En un informe detallado presentado ante la Comisión Parlamentaria, el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha resaltado la necesidad urgente de brindar una mayor protección a los menores en situaciones de vulnerabilidad, incluyendo a los niños migrantes sin referencias familiares. Según Maeztu, esta no es una responsabilidad optativa, sino una obligación establecida por la legislación nacional e internacional.
Durante la presentación del informe de gestión del año 2023, Maeztu ha puesto énfasis en la problemática de la infancia en situación de riesgo en Andalucía. Aunque estas situaciones no alcanzan el nivel de desamparo que justificaría su separación de la familia, sí requieren una intervención oportuna de las autoridades competentes para eliminar, reducir o compensar las dificultades que enfrentan estos menores y evitar su exclusión social.
Deficiencias en la Atención a Menores en Riesgo
El informe de la Defensoría ha detectado varias deficiencias en la atención a los menores en riesgo en Andalucía. En primer lugar, las medidas preventivas no siempre son suficientes o no llegan a todas las personas menores de edad y familias que las necesitan. En otros casos, estas medidas «no se identifican con las verdaderas necesidades de las personas afectadas» o «el abordaje de la situación no ha podido revertir el riesgo y culmina con una declaración de desamparo del menor».
Además, la Defensoría ha comprobado demoras de las administraciones locales en la formalización del abordaje de las situaciones de riesgo y la insuficiencia de recursos personales para atender adecuadamente a este colectivo, entre otras carencias.
Propuestas para Mejorar la Protección de la Infancia
Ante esta problemática, el Defensor de la Infancia y Adolescencia ha presentado una serie de recomendaciones para mejorar la atención a los menores en riesgo en Andalucía. Entre ellas, destaca la propuesta de crear un Registro de declaraciones de riesgo, aumentar la inversión orientada a la permanencia del niño en su entorno familiar, la formación de los profesionales y el desarrollo de un protocolo de detección más eficaz.
Además, Maeztu ha abordado otras cuestiones clave en su informe, como la violencia hacia la infancia, los problemas de salud mental y la falta de pediatras en atención primaria, especialmente en ciertas zonas de la región.
En resumen, el informe de la Defensoría del Pueblo Andaluz pone de manifiesto la necesidad urgente de mejorar la protección y atención a los menores en situación de riesgo en la comunidad, una responsabilidad ineludible que debe ser abordada con rapidez y eficacia por parte de las autoridades competentes.
