El Consejo Económico y Social (CES) de España ha lamentado que el anteproyecto de ley para la creación y crecimiento de empresas deja pasar la oportunidad de establecer una «estrategia coherente» que unifique todas las actuaciones dirigidas a mejorar el dinamismo empresarial.
El CES considera que el anteproyecto «solo prevé modificaciones concretas» y olvida «multitud de aspectos que pueden afectar o limitar la creación y el crecimiento empresarial», como ha señalado este viernes en un comunicado.
Para el CES, el anteproyecto deja de lado la economía social, representada en las cooperativas y las sociedades laborales, que suponen «una parte importante del tejido empresarial». Por eso, propone que la normativa se extienda también a estas entidades, para que puedan constituirse con más facilidad y mejoren su acceso a los instrumentos de financiación.
También observa que la implantación de la factura electrónica puede representar un «incremento adicional de las cargas» para las empresas y los autónomos y solicita a la Administración técnica que provea a los interesados de mecanismos de apoyo, técnicos y formativos. En el caso de las pequeñas y medianas empresas (pymes), CES plantea que el programa ‘Digital Toolkit’ incluya la utilización de la factura electrónica.
En lo relativo a la unidad de mercado, el CES avala la intención del anteproyecto de modificar la Ley de Garantía de la unidad de mercado, para mejorar la reglamentación y la competencia, y evitar así que los obstáculos reglamentarios impidan el desarrollo de las actividades económicas. Sin embargo, apuesta por una mayor presencia de la autoridad competente en la defensa de los derechos e intereses de los operadores económicos.
El CES valora de manera positiva las medidas del anteproyecto relativas al impulso del dinamismo empresarial para lograr mayor sostenibilidad y progreso social. No obstante, el Consejo observa que el anteproyecto dificulta la valoración de la calidad crediticia de las empresas y cree que deja de lado las fuentes de financiación alternativas.
En este sentido, el CES defiende que se deberían haber contemplado «mejoras normativas que faciliten el acceso directo del pequeño empresariado a los mercados de capitales organizados».
Aún así, reconoce que el anteproyecto presta «una atención especial» a las dificultades de las pequeñas empresas para acceder a la financiación. El texto recoge medidas para luchar contra la morosidad en las operaciones de crédito comercial e introduce un nuevo régimen jurídico para las plataformas de financiación participativa, con reformas en las normas para la inversión colectiva y el capital riesgo.
