La Fiscalía de Valencia ha duplicado el número de investigaciones abiertas por delito de odio en un año, al pasar de las 28 incoadas en 2020 a las 57 durante este ejercicio, y ha reclamado fomentar la protección a las víctimas, campañas de sensibilización e incluir la aporofobia como circunstancia agravante en el Código Penal.
Así se desprende de la memoria que ha presentado el ministerio público en el año 2020 relativa a los delitos de odio, sección dirigida en Valencia por la fiscal Susana Gisbert.
En todo el año 2020 se abrieron en la Fiscalía de Valencia 28 diligencias de investigación penal por un delito cometido con ocasión de ejercicio de los derechos fundamentales garantizados por la Constitución –delito de odio– mientras que durante este ejercicio –a falta de concluir diciembre–, ya se han abierto 57, es decir, el doble.
De las 28 de 2020, se investigaron 18 incitaciones al odio y otras ocho se abrieron por actos que entrañaban humillación, entre los cuales se incluían casos de lesiones y de amenazas. De ellas, 15 y 4 respectivamente fueron archivadas.
Además, el ministerio público abrió unas diligencias el pasado año por ofensa a los sentimientos religiosos; y otra por discriminación en el ámbito laboral. En ambos casos también se terminó en sobreseimiento.
LA COVID Y LOS DELITOS DE ODIO
La pandemia por Covid-19 estuvo el año pasado muy presente en las víctimas por delito de odio. De esta forma, desde Fiscalía se instruyeron al menos tres asuntos relacionados con el coronavirus y el odio.
El primer caso fue el de las diligencias incoadas a propósito de la denuncia presentada por la aparición de unas pegatinas en varios contenedores de la ciudad donde se hacía referencia a la Covid y se decía ‘Psoe asesino’. Estas diligencias fueron archivadas por falta de autor conocido.
La segunda investigación se abrió tras varios mensajes en banderas colgadas de balcones en el período de confinamiento que rezaban ‘Pedro S Pablo I. Asesinos’. También en este caso acabó decretándose el archivo por entender en este caso que no había suficientes indicios de infracción penal.
Y las terceras diligencias se incoaron a raíz de una nota anónima dirigida a la persona y familia del denunciante, personal sanitario en la crisis de la Covid, en la que le instaban a abandonar la vivienda por ser unos ‘apestados contaminantes’. En este caso, y a pesar del evidente reproche ético, también hubo que archivar las actuaciones por no haber autor conocido.
Al respecto, desde el ministerio público alertan de que las crisis «siempre» se ceban con personas más vulnerables y las víctimas de delito de odio «son vulnerables de todo punto». En pandemia, han añadido, «es más que probable que muchas personas víctimas de delitos de odio se hayan abstenido de denunciar».
PROBLEMAS DETECTADOS
Desde la sección de odio de la Fiscalía de València se alude en la memoria al «problema» para conocer la existencia de delitos competencias de la sección de tutela penal de la igualdad.
Al respecto, concretan que cuando las diligencias se incoan por denuncia o atestado ante el juzgado, «no es fácil siempre tener conocimiento y hacer el seguimiento para asumirlo ya que, aunque la remisión de copia de los atestados por parte de las fuerzas y Cuerpos de Seguridad ayuda, no siempre es posible localizar estas actuaciones entre los 21 juzgados de instrucción de la capital y los 18 partidos judiciales repartidos por la provincia».
Otra «disfunción» detectada por el ministerio público es que a veces queda en manos de la policía o guardia civil calificar el contenido como de odio. Por eso ven «muy importante» la preparación de todos los operadores, jurídicos o no, que intervienen en esos temas.
PROPUESTAS
Así mismo, desde Fiscalía ven «deseable» que por parte de la legislación, bien nacional o autonómica, se regulara algún tipo de sanciones administrativas o penales que llenen el vacío dejado por los extintos juicios de faltas. «Muchas veces nos topamos con conductas que están en el límite del delito de odio pero que no deberían quedar sin un reproche, bien penal, bien administrativo», se advierte en la memoria.
Además, se aboga por fomentar la protección de las víctimas de delitos de odio para potenciar que denuncien y que no queden invisibilizadas por miedo; así como la distinción, a efectos estadísticos, de los distintos tipos de discriminación por el motivo concreto por el que se realizan.
Desde Fiscalía también se reclama potenciar la existencia de campañas que hagan conocer la labor de las instituciones en general y de la fiscalía en particular en los delitos de odio, y animar a que se denuncien estos hechos, tanto por parte de quienes los sufren como de quienes los conocen.
Por último, considera una «necesidad urgente» que cristalice la modificación proyectada respecto de la agravante y el delito de odio para incluir en ellos la aporofobia. «Con la pandemia, la crisis y el consiguiente aumento de la pobreza, es previsible que nos encontremos con estos supuestos en los que, además, las dificultades de que quienes la sufren acudan a solicitar ayuda se multiplican», se advierte.
