América Latina es una de las regiones más urbanizadas del planeta. Su proceso de urbanización ha generado un crecimiento desordenado, desigualdad social y presión sobre las infraestructuras. Leopoldo Arnaiz Eguren, presidente de la firma Arnaiz, especializada en urbanismo, desarrollo urbanístico y desarrollo inmobiliario internacional, analiza cómo estas ciudades pueden evolucionar hacia modelos sostenibles, habitables y justos.
¿Hacia dónde se dirige el futuro del urbanismo en Latinoamérica?
Las ciudades deben controlar una urbanización acelerada, muchas veces sin planificación, que impacta el desarrollo urbano y la calidad de vida.
En las últimas décadas, el crecimiento de la población urbana ha sido intenso. La llegada de sectores pobres a zonas más prósperas ha intensificado los contrastes: barrios con estándares del primer mundo junto a áreas con condiciones del segundo, tercero o cuarto mundo. Esto provoca carencias en servicios básicos, infraestructuras insuficientes, problemas ambientales, altos niveles de inseguridad y un transporte público de baja calidad.
Para Arnaiz, la planificación urbana no debe limitarse a lo técnico. Es una cuestión política. Los gobiernos tienen que simplificar trámites, actualizar leyes y priorizar la protección del medio ambiente en los nuevos desarrollos.
Según Leopoldo Arnaiz, ¿cuáles son las claves para lograr un desarrollo urbano sostenible?
La firma Arnaiz subraya que todo parte de una planificación coherente para evitar un modelo de urbanización caótico. Es esencial mejorar conexiones entre barrios, crear espacios públicos de calidad, garantizar infraestructuras y fomentar cohesión social.
El crecimiento basado en proyectos fragmentados —parcelas aisladas, sin visión de conjunto— debe superarse. Dicho modelo genera ciudades inconexas y poco eficientes. Arnaiz destaca que armonizar los proyectos mediante estándares comunes asegura coherencia en el crecimiento.
¿Qué proyectos de gran envergadura ha desarrollado la firma Arnaiz en América Latina?
En 15 años, la firma Arnaiz ha diseñado múltiples planes para barrios residenciales, aunque muchos no se concretaron por barreras legales, económicas y administrativas. Ha trabajado en México (principalmente en Acapulco), Guatemala, República Dominicana, Brasil, Colombia y Paraguay, ofreciendo soluciones adaptadas a distintos perfiles de vivienda, priorizando opciones asequibles en entornos bien planificados.
La experiencia ha permitido a la firma Arnaiz conocer a fondo las legislaciones locales y los obstáculos que dificultan estos planes. En numerosos casos, la falta de apoyo político y municipal ha sido el motivo principal del fracaso de diversas iniciativas urbanísticas.
¿Tenéis en cuenta la participación de las plataformas ciudadanas en los proyectos?
La participación ciudadana suele ser limitada. Falta cultura urbanística en promotores y autoridades políticas, lo que favorece que prevalezcan intereses particulares sobre los colectivos. Además, coordinar factores sociales, técnicos, económicos y ambientales reduce la influencia real de estas plataformas en las decisiones finales.
¿En qué consiste el Programa de ODS Municipal en Latinoamérica?
Conocer el estado de las ciudades y su grado de urbanización es clave para mejorar su desarrollo urbanístico. Hoy, gracias a la tecnología y a herramientas gratuitas, los ciudadanos —especialmente los jóvenes— pueden analizar sus comunidades y proponer acciones concretas para optimizar la calidad de vida en sus municipios.
El Programa ODS Municipal facilita que los jóvenes accedan a información real sobre sus localidades. Con estos datos, identifican áreas de pobreza y zonas con carencias graves que afectan la convivencia y la calidad de vida, generando planes de acción efectivos.
¿Cómo se pueden garantizar decisiones políticas que prioricen el interés general?
Es esencial mantener equipos municipales estables. Cuando cada cuatro años se reemplaza al personal, se pierden continuidad y control del desarrollo urbano. Es prioritario invertir en la formación de los trabajadores y consolidar la gobernanza local para dar solidez a las políticas urbanísticas.
Además, se requiere una gestión más eficiente y un cambio cultural en la ciudadanía. Los habitantes deben entender que los servicios públicos dependen de presupuestos planificados, del pago de impuestos y de un sistema transparente. Con estos pilares, será posible cubrir prioridades, reducir la corrupción y construir una justicia social real.
