El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha presentado este lunes un incidente de recusación contra los magistrados que forman el tribunal que le juzga por tres piezas separadas de ‘Tándem’ al considerar que han perdido «la debida imparcialidad» debido a los comentarios que han hecho sus señorías a lo largo del juicio, de los que deduce un «prejuicio personal» en su contra que ya le identificaría como culpable.
«En el día de hoy se ha presentado, a la vista de los pronunciamientos del auto del 9 de diciembre, un incidente de recusación de los magistrados integrantes del tribunal por pérdida de la debida imparcialidad», ha anunciado el abogado de Villarejo, Antonio José García Cabrera, al inicio de esta quinta sesión.
El letrado de la defensa ha explicado que la recusación se debe a «las propias decisiones de la Sala manifestadas por la señora ponente», la magistrada Ángela Murillo, que a juicio de García Cabrera evidencian una «previa convicción judicial condenatoria» hacia Villarejo.
Murillo ha reclamado al abogado que especificara a qué manifestaciones se refería, ante lo cual él ha intentado leer el incidente de recusación –un total de 97 páginas–, si bien tras un pequeño choque dialéctico ha accedido a enunciar solamente algunos ejemplos.
«Le dijo usted: ‘Cállese, no se mueva de ahí'», ha comentado para recordar que el tribunal impidió a Villarejo que se sentara en la zona de letrados y que ejerciera su propia defensa, a pesar de tener reconocido el estatus de abogado codefensor.
Por su parte, el fiscal anticorrupción Miguel Serrano ha reprochado al comisario que no haya presentado la recusación en tiempo y forma, subrayando que debía haber denunciado cada incidente en los diez días siguientes a que se produjera y siempre por escrito.
PRUEBA RECHAZADA
Frente a ello, la defensa de Villarejo ha esgrimido que cada suceso forma parte del conjunto del juicio, por lo que cabría señalarlos en cualquier momento, si bien ha añadido que los supuestos prejuicios hacia su cliente han quedado definitivamente plasmados en el auto del jueves pasado donde el tribunal resolvió las cuestiones previas planteadas por los acusados.
En el caso del comisario jubilado, los magistrados denegaron la mayoría de las pruebas propuestas salvo las declaraciones como testigos de mandos de Policía, Guardia Civil y CNI.
García Cabrera ha querido recalcar que la recusación no es por la denegación de pruebas en sí misma, sino porque esa negativa a admitir las propuestas reflejaría la supuesta «predisposición contraria» respecto a Villarejo.
«Su señoría está recusada, así que debe tomar la decisión que marca la ley», ha espetado el abogado, recordando que los magistrados debían responder en ese preciso instante.
En consecuencia, el tribunal se ha retirado a deliberar durante unos minutos para anunciar a su vuelta que el juicio debía suspenderse para que las demás partes, el Ministerio Público incluido, tengan tiempo para leer el incidente de recusación.
A VUELTAS CON EL CNI
En el escrito de recusación, Villarejo aduce que esta predisposicion en su contra por parte del tribunal sería tan evidente que «ha podido ser apreciada por cualquiera que haya seguido las iniciales sesiones».
El policía retirado afirma que los jueces «ya han tomado partido anticipando una segura condena» por cuanto les acusa de haber asumido las tesis de las acusaciones, especialmente de la Fiscalía Anticorrupción.
En este sentido, les reprocha que hayan frenado su intento de probar sus vínculos con el CNI por el hecho de que el fiscal reconociera en la última sesión que efectivamente era un «espía».
La defensa cree que esto supone «otorgar el control» del juicio al Ministerio Público, puesto que «basta una simple manifestación del fiscal para que se considere una verdad procesal y, lo que es más grave, para que se impida prueba alguna sobre cualquier extremo».
Para Villarejo este asunto es clave porque, de admitirse esas pruebas, entre ellos unos correos electrónicos, podría demostrar que su grupo empresarial, CENYT, sería en realidad una tapadera para sus servicios al Estado cuyos beneficios se habrían empleado también para costear los trabajos de Inteligencia.
De esta forma, respondería a Serrano, que en las anteriores sesiones concedió incluso que Villarejo pudiera usar CENYT como cobertura para sus trabajos oficiales, si bien subrayó que lo «intolerable» es que lo empleara para lucrarse.
Esta «absoluta denegación de todos los medios de prueba esenciales», advierte Villarejo, ha provocado «una situación de indefensión sin precedentes en nuestro proceso penal democrático» que convierte el juicio en «una ratonera sin salida» conducente a «una inevitable condena».
EL SECUESTRO DEL ‘ALAKRANA’
Una de las cuestiones sobre las que el comisario pretendía fijar la atención del tribunal es su supuesta intervención como agente del CNI para conseguir la liberación del ‘Alakrana’, un pesquero español secuestrado por piratas somalíes en 2009.
En este sentido, alude a la sentencia dictada en 2011 por la Audiencia Nacional que reconoce la existencia de un negociador, «un tal Pepe, persona de unos 45 años de edad, de aspecto español, buen conversador, que aparentaba tener soltura en estas cuestiones».
Villarejo apunta que ese tribunal también estuvo presidido por Murillo, por lo que sugiere que los prejuicios en su contra podrían venir de aquella causa, reclamando que se profundice en ello con el incidente de recusación.
Clama igualmente por la resistencia del tribunal a indagar en «la génesis» de ‘Tándem’, algo que para Villarejo resulta esencial porque sostiene que la macrocausa parte de una denuncia fabricada por el CNI y alimentada por Asuntos Internos por la animadversión de ambos hacia él.
EL DERECHO PENAL DEL «ENEMIGO»
Incide además en que se le está aplicando el «derecho penal del enemigo», donde –según expone– «no se castiga al autor por el hecho cometido, sino por el hecho de considerarlo peligroso».
Aquí enmarca las declaraciones públicas efectuadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los ministros Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles, y la fiscal general, Dolores Delgado, por entender que «pretenden convencer a la opinión pública de su responsabilidad» y, de esta forma, «prejuzgar».
Por ello, reitera que Sánchez, sus ministros y Delgado deberían ser interrogados como testigos, algo a lo que se han opuesto tanto los fiscales como el tribunal.
«UN TRATO ZAFIO, DESABRIDO Y DEGRADANTE»
Con todo, Villarejo, que firma el escrito como abogado y recusante, denuncia que en esta primera fase del juicio ha sufrido una «manifiesta desigualdad de trato» respecto a otros acusados.
Hace énfasis en el hecho de que no le permitieran tomar la palabra como abogado, pese a que a otros encausados sí se les ha permitido, y de que tampoco pudiera exponer las cuestiones previas junto a García Cabrera, aunque los fiscales Serrano y César de Rivas sí contestaron entre los dos.
A ello suma lo que ve como «un trato vejatorio o, cuando menos manifiestamente desconsiderado, (…) que sólo es explicable desde la formación de una previa convicción del tribunal».
«Ni me han respetado como abogado en ejercicio, ni como comisario de policía jubilado, ni siquiera como simple ciudadano, recibiendo en todo momento un trato zafio, desabrido y degradante, sin que existiera razón alguna para ello», lamenta.
En este juicio, que comenzó el 13 de octubre, se ventilan ‘Iron’, ‘Land’ y ‘Pintor’, tres piezas separadas relativas a los trabajos de espionaje que Villarejo habría realizado a través de su grupo empresarial, CENYT, para abogados, empresarios y particulares. La Fiscalía pide que sea condenado a 109 años de cárcel.
