El Gobierno balear y los consejos insulares han acusado al Estado de no aportar soluciones inmediatas a la crisis de la acogida de los menores migrantes no acompañados y de aplazar las medidas para afrontarla.
Después de la reunión en la Delegación del Gobierno con el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, tanto la consejera de Familias y Asuntos Sociales, Catalina Cirer, como el presidente del consejo de Mallorca, Llorenç Galmés, se han mostrado decepcionados con la falta de respuesta del Gobierno central a una situación que "sobrepasa" sus capacidades.
Cirer ha afirmado que no sabe si están mejor o peor que antes de la reunión, mientras que Galmés se ha mostrado más preocupado que antes. El líder insular ha anunciado que Mallorca no acogerá menores migrantes que lleguen a otros puntos de España, argumentando que "no pueden asumir esa responsabilidad si no son capaces de atenderlos en condiciones".
Reclamo de Soluciones a Corto Plazo y Recursos Económicos Adicionales
Los representantes del Gobierno balear y de la institución insular han criticado que desde el Ejecutivo central solo se planteen soluciones a medio y largo plazo para afrontar una situación de "desborde. Según la consejera Cirer, "tienen un problema urgente y se está aplazando", y ha criticado que todo se fíe al reparto solidario de menores migrantes entre las comunidades autónomas.
En Mallorca, el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) atiende a 310 menores no acompañados, más de la mitad de los niños y adolescentes atendidos en la isla. Ante esta situación, el Gobierno balear y los consejos insulares han reclamado más recursos económicos para poder hacer frente a la crisis de acogida.
Respuesta del Gobierno Central y Propuesta de Modificación Legislativa
Por su parte, el secretario de Estado, Rubén Pérez, ha defendido que la prioridad del Gobierno es trabajar y determinar el modelo de acogida en base a la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería, que tendría que fijar las bases para el reparto solidario de menores migrantes entre las comunidades autónomas. Pérez ha insistido en la necesidad de establecer los umbrales de capacidad de las comunidades autónomas para ver en qué momento el Estado tiene que actuar y cuándo se tienen que hacer los repartos.
Además, el secretario de Estado ha asegurado que Baleares podría estar en los niveles de sobreocupación de los sistemas de protección, con un 150% de ocupación, lo que justificaría el envío de menores a otras comunidades autónomas. Sin embargo, tanto el Gobierno balear como los consejos insulares se han mostrado reacios a esta propuesta, alegando que no pueden asumir esa responsabilidad si no están en condiciones de atenderlos adecuadamente.
En cuanto a la petición de más recursos económicos, Rubén Pérez ha criticado que se estén pidiendo fondos "para crear agujeros creados con rebajas de impuestos", y también ha criticado que el PP se oponga a la reforma de la ley de extranjería, afirmando que "los mismos que ponen palos en las ruedas son los mismos que piden recursos".
