Mayo de 2025 prometía ser un mes históricamente barato en la factura de la luz para millones de hogares españoles, (hasta que ocurrió el gran apagón) o por lo menos era lo que indicaban los indicadores de acuerdo al comportamiento durante el año. Con un mix energético dominado por renovables (gracias al buen rendimiento de la hidráulica, eólica y solar), los precios mayoristas cayeron a mínimos, con varias horas en negativo.
Sin embargo, la realidad ha sido muy diferente para los consumidores: sus recibos llegaron más abultados, especialmente para quienes están acogidos al mercado regulado (PVPC). La explicación está en los llamados servicios de ajuste, que se activaron tras el gran apagón del 28 de abril.
Estos mecanismos de emergencia permiten mantener el equilibrio en la red cuando se producen fuertes desajustes entre oferta y demanda. Aunque garantizan el suministro, su activación encarece notablemente la parte regulada de la factura (aunque muchos no solicitaron su activación). Así, aunque el precio medio de la electricidad fue de solo 17,9 €/MWh, los servicios de ajuste dispararon el coste final.
Una subida del 11% pese al precio más barato, gracias al gran apagón
Pese al abaratamiento de la energía en el mercado mayorista, la factura regulada subió de media un 11% en mayo. Según Red Eléctrica (REE), los costes de los servicios de ajuste aumentaron de 18,4 €/MWh en abril a 26,4 €/MWh en mayo, un incremento del 43,5%.
Esto demuestra que el precio final no depende únicamente del coste de la energía, sino también de otros componentes regulados que se han visto tensionados tras el apagón. Este encarecimiento ha sido especialmente duro para las comercializadoras reguladas, que afirman no poder soportar desajustes de este tipo sin reformas estructurales.
De hecho, algunas ya están trasladando estos costes a las tarifas del mercado libre. Lo más sorprendente es que el mes de mayo podría ser más caro incluso que junio, pese a que en junio los precios mayoristas están repuntando, lo que deja al consumidor en una situación de indefensión.
Simulaciones que confirman el impacto
Una simulación con el comparador oficial de la CNMC muestra que un hogar con consumo medio (221 kWh) pagó 46,42 euros en mayo bajo tarifa regulada. En cambio, las ofertas del mercado libre más económicas arrancaban en 48,79 euros, pero muchas superaban los 55, 60 o incluso 70 euros. A igualdad de consumo, algunas facturas llegaron a ser un 70% más caras que el PVPC.
Esto evidencia que las comercializadoras del mercado libre ya están incluyendo en sus tarifas fijas el coste adicional que supone mantener el sistema reforzado tras el apagón. Aunque no se ha informado de forma clara a los consumidores, la mayoría de estas tarifas son revisables anualmente, lo que podría anticipar nuevas subidas si el sistema sigue operando bajo este margen de seguridad.
Red más segura, pero también más cara
Tras el apagón, Red Eléctrica ha reforzado la seguridad del sistema manteniendo centrales de respaldo activas, aunque no estén en funcionamiento. Esto implica costes adicionales que deben ser asumidos, directa o indirectamente, por los consumidores, lo que explica de alguna manera el incremento. La falta de mecanismos de almacenamiento distribuido o de microrredes hace que cualquier incidente impacte a nivel nacional.
El incidente ha puesto de relieve una debilidad estructural del sistema eléctrico español: su fuerte centralización y la escasa capacidad de respuesta local. Los expertos apuntan a la necesidad urgente de “invertir” en más almacenamiento, redes más flexibles y descentralizadas, y tecnologías que puedan evitar apagones en cascada. De momento, los usuarios ya están pagando el precio del fallo con su factura.
Críticas políticas y falta de transparencia
Desde varios sectores del país, se han exigido explicaciones urgentes al Ministerio para la Transición Ecológica. Denuncian la aparición de un nuevo recargo en la factura del mercado regulado sin información clara sobre su origen, duración o impacto. Consideran que esta falta de transparencia por parte de las autoridades es inadmisible y que la medida castiga injustamente a los hogares.
Sostienen que el coste del refuerzo de la red debería recaer en las grandes compañías eléctricas, no en los consumidores. Además, critican que se tomen decisiones de este calado sin un debate público ni control parlamentario. El apagón ha vuelto a encender el debate sobre quién paga realmente la factura de mantener estable el sistema eléctrico, un debate en el que no se tiene clara la postura gubernamental sobre este incremento.
Un mix energético más diversificado (y más caro)
Aunque las renovables siguen dominando el mix energético español, desde el apagón se ha incrementado el uso de tecnologías más caras como el gas y la nuclear y las razones que explican este tipo de decisiones son más que obvias, “miedo” a un nuevo apagón. Esto se traduce en un mayor coste de generación. Antes del apagón, las renovables representaban el 65,2% del mix, pero ahora su peso ha caído al 62,1%, mientras que las fuentes no renovables han subido al 37,9%.
Este ligero cambio porcentual tiene un gran impacto, ya que los ciclos combinados (gas) generan electricidad más cara. Además, el simple hecho de mantener estas centrales disponibles, aunque no produzcan, supone costes adicionales que se repercuten en la factura mediante conceptos como servicios de ajuste y pagos por capacidad. Así, encender la luz será más seguro… pero también más caro.
