar ingresos de manera casi imposible: «Te piden el carnet de pobre y, si no lo tienes actualizado, te suben el alquiler». El resultado es que familias que llevan años en esas casas acaban expulsadas.
La pareja intentó negociar una prórroga al menos hasta que acabara el curso escolar. No hubo respuesta. Mientras, la AVS alegaba desperfectos y humedades que, según los inquilinos, ya existían cuando entraron. La vivienda se había concedido originalmente a la madre de Diego, ya fallecida, y se había solicitado la subrogación de la protección. Pero ni esa vinculación histórica sirvió.
La campaña de desahucios en San Isidro: cuando el casero es la administración pública
El SVC advierte de que el de ayer no es un caso aislado. El pasado 15 de mayo, otra vivienda pública en Camino Alto de San Isidro fue desalojada después de ser transferida a un inversor privado. En el barrio de San Isidro se está produciendo una secuencia sistemática de desahucios y privatizaciones de viviendas protegidas, justo cuando la zona se ha convertido en objetivo de la especulación inmobiliaria del centro de Madrid. La colonia Tercio y Terol, nacida en los años 40 para realojar a chabolistas y migrantes rurales, es hoy un pastel goloso para el ladrillo.
La paradoja es cruel: la propia administración pública actúa como un casero que prioriza la rentabilidad sobre la función social de la vivienda. Cada desalojo ejecutado por la AVS es una confesión de que las políticas de vivienda fallan a quienes más las necesitan. Y cada furgoneta de la UIP que acordona la calle es una imagen que cala en un barrio donde la precariedad ya era el paisaje.
Tras el desahucio, la familia queda en emergencia habitacional. Los servicios sociales tendrán que intervenir, pero con los albergues saturados y las listas de espera para vivienda de emergencia, el horizonte es oscuro. El SVC mantiene las movilizaciones y reclama una moratoria que proteja de verdad a los menores.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: La Agencia de Vivienda Social desahució ayer a una familia con cuatro menores en Carabanchel, tras dos intentos previos y con un fuerte dispositivo policial.
- Por qué te importa: Demuestra que los mecanismos de protección social fallan cuando la propia administración es la casera y actúa con la misma lógica que un propietario privado.
- A quién afecta: A la familia desalojada y a miles de inquilinos de vivienda pública en Madrid que viven bajo la amenaza de subidas de renta y lanzamientos express.
- Hacia dónde vamos: El Sindicato de Vivienda mantiene las movilizaciones y exige una moratoria de desahucios que proteja de verdad a las familias con menores.
