Izquierda Unida ha presentado una serie de medidas para mejorar el Real Decreto-Ley aprobado el pasado jueves por el Gobierno para atajar el alza de contagios a causa de la variante ómicron de la COVID-19, como potenciar el teletrabajo y reforzar la Atención Primaria.
En primer lugar, ven «imprescindible» desburocratizar los procesos de baja laboral «desmarcándola de la Atención Primaria y facilitando que ésta se produzca de forma telemática durante toda la nueva ola», así como «potenciar el teletrabajo como se realizó durante la primera ola».
También instan a la readmisión del personal despedido tras el fin del estado de alarma y habilitación de una bolsa estatal de contratación para todo el personal sanitario y no sanitario, que deberían ser contratados directamente por los servicios públicos de salud.
En la misma línea, instan a la habilitación de contratos COVID de al menos 2 años de duración, contemplándose una prórroga por otros 2 años. «Debe mantenerse una plantilla estable durante todo el período pandémico y los años posteriores. Los profesionales llevan muchos meses haciendo un esfuerzo ingente sin que se haya visto recompensado a través de sus contratos. Es necesario proteger sus derechos laborales y esto es imposible sin una mínima estabilidad. Estos contratos de ningún modo deben utilizarse como simple paliativo de una necesidad cronificada de aumento de la plantilla estructural de los servicios sanitarios en diferentes CCAA», explican.
También optan por la redistribución de las plantillas en función de las necesidades. «La Atención Primaria está totalmente desbordada a pesar de que es la base del sistema de salud, también en la lucha contra la COVID-19. Debemos llegar cuanto antes al objetivo de que el 25% de los recursos se destinen a AP. El refuerzo de la Atención Primaria es necesario también para garantizar la atención a toda la patología no COVID-19, que sigue existiendo y no se puede desatender», insisten al respecto.
En cuanto al rastreo de casos, reclaman la «contratación inmediata y significativa de personal para labores de rastreo, incluida la recontratación de personal despedido, así como epidemiólogos de campo». «Debe estudiarse, si resulta necesaria, la contratación centralizada a nivel estatal de rastreadores para apoyar los rastreos en las CCAA. No se puede sobrecargar aún más al personal de Atención Primaria con las labores de rastreo», explican.
Así, animan a «sacar de forma urgente las vacunaciones de los Centros de Salud, ya que causan importantes colapsos que imposibilitan su correcto funcionamiento». «Deben habilitarse otros lugares adecuados en los barrios y espacios públicos», detallan.
Otra de sus reclamaciones es «potenciar la presencialidad asistencial en Atención Primaria y fomentar las urgencias ambulatorias (urgencias Atención Primaria) para patología menor no COVID-19 y para sintomáticos leves», ya que «permite una detección precoz de complicaciones COVID-19, lo que posibilita tratar antes, evita ingresos hospitalarios y reduce la estancia media».
Sobre los test de antígenos en farmacias, apuntan que su uso «debe ser un recurso realizado por personal adecuado para garantizar una correcta técnica y una notificación temprana de la sospecha». «Para ello, recomendamos que sea exclusivamente el personal de las farmacias el que los realicen. Debe favorecerse una redistribución efectiva de las adquisiciones para que no se den acaparamientos ni especulación», esgrimen.
