El Parlament catalán ha aprobado este jueves condenar la «persecución política» contra la Conselleria de Acción Exterior desde instituciones del Estado, y lo considera especialmente visible en el Tribunal de Cuentas por la causa contra 34 exaltos cargos de la Generalitat, a los que pide una fianza de 5,4 millones de euros por presunto desvío de fondos para promover el proceso independentista en el exterior.
Se trata de un punto de una moción presentada por la diputada de Junts Aurora Madaula, que ha salido adelante con el apoyo de su grupo, de ERC y la CUP, la abstención de los comuns y el voto en contra del resto de formaciones presentes en el hemiciclo.
También ha prosperado otro punto, con el voto de los independentistas y el rechazo del resto de grupos, que reconoce el trabajo del departamento de Acción Exterior «en un escenario de represión continuada» por parte de las instituciones del Estado, y que apuesta por relanzar el Diplocat y mantener y crear nuevas delegaciones en el exterior como herramienta de representación del Govern y de sus prioridades políticas a nivel internacional.
Además, se ha aprobado reconocer la acción y trabajo de los ‘casals catalans’ organizados a través de la Federació Internacional d’Entitats Catalanes (Fiec); de las ONG que promueven la cooperación y la educación para el desarrollo; de la ANC y sus asambleas exteriores; de Òmnium Cultural; de Plataforma per la Llengua, y del Consell per la República (CxRep).
Madaula ha constatado que la acción exterior es una competencia de la Generalitat regulada en el Estatut pero «inexplicablemente se ve atacada por las injerencias de los gobiernos españoles, que la persiguen de manera judicial o criminal, usando técnicas más parecidas a las de la mafia que de los estados democráticos», y ha explicado que un estudio de ‘The Economist’ ha recogido que España ha pasado de ser una democracia plena a una democracia defectuosa.
El diputado del PSC-Units David Pérez ha criticado las palabras de Madaula, ha explicado que la mayoría de países del estudio de ‘The Economist’ han bajado su índice durante la pandemia, y ha advertido a la consellera de Acción Exterior, Victòria Alsina, que no tome como referente al CxRep porque «es una entidad que no existe, que no tiene ningún tipo de apoyo jurídico y que quiere suplantar este Parlament»
LOS COMUNS VEN «INSTRUMENTALIZACIÓN»
Desde los comuns, la diputada Susanna Segovia ha asegurado que siempre defenderán la capacidad y el deber de la Generalitat de hacer acción exterior y que rechazan la intervención del Tribunal de Cuentas, pero cree que la moción pretende hacer «una instrumentalización y una politización» de la acción exterior, tras criticar que mezclen el reconocimiento del trabajo de los ‘casals catalans’ y de las ONG que promueven la cooperación y el desarrollo con entidades con la ANC y el CxRep.
La republicana Meritxell Serret ha lamentado «el menosprecio y la criminalización» que ha habido de la acción exterior por parte de algunos grupos del Parlament y también del Estado, que considera que empezó con la aplicación del articulo 155 de la Constitución en Cataluña y con otras causas como la del Tribunal de Cuentas, y por ello cree que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) acabará dando la razón al independentismo.
Por parte de la CUP, Basha Changue ha advertido de que la política exterior de la Generalitat «está demasiado cerca, y hasta incluso es cómplice y comparte determinados aspectos y algunos focos de la política española», pero ha argumentado su voto a favor de la moción en reconocimiento de las organizaciones solidarias que promueven el trabajo de los catalanes y en solidaridad con los que sufren, a su juicio, las consecuencias de la acción del Estado.
Cs: «TONO VICTIMISTA»
Matías Alonso (Cs) ha criticado el «tono victimista de los que intentan implantar una dictadura y de facto tienen a su servicio todos los resortes de la administración catalana», negando textualmente que Alsina sea una represaliada, y ha defendido que España es una democracia consolidada.
Desde Vox, Alberto Tarradas ha defendido el cierre de la Conselleria, del Diplocat y de todas las delegaciones catalanas en el exterior, y ha apelado a los independentistas a asimilar que Cataluña «no tiene esta competencia porque la ejerce el Estado en representación de todos los españoles por igual, y no puede participar en la comunidad internacional con voz propia como si de un estado independiente se tratase».
Sin embargo, el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, ha asegurado que Catatalunya puede realizar política exterior si su objetivo es la difusión cultural y el impulso económico, pero no «para desprestigiar España ni para financiar actividades partidistas y delictivas».
