La líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha defendido los cambios en la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida por sus detractores como ‘Ley Mordaza’, al calificarla del «mayor golpe a las libertades civiles y políticas» de la democracia española.
«Creo que sin duda es el mayor golpe a las libertades civiles y políticas desde la transición y no creo que sea una opinión exagerada», ha apuntado en declaraciones a ‘The Guardian’.
También ha señalado que sindicatos policiales, como Jusapol, están en su derecho de manifestarse este sábado en rechazo a los cambios que van a introducirse, aunque también ha defendido que la derogación de diversas disposiciones tiene como objeto preservar garantías fundamentales
«Todas estas organizaciones y asociaciones son libres de expresar cualquier opinión que tengan sobre la legislación que estamos introduciendo», ha añadido para agregar que, dicho esto, cree que la ‘Ley Mordaza’ en realidad alteró el equilibrio necesario entre los derechos de las personas que protestan y los derechos de los servicios de seguridad del estado que obviamente también necesitan protección».
La ministra de Derechos Sociales ha recordado que el PP aprobó esta normativa durante una «brutal crisis económica» y se hizo «específicamente para evitar que la gente protestara contra recortes a los servicios públicos».
Tras indicar que le hubiera gustado que las enmiendas acordadas con el PSOE, socio de gobierno de coalición, hubieran sido más ambiciosas, ha manifestado su satisfacción por este acuerdo.
«Hay medidas en las enmiendas que son una buena noticia. No hace falta avisar de manifestaciones no comunicadas y van a reducir las multas y basarlas en las distintas capacidades económicas de las personas para no disuadir a la gente de ejercer sus derechos civiles y políticos por motivos económicos «, ha trasladado.
También ha reivindicado que la gente «ya no será castigada» por tomar imágenes de intervenciones policiales en protestas, algo que a su juicio «realmente limitó la libertad de información en España» y que afectó a periodistas que hacían su labor de manera «legítima y legal».
